La Fiscalía General de la República (FGR) detectó que por lo menos 11 millones de pesos presuntamente desviados en uno de los casos de la "Estafa Maestra" fueron triangulados y depositados a 68 ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la desaparecida Sedesol, además de familiares.
El dinero transferido era parte de los 185 millones 839 mil 480 pesos de un contrato que la Sedatu otorgó a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), para automatizar los registros de información del Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.
Fuentes del Gobierno federal que pidieron no ser identificadas indicaron que la mayoría de estos depósitos son por cantidades que van de las decenas de miles de pesos hasta los 200 mil.
Precisaron que entre los destinatarios de las transferencias están al menos un ex funcionario que ya se encuentra procesado por un caso de la Estafa, así como otros que están bajo investigación, y familiares de los ex servidores públicos.
De acuerdo con informes federales, por estos hechos la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) tiene en curso una nueva investigación por el delito de peculado.
El convenio referido fue suscrito el 2 de febrero de 2016, para que la UPFIM proporcionara los servicios para automatizar el registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero, por una cantidad de 185 millones 839 mil 480 pesos.
Esta suma fue transferida por la Sedatu a la universidad y ésta subcontrató a las empresas Asesores Contables Administrativos VICMA, por 139 millones 117 mil pesos, y a Contabilidad y Soluciones INNER, por 42 millones 841 mil pesos.
La FGR sostiene que las subcontrataciones de 181 millones 958 mil pesos corresponden al 97.91 por ciento del total del convenio original y que la contratación es indebida precisamente porque superan el 49 por ciento máximo que permite la Ley de Adquisiciones.
Este fue uno de los primeros casos de la Estafa en ser judicializados por la FGR, aunque imputando sólo la contratación ilegal.
En diciembre de 2018 y marzo de este año un juez de control vinculó a proceso Juan de Dios Nochebuena Hernández, ex Rector de la UPFIM, y Armando Saldaña Flores, ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, por uso indebido de atribuciones y facultades.
Cabe decir que Saldaña fue procesado, pese a que un dictamen pericial de la propia FGR fechado el 23 de agosto de 2018 concluye que no es la firma del ex funcionario la que aparece en los 12 documentos originales en la que se sustenta la imputación.
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