Como suele suceder después de muchos de los hechos de violencia en México, la sangre no se ha secado cuando comienza el juego de las culpas entre autoridades.
La dinámica tiene un particular arraigo en Veracruz, el tercer Estado más poblado del país y donde la impunidad campea. El atentado con cócteles molotov de la noche del martes en un bar de Coatzacoalcos (sur de la entidad), que ha dejado 28 muertos, no fue la excepción. El gobernador Cuitláhuac García responsabilizó a la Fiscalía local, apenas nueve horas después del crimen, de haber liberado en julio al presunto responsable del ataque, Ricardo Romero Villegas. El gobernante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el mismo partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha jugado su mano preferida en los nueve meses que lleva en el cargo: culpar a sus adversarios políticos.
El ciclo noticioso corrigió pronto a García. López Obrador reveló en su conferencia matutina que Romero Villegas ya había estado en manos de autoridades federales hace pocos meses, acusado de incendiar otros comercios en la región que se negaban a pagar derecho de piso. “La Marina detuvo al que se acusa… de haber participado en este crimen… y lo dejaron en libertad en la Fiscalía General, en el mes de julio”, ha asegurado el mandatario mexicano, quien aseguró que se investigará el porqué de la liberación de Romero. López Obrador anunció también que será la Fiscalía General quien investigue el atentado en el bar El Caballo Blanco. La Fiscalía, la noche de este miércoles a través de Twitter, ha informado que no tiene ningún indicio de que Ricardo "N"− señalado por el gobernador de Veracruz − sea el presunto responsable del delito.
Al desmentido del presidente se le sumó el del fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, quien llegó al cargo en 2017 impulsado por un polémico exgobernador de derechas (PAN) para un período de nueve años. “Es falso que Ricardo “N” haya sido “liberado” por la Fiscalía General del Estado después de haber sido detenido en julio. Esta persona NO fue puesta a disposición de esta Fiscalía, sino de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República el 18 de julio”, ha informado la fiscalía poco después de que el Gobierno local culpara al fiscal en una serie de entrevistas en la prensa nacional.
El desencuentro entre Winckler y el gobernador viene de largo. El conflicto entre ambos ha sido la norma en la relación. Un mes después de haber ganado las elecciones de julio de 2018, García avisó de que pediría al Congreso evaluar el desempeño del fiscal. En su cálculo estaba el posible desafuero y destitución de un funcionario que heredó de una Administración anterior, con la que tuvo serias diferencias como candidato opositor. El intento de someter a Winckler a un juicio político llegó en febrero de este año, pero la bancada de Morena fracasó en el intento.
El Gobierno de García ha denunciado a Winckler ante la Fiscalía General por presuntamente ocultar órdenes de captura contra delincuentes. En julio, el fiscal calificó estas denuncias de “cortina de humo” para despistar sobre una presunta compra fraudulenta de patrullas. El intercambio de golpes se ha repetido en cada escándalo de inseguridad que salpica a esta entidad de ocho millones de habitantes. No importa si se trató del asesinato en abril de una alcaldesa que simpatizaba con el partido del gobernador o del homicidio en agosto de un periodista local, Jorge Celestino Ruiz. El informador, al parecer, había denunciado amenazas en su contra e intentos de agresión de la fiscalía.
El insólito ejercicio pugilístico entre los dos prominentes funcionarios llegó al plano nacional después de otra masacre. Esta fue en abril, en el municipio de Minatitlán, cuando pistoleros acribillaron a clientes de un balneario. 14 personas murieron, entre ellas un bebé de un año. No hubo mensajes de reconciliación ni de unidad entre policías y autoridades de investigación. Gobierno y Fiscalía jugaron nuevamente al gato y al ratón. El jefe de la policía, Hugo Maldonado, informó de que habían identificado a dos de los presuntos agresores. El fiscal respondió que no tenía idea de lo que hablaba.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo local y la fiscalía eclipsa los bochornosos datos de procuración de justicia en Veracruz. La entidad, una de las más pobladas del país, tiene uno de los peores desempeños en la materia en México. La fiscalía ocupa el penúltimo lugar en la clasificación de instituciones elaborado por la organización Impunidad Cero. Solo es superada por la de Tlaxcala. El informe de la asociación, que será presentado el próximo 3 de septiembre, arroja datos preocupantes. Veracruz ya supera los 1.100 asesinatos en lo que va de 2019. Es muy poco probable que se encuentre a los responsables, pues tiene una tasa de impunidad de 96%, la sexta más alta del país. La probabilidad de que se esclarezca un delito en la región es solo de 1.3%. La justicia tendrá que esperar en el Estado de la animadversión política.
fuente.-Diario Español/
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