Donald Trump lo hizo otra vez, como lo ha hecho los últimos tres años. Con su discurso debilitó a la moneda mexicana y tan sólo la semana pasada registró un nuevo mínimo. Pero no fue lo único grave, la deuda externa bruta aumentó en poco más de seis mil 520 millones de dólares.
Este incremento registrado en tan sólo siete días, equivale a más de 35 programas sociales prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y otro problema más. Esa debilidad, también mantiene en vilo la millonaria deuda de Pemex, con más de 106 mil 500 millones de dólares, que la ubican como la petrolera más endeudada del mundo.
Es en ese escenario de debilidad financiera de la petrolera que el banco español BBVA planteó al gobierno federal: “Sugerimos que el gobierno cancele el proyecto de la nueva refinería (que requiere de una inversión de ocho mil millones de dólares), reactive el modelo de negocio de farmouts (asociaciones con empresas privadas ) y acelere el desarrollo de los 20 nuevos campos petroleros”.
Números al alza
Fue así que la amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos —destino de 80% de los productos hechos en México—, sorprendió a los mercados financieros globales y se mantienen expectantes.
Del 30 de mayo al 7 de junio, el tipo de cambio peso-dólar, la variable más sensible, se depreció 2.65% o poco más de 0.5054 pesos; la de interés de los Cetes 28 días (colocación primaria) aumentó 27 puntos base. Considerando las variaciones en esos dos indicadores, la deuda externa bruta del sector público aumentó en cinco mil 534 millones de dólares.
El saldo de la deuda al cierre de abril fue de 202 mil 271 millones de dólares y con un saldo de 7.12 billones de pesos en la deuda interna, el sobrecosto fue de 19 mil 340 millones de pesos, cifra que equivaldría a 986 millones de dólares.
Ese mayor costo por seis mil 520 millones de dólares lesiona las finanzas públicas, porque esos recursos equivalen a 35 programas denominados prioritarios, según el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020 que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, el pasado 1 de abril.
Los primeros daños
El incremento de la deuda tiene un efecto directo en la población de menores recursos que recibe los beneficios de los programas sociales del gobierno federal. Sin embargo, además de la debilidad del peso y las mayores tasas de interés, las finanzas públicas también se ven afectadas por otros factores exógenos, como la guerra comercial de Estados Unidos con China y la desaceleración de la economía global, además del cambio de régimen (como lo denomina el Presidente de México), en particular por la política energética.
De hecho, esos cambios en la política energética de la nueva administración en México tienen al país muy cerca de perder el “grado de inversión” que permite al propio gobierno federal, así como a gobiernos estatales y municipales, y a empresas privadas obtener créditos con una “menor tasa de interés”, por el menor riesgo crediticio que presentan.
En el caso del proteccionismo comercial estadounidense que afecta el crecimiento global y que en el caso de México se da en medio de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Washington decidió castigar las exportaciones de acero y aluminio de la Unión Americana con aranceles de 25% y 10%, respectivamente, a Canadá, México y la Unión Europea.
Para evitar violar las reglas del TLCAN y de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el gobierno estadounidense echó mano de una atribución constitucional, la llamada Sección 232 de la Trade Expansion Act of 1962.
Esta norma establece que, bajo el argumento de seguridad nacional, el presidente puede decretar impuestos y aranceles. Ese poder otorgado al Congreso, jamás se había usado por un mandatario para combatir el libre comercio.
Sin embargo, decisiones como la de cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco y los cambios a la política energética también presionan la paridad cambiaria. En particular, la situación financiera de Pemex, que llevó a la evaluadora internacional de riesgo crediticio Fitch Ratings a recortar la calificación de los títulos de deuda a “BB+”, con lo cual perdieron su grado de inversión y ahora los bonos están en grado especulativo.
Lo anterior fue resultado de que el miércoles 5 de junio, Fitch también degradó la calificación soberana de México de “BBB+” a “BBB”, lo que significa que México está en el último (“BBB-”) de los 10 escalones del grado inversión.
Por debajo del “BBB-”, entran en la zona de bonos de alto rendimiento (high yield), ya que ante el mayor riesgo de impago, los compradores de esos títulos exigen una mayor rentabilidad. Son bono de alto riesgo por su baja calificación.
A pesar de ser llamados bonos basura (junk bonds) tiene su nicho en inversores especializados, porque otros agentes por estatutos legales tienen prohibido invertir en activos sin grado de inversión.
Además de las presiones cambiarias, la política interna de México está en la senda de un mayor costo de la deuda.
El estratega del Grupo Financiero Ve por Más, Juan Rich Rena, señala que cualquier empresa u organismo con una calificación de grado especulativo, el costo de la deuda es más elevado que otra que sí tiene grado de inversión. “Una menor calificación significa un mayor costo de financiamiento”, agregó.
La pagan programas sociales
Con la amenaza de aplicar aranceles de 5 a 25% a todas las exportaciones de México a Estados Unidos, el tipo de cambio registró la mayor debilidad en lo que va del año. En la semana del 30 de mayo al 7 de junio, el tipo de cambio cotizó en máximo de 19.8875, aunque su promedio en ese periodo fue de 19.5790, es decir una depreciación de 2.65% o de 0.5054 pesos.
Ese impacto generó un sobrecosto de la deuda externa de cinco mil 534 millones de dólares. Ese monto disminuye, considerando la paridad del 12 de junio (a las 07:05 horas, local de la Ciudad de México) donde el peso se negociaba en 19.1277 pesos por billete verde.
En esa semana, la colocación primaria de Cetes a 28 días pasó de 8.03% (23/mayo/2019) a 8.30% (06/jun/2019). Tan sólo ese diferencial de 27 puntos base habría generado un sobrecosto de 19 mil 340 millones de pesos en la deuda interna del sector público federal.
Así que esos seis mil 520 millones de dólares de sobrecosto equivalen a lo que pretende destinar el gobierno federal en 2020 a más de 35 programas sociales prioritarios. Entre ellos están: Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez; Sembrando Vida; Producción para el Bienestar; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; Programa de Mejoramiento Urbano (PMU); Agromercados Sociales y Sustentables; Prospera Programa de Inclusión Social; Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos; Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga; Jóvenes Construyendo el Futuro.
A ellos también se suman Crédito Ganadero a la Palabra; Programa de Microcréditos para el Bienestar; Programa de Fomento a la Agricultura; Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; Programa Nacional de Reconstrucción; Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa (Diconsa); Seguro Médico Siglo XXI y el Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola.
Esos 18 programas sociales listados tendrían un presupuesto de cinco mil 757 millones de dólares para 2020; es decir poco más de cuatro quintas partes del impacto estimado en la deuda externa e interna. Dichos programas son aquellos que el gobierno federal pretende destinar más de 100 millones de dólares en 2020. El tipo de cambio utilizado para la conversión fue de 20 pesos por dólar, el mismo que contempla la información enviada por la SHCP al Congreso para el próximo año.
Esa estimación del gasto, Hacienda lo hizo con un crecimiento del PIB de entre 1.1% y 2.1% para 2019, y una alza de entre 1.4% y 2.4% para 2020. Expectativas que todavía están en línea con lo estimado por los especialistas, según la más reciente (5 de junio) Encuesta Citibanamex de Expectativas que esperan un crecimiento de 1.3% para 2019 y 1.8% para el próximo año.
Sin embargo, ese panorama podría cambiar debido a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, a realizarse el 3 de noviembre de 2020, en las que Trump buscará la reelección.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República (Jucopo), Ricardo Monreal, advirtió que “vemos que (Trump) ya está en campaña electoral y lamentablemente va a usar a México como sparring para ir ganando votos. Tenemos que ser muy inteligentes para no aceptarlo”. Y así fue. El lunes 10 y el miércoles 12 de junio, volvió a amenazar a México.
Incluso, el banco inglés Barclays advirtió que la demanda de control migratorio que exige Trump, “podrían ser difíciles de cumplir en el plazo establecido, lo que implica que es probable que se impongan aranceles, lo que perjudica la actividad comercial y la confianza de los inversores”.
Sin aprender la lección
Trump omitió las recomendaciones de Wilbur Ross, que después de ser ratificado como Secretario de Comercio de los Estados Unidos por el Senado, reconoció que la debilidad del peso frente al dólar tiene “efectos secundarios negativos” para las empresas estadounidenses.
Advirtió entonces en una entrevista con la cadena de televisión CNBC, que un peso debilitado impacta en “un grado muy, muy importante” a la población mexicana de menores recursos, porque México es un gran importador de alimentos. Además, las empresas estadounidenses con mayor exposición al mercado mexicano también se ven afectadas porque sus bienes y servicios tienen un precio más elevado y. por ende. el consumo de los mismos es menor.
Ross, previo a ser secretario de Estado, era un inversionista que se formó en el poderoso banco inglés Rothschild. Posteriormente formó su propia compañía especializada en la compra de empresas con problemas financieros.
Después de que Trump aplicó los aranceles a la exportación de acero y aluminio mexicano, el 15 de junio de 2018, la paridad cambiaria registró su valor mínimo del año al cotizar en 20.7160 pesos por dólar. Fueron cuatro semanas (del 5 de junio al 25 de junio) que la moneda mexicana se mantuvo arriba de los 20 pesos por dólar.
Ese periodo de alta volatilidad sólo fue superado por las siete semanas (del 8 de noviembre al 19 de diciembre de 2018) y las 15 semanas (del 10 de noviembre de 2016 al 21 de febrero de 2017) que van desde que Trump ganó las elecciones, hasta un mes después de que asumió el cargo constitucional.
Sugerimos que el gobierno cancele el proyecto de la nueva refinería, reactive el modelo de negocio de farmouts (asociaciones con empresas privadas) y acelere el desarrollo de los 20 nuevos campos petroleros.” BBVA, comunicado
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