En ese afán de abrir cloacas sin reflexionar no sólo en los efectos, sino los afectos, la liberación pública de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) va a ser un boomerang que afectará a la Presidencia de la República.
Las oficinas de inteligencia del Estado fueron parte de la estructura de la Presidencia de la República y funcionaban en el área de la Secretaría de Gobernación. Por lo pronto, dos extitulares de la Segob tendrán que ser investigados por el espionaje del Cisen que tanto ha denunciado el presidente López Obrador y que tuvieron a su cargo la supervisión directa del espionaje del gobierno: Manuel Bartlett Díaz 1982-1988 y Esteban Moctezuma Barragán 1994-1995. Los dos fueron jefes políticos del espionaje y son piezas clave del gobierno de López Obrador.
El más afectado será, sin duda, Bartlett, porque le tocó manejar la Dirección Federal de Seguridad de diciembre de 1982 a mediados de 1985 y luego transitar hacia la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional 1985-1988, como Centro desde 1989.
La DFS reventó en 1985 por las denuncias periodísticas de que su titular José Antonio Zorrilla Pérez había sido el responsable del asesinato del columnista Manuel Buendía en mayo de 1984, pero sobre todo por las revelaciones del embajador estadounidense John Gavin en 1985 de que la DFS protegía a las bandas de narcos más importantes, sobre todo la de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael Caro Quintero, sentenciados por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar. En esos años de 1984 y 1985 el secretario de Gobernación y jefe de Zorrilla fue Bartlett Díaz.
La DFS fue base del Disen-Cisen y sirvió para defender intereses personales de funcionarios de Gobernación. En diciembre de 1983 Zorrilla Pérez acudió a las oficinas de Proceso, por instrucciones directas de Bartlett Díaz, para amenazar de muerte al director de la revista si se atrevía a publicar un reportaje sobre el uso de policías mexicanos para rescatar, por instrucciones del propio Bartlett Díaz, a una sobrina del secretario retenida por una secta religiosa en Venezuela.
Por el tono de las amenazas, Scherer censuró la publicación. La historia más a fondo la sabe el actual director jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, hijo del director de Proceso.
Y la apertura de archivos del Disen-Cisen podría aclarar el asesinato de Buendía en 1984, por el cual fue acusado Zorrilla Pérez, cuando las evidencias señalaban que él no había sido el operador, pero sí fue comisionado por Bartlett para desvirtuar la investigación. Salinas en 1989 encarceló a Zorrilla del crimen del columnista sin revelar autorías; en 1989, por cierto, Bartlett era secretario de Educación del gabinete salinista y mantenía con él los secretos del fraude electoral de 1988.
Pero el espionaje político no sólo ha sido de la DFS y Disen-Cisen, sino que hubo otra oficina que medio escondió sus archivos: la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, extendida a temas económicos por el propio Bartlett Díaz. Zorrilla no fue una decisión de Bartlett, pero al final los dos se entendieron. En la DIPS estuvo uno de los funcionarios más cercanos a Bartlett Díaz, Óscar de Lassé; esta oficina hacía el espionaje político para el gobierno y para el PRI, en el entendido de que el PRI estaba controlado por Gobernación.
En el medio año que funcionó como secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán operó el espionaje y el director del CISEN fue Jorge Tello Peón, un funcionario cincelado por el general Jorge Carrillo Olea, aunque el canal de información de inteligencia para el presidente Zedillo fue el secretario particular Liébano Sáenz sólo para entregar la carpeta diaria.
Los directores del Cisen tienen mucho que explicar con la apertura de los archivos: Carrillo Olea (1989-1990), Fernando del Villar (1990-1993), Eduardo Pontones (1993-1994), Tello Peón (1994-1999), Alejandro Alegre (1999-2000), el actual ministro de la Corte Eduardo Medina Mora (2005-2006), Juan Domingo López Buitrón (2005-2006), Guillermo Valdés Castellanos (2006-2011), Alejandro Poiré (2011), López Buitrón otra vez (2011-2012), Eugenio Imaz (23012-2018) y Alberto Bazbaz (2018).
Las estrategias, decisiones de espionaje, procesamiento de información y operación fueron responsabilidad de los secretarios de Gobernación en tiempos reales y los presidentes de la república desde Lázaro Cárdenas (fundó el Departamento Confidencial de Gobernación para espionaje político). Lo importante no es el reporte, sino quién ordenó espiar.
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