El maquillaje está de moda. No me refiero a los tutoriales presentes en todas las redes sociales donde nos muestran que mujeres y hombres pueden verse absolutamente distintos gracias a productos cosméticos, sino a los casos denunciados —en medios— de posibles manipulaciones de la estadística delictiva oficial.
Primero fue la procuradora general de justicia capitalina Ernestina Godoy, quien dio a conocer que, en la pasada administración, un sinfín de delitos habían dejado de ser registrados. Y el pasado 1 de marzo se hizo del conocimiento público que en Tabasco las autoridades salientes también habían escondido delitos denunciados.
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en los últimos siete años, nos hemos dedicado a construir análisis sobre las condiciones de seguridad del país, uno de los insumos que usamos son los datos oficiales de incidencia delictiva.
Revisar mes con mes la estadística oficial nos ha permitido identificar cambios abruptos que difícilmente pueden ser explicables por el comportamiento normal de los delitos, inconsistencias en registros y modificaciones a la estadística que parecen obedecer a un interés político más que a voluntad por una transparencia y rendición de cuentas.
¿Pudieron las administraciones estatales voluntariamente maquillar información? Algunas sí.
Hace exactamente seis años tuvimos un enfrentamiento con la Secretaría de Gobernación, que, tras la presentación de nuestro reporte, negó que en el primer cuatrimestre de la administración del presidente Peña el secuestro hubiese crecido de forma dramática. Las pasadas autoridades federales trataron de demostrar con estadística a la mano que nuestros números estaban mal.
Salieron a los medios nacionales de comunicación para afirmar que no sabíamos ni siquiera contar. A nosotros nos tocó demostrar que no solo nuestros datos correspondían a lo que ellos habían publicado, sino que después de su publicación, el Estado de México e Hidalgo habían modificado sus estadísticas estatales para reducir en 18 y 42, respectivamente, el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación reportadas, haciendo ipso facto menor el número de secuestros en el agregado nacional.
Dicho sea de paso, pese al esfuerzo de la autoridad federal por desacreditar los datos del ONC, no se pudo negar que ese 2013 cerró como el año con la mayor tasa de secuestro de la historia del país.
A lo largo de estos años hemos identificado debilidades e inconsistencias de registros en casi todos los estados, principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz.
Por ejemplo, pese a las amenazas personales, fuimos los primeros en denunciar públicamente que todo apuntaba a que en Nayarit la Fiscalía General del Estado estaba ocultando información.
El año pasado dimos a conocer cómo la procuraduría capitalina había decidido modificar el sistema de registros de robo de celular, afectando el comportamiento de la estadística de robo a transeúnte que, de esta manera, parecía tener una marcada disminución. Cuando en realidad se trataba simplemente de un cambio de metodología y que el delito seguía creciendo.
Nuestra labor no solo es observar, sino ayudar. Desde hace tres años, gracias a un financiamiento de la Embajada de los Estados Unidos, hemos trabajado de la mano con 16 procuradurías y fiscalías estatales para entender qué es lo que provoca y afecta que haya deficiencias en registros. Donándoles no solo diagnósticos, sino soluciones y capacitación.
En el ONC reconocemos como algo fundamental fortalecer los procesos que llevan a la investigación y a la captación de los registros de las denuncias. Hay que recordar que la estadística no es un producto que sirva para estudio de los intelectuales, sino que es la fotografía de cómo se encuentra el acceso a la justicia para las personas, y un insumo vital para construir inteligencia y combatir los delitos.
Este trabajo nos ha permitido identificar que las fallas se dan en parte, por exceso de trabajo de los servidores públicos, por la falta de procesos claros, de supervisión, de capacitación y profesionalización efectiva, y a veces por corrupción.
Algunas autoridades nos han permitido construir casos de éxito, a partir de cómo han atenido las observaciones que les hacemos sobre las deficiencias encontradas. Destacan las fiscalías generales de justicia de Chiapas, la de Michoacán y la de Chihuahua, entidades en las que persisten problemas, pero gracias al deseo de escuchar a la ciudadanía y de mejorar, estos se atienden y se resuelven.
Necesitamos crecer de manera dramática el número de policías de investigación, peritos, ministerios públicos y defensores de oficio.
Paralelamente de 2013 a 2017 trabajamos en colaboración con el Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la autoridad encargada de recibir y publicar la información que las entidades le proveen, para generar una mayor cantidad de información, con mayores candados de seguridad que permitieran identificar las inconsistencias de los registros. Esto nos llevó a que a partir de 2018 se contase con una nueva metodología que es la hoy vigente.
Frecuentemente me preguntan si el gobierno federal pudo haber manipulado información de los estados. La respuesta es que no, el sistema no permite que la federación favorezca a estados amigos y castigue a los enemigos con una estadística a modo.
¿Pudieron las administraciones estatales voluntariamente maquillar información? Algunas sí —como es el caso de Nayarit—, pero en otros casos no lo puedo asegurar.
Lo que sí puedo afirmar es que urge que invirtamos más en procuración de justicia. Es impensable que por un lado los delitos hayan aumentado, que sigamos haciendo crecer el aparato de seguridad y que por el otro en una década tengamos más o menos el mismo número de plazas en procuración de justicia. La justicia hoy es un cuello de botella y quienes pagamos las consecuencias somos los ciudadanos.
Necesitamos crecer de manera dramática el número de policías de investigación, peritos, ministerios públicos y defensores de oficio, así como mejorar instalaciones, salarios y prestaciones. Debemos permitirles trabajar en horarios justos, con cargas de trabajo realistas, necesitamos hacer efectiva la profesionalización para que quien tome un curso de capacitación adquiera las competencias necesarias para hacer su trabajo.
La justicia hoy es un cuello de botella y quienes pagamos las consecuencias somos los ciudadanos.
Necesitamos tomar decisiones impopulares sobre qué delitos perseguir y cuáles no. Dadas las actuales condiciones, debe quedar de manifiesto que algunas denuncias no darán pie a investigaciones, pero sí servirán para construir inteligencia.
Necesitamos transformar los procesos, eliminar la desconfianza de manera tal que las entrevistas que se realizan en un ministerio público cuando una víctima acude a declarar ya no estén pensadas partiendo del principio de que los denunciantes mienten. Además, necesitamos hacer mucho más efectivo el uso del tiempo de las personas, ya que deberían poder hacer una denuncia por un delito común en menos de una hora y no en por lo menos cuatro.
Felicito a las autoridades que están trabajando por mejorar la transparencia y rendición de cuentas para los ciudadanos. Es importante que las declaraciones mediáticas se acompañen de investigaciones que permitan deslindar responsabilidades, sancionar a quien incumplió y reconstruir la información para que podamos entender cuál es la realidad del país para así tomar decisiones.
Desde el ONC seguiremos donando nuestro trabajo a las autoridades que muestren un compromiso por mejorar las condiciones de seguridad, acceso a la justicia y rendición cuentas a la sociedad.
Seguiremos reconociendo lo bueno, señalando errores e insistiendo en que la solución se encuentra en la construcción de instituciones civiles sólidas al servicio de la sociedad.
Autor.-Francisco Rivas
Director general del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCol
@ObsNalCiudadano
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