viernes, 16 de noviembre de 2018

REFORMA CONSTITUCIONAL AMENAZA la "RIQUEZA MAL HABIDA" de CABEZA de VACA en TAMAULIPAS...perderia los bienes producto de los males.

Una reforma constitucional recién aprobada en el Senado de la Republica podria poner en predicamento legal los bienes conseguidos por "actos de corrupción" del Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca ,ranchos,casas,departamentos de lujo asi como terrenos en Mexico y E.U adquiridos durante poco mas de 13 años en una única actividad ,la de servidor publico, la reforma aprobada en  el pleno del Senado en lo general y en lo particular es una enmienda constitucional para aplicar extinción de dominio a los bienes de quienes hayan incurrido en los delitos de actos de corrupción, robo de hidrocarburos y extorsión.

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La reforma cobra especial relevancia pues Garcia Cabeza de Vaca ha sido recientemente exhibido en la trama de una componenda que obsequia "contratos sin licitación" que permiten saquear los recursos públicos que le ha permitido al hoy gobernador  amasar una considerable fortuna que ya en 2016 se calculaba en mas de 951 millones de pesos, e incluso parte de ella revelada en su declaración 3 de 3 con omisiones, entre estas un fastuoso rancho que difícilmente podria justificar, pues supera lo conocido hasta ahora a los exhibidos del ex-gobernador de Veracruz Javier Duarte y que no han sido materia de escrutinio por el actual gobierno Federal de Peña Nieto del que ha obtenido proteccion y favores.

"La extinción de dominio aplicará sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentran relacionados con investigaciones derivadas de:

"Hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos", indica.


A propuesta del coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, se aprobó incluir la monetización para que el Estado pueda recuperar el costo que implica resguardar los bienes asegurados a la delincuencia, que tan sólo en la Ciudad de México asciende a 53 millones de pesos anuales.

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Con información de:El Financiero,El Norte/medios

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