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El faltante afecta también a los 7 mil 042 pensionados y pone en crisis el fondo constituido para el retiro que, a raíz de las últimas reformas, tendrá recursos hasta el 2030.
Los recursos actuales, dijo una fuente, están agotados y sólo podrían dar vida al fondo por dos años más.
La desaparición de los fondos millonarios apunta hacia un quebranto sistemático del erario a lo largo de siete años, del 2010 al 2016, y, de acuerdo a un funcionario entrevistado, fue detectado inicialmente en la etapa del proceso de entrega- recepción por el equipo del Gobierno entrante, pese a ello y a casi 2 años de gestión panista, estas conductas no han sido castigadas y si múltiples veces "vociferadas".
Después, el 2 de agosto del año pasado, el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (Ipsset), principal afectado por el saqueo del Fondo de Pensiones, realizó un requerimiento a la Secretaría de Finanzas por un monto de mil 282 millones 775 mil 242 pesos, más intereses, por ser la entidad que funge como Tesorería.
El organismo descentralizado encontró que dentro de los pasivos a corto plazo existía un adeudo al 30 de septiembre del 2016 por esa suma entre el Gobierno del Estado y el Ipsset.
El adeudo proviene de diversos rubros como las aportaciones del trabajador, los préstamos y el seguro de retiro, que no fueron reportados.
También deriva de aportaciones del trabajador a la Caja de Ahorro (CAET), de los servicios del Issste y de la Secretaría de Salud, del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas (Sartet) y del Fondo de Aportaciones para el Retiro (Fartet).
El incumplimiento de la Secretaría de Finanzas consiste en haber recibido y retenido las aportaciones de los 44 mil trabajadores, sin que dichos importes hayan sido enterados al Ipsset de manera completa, ni transferidos a sus cuentas.
A pesar de que el adeudo se firmó a corto plazo y no se pagó en siete años por las dos anteriores Administraciones.
Tras revisiones al faltante por parte de la Contraloría Gubernamental y de la Auditoría Superior del Estado, dijo una fuente, se estableció que la Secretaría de Finanzas recibió el dinero descontado y retenido a los trabajadores en sus cheques, pero no lo enteró al Ipsset y tampoco traspasó los fondos.
De comprobarse el desvío, agregó, se buscaría proceder como presuntos responsables contra los ex titulares de la Secretaría de Finanzas en dos los sexenios anteriores: Óscar Almaraz Smer, quien fuera el operador financiero de Hernández, y Alfredo González Fernández, Miguel González Salum y Jorge Ábrego Adame, quienes fungieron como Secretarios de la dependencia con Torre Cantú.
Almaraz actualmente busca su reelección como Alcalde de Victoria.
El director del Ipsset, Luis Leonel Salinas Martínez, reconoció en entrevista que el desfalco apunta hacia los cuatro ex titulares de la Secretaría de Finanzas de los dos sexenios anteriores.
"Definitivamente se utilizó ese dinero para fondear algo (ilegal), porque el dinero estuvo sólo en la Secretaría de Finanzas y al Ipsset nunca llegó", señaló.
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