México sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para los periodistas, según un nuevo informe que destaca cómo funcionarios públicos corruptos y grupos del crimen organizado son responsables de la mayoría de amenazas y ataques contra los periodistas.
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En un informe de publicación reciente, la organización para la libertad de prensa Article 19 documenta los altos índices de ataques de los que son blancos los periodistas en México, y hace énfasis en el rol del gobierno frente a la persistencia de esos delitos.
Según Article 19, México es el país más peligroso de Latinoamérica para los periodistas, con índices de violencia comparables a países en guerra declarada. De hecho, a México solo lo aventaja Siria como el país donde más se asesina a periodistas.
Desde la posesión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto en 2012, Article 19 ha documentado cerca de 2.000 casos de agresiones contra periodistas, incluyendo 41 homicidios y cuatro desapariciones. Cada año ha sido más violento que el anterior, al punto que la violencia contra comunicadores alcanzó su nivel más alto en dos décadas en 2017, cuando se documentaron 12 homicidios.
Aunque los grupos del crimen organizado han cargado la culpa de la violencia contra periodistas, Article 19 aclara que gran parte de responsabilidad les corresponde también a funcionarios públicos corruptos.
De los 1.986 casos de agresión contra periodistas documentados en los últimos ocho años, se cree que 8 por ciento fueron cometidos por miembros de grupos del crimen organizado, mientras que un 48 por ciento se atribuye a funcionarios de los ámbitos local, estatal y federal. El informe no especificó los sospechosos del resto de los casos.
En lo que respecta a los asesinatos selectivos de reporteros, en 2012 Article 19 estimaba que era probable que 75 por ciento fuera cometido por grupos del crimen organizado. Pero en 2017, la organización estimó que era probable que el crimen organizado representara solo el 21,9 por ciento del total de homicidios de periodistas, mientras que era posible que funcionarios del gobierno fueran responsables de un 19,5 por ciento.
Como reflejo de los patrones de violencia en México, los ataques a periodistas se han propagado a nuevas zonas del país. A comienzos de la década de 2010, las agresiones hacia reporteros se concentraban sobre todo en estados con fuerte presencia de grupos del crimen organizado, como Chihuahua, Guerrero y Sinaloa. Pero ahora esos ataques se han extendido al resto del país, implantándose incluso en estados que alguna vez fueron relativamente seguros para los periodistas, como Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato y Quintana Roo.
Aunque los periodistas que cubren temas de crímenes, seguridad y justicia estaban anteriormente más expuestos a la violencia, quienes escriben sobre corrupción y política están cada vez más bajo amenaza, en particular en la capital, Ciudad de México.
En particular, se observa un incremento de los ataques contra mujeres periodistas. Durante el mandato del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012, el promedio anual de ataques a mujeres periodistas fue de 32, para un total de 192. En el mandato de Peña Nieto, el promedio de agresiones a mujeres periodistas ha sido de 86,7 anual.
Análisis de InSight Crime
Aunque por lo general se asume que los principales perpetradores de violencia contra periodistas en México son los grupos del crimen organizado, el reciente informe de Article 19 subraya el papel del gobierno mexicano en la comisión, condonación y garantía de impunidad para estos crímenes.
La violencia es un instrumento para silenciar tanto a los periodistas atacados como a otros en quienes se incita el temor. Actualmente se denomina “zonas de silencio” a los estados de Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua, debido a que los asesinatos selectivos fomentan exponencialmente el temor y derivan en autocensura y en ciertos casos llevan al desplazamiento masivo. Por ejemplo, en Veracruz, considerado el estado más peligroso de México para los periodistas, por lo menos 30 reporteros huyeron buscando protección luego del homicidio de la corresponsal de homicidios Regina Martínez, en 2012. El exgobernador de Veracruz entre 2010 y 2016, Javier Duarte —quien ha estado preso por colusión con grupos criminales durante su ejercicio— alguna vez reprendió a los periodistas diciéndoles que “se comportaran” si querían estar a salvo.
Como la mayoría de los crímenes en México, casi todos los casos de ataques a periodistas quedan en la impunidad, y los parientes que buscan justicia muchas veces se exponen a ser revictimizados y criminalizados por las instituciones del gobierno. Según Article 19, el índice de impunidad en México, de 99,6 por ciento para delitos contra periodistas, bien puede deberse al hecho de que casi la mitad de los casos de agresiones hacia estos son cometidos presuntamente por funcionarios públicos que no tienen interés en mejorar los mecanismos para hacer responder a los culpables.
Como lo señala la organización: “El silencio derivado de la violencia es conveniente para el poder político”.
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