El primer requisito se cumple: no existe policía municipal en nueve municipios de la región de Tierra Caliente en Guerrero. El segundo es una constante: varias autoridades tienen ligas por medio de los partidos políticos que los respaldan, con grupos de la delincuencia organizada.
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El tercero sería una postal que retrata al sexenio en Guerrero: el ejército patrulla, observa y casi nunca interviene. Es mudo testigo de la descomposición social.Lo advirtió hace un mes y lo recordó hace unos días tras la ceremonia del Domingo de Ramos, con la que inicia la Semana Santa. El obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa en Guerrero, Salvador Rangel Mendoza señaló ante medios de comunicación en la capital del estado, que de tiempo atrás ya había denunciado la situación que vive la ciudadanía en general y las empresas en particular en Ciudad Altamirano.
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El jerarca de la iglesia católica recordó que en reiteradas ocasiones advirtió sobre las extorsiones a la población en general en esta región, y que la empresa propietaria de la Coca Cola, la regiomontana Femsa, estaba en problemas debido a las amenazas de la delincuencia organizada. Era preocupante que ninguno de los cabecillas de estas organizaciones no fueran molestados por las autoridades.
“Desgraciadamente están ahogando a estas industrias que traen progreso a la entidad”, dijo el prelado. “Creo que las autoridades deben poner todo lo que esté de su parte para proteger estas industrias. En Ciudad Altamirano se vive una situación parecida a la de Chilpancingo, (…) el derecho de piso allá es terrible, y ojalá podamos entenderlo y haya paz en este estado”.
Las declaraciones del obispo, quien ha llegado a proponer en otro momento que la autoridad se siente a dialogar con los jefes delincuenciales para buscar aminorar la violencia que azota a gran parte de la entidad, hizo estas declaraciones pocos días después de que ataques armados del crimen organizado llevaran a la empresa regiomontana dueña para América Latina de Coca Cola, al cierre de su planta de distribución en Ciudad Altamirano, en la Tierra Caliente de Guerrero.
El viernes 23 de marzo alrededor de 20 hombres armados atacaron a tiros por segunda ocasión en la semana el puesto de la Gendarmería que resguardaba las instalaciones de la empresa. Dos días antes el primer tiroteo al lugar, dejó como saldo un trabajador lesionado. Era la primera ocasión que el centro abría tras permanecer más de dos meses cerrado debido a las amenazas de la delincuencia organizada contra la gerencia de la empresa.
La tarde de ese viernes la compañía desde su sede en Monterrey, anunció el cierre indefinido de su centro en razón de que no existen condiciones para operar de manera eficiente y segura en esta zona del estado.
El cierre de la planta Coca Cola en la Tierra Caliente de Guerrero generó lo que la prensa local llamó “un mercado negro de refrescos”. Un envase de la bebida tamaño normal, cuyo precio al consumidor es de 7 pesos, en el mercado negro se ha llegado a cotizar en 15 y en algunos sitios se pagaban hasta 20 pesos.
El “mercado negro” se surte de municipios vecinos de Michoacán, y en algunos casos del Estado de México, entidades que junto a Guerrero en sus zonas limítrofes conforman la región de la Tierra Caliente.
Desde que el pasado mes de mayo del 2017 el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunciara, acompañado de los secretarios de Defensa y Marina, el reforzamiento del operativo de seguridad para la Tierra Caliente de Guerrero con la llegada de mil soldados más, la incidencia delictiva no ha aminorado.
Reportes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos dadas a conocer al cierre del 2017 e informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coinciden en señalar que la situación de seguridad en la región empeoró.
Para las ONG´s las extorsiones, los secuestros y los asesinatos, son “el triángulo de delitos” sobre los que ni la Policía Militar ni los soldados han podido hacer algo para que se detengan. Son ilícitos que se combaten con un sólido trabajo de investigación ministerial, con información que sirva para judicializar casos ante el juez, pero sobre todo que sea un cuerpo policial civil que realice labores de prevención y sea responsable también de hacerles frente, señalaron.
Estado “fallido” en Tierra Caliente
La ausencia de autoridades en nueve municipios de la Tierra Caliente de Guerrero, como Cutzamala de Pinzón, Tlachapa, Arcelia, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán, Zirándaro, Tlapehuala y Pungarabato, cabecera municipal de Ciudad Altamirano, ha ocasionado que su lugar lo ocupen alguna de las tres organizaciones que dominan y se disputan el territorio.
Informes federales señalan los grupos que pelean y controlan alguno de estos municipios son los que que se identifica con los remanentes de los autodenominados “Caballeros Templarios”, otros los denominados “Familia Michoacana”, y en tercer sitio la banda criminal conocida como “Tequileros”.
Los personajes que encabezan la disputa en municipios vecinos como Arcelia y San Miguel Totolapan, en la ruta de salida de la droga desde la sierra, son Johnny Hurtado Olascoaga, apodado “el Pez”, líder de la “Familia michoacana”, quien controla Apaxtla, Teloloapan, Ciudad Altamirano y Acapetlahuaya.
Su enemigo acérrimo es Raybel Jacobo Almonte, líder de “los Tequileros”, quien tiene el control de la sierra a partir del municipio de San Miguel Totolapan. Ambos son dos de los personajes a los que el ejército, la marina, ni la Policía Federal, han podido dar con su paradero. Los dos son acusados de tener en su nómina a policías municipales y estatales en la zona calentana guerrerense.
Desde hace un par de años, con el recrudecimiento de la violencia en la región, y la llegada de tropas del ejército con nuevas unidades de Policía Militar, la violencia y las extorsiones no ha hecho más que incrementarse. La ausencia de autoridades establecidas en varios de los nueve municipios que comprenden Tierra Caliente de Guerrero, ha quedado en evidencia ante varios episodios donde han sido las bandas criminales y sus operadores los encargados de “despachar”.
El caso más conocido por haber ocurrido de manera reciente, el pasado 16 de febrero en la comunidad de Otlatepec, en el municipio de Tlachapa, fue el de Abisaí Reynoso, un campesino y agricultor que tenía problemas mentales y que asesinó a su esposa e hijas.
Desde el año 2015 éste es uno de los municipios donde la policía municipal fue disuelta debido a que todos sus integrantes desertaron cuando se enteraron que serían sometidos a exámenes de control de confianza. Cuando sucedió el caso de la familia Reynoso, un grupo de hombres armados llegó a la comunidad, desarmó al sospechoso y se lo llevó. Dos días después este individuo fue encontrado ejecutado al lado de una cartulina donde estaba escrito un mensaje signado por la “Familia Michoacana”, que advertía a manera de propaganda que no iba tolerar la muerte de mujeres y niños inocentes.
El fenómeno ha sido reconocido por funcionarios de la administración de Héctor Astudillo, el priista que despacha como gobernador de Guerrero, quienes han señalado que varios municipios de la entidad entre los que están los de Tierra Caliente, sus policías municipales no existen. Fue Roberto Álvarez Heredia, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, quien señaló que algunos de estos son controlados por la delincuencia organizada.
Sobre la misma línea otros funcionarios como el fiscal general del estado, el ex litigante Xavier Oléa Peláez, han señalado que las organizaciones criminales están incrustadas en las administraciones municipales de tal manera que llegan a exigir una cuota anual o mensual a las autoridades municipales por cada obra pública que realizan.
Son rasgos del modelo de “estado fallido” que el despliegue de tropas no soluciona.
fuente.-@Velediaz424
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