La semana pasada, en Purísima del Rincón, un municipio vecino de León, Guanajuato, un grupo de hombres armados entró a un salón de fiestas y disparó a mansalva contra la multitud. El resultado: 8 muertos, entre ellos el padre del alcalde del municipio, y 22 heridos.
No es el único incidente grave registrado en Guanajuato en estas semanas. A mediados de febrero, seis matones entraron a una vivienda en Silao y asesinaron a una familia entera, incluyendo a tres niños de menos de cuatro años. Por las mismas fechas, se encontró en la carretera Celaya-Querétaro una camioneta incendiada con cuatro cuerpos calcinados.
Esas son solo unas muestras de un violentísimo inicio de año en Guanajuato. En los primeros dos meses de 2018, 446 personas fueron asesinadas en ese estado. Esa es una cifra superior a la del Estado de México. En términos absolutos, Guanajuato se ha vuelto la tercera entidad federativa con más víctimas de homicidio doloso, solo superada por Guerrero y Baja California. Con cifras anualizadas, la tasa de homicidio de Guanajuato es la quinta más alta del país y supera a la de Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán.
Y el problema no es solo el nivel, sino la trayectoria de la violencia. En 2017, el número de víctimas de homicidio doloso aumentó 30%. En los primero s dos meses de 2018, el aumento es de 98% en relación a los mismos meses del año pasado.
¿Qué explica esta escalada de violencia criminal en un estado considerado seguro hasta hace pocos años? La explosión del huachicoleo, en primer lugar.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una operación importante en el estado, bajo el liderazgo de un individuo llamado Francisco Cerda Guillén, alias El Señor de la Silla.
Sin embargo, enfrentan a bandas locales dedicadas al robo de combustible que han adquirido una creciente sofisticación y poder de fuego.
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Entre estas, hay una que es particularmente notable: una banda autodenominada “Cártel de Santa Rosa de Lima”, también conocida como Los Marros, y encabezada por un personaje llamado José Antonio Yepes de la Cruz, alias El Marro.
Hace unos meses, ese grupo se sintió con los tamaños para amenazar en un video al CJNG. Y se ha diversificado: al parecer, se dedican también a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas.
Pero, además de esas disputas específicas, hay lo que sucede en estos casos: violencia llama a violencia. Hay cadenas de venganzas, autoridades rebasadas e impunidad creciente. Cada homicidio adicional hace más improbable que cualquier homicidio en lo individual sea castigado. Eso acaba haciendo más probable el siguiente homicidio y así nos vamos.
¿Cómo se detiene esa espiral? En parte, con más recursos. Y algo se ha intentado: en marzo, como parte del Operativo Escudo Titán, llegaron a Guanajuato 350 policías federales, en adición a los 400 que ya estaban desplegados en el estado. Adicionalmente, unas semanas antes, fueron enviados a Guanajuato 1500 elementos de la Policía Militar.
Pero ese despliegue ha sido hasta ahora insuficiente para detener la escalada de violencia, en parte porque el proceso electoral tiene pasmadas a las autoridades del estado.
Tras la masacre de Purísima, el gobernador Miguel Márquez soltó la siguiente frase: “Lo que puedo decir es que efectivamente siempre hay que mejorar, siempre hay cosas por hacer en los procesos una vez que se revisan.”
Sí, uno diría que, ante ocho cadáveres y 22 heridos, ante 446 asesinatos en dos meses, hay en efecto que “mejorar” y “revisar los procesos”.
Pero por mucho que se revisen los “procesos”, el próximo gobernador de Guanajuato va a recibir en herencia uno de los cinco estados más violentos de la República. Eso ya es inevitable.
Fuente.-alejandrohope@outlook.com.
@ahope71 (Foto/Web)
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