El Gobierno de Tamaulipas, aceptó la recomendación 73/2017, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por hechos ocurridos en el año 2015 e inició el proceso para dar cumplimiento a su contenido.
El Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, designó a un enlace especial con la CNDH para darle atención puntual a la recomendación y se comunicó que diversas acciones solicitadas ya estaban en marcha.
La CNDH emitió una recomendación relacionada con una queja sobre detención arbitraria, desaparición forzada de 3 víctimas e inadecuada procuración de justicia en agravio de sus familiares, en hechos ocurridos en el año 2015, según consta en el expediente CNDH/1/2015/165/Q.
El Gobierno de Tamaulipas informó a la CNDH que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, brindó apoyo a los padres de 2 de las víctimas y solicitó a la CNDH proporcione lo datos de contacto de la madre de la tercera víctima para su inscripción en el registro Estatal de Víctimas.
Entre las acciones que el Estado emprendió con anterioridad a la recomendación de la CNDH, figura la atención psicológica y teratológica que se ofreció a los padres de una de las víctimas a través del Centro de Atención para Personas en duelo CAPED.
El Gobierno del Estado de Tamaulipas, hizo saber a la CNDH que está en la mejor disposición de colaborar cuando se le requiera, respecto a la denuncia e integración de la investigación de la averiguación previa que la Comisión presente ante la PGR.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) solicitó mediante oficio a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), su colaboración para impartir el curso a policías estatales en materia de desaparición forzada de personas, detenciones arbitrarias y la implementación de la Ley General en materia de desaparición de forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
También se remitió la circular dirigida a los agentes de la SSP, para que, en el ámbito de sus funciones actúen con apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
En la recomendación, se acreditó la violación a loa derechos humanos de las víctimas, por parte de la entonces alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar Vázquez, y su grupo policial “Hércules”, a quienes la PGR investiga por la desaparición forzada y ejecución de los cuatro jóvenes.
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