El 21 de febrero de 2017, Estela Hernández pronunció unas palabras que cimbraron a las buenas conciencias reunidas por la Procuraduría General de la República (PGR) en el auditorio Torres Bodet del Museo de Antropología en la Ciudad de México. La alocución de Estela se llevó a cabo en el marco de la disculpa pública de la PGR a Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. En un principio, las palabras reverberaron entre la atónita comentocracia. Tras el evento, había quienes defendían el pronunciamiento y aquellos que simplemente lo consideraban inaceptable: “Maestra Rosamaría, ¡hoy nos chingamos al Estado!”
Más allá del malestar o la aprobación que la frase pudo causar, el discurso de Estela evidenció un profundo malestar en nuestro país. Así, mientras Estela destacaba la represión, la persecución y la victimización de aquellos buscando mejores condiciones de trabajo, calidad de vida, así como una patria digna y justa; al mismo tiempo, retrataba un país donde las autoridades son arbitrarias, inmunes e impunes en el sometimiento de los pobres y aquellos que carecen de conocimiento. El retrato era de un país donde la búsqueda del respeto a la dignidad, la justicia y la libertad se traduce irremediablemente en oponerse al gobierno en turno. Un país donde es menester chingar o ser chingado. Por lo tanto, hay que chingarse al Estado.
La frustración es latente. Las promesas incumplidas de la transición democrática catalizada por la controvertida elección de 1988 ensombrecen el rumbo del país. Contrario a los muchos beneficios teóricos proclamados, es un hecho innegable que ni la pluralidad de voces, ni la alternancia política, ni el mayor involucramiento de la sociedad civil organizada, ni las reformas electorales, ni la promoción de la transparencia, ni el aumento de la justiciabilidad de los derechos nos han servido para alcanzar la prosperidad y el bienestar anhelados aún.
Se dice que el problema es que hace falta perseverar en el camino democrático. Más pluralidad, más alternancia, más participación, más reformas, más límites a la partidocracia, más instituciones, más reglas, más severidad contra los actores preponderantes de mercado, más capacidad técnica, más denuncia contra el charrismo sindical, el compadrazgo, el nepotismo, la corrupción y toda aquella práctica indignante que aún nos quede por descubrir. Los Quijotes instan a sus fieles Sanchos a continuar luchando contra molinos de viento. El grito de guerra es que el poder no es responsivo a la sociedad.
La yuxtaposición del poder y la sociedad
Una característica distintiva del encono prevalente en nuestro país es la yuxtaposición entre el poder y la sociedad. Los detractores del poder destacan su arbitrariedad y distancia de la sociedad arguyendo que no se atienden las necesidades de la sociedad. Por lo mismo, el poder carece de legitimidad. El poder cobra vida propia como la encarnación de todos los males que aquejan al país y cuyo hábitat, el Estado, debe ser atosigado.
Así, no es de sorprender que, para los detractores, una dimensión fundamental de la solución a la situación actual del país pretende su inclusión en el proceso político. Esta propuesta resulta en dos escenarios irónicos: la profesionalización de los que se ufanan de no ser políticos profesionales y la aglutinación de intereses políticos alrededor de organizaciones de la sociedad civil que se convierten en cotos de poder para sus patrocinadores. A la par, la denuncia del poder deslegitima y entorpece la conducción de la toma de decisiones a través de las instituciones del Estado. Esto conlleva a que para los múltiples actores políticos sea más redituable la deserción de la mesa de negociación y la intransigencia que el acuerdo. La trayectoria política desde 1997 en México evidencia este proceso.
Si bien la yuxtaposición del poder y la sociedad es provechosa para la obtención de nuevos espacios de participación, esta perspectiva está basada en una ficción. Dicha ficción está anclada en una comprensión falaz del poder y la sociedad como entidades autónomas sin relación alguna entre ellas. Ya desde la antigüedad y distintas corrientes intelectuales alrededor del mundo, el poder siempre ha contenido una dimensión relacional donde la capacidad de dar órdenes depende de la existencia de quien las reciba y esté interesado en obedecerlas.
De esta manera, para Max Weber, era imposible entender el poder sin el entramado social que permitía a un individuo hacer cumplir su voluntad.1 Esta misma concepción relacional del poder es encontrada en tradiciones tan disimiles como la de Lao-Tse, Maquiavelo o Michel Foucault.2 Inclusive para el influyente Talcott Parsons, el poder sólo podía ser concebido como la “moneda corriente de intercambio” en un subsistema político.3 La presencia del otro es indispensable para entender el poder.
En realidad, las diferencias radican en discusiones sobre la dirección de la influencia ejercida y los mecanismos usados para este fin. Por ejemplo, en el sentido hobbesiano, la influencia ejercida por el poder relacional es eminentemente coercitivo y unidireccional.4No obstante, conforme se ha reconocido la creciente complejidad relacional de la sociedad representada por las estructuras, estrategias e instituciones que regulan el actuar social, los teóricos también han señalado que la influencia circula en dos sentidos, del ostentador de poder al sujeto de poder y viceversa.5 Por lo cual, el discurso del distanciamiento del poder y la sociedad resulta un cuento de hadas, útil para los nuevos actores sociales en México que pretenden labrarse un espacio en la arena política, pero no necesariamente conducente a un mayor bienestar o prosperidad para la ciudadanía. Una estrategia política válida en el juego democrático no debe confundirse con un objetivo anhelado.
Chingarse la autoridad del Estado
Si bien la contraposición de la sociedad y el poder ha contribuido a un mayor dinamismo en el ejercicio democrático, la falta de una inspección crítica de este discurso también ha tenido efectos negativos. Bajo el modelo neo-institucionalista puesto en boga por académicos como Acemoglu, Johnson y Robinson, la explicación es sencilla: los nuevos actores que han sido capaces de formar parte de la toma de decisiones a través del proceso de democratización son incapaces de superar la pobreza institucional que les rodea y genera incentivos perversos que perpetúan el ciclo de la pobreza.6 Así, se pretende explicar las condiciones que han resultado en el encono actual y proclamar las bondades de continuar denunciando la verdad ante el poder.
Una examinación más detenida apunta a que la teoría neo-institucionalista es más bien una apología a la estrategia usada por los nuevos actores sociales para fortalecer su participación en el proceso político. Lo problemático de este fortalecimiento social es la erosión perjudicial de la autoridad del Estado mexicano. Uno de los episodios más reveladores de esta situación ha sido el desencuentro entre círculos empresariales y el gobierno en turno en el marco de la reforma fiscal de 2013. Este episodio puso en confrontación directa al proponente de la “rectoría del Estado,” el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, con grupos empresariales que se oponían a la eliminación de incentivos fiscales adquiridos en los dos sexenios previos.7 En este contexto, los escándalos de corrupción (como la casa de Malinalco) echaron por tierra tanto la estrategia del gobierno priista como la capacidad del Estado para implementar proyectos masivos de inversión en infraestructura financiados a través de la deuda pública.
Esta situación tuvo dos resultados concretos. Por un lado, se colocó en la agenda pública el tema de la corrupción y la transparencia a través del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil financiadas por el sector empresarial. La ironía de este resultado radica en que muchas de esas organizaciones operan con estructuras y financiamiento tan opacos como el gobierno en turno que denuncian. Por otro lado, la deuda pública contraída pasó a solventar el gasto corriente afectando la calificación crediticia del país. Así, tras la caída del proyecto del tren rápido México-Querétaro con participación china, Peña Nieto se excusó en el marco de la XXII Reunión de la APEC en Beijing aduciendo política interna.8 Sólo la elección de Trump en noviembre de 2016 aceleraría el paulatino regreso de China a México como potencial inversionista. Los altercados democráticos también pueden chingarse al Estado.
Más allá del callejón sin salida
La situación anterior nos induce a sentirnos atrapados en un callejón sin salida. Sin embargo, ya desde el arribo de la alternancia política en el 2000, se nos auguraba un trayecto cuesta arriba. Por lo mismo, había quienes vislumbraban los problemas que la pluralidad democrática significaría para la conducción de políticas públicas de Estado. Frente a tal escenario, se recomendaba la implementación de un corte de caja que facilitara la reconciliación a fin de concretar pactos fundacionales que desarrollaran responsabilidades compartidas entre los actores políticos y proveyeran de rumbo y contenido a la alternancia política. No se hizo así.
Hoy en día, mientras hay quienes siguen destacando la necesidad de mayor pluralidad centrada en reformas electorales que coadyuven al acceso a la participación, hay también quienes consideran que necesitamos mejor calidad en la participación. Por ejemplo, necesitamos que las organizaciones de la sociedad civil prediquen la transparencia con el ejemplo renunciando a prácticas de financiamiento y gobernanza opacas denunciadas justificadamente en el gobierno, pero al mismo tiempo adoptadas internamente. Sólo así la ciudadanía podrá darles su voto de confianza al asegurarse que no están inmiscuidas en intereses particulares que socavan la autoridad del Estado para beneficiar una agenda política perjudicial al interés general. Las garantías verbales son insuficientes.
En lo que concierne a la encarnación del poder, el Estado, Luis Rubio destaca un aspecto interesante en su más reciente libro. Esto es el señalamiento de que, en la actualidad, México requiere un nuevo sistema de gobierno. Si bien en su análisis Rubio reproduce el antagonismo entre el poder y la sociedad que aquí señalamos como ilusorio, su diagnóstico es correcto: debemos enfocarnos en los procesos que generen coaliciones de gobierno con amplio respaldo social que garantice el derecho a decidir el rumbo para gobernar. Rubio, pregonando las bondades de la sociedad civil organizada, considera que es posible lograr esto desde la misma. No obstante, una perspectiva menos romántica advierte la necesidad de instaurar cambios institucionales más profundos que obliguen a los actores interesados a participar en la política en generar acuerdos.
Brevemente, dos propuestas concretas vienen a la mente. La primera es el tránsito de un sistema de gobierno presidencialista a uno parlamentario permitiendo la separación de la figura del Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, así como forzando la creación de coaliciones programáticas sujetas a una renovación automática en caso de la pérdida de confianza del parlamento. Otra medida posible es la creación de un Poder Ejecutivo colegiado conformado por las fuerzas políticas con mayor representación en el parlamento, similar al Consejo Federal de Suiza. Después de todo, la primera constitución de México, la Constitución de Apatzingán, contemplaba el establecimiento de un ejecutivo colegiado y rotante.
Es necesario recordar que la política no es una confrontación maniquea entre las fuerzas del bien y del mal. Al final, sólo se trata de una lucha entre intereses de múltiples actores sociales que deben ser conciliados en un proceso continuo de renovación de acuerdos políticos. En el futuro, cualquier reforma debe garantizar que las estructuras, estrategias, e instituciones impongan este fin último a todos los actores que aspiren a dirigir nuestros procesos políticos. Hacerlo así hará que, como dijo Estela, la dignidad se haga costumbre en México y los ciudadanos no tengamos necesidad de chingarnos al Estado.
Samuel Segura Cobos es internacionalista, doctorante y asistente de investigación en el Centro de Finanzas y Desarrollo del Institut de Hautes Études Internationales et du Développement en Ginebra, Suiza.
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