La noticia parece sacada de algún periódico de 2010, pero es de hace tres días. Cuatro pistoleros, armados con rifles de asalto, entraron a un centro de rehabilitación en la ciudad de Chihuahua. Sin decir nada, asesinaron a tiros a 18 personas y dejaron heridas a cinco más.
¿Quiénes eran los agresores? Según Carlos Huerta, vocero de la Fiscalía del estado, unos integrantes de los Aztecas (o Barrio Azteca), una pandilla binacional surgida en prisiones estadounidenses y que alcanzó una tétrica notoriedad con la masacre de Villas de Salvarcar en enero de 2010.
¿Los motivos de la masacre? No se sabe con precisión. El vocero de la Fiscalía recurrió al viejo expediente de la rivalidad delincuencial y aseguró que algunas de las víctimas eran miembros de una banda rival, los Mexicles. ¿Lo eran? Lo ignoro.
No es el único incidente grave de estas semanas en Chihuahua. El 25 de septiembre, en un bar de la capital del estado, unos hombres armados entraron a tiros al establecimiento y mataron a cinco personas, además de herir a tres más. El 22, tres personas fueron asesinadas por unos pistoleros que les dispararon desde un vehículo en movimiento. Tres días antes, ocho personas fueron asesinadas en distintos incidentes de la ciudad de Chihuahua.
De hecho, esto ya califica como oleada. Y no sólo en la capital. En Ciudad Juárez ya se acumulan más de 500 homicidios en lo que va del año y la sangría no para: en 20 días, se registraron 60 asesinatos en esa ciudad fronteriza. Al ritmo actual, 2017 podría convertirse en el año más violento de Juárez desde 2012.
Y las zonas serranas no se libran del fenómeno: el primero de septiembre se registró una amplia balacera en el municipio de Madera, entre unos presuntos sicarios y elementos del Ejército y de la policía estatal. Dos semanas después, un grupo armado atacó a tiros la comandancia de la Comisión Estatal de Seguridad, en el municipio de Urique.
¿Qué hay detrás de esta escalada de violencia? No lo sé con precisión. Las autoridades estatales han hablado desde hace meses del resurgimiento de La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez. En la lista de objetivos prioritarios del gobierno de Chihuahua se cuentan cuatro presuntos integrantes de La Línea. El más importante sería Arturo Quintana Quintana, alias El Ochenta, el presunto autor intelectual del asesinato de la periodista Miroslava Breach hace unos meses y el supuesto origen de amenazas de muerte en contra del gobernador Javier Corral.
Por otra parte, el Cártel de Sinaloa y su grupo armado, Gente Nueva, están algo disminuidos en el estado (a consecuencia de la extradición de Joaquín Guzmán, alias El Chapo y del conflicto interno en esa organización criminal), pero siguen operando con amplia impunidad. Incluso, hace unos días, Gente Nueva dejó (supuestamente) en un centro de acopio un donativo en especie (víveres, medicamentos, etcétera) para los damnificados de los terremotos que azotaron al centro y sur del país.
Para el gobernador Corral, el asunto está claro: “Esta violencia tiene que ver con delitos del fuero federal. No eludimos nuestra responsabilidad, pero nosotros somos los que estamos apoyando a la Federación y no al revés. El 80% de los homicidios tienen que ver con trasiego de drogas, con armas.”
¿Es correcto ese diagnóstico? ¿Es esto una nueva guerra entre cárteles? ¿O hay un fuerte componente local en la violencia? ¿Esto es más conflicto entre pandillas, como los Aztecas y los Mexicles? Difícil saberlo. Pero un hecho es inobjetable: la paz en Chihuahua es cada vez más frágil.
Fuente.-alejandrohope@outlook.com
@ahope71
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