Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y ONGs critican el rezago y las carencias que tiene la nueva legislación que pretenden aprobar los diputados durante el periodo de sesiones que comienza este viernes en el Congreso.
Sus uñas largas terminaron por vencer el látex de los guantes con los que Mirna Medina rascaba la tierra buscando restos de su hijo; aun así, siguió la búsqueda desesperada entre el polvo.
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Roberto desapareció en julio del 2014. Un día se fue a trabajar, vendía discos en una gasolinera del municipio de El Fuerte, Sinaloa. Y ya no regresó. Desde entonces, Mirna lo buscó y en el camino encontró a otras mujeres que también buscaban a alguno de los suyos.
Formaron el grupo Las Rastreadoras de El Fuerte, y desde entonces, escarban en la tierra de Sinaloa esperando encontrar los restos de sus seres queridos.
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Para Mirna, la búsqueda de su hijo terminó en julio pasado, cuando lo encontró en una fosa clandestina. Ella, con sus propias manos, desenterró los restos que hallaron. Al mandarlos analizar, resultó que el ADN era 99.9 por ciento compatible con el de ella. Era Roberto.
El sábado pasado, Mirna y Las Rastreadoras regresaron al lugar donde encontraron a Roberto. Se quería llevar cada trozo de su hijo que todavía quedara en esa tierra.
“Encontré su cráneo, parte de dos de sus brazos, las vertebras, parte de los pies; pero me faltan sus costillas, me falta su sacro, su parte pélvica. Yo creo que esas cosas se las llevó un animal arrastrando, completa, de la parte de la cintura para abajo”, relata Mirna a los reporteros que la acompañaron al lugar, tal como quedó testimonio en un video difundido por el diario Noroeste.
Mirna se desmoronó cuando llegó de nuevo al punto exacto de donde sacó a su hijo; lloraba desconsolada mientras olía la tierra que lo cubrió por tres años. Clavó entonces una cruz negra con el nombre de Roberto, para que el mundo sepa que ahí yació después de que se lo llevaron.
La historia de Mirna se multiplica por cientos en todo el país. Madres, padres, esposas, esposos, hijos que buscan a sus seres queridos que desaparecieron y a quienes las autoridades no han podido –o no han querido- encontrar.
Desde hace una década, la desaparición de personas ha ido en aumento. Es tal la crisis, que la comunidad internacional ha pedido al Gobierno mexicano poner manos a la obra para solucionar el problema; parte de esa solución es aprobar leyes para combatir este delito.
En el Congreso de la Unión está a punto de concluir el camino legislativo de la Ley General contra la Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares que, se prevé, será aprobada a pesar de tener profundas deficiencias que han sido criticadas por los colectivos de familiares de víctimas y defensores de derechos humanos.
La desaparición de personas en México es un problema que ha captado la atención internacional. Al 30 de abril, la Secretaría de Gobernación tenía un registro de 31 mil 053 personas desaparecidas en el fuero común; y mil 093 personas en el fuero federal, al 30 de junio.
Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
¿Una buena Ley?
La Ley General contra la Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares será uno de los primeros temas que se tratará al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, a pesar de que ha sido cuestionada por los propios familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos.
En abril, en el último día de sesiones del periodo pasado, el Senado aprobó esta ley y la envió a la Cámara de Diputados, que ya no alcanzó a procesarla. Ahora, la Cámara Baja se apresta para aprobarla a la brevedad y cumplir así con la exigencia internacional.
En esta ley quedó establecido el tipo penal de desaparición forzada de personas, que aplicará a todas las entidades del país y a nivel federal; se estableció también el tipo penal de desaparición cometida por particulares, aunque éste ha sido calificado como insuficiente.
La Ley General también establece la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, que dependerá de la Segob; cada estado deberá tener su Comisión Estatal. Esta Comisión será la encargada de elaborar los registros de personas desaparecidas.
Se establece además una diferencia entre personas desaparecidas y no localizadas; se mandata la creación de fiscalías especializadas; y se establecieron castigos hasta de 60 años de prisión para quien cometa estos delitos.
Sin embargo, la Ley aprobada solo cumple parcialmente con algunas exigencias de quienes han seguido el proceso de construcción de esta legislación.
Las organizaciones sociales y los colectivos de víctimas se dividieron.
Por un lado, están quienes piden que la Ley se apruebe como está, pues contiene algunos avances para combatir este delito.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, con más de 40 grupos de familias de personas desaparecidas, pedirá hoy que la Ley se apruebe cuanto antes en la Cámara de Diputados.
“Las familias decidimos acompañar el proyecto, pues si bien vemos que el corazón de la ley, que es la búsqueda, no está como creemos que funcionaría mejor, la ley es un instrumento más en nuestra exigencia de buscarles y encontrarles y seguiremos reiterando la necesidad de mecanismos de búsqueda operativos y eficaces”, declaró el Movimiento en abril pasado.
Otros defensores de derechos humanos consideran que es inaceptable conformarse con lo que se promovió desde el Gobierno Federal y renunciar al propósito principal de la ley: encontrar a los desaparecidos.
Motor de impunidad
Para Jorge Verástegui, defensor de derechos humanos y consultor independiente en temas de desaparición, tal como está la minuta de la Ley en manos de los diputados, solo será un instrumento de simulación que servirá para continuar con la impunidad.
“Esto es una simulación, lo que va a generar es un tema de impunidad y además lo que están intentando es hacer un check list, como decir a nivel internacional: ‘Ya cumplimos; ¿querían una ley? Ahí está la ley’.
“Hay colegas que están de acuerdo en esta ley porque dicen que de algo a nada, pues mejor eso (…) hay cosas administrativas que sí son buenas, hay que reconocerlo, pero yo creo que no podemos sacrificar la búsqueda de los desaparecidos por tener un tipo penal; se pierde el sentido del origen de esta ley”, comentó en entrevista.
La principal falla es que aunque la Ley establece que se creará una Comisión Nacional de Búsqueda, la propuesta de las organizaciones era que ésta tuviera un cuerpo propio de policía para trabajar en campo y buscar a los desaparecidos.
Esto fue borrado de la Ley, por lo que esta Comisión no tendrá autonomía y trabajará con policías que sean asignados por el ministerio público, lo que aumenta el burocratismo de las búsquedas.
Hoy día, los familiares de los desaparecidos acuden directamente al ministerio público, quien asigna a policías de investigación para acompañarlos a buscar a sus seres queridos; con la nueva ley, estas personas deberán ir a la Comisión, quien tendrá que pedir apoyo al ministerio público, lo que complicará el proceso.
“Es un monstruo que se va a crear, va a ser un gran elefante blanco, que va a depender en la práctica del ministerio público porque no tiene autonomía para realizar búsquedas”, expuso Verástegui.
La Ley aprobada por el Senado no debería pasar en la Cámara de Diputados, consideró el activista, hasta que sea subsanada esa y otras fallas que lastiman el corazón de la lucha contra las desapariciones.
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