La pena de muerte ha sido instaurada por
el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hemos visto su aplicación ilegal en
Tlatlaya, luego en Ayotzinapa, después en Apatzingán y ahora en Tanhuato.
Policías federales, militares y marinos
ejecutan, no arrestan. Al parecer esa es la orden que impera en todos los
supuestos “enfrentamientos” entre fuerzas de seguridad y “sicarios,
delincuentes, criminales, narcos”.
Las ejecuciones extrajudiciales cometidas
por el Estado mexicano no son nuevas. La historia de este país está llena de
excesos y también de impunidad.
Sorprende, sin embargo, que durante este
sexenio sean tan recurrentes. Evidentemente el Estado nos está mandando un
mensaje con estas matanzas para generar miedo.
Las imágenes de Ecuandureo-Tanhuato,
Michoacán, no dejan duda alguna sobre las ejecuciones extrajudiciales. En una
de las fotografías, subidas a las redes sociales por Valor por Michoacán, se puede observar como los jóvenes
sin camisa, tienen muestras evidentes de tortura: brazos quebrados, machetazos,
ausencia de dientes frontales, tiros en la cabeza…
Los boletines oficiales de las fuerzas de
seguridad se han convertido en auténticos panfletos propagandísticos al más
puro estilo de cualquier sistema dictatorial. “Enfrentamiento” y “emboscada”
son las palabras más utilizadas para su coartada oficial. No se necesita ser
perito forense para saber que algunas de estas muertes son ejecuciones.
¿Quién puede creer que estos hechos
corresponden a un enfrentamiento, si hubo 42 “delincuentes” muertos y un
policía? Solo por la aritmética no es creíble. Y lo más importante: ¿Cómo
confiar en la autoridad si antes ha sido descubierta “sembrando” armas,
uniformes y drogas para justificar sus crímenes de Estado?
Tanhuato no parece ser la excepción. De
hecho, ya circulan algunos análisis de la alteración de la escena, costumbre
muy arraigada entre nuestras autoridades, independientemente al cuerpo que
pertenezcan, pero particularmente utilizada por los federales, militares y
marinos.
Las dos imágenes de la escena del crimen,
una de antes y otra de después, demuestran que hubo alteración deliberada de la
escena: objetos, armas y personas fueron movidas para sostener la versión del
enfrentamiento.
De los otros jóvenes, cuyas imágenes, los
ubican en el terreno del enfrentamiento, podemos observar que ni siquiera se
preocuparan por sembrarles nada, aparecen torturados y ejecutados tal cual.
El gobierno mexicano ha perdido el respeto
a la sociedad. Piensa que nos vamos a tragar cualquier versión oficiosa
repetida infinidad de veces por la prensa vendida al poder.
Con los avances de la tecnología,
Internet, redes sociales y los teléfonos celulares, es muy difícil que el
Estado pretenda ocultar los hechos. Ya no son los tiempos de Aguas Blancas o
Atenco, mucho menos de la matanza de Tlatelolco.
Si los masacrados eran o no delincuentes,
ya no lo podremos saber. El Estado perdió su oportunidad de demostrarlo al
ejecutarlos. No podremos tener la certeza si son miembros del Cartel Jalisco
Nueva Generación o miembros de otro grupo criminal. ¿O acaso era ese el
objetivo? Lanzar las campanas al vuelo, anunciando una acción militar contra el
cártel que puso en ridículo al gobierno.
Según la Constitución todo mexicano tiene
derecho a tener un juicio justo. Se supone que todos los ciudadanos sospechosos
de un delito tienen garantías individuales que se les deben respetar.
Pero policías federales, militares y
marinos que se han atrevido a ejecutar extrajudicialmente a sospechosos se han
convertido en criminales. Han terminado por ser lo mismo, o tal vez, peor,
porque estos miembros de seguridad tienen la fuerza del Estado.
Seguramente habrá gente que aplauda las
ejecuciones, pero eso no las legitima. Son ilegales, vulneran el Estado de
derecho. Y esas personas que las legitiman corren el riesgo de convertirse un
día en víctimas. Ese día las condenarán.
Por lo pronto, organismos internacionales
como Amnistía Internacional han documentado los casos y han advertido en
informes, la gravedad de estos crímenes de Estado. El Informe final de Misión a
México del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, Christof Heyns, fue contundente al señalar que el “derecho a la
vida” en este país está “gravemente amenazado”.
En el mismo sentido, José Manuel Vivanco
de Human Rights Watch HRW en una carta dirigida al gobierno, expresó
preocupación: “HRW obtuvo pruebas creíbles en 24 casos de que miembros de las
fuerzas de seguridad perpetraron ejecuciones extrajudiciales. En la mayoría de
estos casos, había pruebas contundentes que indicaban que miembros de las
fuerzas de seguridad —en particular, militares— habrían alterado el lugar de
los hechos con el fin de manipular o destruir evidencias. Ante la ausencia de
investigaciones exhaustivas e imparciales y la reiterada manipulación de
evidencia por parte de policías y soldados, es imposible saber cuántas muertes
son efectivamente resultado de un uso lícito de la fuerza, si bien hay
evidencias fuertes de que los casos que examinamos representaban ejemplos de
una práctica más extendida. De hecho, en un informe de 2014 sobre México,
el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias determinó que “sigue produciéndose un número alarmante” de
violaciones del derecho a la vida, y expresó consternación por la impunidad
“sistemática y endémica” de estos asesinatos”.
Evidentemente no se puede combatir la
criminalidad convirtiéndose en criminales. No es admisible que estas fuerzas de
seguridad sigan ostentando licencia para matar. ¿Dónde está la Comisión
Nacional de Derechos Humanos? ¿Dónde está el Congreso, el Senado, la
Procuraduría General de la República? ¿Por qué las instituciones miran hacia
otro lado mientras ocurren estos crímenes deleznables?
Se requiere una investigación rigurosa
contra quienes han avalado estos hechos: el comisionado Nacional de Seguridad,
Monte Alejandro Rubido; el General de la XXI Zona Militar, José Francisco
Morales Cázares; el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo; así como el
procurador General de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy. Tanhuato no
puede ser otro nombre en la lista de las matanzas que quedan en la impunidad.
Finalmente, a quienes aplauden estas
ejecuciones bajo el argumento de que son “narcos o delincuentes”, les pregunto:
¿Si fueran sus familiares también las avalarían?
Fuente.-SanJuanaMartinez/SinEmbargo
buena publicación ahora que haga uno de familias inocentes, marinos federales y militares que han sido ejecutados por ese tipo de escorias.
ResponderBorrarsiempre derechos humanos protegiendo narcos que ya digan cuanto les pasan por ese jale mas vale qure lloren en casa de un narco que en casa de un civil inocente ejecutado por los narcos de las peores formas se habian tardado en defenderlos nunca he visto que se pronuncien en contra del narco por sus metodos de tortura y ejecucion que ellos si pueden hacer eso y dh solo voltea hacia otro lado y extiende la mano
ResponderBorrarporque no se pronunciaron en contra de ese mismo que mato a los policias en jalisco ni dijeron nada ahi si se quedan callados ono eran humanos los que asesinaron en esa emboscada esa si fue una masacre una ejecucion tambien
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