“REFORMA de DOBLE NACIONALIDAD de SHEINBAUM, dedicada a CABEZA de VACA, TERMINÓ APUNTANDO el CAÑÓN contra su PROPIA BANCADA”… un disparo en el pie con pase directo al Senado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum quiso vender una reforma de “lealtad nacional”, pero terminó apuntando el cañón hacia su propia bancada: un disparo en el pie con pase directo al Senado. La iniciativa contra la doble nacionalidad, concebida como cerco para adversarios políticos, ahora tropieza con legisladores y aliados oficialistas que también cargan dos pasaportes. 

Disparo en el pie presidencial

Claudia Sheinbaum decidió que la patria se defiende revisando pasaportes. La propuesta presidencial pretende impedir que mexicanos con doble nacionalidad compitan por la Presidencia, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, salvo que renuncien antes a su segunda ciudadanía. El argumento es la “lealtad al Estado mexicano”; el problema es que, al abrir la caja registradora del nacionalismo, Morena descubrió que varios de los suyos también estaban formados en la fila con documentos extranjeros.

Es decir: la reforma nació con pinta de traje a la medida para cercar a opositores incómodos —como Francisco García Cabeza de Vaca o, en la narrativa del debate público, Ricardo Salinas Pliego—, pero resultó que la tijera legislativa también alcanza a cuadros del oficialismo. El caso más visible es el del senador morenista Javier Corral, nacido en El Paso, Texas, aunque la onda expansiva incluye a legisladores de estados fronterizos y, según el propio Partido Verde, al menos media docena de sus senadores con doble nacionalidad. 

La ironía es de manual: Morena pretende decidir quién es suficientemente mexicano desde el Congreso, pero necesita los votos de aliados que podrían quedar políticamente inhabilitados por esa misma cruzada. El PVEM, siempre experto en detectar dónde está el poder —y dónde conviene poner el freno de mano—, ya avisó que no hay consenso. Sin sus votos, la reforma constitucional puede quedarse varada, porque en el Senado el bloque oficialista está apenas en el borde de la mayoría calificada requerida. 

El problema no es el pasaporte

El discurso oficial intenta presentar la doble nacionalidad como una sospecha automática de deslealtad. Pero millones de mexicanos que viven o nacieron en Estados Unidos no son menos mexicanos por tener otra ciudadanía; muchos salieron del país justamente porque México no les ofreció seguridad, empleo o condiciones de vida dignas. Convertir esa realidad migratoria en un filtro de exclusión electoral es una forma bastante cómoda de patriotismo: se aplaude a la diáspora cuando manda remesas, pero se le mira con recelo si busca votar, competir o gobernar. 

La iniciativa además endurece el candado: no bastaría con acreditar —como ya ha ocurrido en criterios electorales— que no se ejercen derechos políticos o protección diplomática de otro país. Habría que renunciar formalmente a la segunda nacionalidad. Para una reforma que presume defender derechos nacionales, el mensaje resulta contradictorio: los mexicanos en el exterior son útiles como cifra, remesa y discurso; incómodos cuando reclaman plenitud política. 

En resumen:

Sheinbaum quiso ponerle un muro de pasaportes a sus adversarios y acabó dejando atrapados del lado equivocado a varios de los suyos. La reforma contra la doble nacionalidad se vende como defensa de la lealtad a México, pero huele más a legislación con dedicatoria: nace para cercar enemigos, castiga a millones de mexicanos binacionales y, de paso, amenaza con desarmar la mayoría que Morena necesita para aprobarla.

El oficialismo descubrió tarde que el nacionalismo de utilería tiene efectos secundarios: cuando se legisla para excluir, la guillotina no pregunta de qué partido es el cuello. El Verde ya prendió la alarma porque algunos de sus legisladores tienen dos pasaportes; Javier Corral, senador de Morena y nacido en Texas, ilustra que el problema también vive dentro de casa.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELIA CASTILLO/ELPAIS/

«GANES o NO GANES ?: la 4T esta LISTA para COBRAR el ISR al ESTILO del CRIMEN ORGANZIADO»…Cambia el cobrador, cambia el uniforme, pero la mecánica se parece demasiado.

La 4T presume combate a la extorsión, pero ensaya desde el SAT un cobro con lógica de piso: paga, vendas o no vendas; ganes o no ganes; tengas pérdidas reales o no. Cambia el cobrador, cambia el uniforme, pero la mecánica se parece demasiado.

Y es que, mientras el Gobierno humanista presume que combate la extorsión, desde el escritorio fiscal cocina una versión institucional del cobro de piso: a partir del próximo año, las empresas podrían quedar obligadas a reportar una utilidad mínima equivalente a 3.3 por ciento de sus ventas, aun si sus números rojos son reales, comprobables y producto de una economía estancada.

La lógica es brutalmente simple: si no hubo ganancia, el SAT sospecha; si hubo demasiadas deducciones, el SAT recorta; si la empresa apenas sobrevivió, de todos modos tendrá que poner la cuota. No importa si vendiste poco, si perdiste dinero, si tus costos se dispararon o si la demanda se desplomó. El mensaje sería: aquí nadie se va limpio.

Antonio Martínez, titular del SAT, sostiene que algunas empresas usan facturas falsas por hasta 10 por ciento de sus gastos para evadir impuestos. El problema es que, en vez de perseguir a las redes de factureras, a los despachos que las operan y a los grandes evasores que se benefician de ellas, la propuesta amenaza con pasar la charola a todos los negocios, incluidos aquellos que documentan cada gasto y operan dentro de la ley.

Es el viejo método del cobro criminal, pero con lenguaje de reforma hacendaria: por culpa de unos cuantos, todos pagan cuota. Y si tu margen no alcanza, si tus deducciones legítimas rebasan el tope impuesto por la autoridad, peor para ti. El SAT no pregunta si hubo utilidad; establece que debe haberla, aunque sea por decreto.

Según especialistas, el límite de 96.67 por ciento a las deducciones obligaría a que las compañías reconozcan, como mínimo, una utilidad de 3.3 por ciento sobre ventas. Aplicada la tasa de ISR de 30 por ciento, el resultado práctico sería un impuesto mínimo cercano a 1 por ciento de los ingresos, incluso para empresas con pérdidas. Es decir: no es un gravamen sobre la riqueza generada, sino una mordida sobre el simple hecho de mantenerse abierto.

La Presidenta Claudia Sheinbaum podrá decir que no sube la tasa nominal del ISR, pero reducir por la fuerza las deducciones sí eleva la tasa efectiva. Es una subida fiscal por la puerta trasera: no cambian el letrero del impuesto, sólo estrechan la salida hasta que nadie pueda esquivarlo.

BBVA ha advertido que el castigo puede caer de manera desproporcionada sobre empresas que usan deducciones legítimas, justo en un entorno de demanda interna débil e inversión privada contenida. Y la señal para quien arriesga capital es ominosa: el Gobierno no sólo quiere revisar cuánto ganas; ahora pretende decidir cuánto debes aparentar que ganaste para poder cobrarte.

La 4T dice perseguir la extorsión, pero diseña un esquema donde el contribuyente paga por operar, no por obtener utilidades. En el mundo criminal, a eso le llaman derecho de piso. En el mundo burocrático, quizá le pongan otro nombre, lo llenen de considerandos y lo publiquen en el Diario Oficial. Pero para la empresa que vende sin ganar, la diferencia puede ser apenas cosmética.

Con información: ELNORTE/

“SALIO REBELDE y ABUSADO con ABUSIVOS: CONDUCTOR PASA por RETÉN de la FGR en TAMAULIPAS y EXHIBE su IGNORANCIA”… la apariencia no siempre acredita autoridad.

Imagínense venir desvelados, con horas de carretera encima, y que te caiga un filtro de seguridad,comunmente llamados retenes, con el interrogatorio existencial del día: “¿de dónde vienes?, ¿a dónde vas?, ¿a qué te dedicas?, ¿con quién andas?”. El ciudadano responde con geografía de precisión quirúrgica: “vengo de acá y voy para acá”. Y se arma.

El protagonista no se niega a una revisión: se niega a entregar datos personales a uniformados que, según el video, no acreditan de forma verificable quiénes son ni por qué ejercen el acto de autoridad. 

Es una actitud bronca, sí; pero su reclamo apunta a una regla elemental: la seguridad pública no borra la Constitución y todo indicaría ignorancia de las autoridades que no conocen los limites legales.

CIUDADANO:
—Antes de que me pregunte la ruta de mi vida, identifíquese.
—Nombre, cargo, corporación y, de ser posible, una credencial que no sea de utilería.

AGENTE:
—Me llamo Rosa.

CIUDADANO:
—Perfecto, Rosa. Yo me llamo Pedro Pérez. Con eso no sabemos ni usted ni yo quién es quién.

VOZ EN OFF:
Y no, no está pidiendo el acta de bautismo de nadie. Está exigiendo algo básico: si una persona con uniforme ordena detenerse, pregunta datos personales o pretende revisar un vehículo, no basta con decir “soy Rosa” ni con invocar al “Ejército mexicano” como si la autoridad fuera contraseña de Wi‑Fi.

CIUDADANO:
—¿Me va a revisar? Revise, pues.
—Pero dígame quién es usted y cuál es el motivo concreto.
—Porque yo no tengo que regalarle mi itinerario completo a cualquiera que traiga uniforme.

VOZ EN OFF:
El ciudadano se pone rebelde, incómodo y repetitivo. También pone el dedo en la llaga: en Tamaulipas —dice— hay uniformes clonados y mucha “madrina”. Traducción: en un contexto donde la apariencia no siempre acredita autoridad, pedir identificación no es insolencia; es autoprotección.

CIUDADANO:
—¿Estoy detenido?
—Si no estoy detenido, ¿me puedo retirar?
—Y si sí estoy detenido, dígame por qué, con qué fundamento y quién lo ordenó.

VOZ EN OFF:
Porque el poder público no puede convertir una conversación casual en una retención indefinida sólo porque al ciudadano no le gustó contestar “¿de dónde vienes?”. La autoridad puede prevenir delitos, sí. Pero no puede sustituir la causa legal por un cuestionario de sobremesa.

El sustento jurídico

La discusión no se resuelve con el simplismo de “si te pregunta un uniformado, obedeces todo” ni con el otro extremo de “ningún filtro puede revisarte”. La ley permite ciertos controles preventivos, pero los condiciona: deben tener finalidad legítima, ser proporcionales, explicarse y no convertirse en una pesquisa arbitraria, como establece la Suprema Corte de la Nación (SCJN)

• Artículo 1 constitucional. Obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En cualquier intervención, debe privilegiarse una interpretación favorable a la persona y evitar excesos de poder. 
• Artículo 11 constitucional. Protege la libertad de tránsito: toda persona puede entrar, salir, viajar por el territorio y mudar de residencia, con las limitaciones expresamente previstas por la ley. Un filtro no es cheque en blanco para retener a cualquiera sin una razón objetiva.
• Artículo 14 constitucional. Prohíbe privar a alguien de libertad, propiedades, posesiones o derechos sin un procedimiento seguido conforme a las formalidades esenciales. No toda interacción es una detención, pero cuando la autoridad impide de hecho retirarse, la intervención deja de ser una charla voluntaria y exige justificación reforzada.
• Artículo 16 constitucional. Es el núcleo del reclamo: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal. Sus excepciones —como flagrancia, caso urgente o los controles preventivos reconocidos judicialmente— no eliminan la exigencia de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. 
• Artículo 21 constitucional. La investigación de delitos corresponde al Ministerio Público, las policías y las autoridades que la ley determine. Esa atribución existe, pero debe ejercerse dentro de sus competencias y bajo las reglas constitucionales; tener uniforme no convierte cualquier pregunta o registro en automáticamente válido.

Qué sí y qué no

Punto	Lo que puede sostener la autoridad	Lo que puede objetar el ciudadano
Preguntas iniciales	Puede realizar un acercamiento preventivo y solicitar información en un contexto legítimo de seguridad.	Puede pedir que se le informe quién interviene, de qué corporación es y cuál es el motivo de la intervención.
Revisión de persona	El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) permite inspección en flagrancia o cuando existan indicios de que la persona oculta objetos vinculados con un delito investigado; debe informarse el motivo y respetarse la dignidad.	Puede exigir que se explique cuál es el supuesto concreto: no basta una sospecha caprichosa, un “porque sí” o el simple deseo de averiguar.
Revisión de vehículo	Un control preventivo puede admitir observación superficial o medidas proporcionales, según las circunstancias.	Puede rechazar que el filtro se convierta en cateo vehicular sin causa objetiva, sin explicación y sin límites.
Retención	Puede haber restricción temporal excepcional si existe sospecha razonable y objetivamente verificable de un delito.	Puede preguntar: “¿estoy detenido?” y “¿soy libre de irme?”. Si no existe causa legal, la inmovilización no debe prolongarse.
Identificación de agentes	La autoridad debe actuar de manera identificable y verificable, especialmente cuando emite órdenes o realiza actos de molestia.	Pedir nombre, adscripción, cargo y medio de acreditación es razonable; más aún en zonas con reportes o temores de suplantación.

El matiz importante

El ciudadano tiene razón al exigir identificación y una explicación del motivo de la revisión. También tiene razón en que responder “me llamo Rosa” no equivale, por sí solo, a demostrar una investidura oficial cuando se está ejerciendo poder sobre la libertad de tránsito o la privacidad de alguien.

Pero el argumento jurídico se debilita si se presenta como un derecho absoluto a no responder nada nunca. La Suprema Corte y el marco procesal han admitido controles preventivos provisionales sin orden judicial en circunstancias justificadas —por ejemplo, información previa sobre delitos, conducta objetivamente inusual o un contexto que genere sospecha razonable—, siempre que sean medidas excepcionales, proporcionales y no una pesca indiscriminada de ciudadanos. 

El punto fino no es: “No me preguntes nada”. El punto fino es: “Antes de exigirme información o restringir mi paso, identifíquese, explique su facultad, precise el motivo y no convierta un filtro en cateo ni una entrevista en detención.”

No es el ciudadano contra la seguridad; es el ciudadano contra la costumbre de que el uniforme sustituya a la ley. Porque la autoridad que hace bien su trabajo no se ofende cuando le piden acreditarse: se identifica, explica la causa, delimita la revisión y termina el acto sin tratar al conductor como sospechoso por el delito de venir “de acá” e ir “para allá”. 

Con información: ANADE/ SCJN/

“MORENA $UERTUDA: EXHIBEN a GOBERNADORA de VERACRUZ con PROBLEMAS por el DINERO en EE. UU., NO PROBLEMAS de DINERO”… la lana, vaya usted a saber de dónde, tiene problemas para encontrar banco.

A los problemas políticos, patrimoniales y de seguridad que arrastra Rocío Nahle se suma ahora un frente mucho más delicado: el financiero. Instituciones bancarias de capital estadounidense comenzaron a cerrar o solicitar el retiro de cuentas vinculadas con la gobernadora de Veracruz y su entorno familiar, de acuerdo con fuentes que conocen los procesos de revisión.

El caso no se limita a cuentas abiertas en Estados Unidos. Según las mismas fuentes, una institución financiera de capital estadounidense con operaciones en México pidió recientemente a Nahle y algunos de sus cercanos terminar su relación bancaria y retirar sus recursos.

Esto forma parte de una revisión más amplia sobre personas políticamente expuestas mexicanas que realizan bancos estadounidenses y sus áreas de cumplimiento. Las reglas y políticas de prevención de lavado obligan a aplicar controles reforzados cuando el perfil del cliente, sus familiares, asociados, origen de los recursos o exposición a posibles actos de corrupción elevan el riesgo.

En algunos casos, los bancos han ido más lejos y han cancelado la relación mediante la devolución de los recursos con cheques de caja, lo que obliga al cliente a presentarlos ante otra institución y someterse nuevamente a sus controles de cumplimiento y conocimiento del cliente.

Desde que estuvo al frente de la Secretaría de Energía, el nombre de Nahle quedó ligado a Dos Bocas, una refinería presupuestada originalmente en unos 8 mil millones de dólares y cuyo costo terminó superando los 20 mil millones. Alrededor de la obra surgió además una red de empresas y contratistas que ha sido objeto de investigaciones periodísticas y señalamientos sobre corrupción, tráfico de influencias y, en algunos casos, presuntos vínculos con operaciones relacionadas con el robo y comercialización ilegal de combustibles.

En esta columna documentamos desde 2022 el crecimiento de negocios alrededor de integrantes de la familia Nahle y posteriormente las relaciones de su esposo, José Luis Peña Peña, con empresarios y contratistas favorecidos durante el proyecto. En 2024 también publicamos la red de amigos y proveedores que acompañó a la entonces candidata al gobierno de Veracruz.

Algunos de aquellos nombres volvieron a aparecer ya con Nahle como gobernadora. Empresas que participaron en el ecosistema de Dos Bocas recibieron contratos en Veracruz y personajes centrales en la construcción de la refinería fueron incorporados a su administración.

A esto se sumaron las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y las propiedades atribuidas a Nahle, su esposo y su familia, reveladas por empresarios y medios de comunicación durante la campaña del 2024. La gobernadora ha negado las acusaciones y asegura que todo su patrimonio está declarado.

No solo eso. Fuentes estadounidenses aseguran que Nahle y miembros de su entorno también enfrentan restricciones migratorias y revisiones de autoridades de ese país. La gobernadora ha negado públicamente que tenga problemas con su visa. Apenas el 2 de septiembre, cuestionada en una entrevista con Los Reporteros MX sobre esas versiones, respondió: “Te asusta o te quieren distraer: ‘te van a quitar la visa’… ¿Qué pasa si no tienes visa?”. Cuando le preguntaron directamente si ella tenía, contestó que sí; y ante la posibilidad de que se la cancelaran respondió: “Es decisión de Estados Unidos, sin problema”. Después remató: “Veracruz tiene todo, no necesitamos ir a ningún lado”.

El comentario resulta llamativo porque su hija vivió varios años en Nueva York, estudió en Columbia University y la propia Nahle tuvo que explicar durante la campaña de 2024 el departamento que ocupaba cerca de Central Park. Estados Unidos no era entonces un destino tan irrelevante como ahora pretende hacerlo parecer.

El antecedente inmediato está dentro del propio obradorismo. La revocación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López, y de Adán Augusto López, quien también aparece desde hace meses en el radar estadounidense por investigaciones sobre personas de su entorno y por el expediente de Hernán Bermúdez Requena, sí debe ser motivo de preocupación en el movimiento. Ambos nombres se cruzan con Tabasco, Dos Bocas, contratistas y negocios.

Así que ya empieza a dibujarse un patrón: personajes políticamente expuestos de la 4T y personas de sus círculos están encontrando cada vez más dificultades para operar dentro del sistema financiero estadounidense, incluso a través de instituciones de ese origen que operan en México.

Y mientras Nahle enfrenta ese escrutinio fuera del país, dentro de Veracruz la crisis de seguridad no cede. Este lunes fueron localizados los cuerpos de una mujer y un hombre dentro de bolsas en el estado. Se contabilizan ya más de 36 feminicidios en lo que va de 2026.

Lo mismo con la violencia contra periodistas. La ONU-DH señaló apenas en agosto que Veracruz continúa siendo “el estado más letal” del país para quienes ejercen el periodismo y documentó este año los asesinatos de Carlos Castro, Roxana Guzmán y Luis Ángel López Valdez.

Para Rocío Nahle, el frente financiero puede resultar más delicado que la polémica sobre su visa. Estados Unidos puede mantener en reserva una revisión migratoria o una investigación penal, pero los bancos suelen actuar más rápido.

Fuente.-Mario Maldonado/ELUNIVERSAL+/

EL “GRIS que se VOLVIÓ CARBÓN”: MÉXICO ENMASCARA en PATRIA y SOBERANÍA la TRAICIÓN al PUEBLO de AMERICO y GOBERNADORES»…hora convertidos en vulgares sapos buscando salvarse.

México no enfrenta un dilema entre patria y traición: enfrenta el costo político de fingir que la soberanía basta para tapar una relación cada vez más íntima —y menos confesable— entre poder, crimen organizado y la maquinaria de Morena. La frontera con Estados Unidos no es una línea ideológica: es una tubería de más de 3.000 kilómetros por donde circulan mercancías, migrantes, armas, dólares, inteligencia y drogas.

Cooperación: la palabra decente

México comparte con Estados Unidos la vecindad, el comercio y la desgracia. Comparte también las consecuencias del narcotráfico: las armas que bajan, el dinero que se lava, las sustancias que suben y los cadáveres que, casi siempre, se quedan de este lado. Pretender que no habrá colaboración bilateral es un gesto de retórica patriótica, no una política pública.

Por eso, la fórmula de Claudia Sheinbaum —“cooperación sin subordinación”— funciona como funcionan los buenos eslóganes: dice algo razonable y esconde todo lo incómodo. México comparte inteligencia, capacita policías y persigue redes criminales con Estados Unidos dentro de los márgenes institucionales que ambos países han decidido llamar normales. México y Estados Unidos han sostenido acuerdos de seguridad, incluso en momentos de tensión bilateral.

El problema es que la cooperación tiene una frontera menos visible que la del río Bravo: aquella que separa la defensa del interés nacional de la protección personal; el intercambio de información entre gobiernos del intercambio de favores entre políticos, operadores y agencias extranjeras.

Soberanía de utilería

La opinión pública mexicana parece haber entendido esa contradicción mejor que buena parte de la clase política. Una amplia mayoría acepta cooperar con Washington, pero rechaza que agentes estadounidenses operen directamente en territorio nacional. La encuesta citada por El País señala que 74% respalda la cooperación con Estados Unidos, aunque existe rechazo a la actuación directa de autoridades estadounidenses en México.

Es decir: cooperación, sí; intervención, no. Que los gringos ayuden, pero sin entrar a la sala. Que nos pasen información, pero que no hagan preguntas incómodas. Que persigan a los capos, siempre que el expediente no roce al gobernador, al secretario, al alcalde, al candidato o al operador electoral de turno.

Ahí es donde Morena ha convertido la palabra “soberanía” en un biombo. Sirve para denunciar la injerencia estadounidense cuando Washington retira una visa, abre una investigación o deja caer un documento que sacude una candidatura. Pero esa soberanía se vuelve elástica —casi de hule— cuando el poder necesita cooperación, inteligencia, entrenamiento, certificaciones, decomisos o respaldo diplomático.

No es una contradicción menor: es el método. La soberanía se invoca como bandera cuando protege al grupo; la cooperación se celebra como eficacia cuando conviene al gobierno. Y entre una cosa y otra, el crimen organizado sigue creciendo, administrando territorios, financiando lealtades y sentándose cada vez más cerca del aparato político que Morena prometió purificar.

El gris que se volvió carbón

La escala de grises empieza con acuerdos entre Estados. Se ennegrece cuando funcionarios mexicanos negocian, informan o buscan protección ante autoridades estadounidenses a título individual.

Los exsecretarios de Seguridad Pública y de Administración y Finanzas del Gobierno de Rubén Rocha que se entregaron a Estados Unidos para convertirse en testigos cooperantes no representan una política bilateral: representan la vieja institución mexicana del “sálvese quien pueda”, ahora con fiscales del otro lado de la frontera. El beneficiario no es México; es quien logra transformar información en inmunidad, reducción de pena o margen de supervivencia.

Luego está el caso de Marina del Pilar Ávila. Tras la cancelación de su visa estadounidense por razones no explicadas públicamente, la gobernadora de Baja California relató contactos con supuestos intermediarios de autoridades de Estados Unidos, quienes —según su versión— le plantearon incluso la posibilidad de una extradición. Ávila ha atribuido esa operación a una emboscada política ligada a su adversario Jaime Bonilla, antiguo informante de agencias estadounidenses. La gobernadora hizo públicas esas acusaciones y sostuvo que no entregó información Bonilla ha sido descrito por El País como un antiguo informante de agencias estadounidenses.

Puede creerse su versión, dudar de ella o encontrarla convenientemente dramática. Pero el efecto político ya ocurrió: en el ecosistema de Morena, bastó la sospecha de que una gobernadora podía colaborar con Washington para convertirla en sospechosa de haber vendido al país. No hizo falta sentencia. Ni expediente público. Ni prueba concluyente. Bastó el olor.

Y esa es quizá la parte más reveladora: el oficialismo se dice perseguido por la injerencia extranjera, pero ha aprendido a usar la sospecha de esa misma injerencia como garrote interno.

El arma estadounidense

El caso de Julieta Ramírez encaja en esa lógica. La senadora con licencia, en disputa por la candidatura de Morena en Baja California, fue señalada por un supuesto documento según el cual habría ofrecido información a fiscales estadounidenses a cambio de beneficios jurídicos. El documento no ha sido autenticado públicamente y las acusaciones siguen sin resolución verificable. La información se produjo en plena disputa interna por la candidatura morenista en Baja California.

No se sabe si el papel es genuino. Tampoco si lo que narra es cierto. Pero la duda no es un defecto del mecanismo: es su combustible. En la política mexicana contemporánea, un documento atribuido a fiscales de San Diego puede hacer más daño que una auditoría, una conferencia mañanera o una campaña negra tradicional. No necesita estar probado para surtir efecto; le basta con parecer posible.

La revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán muestra otra dimensión del mismo fenómeno: Estados Unidos puede producir terremotos políticos en México sin explicar demasiado, mientras el poder mexicano responde con silencios, desmentidos incompletos, patriotismo de emergencia o guerras intestinas. El retiro de la visa de López Beltrán fue interpretado como un problema político para el entorno de Sheinbaum.

No hace falta asumir que Washington mueve todos los hilos. Es suficiente observar que actores mexicanos han descubierto el valor de un expediente estadounidense, una visa retirada o una investigación insinuada. Son armas de alta precisión: dañan reputaciones, alteran sucesiones y dejan al adversario defendiendo su patriotismo, que es una manera particularmente mexicana de obligarlo a demostrar que no es culpable.

El asunto que se esquiva

El debate no debería reducirse a si alguien coopera con Estados Unidos,el problema es que muchos lo hacen para salvarse de sus propios delitos.

México necesita cooperación internacional contra organizaciones criminales que no respetan fronteras, jurisdicciones ni ceremonias patrióticas.

La pregunta incómoda es otra: ¿por qué esa cooperación se ha vuelto tan explosiva dentro de Morena? ¿Por qué una visa cancelada o un supuesto acuerdo con fiscales estadounidenses puede desordenar una candidatura, una gubernatura o una línea sucesoria? ¿Qué temen exactamente quienes convierten toda pesquisa externa en una amenaza a la patria?

Porque debajo de la defensa ritual de la soberanía asoma una realidad menos épica: el crimen organizado creció al mismo tiempo que Morena extendía su control territorial y político. No significa que todo morenista sea criminal, ni que todo gobierno sea cómplice. Significa algo más grave: que el partido que ofreció separar al poder de las mafias ha normalizado convivir con indicios, sospechas, operadores locales cuestionados, territorios capturados y escándalos que se administran con propaganda antes que con transparencia.

La soberanía no consiste en impedir que Estados Unidos pregunte. Consiste en que México pueda responder con instituciones creíbles, investigaciones públicas, fiscales autónomos y políticos capaces de explicar sus vínculos sin refugiarse en la bandera.

Mientras eso no ocurra, cada visa cancelada parecerá una sentencia extranjera; cada documento filtrado, una bomba electoral; y cada acusación de colaboración, una oportunidad para que los grupos en el poder se despedacen entre sí.

Quizás el problema no es que alguien esté hablando con los gringos. Quizás el problema es que, en el México de Morena, demasiados saben que los gringos podrían saber demasiado.

Con información; DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/VANESSA ROMERO