¿Qué le debe Andrés Manuel López Obrador a Manuel Bartlett? ¿Por qué, sexenio tras sexenio, el ex director general de la Comisión Federal de Electricidad es intocable? Estas son dos preguntas recurrentes que surgen dentro de los gobiernos de la Cuarta Transformación ante los escándalos que rodean a la familia Bartlett-Abdalá. Una respuesta podría estar en la complicidad con la que se ha operado la trama del huachi-diésel: un modelo de negocio diseñado en la dirección de la CFE para facilitar la venta de diésel de contrabando a CFEnergía SA de CV, la subsidiaria privada y poco transparente de la empresa eléctrica paraestatal del Estado mexicano.
De acuerdo a una fuente de alto nivel en contacto permanente con agencias de inteligencia de Estados Unidos, el gobierno norteamericano habría detectado una conexión entre el negocio de cientos de millones de pesos al año del huachi-diésel con planes para financiar ilegalmente diez campañas de Morena a la gubernatura.
Una nueva versión de lo que fue la sociedad político-electoral de 500 millones de pesos entre el empresario Sergio Carmona y el ex dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en el proceso de 2021. Bartlett presuntamente convenció a López Obrador que el esquema del huachi-diésel era necesario para mantener viva la maquinaria electoral de la 4T, según el testimonio de una persona con conocimiento del asunto que habló con Código Magenta bajo condición de anonimato.
Bajo el mando de Bartlett, la CFE implementó por lo menos tres acciones clave para utilizar diésel en vez de gas natural como vehículo para la generación de electricidad. Primero, denunció la firma de “contratos leoninos” para la operación de gasoductos estratégicos. Segundo, demandó ante una corte federal de Texas a Whitewater Midstream LLC, el principal proveedor de gas de la CFE, por supuestos contratos amañados por más de 100 millones de dólares. Tercero, retrasó deliberadamente el desarrollo de los dos gasoductos necesarios para el funcionamiento de cuatro plantas de ciclo combinado en la Península de Yucatán y la Península de Baja California. Las centrales costaron 2,500 millones de dólares y todavía se encuentran inactivas. Los contratos habrían sido apadrinados por Julia Abdalá, la pareja de Manuel Bartlett, de acuerdo a versiones de prensa. El resultado de estas tres políticas abrió el juego de la CFE para el huachi-diésel.
Un experimentado ejecutivo de la industria energética explicó a Código Magenta que, dado que la oferta legal de diésel en México es limitada, la demanda de generación de la CFE es cubierta por fuentes clandestinas: combustible que llega por buques como el Challenge Procyon decomisado en Altamira, Tamaulipas o incluso diésel desviado de la refinería de Dos Bocas. Como ejemplo de este fenómeno, el ejecutivo cita dos instancias recientes: la incautación de 3 millones de litros de hidrocarburos en un predio de Tabasco realizado el 29 de mayo y el descubrimiento de una refinería de diésel clandestina en Coatzacoalcos el 18 de junio. Ambas operaciones fueron coordinadas por el equipo de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana.
El 21 de marzo de 2025, CFEnergía firmó un contrato con Mejicali Turbine Energy S de RL de CV para la “prestación de servicios para la generación de energía” mediante la instalación temporal de turbinas de diésel. Este es el caso cero de la estructura diseñada por el equipo de Manuel Bartlett. El contrato es parte de una política de emergencia de la CFE para responder a la crisis energética de la Península de Yucatán. El miércoles 18 de junio, esta región registró una caída de 400 megavatios y un tiro de carga de alrededor de 500 megavatios. Detrás de estos datos técnicos se esconde la tragedia incipiente de una profunda crisis energética, marcada por cortes programados, el colapso de centrales eléctricas y protestas masivas inminentes por la falta de electricidad. Los apagones no son producto de la incompetencia, son producto de la corrupción del huachi-diésel. En un contexto de emergencia, todo es justificable, hasta la quema de combustible de contrabando.
¿De qué tamaño es el negocio? El contrato de Mejicali Turbine Energy funciona como parámetro para calcular la magnitud de las utilidades potenciales del huachi-diésel. Las cifras de las ganancias ilegales suponen un nuevo nivel de ingresos para las organizaciones criminales en México. En una sola operación, pactada en 2,642 millones de pesos, CFEnergía le dio carta abierta a Mejicali Turbine Energy para que suministre 108.5 millones de litros de diésel con la finalidad de generar una capacidad eléctrica de 120 megavatios durante 157 días. Esta cantidad de combustible equivale a prácticamente toda la capacidad de almacenamiento de diésel y gasolina en la Península de Yucatán. Entonces, ¿de dónde va a salir el diésel si la demanda rebasa a la oferta?
Mejicali Turbine Energy envió una carta aclaratoria a Código Magenta en la que alega que “todo el diésel que consumirá será suministrado por terminales de almacenamiento de Pemex” a través de un distribuidor asociado a la paraestatal petrolera mexicana. Argumentan que no están involucrados con el huachi-diésel. Esta aseveración es cuestionable, en el mejor de los casos. Una fuente de la industria señaló que la Península de Yucatán cuenta con una capacidad de almacenamiento de 690 mil barriles, lo que representa un inventario para diez días de consumo en la región. Dados los altos niveles de demanda, toda la oferta legal está comprometida. Simplemente, no hay nuevos intermediarios que tengan acceso a diésel de Pemex, mucho menos para las cantidades que exige el contrato de Mejicali Turbine Energy con CFEnergía. El combustible viene de otro lado.
En la carta, la empresa insiste que ganó una licitación pública de manera legítima. En realidad, ofreció un precio unitario de generación con diésel de 11.64 pesos. El competidor más cercano de la licitación ofreció un precio unitario de más de 18 pesos. Empresarios del sector aseguran que la diferencia se explica por el acceso a combustible clandestino. Código Magenta solicitó a Mejicali Turbine Energy copia de los contratos de suministro de combustible que firmó con su proveedor. La compañía respondió que por razones de confidencialidad no es posible compartir esta información ni la identidad del “distribuidor asociado de Pemex”.
El contrato otorgado a Mejicali Turbine Energy es crítico para la estabilidad del sistema eléctrico de la Península de Yucatán y para la seguridad energética del país. Sin embargo, la empresa admite que no cumplirá en tiempo y forma la instalación de las turbinas de diésel. Un representante de Código Magenta acudió al domicilio registrado de la firma en la Calle 38 Número 3 Oficina 205 en la Colonia Campestre en Mérida, Yucatán. No se encontraron señales de Mejicali Turbine Energy ni de sus empleados.
Código Magenta tiene información de que CFEnergía tiene planeado utilizar una constelación de empresas para este propósito. Jorge Bonilla Achach, el representante legal de Mejicali Turbine Energy, constituyó esta compañía apenas en agosto de 2023 en Mérida, Yucatán. El empresario ha registrado por lo menos cuatro firmas del giro energético en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador: BORA NRGI SRL DE CV el 28 de noviembre de 2018 (días antes de la entrada del nuevo gobierno); DESARROLLOS ENERGÉTICOS DE MEJICALI S DE RL DE CV el 18 septiembre de 2020; GENERACIÓN DE MEJICALI S DE RL DE CV el 18 de diciembre de 2020; y SOLUCIONES PROVISONALES ENERGÉTICAS el 11 de noviembre de 2021. A la par, Bonilla y sus socios crearon un entramado de empresas inmobiliarias.
El 16 de enero de 2023, el representante legal de Mejicali Turbine Energy participó en una licitación del CENACE para la adquisición de potencia en el sistema eléctrico de Baja California. En la sesión de preguntas y respuestas, se cuestionó si había restricciones en el tipo de combustible a utilizar en la central eléctrica. La respuesta de las autoridades fue que no, que el suministro podría ser de gas natural o diésel.
Pongamos el mercado en perspectiva: en México existen 112 unidades de generación que trabajan con diésel o sus derivados y que podrían generar una capacidad de casi 12,000 megavatios. Considerando un precio promedio de diésel en México de 1.34 dólares (25 pesos) y tomando en cuenta los parámetros del contrato de Mejicali Turbine Energy, a nivel nacional, los ingresos anuales del huachi-diésel podrían alcanzar hasta 640 mil millones de pesos. La escala es enorme.
En este contexto, la Comisión Federal de Electricidad se estaría convirtiendo en el accesorio final de la cadena del huachi-diésel, la última etapa de una red que permite el financiamiento paralelo de campañas políticas y la transferencia de recursos a los cárteles, de acuerdo a la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En ese sentido, la designación de las organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas representa un nuevo factor de riesgo para la empresa paraestatal eléctrica de México. Recientemente, la CFE canceló un contrato de suministro de diésel para las plantas de Nava y Río Escondido. La mala calidad del combustible derivó en la explosión de una de las centrales. Fuentes de la industria refieren que el proveedor de diésel sería Mefra Fletes, la compañía señalada por el Departamento del Tesoro de colaborar con una red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La política de uso intensivo de diésel fue diseñada por un grupo de funcionarios afines a Bartlett y quienes tienen contacto constante con Julia Abdalá, pareja del ex director. No obstante, la administración de Emilia Calleja en la paraestatal les ha dado continuidad a las decisiones de la administración anterior. En el sector, señalan como responsables a funcionarios con poca experiencia o con un historial cuestionable: Adrián Olvera, director de CFE Generación V; Ricardo Cerritos, esposo de la directora Calleja y jefe del Departamento de Compras de CFE Generación V; Javier Maldonado Ramos, subdirector de Generación y el hijo de un polémico líder del SUTERM; y Francisco Cuevas Villagómez, subdirector de Ingeniería y Administración de la Construcción.
La maquinaria del huachi-diésel sigue activa y nadie tiene voluntad de detenerla. Para el gobierno y para Morena, los incentivos están alineados a favor de que continúe este esquema. Ahora sabemos qué le deben a Manuel Bartlett.
Con informacion: CODIGO MAGENTA/
