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miércoles, 18 de junio de 2025

“2,500 al GOBIERNO,OTRA LANA al CHRISTIAN del CDG y 10 MIL a RETEN MILITAR ?”: LA “GUARDIA NACIONAL YA se SABE la JUGADA de la FECHA de IMPORTACION de TU CARRO y le esta SACANDO JUGO en los RETENES”…es todo un mercado de sobornos.


1. Regularización por Decreto Presidencial

Como ya todos saben, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) antes de irse a La Chingada,extendió hasta septiembre de 2026 el decreto que permite la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”, en varios estados fronterizos, incluyendo Tamaulipas. 

El objetivo oficial era,segun se dijo, otorgar certeza jurídica a los propietarios y mejorar el control vehicular, aunque la industria automotriz siempre dijo que esta política fomentaba el contrabando y la ilegalidad, ademas del Crimenn Organizado,el verdadero beneficiario y si esa era la idea, pues todo sigue saliendo bien en Tamaulipas.

Requisitos y Restricciones

  • Solo pueden regularizarse vehículos que hayan ingresado a México antes del 19 de octubre de 2021.
  • El trámite aplica para autos fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos o Canadá, con modelos 2019 o anteriores para 2025.
  • Vehículos de lujo, deportivos, motocicletas y remolques están excluidos del decreto.

2. Costo Oficial de la Regularización

El costo oficial del trámite de regularización es de $2,500 pesos mexicanos, pagaderos únicamente mediante una línea de captura generada por el SAT y en bancos autorizados. Este pago es por concepto de aprovechamiento y no es reembolsable, incluso si la solicitud es rechazada.

Adicionalmente, en Tamaulipas, el costo de las placas vehiculares para autos regularizados es:

  • Modelos 2000 y anteriores: $900 pesos
  • Modelos 2001 en adelante: $1,550 pesos.

3. Irregularidades y Sobornos en el Proceso

a) Ingreso de Autos Fuera de Fecha y Documentación Falsa

Se han detectado en Tamaulipas y muy gracias al mismo gobierno de la entidad, una creciente cantidad de vehículos que fueron y siguen siendo “regularizados” con documentación falsa o alterada, permitiendo el ingreso al sistema de autos con ayuda del sistema de gobierno y que no cumplen con la fecha límite establecida por el decreto. 

Estos trámites fraudulentos son incluso promovidos en redes sociales y por gestores que aseguran poder obtener placas y papeles oficiales sin importar la fecha de ingreso del vehículo.

Pero cuando estos autos son detectados en operativos o retenes de la Guardia Nacional e incluso otras autoridades, este es el argumento utilizado para extorsionar, sabedores que la fecha echa abajo la legalidad del tramite, pues viola flagrantemente lo dispuesto por el decreto y bajo el amago de decomisar el vehículo o imponer sanciones e incluso proceder penalmente contra los propietarios, el soborno militar para no hacerlo esta fluctuando entre 5, 10 y hasta 15 mil pesos,dependiendo del sapo, la pedrada,aunque reciben menos tras negociar la ley y el orden.

b) Sobornos para Ingresar al Sistema

El ingreso irregular de autos fuera de la fecha de importación frecuentemente implica el pago de sobornos a funcionarios de ofícinas fiscales que a su vez pagan sobornos al Cartel del Golfo para que asi el vehículo sea aceptado en el sistema de regularización.

En el caso de Reynosa,opera un sujeto identificado como Cristian Ocaña,que ha sido profusamente mencionado enlace al Cartel del Golfo,igual que Christian Morales en el apartado del despojo de inmuebles.

Los montos reportados varían, pero se han documentado casos donde los propietarios pagan hasta 12 mil pesos por hacer rápido todo, porque con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro.

En videos y testimonios, se ha observado cómo elementos de la gloriosa Guardia Nacional Militariza solicitan “aportaciones” o “arreglos” a cambio de dejar pasar vehículos con documentación irregular. Los afectados suelen negociar el monto, que puede ir desde unos cientos de pesos hasta varios miles , dependiendo de lo “hambreado” que ande el efectivo de la Guardia Nacional o la gravedad de la irregularidad que puedan detectar, pues ya saben como esta la jugada y le estan sacando jugo.

4. Consecuencias para los Propietarios sin arreglo

  • Decomiso del vehículo y pérdida del patrimonio tras detectar la irregularidad y proceder conforme a la ley, aunque esto pocas veces pasa, pues aunque si hay ley, no hay quien la haga valer y que no sea en “pesos o dolares’”
  • Multas y posibles cargos penales por uso de documentos falsos.

5. Recomendaciones

  • Realizar el trámite únicamente por la vía oficial y dentro de los plazos y requisitos establecidos.
  • Evitar gestores o intermediarios que prometan regularizar autos fuera de la fecha o con documentación dudosa, al final le pagaras mas al gobierno via sobornos, multas y posibles consignaciones penales.
  • Denunciar actos de corrupción o extorsión ante las autoridades recurrentemente in_competentes.

Resumen:
La regularización de autos chocolate bajo el decreto de AMLO tiene un costo oficial de $2,500 pesos, pero la corrupción y las irregularidades van generando un mercado de sobornos desde que se ingresa el auto al pais por la aduana militariozada,continua en las oficinas fiscales que aportan al Cartel del Golfo y termina en sobornos en retenes de la Guardia Nacional en Tamaulipas u otras autoridades corruptas y bandidas.

Con informacion: REDES/MEDIOS/

“ESCLARECEN la TRANSA”: EL “GOBIERNO MEXICANO CUATRERO HA PAGADO MAS de 2 MIL MILLONES de PESOS a EMPRESAS que se BENEFICIAN del TRABAJO de MEDICOS CUBANOS”…unos se soban el lomo y otros el billete.


Al gobierno mexicano, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), le ha costado 2 mil 19 millones 98 mil pesos traer, distribuir y mantener a médicos cubanos que vinieron al país para atender a la población de derechohabientes no derechohabientes del servicio de salud pública.

Así lo revela una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL y documentos disponibles en la plataforma Compras MX, en los que también se indica que el total del pago corresponde al periodo entre 2022 y lo que va de 2025, y se ha entregado en euros y moneda nacional a empresas mexicanas y cubanas como contraprestación por el servicio de atención médica.

De esta cantidad, el IMSS-Bienestar desconoce cuánto dinero se invirtió en el salario de cada uno de los profesionales de la salud  que laboran en México bajo la figura de colaboradores externos.

Los datos fueron revelados a través de una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL y documentos disponibles en la plataforma Compras MX.

El servicio contempla traslados permanentes a los doctores con chofer hasta sus unidades médicas, hospedaje seguro y permanente, equipado con aparatos como microondas y televisión, dieta especial entregada tres veces al día y atención personal las 24 horas.

En la solicitud de información con el número de folio 330018024025222, la dependencia dirigida por Zoé Robledo Aburto informó que el gobierno federal erogó 472 millones 441 mil 229 pesos a la empresa privada cubana Comercializadora de Servicios Cubanos, S.A., desde julio de 2022 hasta diciembre de 2023 por la contratación de los médicos.

El pago de la transacción fue entregado en su totalidad en euros, que de acuerdo con el tipo de cambio que menciona el contrato es igual a 23 millones 241 mil 156, otorgados en tres convenios divididos en lapsos de 10, dos y cinco meses cada uno.

El documento, en poder de EL UNIVERSAL, detalla que en ese lapso 809 médicos cubanos fueron distribuidos en 15 estados de la República, los cuales son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Además, en el contrato AA-47-AYO-047AYO954-N-215-2024, disponible en el portal Compras MX, se establece que desde el 1 de junio y hasta el 31 de octubre de 2024 el IMSS-Bienestar pagó a nueve empresas mexicanas 272 millones 597 mil 678 pesos por el “Servicio de hospedaje, alimentación y transportación terrestre para colaboradores externos, de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar)”.

El servicio incluye hospedaje, alimentación y transporte terrestre para Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En cada estado el número de colaboradores externos varía, como mínimo son cuatro y como máximo 40.

El contrato correspondiente a este año, con el número AA-47-AYO-047AYO954-N-146-2025, que establece como fecha de inicio del contrato el día 1 de abril y de conclusión el 31 de mayo, indica que el IMSS-Bienestar pagó mil 274 millones 59 mil 286 pesos a cinco empresas mexicanas por el “Servicio de hospedaje, alimentación y transporte terrestre para colaboradores externos de los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) II”.

El anexo técnico de este último contrato contempla 24 estados mexicanos, los cuales son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. El número de colaboradores va desde mil 966 como mínimo y 4 mil 845 como máximo.

Apoyo

El IMSS-Bienestar proporciona apoyo logístico y operativo para garantizar el transporte nacional, su hospedaje y alimentación a los profesionales de la salud con motivo del desempeño de sus funciones, en correspondencia a las condiciones del lugar donde fueron asignados.

Desde su llegada a México, los colaboradores externos deben ser trasladados hasta sus unidades médicas de servicio. El proveedor debe cubrir todos los gastos y necesidades de los especialistas que se generen durante dicha movilización.

Si sus unidades médicas son lejanas se les debe otorgar transporte los siete días de la semana, las 24 horas, en horarios alternos y fechas mixtas. De ser necesario, el profesional de la salud puede ser reubicado de clínica.

El hospedaje, que puede ser permanente o temporal, debe estar ubicado a una distancia no mayor a un kilómetro de la clínica que les fue asignada a los colaboradores y puede ser en hoteles, departamentos, casas, habitaciones individuales o habitaciones compartidas, en caso de ser pareja.

Debe contar con instalaciones eléctrica, hidráulica, sanitaria y de gas, y estar equipado con cama por persona o compartida, armario, lavadora, microondas, sofá, televisor, lavamanos, baño, tarja, estufa, refrigerador y mesa con dos sillas.

Su dieta incluye tres menús al día. Asimismo, el proveedor debe brindar atención presencial, telefónica o vía correo electrónico las 24 horas del día para que los colaboradores externos realicen las gestiones necesarias para los servicios de hospedaje, transporte, alimentación o consultas que requieran.

Hace dos semanas, la administración de Donald Trump en Estados Unidos impuso “restricciones de visado a varios funcionarios gubernamentales centroamericanos y a sus familiares por su vinculación con el programa de trabajos forzados del régimen cubano”, informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sin especificar a quiénes, explicó que las medidas se impusieron a funcionarios centroamericanos por la “explotación” de médicos cubanos mediante el “trabajo forzoso”, ya que La Habana vende servicios a terceros países a través de las llamadas “misiones internacionalistas”, que incluyen actividades médicas, las cuales, según analistas, representan la principal fuente de entrada de divisas para Cuba.

Con informacion: ELUNIVERSAL+/

“NARCOS y POLITICOS”: “INVESTIGACIONES a GOBERNADORES NO PARAN porque NO PARAN CONDUCTAS y SOLO CAMBIAN los NOMBRES de los COLUDIDOS”…lo mismo del PRImen organizado,la PANdemia o el humańismo transformador.


Desde hace 12 años publiqué un texto en la revista Proceso (1397) en el cual, de acuerdo con un reporte del FBI con fecha de agosto del 2002, varios gobernadores mexicanos eran investigado por vínculos con los capos de la droga.

Se trataba entonces de una investigación que apuntaba hacia la estrecha relación entre el exgobernador de Tamaulipas, el priista Tomás Yarrington, y el narcotraficante Osiel Cárdenas. Aunque también se mencionaba al exgobernador del PAN, Francisco Barrio.

El documento daba cuenta de las versiones de la presunta protección que recibía Osiel Cárdenas por gobernadores y autoridades federales.

“Es bien sabido que el traficante de droga Osiel Cárdenas ha sido protegido por el jefe de la PJF (Policía Judicial Federal) y que también mantiene relaciones con la oficina del gobernador en Ciudad Victoria, Tamaulipas”.

El informe continuaba y sin dar nombres ni fechas de la información, señalaba: “Se cree que los gobernadores de Sonora, Nuevo León y Tamaulipas están apoyando el negocio del tráfico de drogas dentro de su territorio (jurisdicción), dando protección a los vendedores de drogas”.

Para esa época Sonora era gobernada por Armando López Nogales, Nuevo León por Fernando Canales Clariond y Chihuahua por Patricio Martínez.

Diversos personajes de México y Estados Unidos trataron de desmentir la información publicada por Proceso y mandaron cartas exigiendo una aclaración. Políticos mexicanos y estadunidenses protestaron por lo publicado, pero el director Rafael Rodríguez y don Julio Scherer hicieron lo propio corroborando la información. “El tiempo nos dará la razón” concluyeron. Y así fue.

La historia de colusión entre personajes de la política, en este caso de gobernadores, y del mundo del narcotráfico en México es larga y abultada. No solo de un partido sino casi todos tienen en sus haberes personajes vinculados a grupos criminales.

Y el gobierno de Estados Unidos lo ha sabido y lo sabe.

Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán (2012-2014) del PRI, fue evidenciado por la propia Secretaría de Seguridad de su entidad de haber recibido cientos de millones de pesos para su campaña. Luego estuvo rodeado de escándalo después de que su hijo Rodrigo Vallejo Mora, apodado El Gerber, fuera grabado en un encuentro con Servando Gómez alias La Tuta.

Jesús Reyna García (del PRI), encargado de ocupar el cargo de gobernador interino de Michoacán, tras la salida de Fausto Vallejo, fue llevado a la cárcel en 2014 por la fiscalía mexicana, investigado de “posibles contactos” con el cártel narcotraficante de Los Caballeros Templarios.

Humberto Moreira, exlíder nacional del PRI de marzo a diciembre de 2011, fue detenido en España en enero de este 2016, señalado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, así como malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal.

Antes estuvieron los casos de Mario Villanueva Madrid, exgobernador priista de Quintana Roo de 1993 a 1999, quien fue detenido en México en mayo de 2001 y extraditado a EU en mayo de 2010. Un tribunal federal de Nueva York lo condenó a pasar 10 años y 11 meses tras las rejas, por conspirar para blanquear dinero del narco. Villanueva se declaró culpable de recibir millones de dólares en sobornos a cambio de permitirle operar al Cártel de Juárez en esa entidad al sur de México.

Fidel Herrera, exgobernador priista de Veracruz (2004-2010), fue señalado por José Carlos Hinojosa, contador del Cártel del Golfo, de haber recibido dinero de esa banda criminal para financiar su campaña.

Pero también los gobernadores del PAN en Morelos, Marco Antonio Adame y Sergio Estrada Cajigal, fueron denunciados con tener vínculos con organizaciones criminales, principalmente con el Cártel de Sinaloa. En el caso del primero con los Beltrán Leyva y el segundo con Juan José Esparragoza, a partir de sus lazos sentimentales con Nadia Esparragoza, hija de El Azul”.

No sólo gobernadores de distintos partidos han sido vinculados con el narcotráfico, en la lista se tienen nombres de presidentes municipales, legisladores, periodistas, militares, empresarios, impartidores de justicia y de seguridad pública. Son muchos lo que forman esta colusión narco y política que se ha enraizado en la estructura social del país.

Por cierto… Ahora se habla de una nueva lista de políticos ligados a grupos del crimen organizado que de ser cierta robustece la necesidad de romper esta alianza de poderes narcopolíticos que se han enquistado en la epidermis gubernamental.

Con informacion: PROCESO/JOSE GIL OLMOS/

"PARECIAN JOVENES NADANDO en EXITO y YA son COLABORADORES del TERRORISMO con MUCHO BILLETE INVERTIDO que SIRVE para PROLONGAR GUERRAS"...Chapitos no son de Sinaloa,Sinaloa ha sido suyo.


Parecían dos jóvenes nadando en éxito. Él, un prometedor empresario con varios negocios inmobiliarios y hoteleros, dedicado a gestionar inversiones en el mundo del entretenimiento y la hostería. Ella, una ambiciosa emprendedora en el mundo del maquillaje con su propia tienda de venta de vestidos de fiesta y al frente de un spa de lujo.

Este lunes la burbuja de la ostentación reventó cuando el Departamento del Tesoro publicó sus nombres en la lista de sanciones por ser facilitadores de la red criminal de Los Chapitos, así como la lista de todas sus empresas involucradas en el entramado de lavado de dinero del narcotráfico en Mazatlán. El matrimonio de José Raúl Núñez Ríos y Sheila Paola Urías Vásquez está en el ojo de las autoridades de Estados Unidos por su implicación con el Cartel de Sinaloa. 

La fachada de prósperos empresarios empezó a derrumbarse cuando el Departamento del Tesoro estadounidense detectó que Núñez amasaba su fortuna a una sospechosa velocidad. Este abogado de 44 años, nacido en Rosario, Sinaloa, fundó su primera empresa a finales de 2019, antes de la pandemia. Se trataba de la Inmobiliaria Grupo 247, dedicada a la construcción y compraventa de inmuebles. 

En redes sociales promocionaba las oportunidades de invertir en bienes raíces cerca de la costa y las playas de Mazatlán. “Imagina la Casa de tus sueños frente al mar, escuchando las olas, viendo el amanecer. Todo esto es posible al invertir en Casas del Fraccionamiento Playa Brujas. Comunícate con nosotros, haremos que tus sueños se cumplan”, se leía en sus primeras publicaciones.

Su esposa, Sheila Paola Urías Vásquez, de 31 años, es una figura reconocida en Mazatlán por su trabajo como maquilladora en redes sociales. Urías comenzó con un canal de YouTube en 2017 donde mostraba sus habilidades maquillando sus grandes ojos verdes en tutoriales. En menos de un año, abrió un salón de belleza y spa donde ofrecía masajes y tratamientos estéticos. Cortó la cinta roja del local acompañada de su familia, entre ellos su hermana Melissa, quien fue candidata a diputada local por el Partido Verde con solo 24 años. La propia Urías prestaba su rostro cubierto con mascarillas de arcilla para publicitar los servicios del local. En poco tiempo, el lugar comenzó a ser frecuentado por modelos e influencers, como la reina de belleza de Sinaloa, Pety Juárez.

El matrimonio de Núñez y Urías consiguió adquirir o fundar hasta una docena de empresas para su entramado en tan solo seis años. La mayoría de ellas estaban relacionadas con el desarrollo inmobiliario, pero también con el mundo de la moda y belleza o con la hostelería. Diez de estas empresas han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su vinculación con el Cartel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses aseguran que Núñez financia las operaciones de Víctor Manuel Barraza Pablos, el jefe de plaza de Los Chapitos en Mazatlán. También le acusan de ser un “socio cercano” de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos fugitivos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Las empresas de Núñez y Urías ocupan un rol específico en cada parte de la cadena del desarrollo inmobiliario, desde la adquisición de lotes, la obtención de materiales para la construcción, la venta o renta a través de inmobiliarias o incluso una agencia de marketing para promocionarlas. Urías registró en 2024 la empresa Bloquera Real MX, dedicada a fabricar y vender bloques, tabiques o ladrillos. Sin embargo, ni esta empresa ni la inmobiliaria Ocean Plus, de la que fue administradora en 2024, aparecen en la lista preliminar de sancionados por Estados Unidos. En 2020, Núñez adquirió la constructora Proyecta Interna, creada el año anterior. Esta empresa tenía permisos para urbanizar, vender o arrendar bienes inmuebles, al igual que Grupo 247 o Beach and Marina.

Viviendas en alquiler de inmobiliaria Grupo/247.@INMOBILIARIAGRUPO247

Luis Pérez de Acha, abogado especialista en lavado de dinero, explica que el sector inmobiliario es muy atractivo para el lavado de dinero porque se requieren grandes inversiones. “El reto está en cómo se incorpora el dinero en efectivo al sistema financiero. Se maneja como sistema fachada, pero en el lavado de dinero se están celebrando operaciones verdaderas que pagan impuestos”, apunta el especialista, quien también señala la idoneidad del boom inmobiliario que ha vivido Mazatlán en los últimos cinco años, el campo de cultivo perfecto. Además, en México se permite un límite de uso de efectivo para la compra de inmuebles de hasta 907.000 pesos, una cantidad elevada que dificulta rastrear su procedencia.

En el desarrollo inmobiliario hay varias rutas para incorporar dinero ilícito al flujo financiero, donde se mezcla con dinero legal para difuminar su origen. Desde el pago del terreno, la compra de materiales, los honorarios del arquitecto o el sueldo de la mano de obra pueden pagarse en metálico. En las constructoras existe una costumbre de usar billetes en gran parte de las operaciones, desde el inicio al final de la cadena del sector, según apunta Salvador Díaz de León, especialista en prevención de lavado de dinero. “Tienes la inmobiliaria, la desarrolladora, la casa de materiales, la empresa de transporte, tienes una empresa de recursos humanos para la mano de obra. Hay una cadena de empresas relacionadas que permiten realizar el lavado”, explica.

Dentro de las empresas de Núñez y Urías había también negocios dedicados a la hostelería, especialmente clubs de playa. En estos locales es más fácil simular las operaciones legítimas inflando la cantidad de ventas o aumentando las facturas. Uno de ellos era el Sea Wa Beach Club, creado en 2024 y con permiso no solo de bar, restaurante y pesca como actividad turística, sino también para arrendar cabañas, bungalows y departamentos turísticos. Núñez también era apoderado legal en la empresa Club Playa Real, creada en el año 2000 y en la que él comenzó a participar más tarde. Al igual que con Beach and Marina o la Comercializadora Copado (una empresa de importación y exportación), estas empresas fueron registradas varios años antes de que entraran Núñez y Urías como apoderados. Díaz de León indica que es habitual en los esquemas de lavado de dinero “reactivar” entidades que se crearon previamente, ya que tienen un historial operativo y financiero legítimo que las ayuda a pasar más desapercibidas.

Además de los clubs de playa, Urías tenía por su cuenta una tienda de vestidos de fiesta, disponibles para comprar o rentar para ocasiones especiales. El local está en la esquina de las oficinas de Inmobiliaria Grupo 247, donde era frecuente ver coches de lujo estacionados. Urías solo se mostraba públicamente en esta tienda y en el spa, en las demás empresas aparece como administradora o accionista de manera temporal. “El hecho de poner a cualquier persona como testaferro o portanombres quita el foco sobre el propietario y se lo pone a alguien que no mueve los hilos. Permite a otro individuo estar entre las sombras. Es una estrategia de escudo para cuidarse”, señala Díaz de León. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con las empresas que todavía no han eliminado sus páginas webs, como el spa y la inmobiliaria, y no ha recibido respuesta.

Tanto Pérez de Acha como Díaz de León coinciden en que el cambio de política de Estados Unidos respecto a los carteles de droga mexicanos,considerados ahora una organización terrorista, ha encendido la cacería de facilitadores financieros para los criminales. Sin embargo, el Cartel de Sinaloa cuenta con incontables recursos para tejer redes de lavado complejas con asesoría de abogados y contadores de alto perfil, tanto dentro como fuera de México. Tras el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, es el turno de las entidades financieras mexicanas de dar el aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera de estas empresas para que se pongan bajo la lupa de las autoridades. De momento, sus activos y propiedades en Estados Unidos están bloqueados.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/MICAELA VARELA/ELPAIS