En algún lugar perdido de México, un hombre cuenta su vida al servicio de las “cuatro letras”, un apodo que usa para nombrar al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las mayores empresas criminales de América Latina.
El exmilitar colombiano, cuya identidad ha sido reservada, asegura que en la banda han sido reclutados otros compatriotas, “puros comandos y fuerzas especiales”, aunque también sea colega de “exguerrilleros”. El hombre habla durante un par de minutos de los detalles de su trabajo: del pago o de las vacaciones, como si se tratara de un empleo ordinario y no un boleto directo a la cárcel o a la tumba.
La creciente presencia de exmilitares colombianos en México tiene en vilo a las autoridades. El Gobierno de Claudia Sheinbaum informaba la semana pasada de la detención de 12 ciudadanos del país sudamericano, relacionados con la muerte de ocho soldados por una mina antipersona en Michocacán, en el centro del país. Nueve de los capturados son exmilitares, mientras que los otros tres habían tenido entrenamiento castrense. Este caso se suma a otros recientes en la zona, donde las autoridades han relacionado a ciudadanos colombianos con ataques con drones bomba.
En Guanajuato, la policía local afirma haber detectado a “paramilitares colombianos, lanceros y explosivistas [expertos en la manipulación de explosivos]”.
Un exmilitar colombiano describe cómo funciona el trabajo con el Cartel Jalisco Nueva Generación:
La tendencia preocupa a las autoridades mexicanas. Cientos de exsoldados colombianos salen cada año de su país para combatir en conflictos extranjeros, como en la guerra de Ucrania, atraídos por las altas remuneraciones. “Para tener una perspectiva, en 2008, tan solo en Latinoamérica, se hablaba de 12.000 mercenarios, y ya para 2018 se calculó la presencia de 2,4 millones”, afirma Paloma Mendoza Cortés, profesora experta en seguridad nacional del ITAM, una de las universidades más prestigiosas de México. “La mayoría de ellos son de origen colombiano y durante muchos años el Gobierno negó su existencia. Es un fenómeno sorprendente y que posee una influencia determinante que ayuda a explicar el incremento del poder de fuego del crimen organizado”, añade.
En México, el CJNG y otros grupos ofrecen grandes sumas a los mercenarios, para batallar en un contexto extremadamente violento. En cada uno de los últimos ocho años, el país norteamericano ha contado más de 30.000 asesinatos, la mayoría cometidos con armas de fuego. El tráfico de drogas a Estados Unidos, el flujo ilegal de armas hacia el sur, y las prácticas mafiosas de los grupos criminales, inmersos en mil batallas por controlar regiones enteras, agudizan el escenario de violencia.
Un exmilitar colombiano invita a otro a trabajar en los cárteles en México:
“Nosotros somos del Cartel Jalisco. Tenemos alianza con Sinaloa y con Los Viagras”, cuenta el exmilitar colombiano en dos audios de WhatsApp a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Se refiere al Cartel de Sinaloa, la otra gran empresa criminal del país, y Los Viagras, una vieja red de extorsionadores y narcotraficantes de Michoacán. “Otros cárteles como los Caballeros Templarios son contras [enemigos], pero son más pequeños. Aquí muchas veces se pelea con ellos también. Les hemos matado cualquier cantidad [de gente]. Y también se pelea con el Gobierno”, asegura. “El camello [el trabajo] es fijo”, añade.
El que recibe los audios es Juan, otro exmilitar colombiano que usa un nombre inventado por temor a represalias. Los grupos criminales mexicanos, sostiene, buscan a personas que, como él, han tenido experiencia en otros conflictos. “Yo estuve en Ucrania unos meses. Muchos de nosotros creamos cuentas de TikTok en donde mostrábamos nuestro día a día. Los cárteles te contactan por ahí”, asegura este soldado retirado de 31 años. La oferta que le hace su colega al otro lado de la línea es muy atractiva: 2.000 dólares al mes, con pagos en efectivo cada semana. Los cárteles, explica, le ofrecían a él y a otros compañeros viajar directamente desde Varsovia (Polonia) hasta México. “Irse desde Colombia es más difícil. Hay que cruzar el Darién con pasaportes falsos y ahora, con la seguridad que ha impuesto Panamá, lo hace dudar a uno más”, señala.
Los colombianos son muy apreciados en el mercado de contratistas militares en el exterior. Andrés Macías, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios, explica que se debe a la “amplia experiencia” que han tenido en el combate contrainsurgente. “El nivel de entrenamiento de la Fuerza Pública colombiana es muy alto y casi comparable con el de Estados Unidos. Además de eso, un soldado regular se puede jubilar a los 40. Es decir, siendo jóvenes, las personas pueden acumular hasta 20 años de experiencia militar en uno de los ejércitos más capacitados del mundo”, apunta.
El motivo más común que apelan los exmilitares para convertirse en mercenarios —en más de una decena de países como Ucrania, Rusia, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, entre otros— es el escaso salario de retiro que obtienen como veteranos. Las ofertas que hacen empresas de seguridad, ejércitos extranjeros y ahora también cárteles empuja a muchos a pelear en conflictos ajenos.
El tirón de ganar hasta cinco veces más ha llevado a muchos a caer en trampas, como han denunciado varios grupos de colombianos, como los que lucharon con los paramilitares de Sudán o los que hoy están judicializados por el magnicidio de Jovenel Moïse en Haití. “A muchos les ofrecen un contrato para hacer actividades específicas y son obligados a hacer otras. Es lo que se denomina como reclutamiento predatorio”, expone Macías. Al estar en un país desconocido, muchas veces sin dinero propio y sin documentación, los reclutas son vulnerables a quedar enteramente en las manos de estas redes de mercenarios.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha impulsado con su Gobierno una ley contra el mercenarismo para prohibir una actividad que “instrumentaliza a los militares retirados”. Quienes están en el negocio culpan al Ejecutivo colombiano por no proteger a los veteranos para que se adapten a la vida civil.
Una actividad desde hace varios años
Aunque las autoridades mexicanas no dieron detalles de la vinculación de los 12 detenidos en Michoacán, Petro declaró que estaban relacionados con el Cartel de los Reyes, parte del paraguas criminal de Carteles Unidos, una organización criminal regional. Aún no está claro cómo llegó este grupo a la zona. Lo que resulta evidente para las administraciones de ambos países es que la ruta Colombia-Michoacán lleva años funcionando.
En varios documentos de inteligencia del Ejército mexicano filtrados por el grupo de ciberactivistas Guacamaya pueden monitorearse los movimientos de tropas de mercenarios colombianos en Michoacán desde finales de 2021. Ese mismo año, el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENIF) reportaba que alias Kamoni, entonces miembro del Cartel de Tepalcatepec, también bajo el paraguas de Carteles Unidos, contaba con “26 colombianos empleados en la pugna que mantienen con el CJNG, refiriendo ser utilizados como ‘guerrilleros”.
En enero de 2022, según estos documentos, el jefe de plaza de Carteles Unidos en el municipio de Los Reyes, alias Quiringua, le contaba a una persona que “su médico había atendido a 18 colombianos” los cuales se encontraban “listos para mandarlos a trabajar”. El reporte militar añadía: “La Quiringua ha referido en múltiples ocasiones que envía ciudadanos colombianos para hacer frente al CJNG”.
Estos casos muestran que desde hace varios años hay familiaridad entre los cárteles con el uso de mercenarios colombianos y reclutas extranjeros. Hace dos décadas, se informaba de la expansión de Los Zetas, brazo armado del Cartel del Golfo, con la llegada a México de kaibiles, miembros de élite del Ejército de Guatemala. Como ahora, nunca quedó claro entonces cuántos fueron reclutados, ni cuál fue exactamente el papel que cumplían. En algunas regiones, productores agrícolas o industriales también han contratado grupos de mercenarios para hacerle frente al crimen.
“Debe tomarse muy seriamente este fenómeno e incluirlo tanto en la planeación estratégica como en la ejecución y evaluación de las políticas públicas de seguridad en México”, señala la experta Mendoza Cortés. “Es urgente atender la situación de los militares en retiro, que son muy vulnerables a ser reclutados por este tipo de organizaciones, principalmente por los salarios tan atractivos en comparación con las pensiones militares”, zanja.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/DIEGO STACEY/PABLO FERRI
