Yessenia tenía apenas 25 años, recientemente se había recibido de la licenciatura de psicología, e incluso había formado parte de la plantilla docente de Conafe. Al día de su muerte, laboraba en Los Mochis y cursaba el cuarto mes de embarazo.
Era 1 de junio, el día en que se realizaron las elecciones del Poder Judicial, cuando se encontraba visitando a familiares en la comunidad de El Aguajito, perteneciente al municipio de Sinaloa, junto a su pareja Néstor, de 48 años. Según testimonios, él se desempeñaba como comerciante, además, era dueño de dos pollerías y un negocio de pollos asados.
Sin embargo, ese no sería un típico domingo familiar, ya que elementos pertenecientes a la Guardia Nacional realizaban operativos en la región. De acuerdo con relatos de los pobladores de la zona, se ejecutó una persecución sin precedentes en la que supuestamente habrían participado tres unidades de la Guardia Nacional en contra de la pareja, dicha persecución dio paso a una aprehensión. Extraoficialmente, había trascendido que Néstor disparó contra los agentes y estos repelieron la agresión.
En ese momento apareció Daniel, primo de Néstor, que al ver la escena confrontó a los agentes federales diciéndoles “Quiero saber por qué lo están deteniendo”, entonces los uniformados le respondieron que si no tenían problemas para qué habían corrido. Daniel se limitó a decir un “no sé”, pero se quedó mirando la escena de su primo siendo arrestado por la Guardia Nacional; después de un momento, en un intento de defender a Néstor, Daniel insistió en que su primo era un comerciante de la zona, que tenía pollerías y no debía nada.
“A chingar a tu madre, pícale”, fue la respuesta de los elementos. Daniel se fue en ese instante, pero regresó al mismo punto a bordo de una motocicleta acompañado de una tía. La escena ya no sería la misma, pues antes de llegar a la zona, se escucharon disparos, pese a ello, Daniel continuó acercándose.
“Yo lo miré, a él lo tenían hincado con las manos en la cabeza. Y él me gritó que lo ayudara. Pues yo me regresé a pedir ayuda, a decir que ahí lo tenían”, contó el familiar de Néstor.
En ese momento, Daniel se convirtió en la última persona que vio a la pareja con vida, arrodillados frente a elementos de la Guardia Nacional.
De Yessenia no vio nada. Ni siquiera la dejaron voltear. No supo si estaba esposada, si gritó, si lloró; solo supo después que también había muerto a causa de las balas.
“Me da coraje, Porque eran inocentes. Él trabajaba. Ella también. Ella era maestra, licenciada. ¿Por qué así?”, dice Daniel, con rabia atorada.
Asegura que vio llegar más patrullas; los elementos nunca los dejaron acercarse a la camioneta que minutos antes conducía Néstor, ni mucho menos a donde habían quedado los cuerpos de la pareja.
Operativo oficial coincide con ataque denunciado por familiares
Elementos de la Guardia Nacional aseguraron armamento y un vehículo durante un operativo realizado el 1 de junio en el poblado El Aguajito, mismo día y mismo lugar en el que la pareja habría sido abatida.
De acuerdo con información proporcionada por agentes federales, en el lugar fue localizada una ametralladora, 150 cartuchos útiles, una cinta metálica para cartuchos y un vehículo, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
Aunque las autoridades no reportaron personas detenidas, durante una manifestación llevada a cabo al exterior de la compañía de la Guardia Nacional Guasave, familiares de Néstor y Yessenia señalaron que se trató del mismo hecho en el que ambos fueron masacrados por elementos de la corporación federal.
La protesta que reunió a 30 personas gritando “señor gobernador, queremos justicia” y “no más abuso de poder”, se realizó el 2 de junio, un día después del presunto ataque. En la manifestación no hubo más respuesta que la de un hombre asomándose por la ventanilla y diciendo un “no los podemos atender”, en volumen bajo.
Amnistía Internacional condena
Por medio de redes sociales, Amnistía Internacional condenó los hechos en los que supuestamente Yessenia y Néstor fueron asesinados; denunciando el posible uso desproporcionado de la fuerza por parte de integrantes de la Guardia Nacional.
La organización de derechos humanos calificó lo ocurrido como un “presunto ataque” cometido por efectivos de la Guardia Nacional y exigió que se haga justicia en este caso.
“No puede permitirse que las fuerzas de seguridad actúen con base en suposiciones o sin investigaciones rigurosas. Es fundamental que se respete el derecho a la vida, el principio de legalidad y la obligación de rendir cuentas”, expresó Amnistía Internacional.
La organización también llamó a la Fiscalía General de la República a llevar a cabo una investigación “independiente, pronta y efectiva”, que permita esclarecer los hechos. Asimismo, solicitó a la Guardia Nacional colaborar plenamente con las diligencias.
Hasta el cierre de esta edición seguía sin haber una explicación por parte de la Guardia Nacional sobre lo ocurrido en El Aguajito. Lo único claro es que aquella tarde, una pareja terminó arrodillada frente a hombres armados, y que minutos después, ambos fueron acribillados.
1. Contextualización: una práctica trasexenal impune
La frase “práctica trasexenal impune” es certera: el uso desproporcionado de la fuerza y la impunidad en casos de abuso por parte de fuerzas militares y de seguridad federales no es nuevo ni exclusivo de un sexenio. Desde la “guerra contra el narcotráfico” declarada en 2006, se han documentado cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones a derechos humanos por parte de elementos del Ejército y, ahora, de la Guardia Nacional.
Crítica:
El Ejército y la Guardia Nacional han sido presentados como “la solución” a la inseguridad, pero en la práctica, su actuación ha generado más problemas que soluciones. La militarización de la seguridad pública ha significado más violencia, más muertes de civiles y un aumento en la desconfianza de la población hacia las instituciones.
2. El caso de Yessenia y Néstor: una tragedia evitable
El relato del caso es desgarrador: una pareja joven, trabajadora, con proyectos de vida y una familia, es abatida por elementos de la Guardia Nacional. Las versiones oficiales y extraoficiales se contradicen. Las autoridades reportan armamento y un vehículo decomisados, pero no mencionan detenidos ni muertos. Los familiares y testigos aseguran que ambos fueron ejecutados.
Crítica:
El uso de la fuerza letal en operativos donde no hay una amenaza inminente es una violación clara al derecho a la vida. La falta de transparencia y la negativa a dar explicaciones por parte de la Guardia Nacional refuerzan la percepción de impunidad y abuso de poder.
3. Errores operativos y de protocolo
- Persecución sin fundamento: No hay elementos claros que justifiquen una persecución tan agresiva contra una pareja civil.
- Uso desproporcionado de la fuerza: El hecho de que ambos hayan sido abatidos, uno de ellos embarazada, habla de una actuación desmedida.
- Falta de rendición de cuentas: Las autoridades no han dado explicaciones ni han permitido el acceso a la información, lo que viola el derecho a la verdad y la justicia.
Crítica:
Estos errores no son aislados; son parte de una cadena de fallas institucionales que se repiten en todo el país. La estrategia de “matar moscas con martillo” no solo no resuelve el problema de la inseguridad, sino que destruye la confianza social y legitima la violencia institucional.
4. La respuesta institucional: indiferencia y desprecio
La respuesta de la Guardia Nacional a la protesta de los familiares (“no los podemos atender”) es un reflejo de la indiferencia institucional ante el dolor de las víctimas. La falta de acompañamiento, de atención y de justicia es una constante en estos casos.
Crítica:
La impunidad y la falta de rendición de cuentas son el principal motor de la desconfianza social. Cuando las instituciones no responden, la sociedad pierde fe en el Estado de derecho.
5. La condena internacional y la exigencia de justicia
Amnistía Internacional ha condenado el caso y ha exigido una investigación independiente. La organización señala la importancia de respetar el derecho a la vida y el principio de legalidad.
Crítica:
El hecho de que sean organizaciones internacionales las que tengan que exigir justicia en México es una muestra de la debilidad institucional y del fracaso del Estado en garantizar los derechos humanos.
6. Conclusión: el honor, la lealtad y el valor ausentes
El Ejército y la Guardia Nacional deberían ser instituciones que inspiren respeto y confianza. Sin embargo, casos como el de Yessenia y Néstor demuestran que, en su actuar, no hay honor, ni lealtad, ni valor. El sacrificio que se exige a los soldados y policías no puede estar por encima del respeto a la vida de los civiles.
Crítica final:
La militarización de la seguridad pública es un error histórico. Cada muerte de un inocente deslegitima la “guerra” que dicen librar. La estrategia de “matar moscas con martillo” solo deja mesas rotas y vidas destruidas. Es hora de exigir justicia, transparencia y un cambio profundo en la estrategia de seguridad del país.
En resumen:
El caso de Yessenia y Néstor es una muestra más de los horrores que genera la impunidad y la militarización en México. Como periodistas de investigación, nuestro deber es seguir exigiendo la verdad y la justicia, y no permitir que estos crímenes queden en el olvido.
Con informacion: RIODOCE/ MEDIOS/
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