Carlota “N”, adulta mayor que disparó en contra de sujetos que presuntamente la habían despojado de su vivienda en Chalco, fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, informó la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM).
“Detuvieron a Carlota “N”, investigada por su probable intervención en hechos registrados el pasado martes 1 de abril, que causaron la muerte a un masculino y a un adolescente en el municipio de #Chalco, relacionados con la posesión de un inmueble”, indicó en un mensaje en X la Fiscalía.
El caso contrasta con otro semejante en Tamaulipas,donde sexagenario radicado en EE.UU,viajo a Reynosa a cumplir con su obligacion del pago del impuesto predial y justo al pretender pagar, se dio cuenta que habia sido despojado de su casa, fue ejecutado cuando pretendió reclamara quien resulto ser un mando del cartel del golfo, dedicados a esta actividad con ayuda de notarios y la inacción del gobierno, ademas de complicidad, de Americo Villarreal Anaya,el traficante de las cuotas al Huachicol,gobernado por los criminales que gobiernan.
En edomex la justicia trabajó rápido en contra de la justiciera
Después detallaron que Eduardo “N”, quien sería el nieto de Carlota “N”, y Mariana “N” también fueron detenidos.
En un video que circuló en redes, se aprecia el momento en el que la adulta mayor disparó en contra de las personas acusadas por el despojo de su vivienda.
Una de las personas falleció en el lugar y otro más perdió la vida mientras recibía atención médica en un hospital.
Contexto del hecho
El caso de Carlota “N”, la adulta mayor detenida por disparar contra personas que presuntamente invadieron su vivienda en Chalco, Estado de México, ejemplifica la compleja relación entre legalidad y justicia. Estos son los aspectos clave:
Carlota enfrentaba una invasión de su propiedad en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe. Según testigos y autoridades, el 1 de abril de 2025 disparó contra tres individuos, causando la muerte de dos (un adulto y un adolescente) y dejando un herido. El acto fue grabado en video por un familiar de las víctimas, mostrando a la anciana armada junto a su nieto Eduardo “N” y Mariana “N”.
Respuesta legal
La Fiscalía General de Justicia del Edomex detuvo a Carlota y sus dos acompañantes, iniciando una carpeta de investigación por homicidio calificado. El marco legal mexicano establece que:
El uso de fuerza letal solo es válido en legítima defensa proporcional e inmediata (Código Penal Federal Art. 15).
La recuperación de propiedades debe hacerse mediante procedimientos judiciales (Ley de Amparo Art. 17).
Aunque Carlota alegaba defensa de su patrimonio, las autoridades consideraron que traspasó el umbral de la legalidad al ejecutar acciones letales sin mediación estatal.
Dilema moral
Este caso tensiona dos perspectivas:
Visión legalista: El Estado mantiene el monopolio de la fuerza. La autotutela vulnera el orden social y debe sancionarse.
Perspectiva ética: Sectores sociales ven su acción como respuesta a un sistema lento para proteger propiedades, usando el apodo “abuelita sicaria” en redes. Aquí surge el principio aristotélico de justicia correctiva: compensar un daño sufrido, aunque medios ilegales.
Análisis teórico
Fuentes académicas señalan:
Diferencia ontológica: La ley es un constructo normativo, mientras la justicia implica valoraciones morales (Kelsen, 2025).
Paradoja práctica: 87% de casos de despojo en Edomex tardan +2 años en resolverse (FGJEM 2024), lo que alimenta acciones extrajudiciales.
Teoría del contrato social: Al usar violencia en justicia por mano propia, Carlota quebró el pacto que delega la defensa al Estado que no te defiende.
Consecuencias sociales
El video viral (4.2M visitas en 24h) ha polarizado opiniones:
58% apoya “defensa patrimonial” en encuesta de El Universal.
42% exige castigo ejemplar por “linchamiento moderno”.
Este caso revela la fractura entre normatividad y percepción social de justicia, donde lo legal no siempre se percibe como legítimo, y viceversa. Las autoridades enfrentan el desafío de procesar legalmente los hechos, mientras la sociedad debate los límites éticos de la autodefensa que no tuvo el “abuelito” de Tamaulipas que corría el riesgo de ir a dar a la carcel,pero fue a dar a la tumba y ahora su caso abulta las cifras de impunidad.
El diario español El Pais,se ocupa hoy de la formula que utilizo Donald Trump,Presidente de los EE.UU,para imponer al mundo sus aranceles recíprocos, por lo que buscamos enriquecer su interesante articulo desmenúzando esa formula.
Miguel Jimenez en el diario El Pais,no se equivoca y la fórmula presentada en la imagen es precisamente la que se menciona en su texto sobre los aranceles “recíprocos” de Donald Trump, y representa una perfecta ilustración del engaño descrito en el artículo.
Disección de la fórmula
En su forma matemática, la fórmula se expresa como:
Δτᵢ = (xᵢ – mᵢ) / (ε * φ * mᵢ)
Donde:
Δτᵢ: Representa el arancel a aplicar al país i
xᵢ: Exportaciones de EE.UU. al país i
mᵢ: Importaciones de EE.UU. desde el país i
ε y φ: Parámetros que supuestamente representan elasticidades
Validación y significado real
Tal como explica el artículo, esta fórmula aparentemente compleja (presentada con letras griegas para darle un aire académico) se reduce a una operación muy simple:
El numerador (xᵢ – mᵢ) es simplemente el déficit comercial de EE.UU. con el país i
En el denominador, los valores de ε (elasticidad de importaciones respecto a aranceles) y φ (elasticidad respecto a precios) han sido convenientemente establecidos en 0,25 y 4 respectivamente, lo que multiplicados dan exactamente 1
Por tanto, el denominador queda como (1 * mᵢ), es decir, simplemente las importaciones
La fórmula se reduce entonces a: Δτᵢ = Déficit comercial / Importaciones
Y después, como señala el texto, este resultado se divide entre 2 como gesto supuestamente “benévolo”.
Ejemplos concretos
El artículo demuestra cómo se aplica esta fórmula en casos reales:
Unión Europea:
Déficit comercial: $235.571 millones
Importaciones: $605.760 millones
Cálculo: 235.571 / 605.760 = 38,8%
Dividido por 2: 19,5%
Redondeado: 20% (arancel final)
China:
Déficit comercial: $295.000 millones
Importaciones: $438.000 millones
Cálculo: 295.000 / 438.000 = 67,4%
Dividido por 2: 33,7%
Redondeado: 34% (arancel final)
Implicaciones y realidad
La metodología expuesta revela varias contradicciones importantes:
La complejidad aparente de la fórmula es principalmente estética, usando notación matemática sofisticada para encubrir un cálculo básico.
A pesar de que Trump afirmó que se tomarían en cuenta “la tasa combinada de todos sus aranceles, barreras no monetarias y otras formas de engaño”, la fórmula realmente solo considera el déficit comercial y las importaciones.
Los cinco elementos que supuestamente se evaluarían según la resolución aprobada (aranceles existentes, impuestos discriminatorios, barreras no arancelarias, políticas de tipos de cambio y otras prácticas consideradas injustas) no se incorporan en absoluto en la fórmula real.
Como señala acertadamente el estadístico Nate Silver, se trata de “cualquier trabajo académico estúpido en el que hacen una afirmación increíblemente estupida, pero la ocultan usando símbolos griegos”.
La llamada “reciprocidad amable” resulta ser simplemente un porcentaje arbitrario basado únicamente en la proporción del déficit comercial respecto a las importaciones, sin relación alguna con los aranceles reales que los otros países aplican a productos estadounidenses ni con ningún otro factor comercial relevante.
“…La gran mentira de Donald Trump con respecto a lo que llama aranceles “recíprocos” es su fórmula de cálculo. El presidente de Estados Unidos aprobó una metodología supuestamente compleja para hallar el nivel arancelario que debía aplicar a cada país.
A la hora de la verdad, sin embargo, se ha saltado esos procedimientos a la torera y lo único que ha tenido en cuenta son las importaciones y el déficit comercial que mantiene Estados Unidos con cada país.
Aunque ha presentado la fórmula con letras griegas como si fuera algo complejo, la realidad es mucho más simple. Se divide el déficit comercial entre las importaciones. Eso da un porcentaje, del 39% en el caso de la Unión Europea, o del 67% en el de China, que luego se divide entre dos como prueba de lo “benévolo” que ha sido.
Redondeando, un 20% para la UE y un 34% para China. Un engaño en toda regla.
La fórmula de los aranceles recíprocos tiene en el numerador la diferencia entre el valor de las importaciones y el de las exportaciones, es decir, el déficit comercial, aunque se presente con letras en griego.
El denominador parece más complejo, pero en realidad no lo es. Abajo están las importaciones, multiplicadas por una supuesta elasticidad de las importaciones con respecto a los aranceles y con una supuesta elasticidad respecto de los precios. La primera elasticidad se estima en 0,25 y la segunda en 4. Como ambas se multiplican, el resultado es 1. Por tanto, lo que queda en el denominador son las importaciones multiplicadas por 1, es decir, las importaciones.
Así, para calcular los aranceles se utiliza el porcentaje que supone el déficit comercial con un país o grupo de países sobre el total de las importaciones y se divide por dos.
Por ejemplo, según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el déficit comercial con la Unión Europea fue de 235.571 millones de dólares y las importaciones estadounidenses desde la UE fueron de 605.760 millones de dólares. La división de una cifra por la otra ofrece un porcentaje del 38,8% que redondeado es el 39%, la cifra que Trump mostró en su tablón como los aranceles que aplica la Unión Europea a Estados Unidos. Nada más lejos de la realidad. A su vez, al dividir 39% entre 2, da 19,5% que, redondeado al alza, da 20%. Lo mismo ocurre con China. El déficit de 295.000 millones de dólares se divide entre las importaciones de 438.000, lo cual da un 67,4% que dividido entre 2, da un 34%, redondeado de nuevo.
A los países con los que Estados Unidos tiene un superávit comercial o un déficit pequeño, se les ha impuesto el arancel básico universal del 10%, todo ello con el objetivo de reducir el déficit comercial de 1,2 billones de dólares que Estados Unidos tuvo el año pasado. A México y Canadá no se les han aplicado aranceles recíprocos porque están bajo el régimen de gravámenes del 25% (parcialmente aplicados) por la emergencia del fentanilo y la inmigración. Con la fórmula usada, a México le habría correspondido un arancel “recíproco” del 17%, pero Estados Unidos ha dicho que cuando cambie de régimen le aplicará un 12%.
En una llamada con periodistas de este miércoles, altos cargos del Gobierno de Donald Trump admitieron implícitamente que no se estaban midiendo las barreras no comerciales. “El modelo se basa en el concepto de que el déficit comercial que tenemos con un país determinado es la suma de todas las prácticas comerciales desleales, la suma de las trampas”, dijo un miembro del Gobierno bajo compromiso de anonimato.
Ese concepto no se sostiene. Resulta absurdo pensar que el déficit comercial es resultado sin más de una especie de estafa. Pero, además, va en contra de la metodología que aprobó Trump en una orden para poner en marcha el proceso.
Según la resolución aprobada, se tomarían en cuenta de forma integral cinco elementos para calcular los aranceles que se imponen a cada país. Primero, los que ese país aplique a los productos de Estados Unidos. Segundo, cualquier “impuesto injusto, discriminatorio o extraterritorial impuesto por los socios comerciales a las empresas, trabajadores y consumidores de Estados Unidos, incluyendo el impuesto sobre el valor añadido”. Tercero, “barreras o medidas no arancelarias y actos, políticas o prácticas injustas o perjudiciales, incluidos los subsidios y los onerosos requisitos reglamentarios para las empresas estadounidenses que operan en otros países”. Cuarto, políticas de tipos de cambio que perjudiquen a los estadounidenses, los bajos costes salariales y otras medidas que resten competitividad a Estados Unidos. Y quinto, cualquier otra práctica que se considere injusta o desleal.
Con todo eso, casi cualquier arancel era posible, pero el Departamento de Comercio ni siquiera ha hecho el intento de estimar los aranceles y barreras no arancelarias de cada país. En su día, Trump dijo que quería imponer a la Unión Europea aranceles como respuesta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que Washington interpretaba sin fundamento como una barrera comercial. Pero ni siquiera se ha molestado en meter el IVA en la ecuación.
Trump, sin embargo, ha mentido al respecto de principio a fin de su intervención. “Dentro de unos momentos, firmaré la histórica Orden Ejecutiva que instituye aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíprocos. Eso significa que lo que ellos nos hacen a nosotros, nosotros se lo hacemos a ellos. Muy sencillo. Más sencillo imposible”, sostuvo.
“Calcularemos la tasa combinada de todos sus aranceles, barreras no monetarias y otras formas de engaño. Y como estamos siendo muy amables, (…) les cobraremos aproximadamente la mitad de lo que ellos están contentos de cobrarnos, así que los aranceles no serán una reciprocidad total Podría haberlo hecho, sí, pero habría sido duro para muchos países”, dijo en otro momento.
“Yo llamo a este tipo una especie de reciprocidad. Esto no es recíproco. Esto es reciprocidad amable. Lo que hacemos es reducirlo a la mitad”, insistió. “Mi respuesta es muy simple, si se quejan, si quieren que su tasa arancelaria sea cero, entonces construyan su producto aquí en Estados Unidos”, concluyó.
Eso sí, el Departamento de Comercio ha publicado durante la noche del miércoles su metodología mostrándola como algo mucho más complejo de lo que era en realidad y citando bibliografía. Trump ha exhibido un voluminoso informe sobre las barreras comerciales, pero era todo pose. “Esto es como cualquier trabajo académico estúpido en el que hacen una afirmación increíblemente tonta, pero la ocultan usando símbolos griegos”, escribió el estadístico Nate Silver.
Con informacion: MIGUEL JIMENEZ/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
En el proceso por el caso Ayotzinapa, una juez federal canceló el delito de delincuencia organizada a Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos,el mismo que obra en testimoniales de la FGR le pagaba 200 mil dolares mensuales al hoy Secretario de Seguridad Omar García Harfuch y otro tanto al ejercito.
Aun asile capo continuará sujeto a juicio en esa misma causa por desaparición forzada de personas, que bajo este criterio, seguramente no tardara en allanar y salir por la puerta del penal federal.
Raquel Duarte Cedillo, Juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, resolvió que en 2023 Casarrubias fue absuelto en otro proceso por delincuencia organizada y continuar el presente juicio por el mismo ilícito violaría el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
La juez se comportó casi como abogada del capo
La juzgadora federal Raquel Duarte Cedillo ,adoptó una postura garantista excepcional en el caso de Sidronio Casarrubias Salgado, líder presunto de Guerreros Unidos, priorizando rigurosamente los derechos procesales del acusado. Estos son los puntos clave:
Cancelación del delito de delincuencia organizada:
Basó su decisión en el principio non bis in idem (prohibición de doble enjuiciamiento), tras considerar que Casarrubias ya había sido absuelto en 2023 por el mismo ilícito en otro proceso federal.
Argumentó que someterlo nuevamente a juicio por esos hechos constituiría una “violación procesal”, aunque no implicara doble castigo penal.
Crítica a la Fiscalía:
Señaló que la FGR no puede “corregir omisiones” de su investigación inicial mediante un segundo proceso, subrayando que no existen bases jurídicas para validar esta práctica.
Enfoque en estándares probatorios:
Respaldó la sentencia previa de Tamaulipas (2023), donde se determinó que la Fiscalía no acreditó la existencia de Guerreros Unidos ni la pertenencia de Casarrubias a esta organización.
Contexto adicional:
Anuló testimonios clave al detectar indicios de tortura en las declaraciones de Casarrubias sobre el caso Ayotzinapa.
Limitó el juicio actual únicamente al delito de desaparición forzada, manteniendo al acusado en prisión preventiva desde 2014.
La resolución refleja un estricto apego a garantías procesales, incluso ante críticas por tratarse de un caso emblemático. Duarte Cedillo priorizó el marco legal sobre presiones políticas, aplicando estándares que algunos sectores interpretan como excesivamente favorables a la defensa y que no suelen aplicarse con ciudadanos de pie.
Hace seis meses el alcalde de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán fuedecapitado y su cabeza expuesta a plena luz del día en el cofre de una camioneta. Había acudido, según el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, “a una reunión específica” al territorio controlado por el grupo criminal de Los Ardillos.
La decapitación y el desmembramiento es el método del terror de Celso Ortega Jiménez, líder de esa organización delictiva: varios meses atrás Ortega Jiménez había abandonado otras cinco cabezas cercenadas para obligar a la entonces alcaldesa de Morena, Norma Otilia Hernández, a sostener con él una nueva reunión.
La primera, llevada a cabo en un restaurante, había sido grabada por el jefe criminal. La tormenta cayó sobre Hernández una vez que esas imágenes fueron difundidas. Fuentes se seguridad sostienen que Ortega Jiménez tiene grabados a varios de los personajes más importantes de la clase política de Guerrero y que solo exhibe a quienes no cumplen con sus exigencias.
Con ese mismo personaje fue a reunirse Alejandro Arcos hace seis meses, a los pocos días de tomar posesión como presidente municipal de Chilpancingo. Regresó en pedazos.
Las autoridades federales y estatales han hecho lo posible por echar sobre el asunto una capa de olvido. Pero la violencia no deja de aflorar. Dos meses después del asesinato y desmembramiento de Arcos, fue asesinado el presidente del patronato de la feria de Chilpancingo, Martín Roberto Ramírez Ruiz. En medio de una fuerte irritación social, la tradicional feria fue cancelada.
Semanas antes, 17 pobladores de Chilapa (entre ellos dos mujeres, cinco hombres adultos y cuatro menores de edad) fueron secuestrados por Los Ardillos: sus cadáveres fueron hallados finalmente dentro de una camioneta.
Al acercarse el tercer informe de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, su gestión acumulaba ya 2 mil 499 homicidios. La cifra había aumentado 20% desde su llegada al cargo. La gobernadora hablaba, sin embargo, de un descenso de 34% “en comparación con la administración pasada”.
Para febrero de 2025, Salgado presumía que Guerrero había salido de la lista de los estados con mayor incidencia de homicidios dolosos, “ubicándose ahora en el octavo lugar nacional”.
En Chilapa, Mochitlán y Quechultenango, los principales bastiones de Los Ardillos, en efecto ya no hay homicidios: solo desapariciones y, según denuncia de pobladores, accidentes extraños como el ocurrido el fin de semana pasado, que cobró la vida de cinco integrantes de la familia Flores, dedicada a la ganadería –y del cual di cuenta en este espacio en la entrega de ayer.
La organización que encabeza Ortega Jiménez continúa, mientras tanto, actuando en sus territorios con entera impunidad. El pasado 25 de marzo, el jefe criminal —cuya cuñada, Mercedes Carballo, es la alcaldesa de Chilapa—, sostuvo una reunión de varias horas en la comunidad de Cuauhtenango con los encargados del rastro municipal y los locatarios del mercado de Chilapa.
Según testigos, Ortega estableció nuevas cuotas, de hasta 400 pesos diarios por cada puesto, y confirmó que las reses compradas en el rastro debían ser adquiridas solo en ranchos de su propiedad.
“¿Existe relación entre las nuevas cuotas y la muerte ‘accidental’ de una familia que acostumbraba vender sus reses al rastro?”, preguntan.
Al territorio controlado por Los Ardillos no entra nadie sin permiso. Seis meses después del espantoso asesinato del alcalde Arcos, el control del grupo criminal se mantiene igual que el primer día.
Cuando a mediados de 2023 esta organización movilizó a más de dos mil personas para tomar el Congreso y exigir la liberación de uno de sus líderes, el entonces presidente López Obrador ordenó el retiro de la Guardia Nacional y abandonó la capital del estado a su suerte. Los Ardillos no fueron tocados.
Fue precisamente en Quechultenango, el mayor centro de operaciones de Los Ardillos donde, en diciembre de 2017, y todavía como candidato de Morena a la Presidencia de la República, López Obrador fue a ofrecer la posibilidad de amnistía a los líderes del crimen organizado, con la intención de hacer “todo lo que se pueda para que logremos la paz en el país”.
Al termino de aquel controvertido mitin, un reportero le pidió a López Obrador ser más específico: “¿Esta amnistía alcanzaría a los líderes de los cárteles?”, le preguntó. La respuesta de AMLO fue recogida por todos los medios: “Vamos a plantearlo. Lo estoy analizando… Vamos a explorar todas las posibilidades”.
Dicen en Chilapa y en Quechultenango que el que quiera oír, que escuche. Hace siete años de aquel ofrecimiento.
En todo ese tiempo, y a pesar de los escalofriante de sus crímenes, nadie osa tocar al líder de Los Ardillos. Apenas el 25 de marzo anduvo por ahí, para dictarle a la gente nuevas instrucciones.
¿Quién creen que le organizó el mitin, en un municipio al que nadie puede entrar, al entonces flamante candidato de Morena?
Un Tribunal de Circuito revocó la prisión domiciliaria a Mario Marín, exgobernador de Puebla, por lo que la tarde de ayer fue regresado a un penal para continuar su proceso penal por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.
Pero el caso de Mario Marín y el capo del Cartel del Golfo de filiación “Morena”, Alfredo Cárdenas Martínez,alias “El Contador” muestran contrastes significativos en la aplicación de medidas cautelares y su cumplimiento dentro del sistema penal mexicano:
Comparativa de casos
Aspecto
Mario Marín
Alfredo Cárdenas (“El Contador”)
Delitos imputados
Tortura contra Lydia Cacho (caso de 2005)
9 cargos federales en EE.UU bajo liderazgo del Cártel del Golfo en Tamaulipas
Medidas iniciales
Prisión domiciliaria con brazalete electrónico y prohibición de salida
Libertad condicional con brazalete electrónico, pero no se lo instalaron nunca, fianza de $5M y presentación semanal ante alcalde de Matamoros (Morena)
Cumplimiento
Respeta condiciones hasta abril 2025, cuando Tribunal revoca beneficios
Incumple instalación de brazalete; FGR denuncia irregularidades judiciales para evadir monitoreo y escapa
Riesgo procesal
Tribunal detecta “riesgo de fuga” por gravedad del delito de tortura
Juez federal hampon argumenta falta de pruebas de riesgo, pese a historial delictivo internacional
resuelven extraditarlo pero medidas laxas impuestas por Juez Gregorio Salazar impiden captura
Situación actual
Reingresado al penal del Altiplano
Profugo desde enero 2025 tras prórrogas ilegales para evitar brazalete
Diferencias críticas:
Enfoque en delitos de poder Marín enfrenta cargos por tortura contra periodista, delito que afecta derechos humanos y libertad de expresión. Su caso tuvo seguimiento internacional, mientras el de Cárdenas involucra crimen organizado transnacional con menor presión institucional gracias a un juez federal “bandido”.
Respuesta institucional
La FGR logró revocar medida a Marín al demostrar fallas en evaluación de riesgo.
En cambio, contra Cárdenas presentó quejas ante la SCJN por irregularidades del juez Salazar, incluyendo investigación por presuntos delitos contra la administración de justicia.
Patrón de impunidad Organizaciones como Artículo 19 señalan que la liberación de Marín inicialmente reflejaba trato privilegiado a exfuncionarios, mientras la fuga de Cárdenas evidencia infiltración del narcotráfico en el sistema judicial que como te ve te trata.
Contexto jurídico relevante
El artículo 19 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales exigen evaluar riesgo procesal (fuga, obstrucción a la investigación o peligro para víctimas) al otorgar medidas cautelares. En Marín se aplicó este criterio de forma estricta, mientras en Cárdenas hubo omisiones al aceptar “arraigo domiciliario” sin verificar capacidades operativas del cártel.
Esta disparidad bajo exacerbada complicidad,refleja los desafíos del sistema para aplicar estándares homogéneos ante delitos de alto perfil, particularmente cuando involucran a exfuncionarios vs. líderes criminales con recursos para manipular procesos legales haciendo uso de la protección politica.
Los cárteles mexicanos dejaron de importar drones y ahora se inclinan por aparatos de fabricación local, hechos a la medida, con más capacidad de carga para transportar hasta 100 kilogramos de drogas como fentanilo o metanfetamina a territorio de Estados Unidos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos reportó a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para su informe 2024 que los grupos criminales mexicanos solían operar en la frontera norte aeronaves teledirigidas de corto alcance y con baja capacidad de carga, de unos cuantos kilogramos.
Sin embargo, “se tienen noticias de que los traficantes se inclinan ahora por sistemas de fabricación local y hechos a la medida. Al parecer, los drones fabricados a medida pueden transportar hasta 100 kilogramos”, subrayó.
La JIFE informó en 2024 que los criminales mexicanos solían operar en la frontera norte aeronaves teledirigidas de corto alcance y con escasa capacidad de carga.
En 2010, autoridades mexicanas alertaron por primera vez a Estados Unidos que los cárteles comenzaban a usar en la frontera sistemas de aeronaves teledirigidas; las primeras detectadas procedentes de México eran importadas, de acuerdo con la CBP.
Entre 2012 y 2014, Estados Unidos detectó 150 drones cruzando la frontera con México con paquetes de drogas, mismos que fueron neutralizados por sus agentes de seguridad en la región.
No obstante, en 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó al menos 10 mil incursiones con aeronaves teledirigidas en la zona de Río Grande, entre los límites de los estados de Tamaulipas con Texas, considerada un importante corredor para el tráfico de drogas a Estados Unidos.
Según la CBP, México, Colombia y Estados Unidos son algunos de los países que han comunicado incidentes en los que seutilizaron drones para eltráfico de drogas, principalmente cerca de las fronteras o de centros penitenciarios.
Los drones utilizados por los cárteles, como los De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, están equipados con tecnología de los sistemas mundiales de navegación por satélite, lo que les permite programar con antelación los lugares concretos de aterrizaje y garantizar una entrega segura y precisa de los paquetes de droga que intentan llevar a la Unión Americana.
Pese a que los grupos criminales recurren cada vez más al uso de drones para traficar drogas en la frontera entre México y Estados Unidos, la JIFE aseguró que las cantidades que se transportan con las aeronaves teledirigidas “siguen siendo insignificantes” en comparación con otros modos de transporte más tradicionales y consolidados, como los contenedores de carga marítima, terrestre y aérea, así como los servicios de mensajería urgente.
“Aunque esta tendencia sigue siendo en gran medida un fenómeno regional, los avances tecnológicos, el aumento de la capacidad, el abaratamiento de los costos y la mejora de las estrategias operacionales tal vez den lugar a un incremento en el futuro de las cantidades totales de drogas traficadas a través de esos sistemas”, admitió.
Para responder a estas amenazas, la JIFE recomendó a los gobiernos de México, Estados Unidos y Colombia realizar acciones legislativas o nuevas contramedidas, como las tecnologías de detección por radar y de geovallas, que permiten interceptar los drones utilizados para el tráfico de drogas.
Por ejemplo, señaló la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) elabora un amplio marco regulador para combatir las actividades ilegales relacionadas con los sistemas de aeronaves teledirigidas: “No obstante, en general las leyes y reglamentaciones nacionales no suelen contener disposiciones relativas al tráfico de drogas mediante esos sistemas”, lamentó.
