Las tres mujeres han denunciado penalmente ante la Fiscalía la violencia sufrida dentro de la CFE. Son la punta del iceberg. Los expertos y las víctimas son unánimes: la violencia sexual está normalizada dentro de una de las empresas públicas más importantes de México. Y nadie le pone freno.
La CFE es un emblema nacional protegido por el Gobierno. Fundada en 1937, tiene una plantilla de unos 100.000 empleados, donde el 75% son hombres y la mayoría es personal sindicalizado. La empresa alberga uno de los sindicatos más poderosos del país, junto al de Pemex, el de ferrocarrileros y telefonistas: el SUTERM, liderado por Víctor Fuentes, de 86 años. “En el sindicato las relaciones entre hombres y mujeres son absolutamente asimétricas. Como eran hace 70 años. Las mujeres están sometidas a discriminación, acoso sexual y laboral”, afirma la investigadora de la UNAM María Xelhuantzi.
Wendy Herrera fue directora jurídica del SUTERM, lideró el área de Transparencia y formó parte de la Comisión de Justicia. Retrata un ambiente “de pesadilla” en el que las mujeres deben saludar con un beso en la boca a sus jefes del sindicato y pueden ser “elegidas” para acompañar a Fuentes a cenas o eventos. “Si el señor quería darte una nalgada, te tenías que aguantar. Llega un punto en que lo normalizas, ya ni lo piensas, eso es lo grave”, relata Herrera, “él me decía muchas veces que yo era pobre porque quería, que todo podía cambiar si me acostaba con él”. Xelhuantzi, autora de una quincena de libros sobre el sindicalismo mexicano, corrobora estas prácticas: “En la CFE es todavía completamente regular el hecho de que las mujeres tienen que corresponder con ciertos favores sexuales para entrar a trabajar o para conseguir ascensos”.
Las mujeres consultadas por EL PAÍS hablan de lenguaje sexista, miradas lascivas, chistes ofensivos, insinuaciones sexuales, tocamientos y hostigamiento, de forma diaria y a todos los niveles. La alarmante situación es reconocida por la propia Unidad de Género de la CFE, creada en 2019 por el actual director de la compañía Manuel Bartlett: “El acoso sexual está indebidamente normalizado en muchos centros de trabajo”, dice a este periódico su titular, Nimbe Durán.
Desde su departamento, compuesto únicamente por seis trabajadoras, han tratado de convertirse en un espacio de resistencia: dan cursos de capacitación, orientan a las mujeres que se atreven a denunciar y emiten opiniones ante las instancias que dirimen los casos; pero su intervención es limitada, ellas no sancionan, no deciden. Ahí se bloquea el proceso. A Sofía —nombre ficticio— la acompañaron en abril a declarar a la gerencia y a la Unidad de Responsabilidades, que son quienes determinan los castigos, por el acoso sexual que sufría de un compañero. La empresa todavía no ha tomado acciones, así que sigue sentada al lado de su agresor cada día. Durante la espera, los ataques se han agravado: “¿Tengo que esperar a que me viole para que hagan algo?”, pregunta.
En lo que va de 2022, la Unidad de Género ha acompañado los casos de 36 mujeres acosadas, en todo 2021 fueron 41. Nimbe Durán interpreta este aumento de las denuncias como que está creciendo la confianza para alzar la voz: “Sí tenemos un problema de acoso sexual, que ya no se esconde, que ya no se tapa, buscamos hablarlo y solucionarlo”. Para que eso ocurra, la investigadora María Xelhuantzi cree que lo primero es acabar con la inmunidad que gozan los líderes sindicales y que se trasmite como un “pacto patriarcal” hacia el resto de los empleados. También cambiar una raíz arraigada en la CFE: “Hay una cultura electricista donde el trabajador varón entra ahí y sabe que puede cometer abusos, tocar mujeres, violar mujeres y no le va a pasar nada porque está protegido”.
Cynthia, violada entre tres trabajadores
El viernes 22 de abril por la tarde, un amigo invitó a Cynthia a una reunión en las instalaciones de la CFE en Samalayuca, a unos 40 kilómetros de Ciudad Juárez. Era un tipo de convivio que solía organizarse con frecuencia en el sindicato. Al llegar a las oficinas del SUTERM sección 162, el hombre que había llevado a la joven alegó que tenía que irse. La dejó con tres trabajadores del sindicato. Ya había oscurecido. Le sirvieron algo de beber y se empezó a sentir vulnerable. Antes de perder el conocimiento llegó a escribir a quien la había traído: “¿Qué onda con tus compas?”. “Él la juzgó de loca y no volvió a por ella”, relata su abogado Luis Flores a EL PAÍS, que considera que la joven fue drogada con alguna sustancia.
Unas horas más tarde, Cynthia estaba tirada entre unas tapias al lado de las instalaciones. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Tenía heridas y magulladuras, morados los ojos. Había sido violada vaginal y analmente. Encendió su teléfono y pidió auxilio. El 24 de abril presentó la denuncia ante la Fiscalía de Chihuahua. Cuando fueron los peritos cinco días más tarde su ropa seguía allí.
De momento, el Ministerio Público ha lanzado una orden de aprehensión contra uno de los tres hombres, a quien se identifica como el autor material de la violación. Sigue prófugo y en paradero desconocido. “Todavía falta aclarar la participación de los otros individuos que estaban en esas oficinas”, especifica Flores. La defensa de los trabajadores alude que Cynthia estaba borracha, drogada, que ella quería mantener relaciones sexuales.
Mujeres protestan, el 12 de mayo de 2022, por la violación de Cynthia a manos de empleados de la CFE, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La indignación explotó en el pueblo al conocer que la CFE había dado un permiso vacacional a los tres trabajadores, que se fueron de Samalayuca nada más producirse la agresión. La empresa explica que esta es una práctica común cuando los empleados tienen incidentes personales, se les da “un tiempo para resolverlos”. Esta semana dos de ellos -sobre los que no pesa una orden de detención- se han incorporado con normalidad a su puesto de trabajo. Tienen más de 20 años en la CFE y, de momento, no van a recibir ninguna sanción administrativa más allá de haber faltado algunos días al trabajo. La compañía eléctrica ha entrevistado a los trabajadores de Samalayuca y todos niegan que allí ocurriera una fiesta ni una agresión sexual. De los tres empleados identificados, uno era el secretario de Trabajo de la organización sindical allí. Las voces más críticas apuntan a una “tapadera” orquestada desde la central de Juárez. A nivel federal, en un comunicado, la empresa ha reiterado que está a disposición de la Fiscalía para colaborar con la investigación: “Se procederá con las sanciones laborales y administrativas que correspondan a quienes resulten responsables”.
La joven, de 31 años, sigue en tratamiento psicológico a causa de la agresión. Madre de tres hijos, intenta recuperarse: volver a comer, volver a dormir. Ha recibido amenazas para retirar la denuncia y ha tenido que dejar de usar sus redes sociales por el acoso que recibe. “Además del hecho traumático que vivió, ha sido señalada. La culpan de lo que sucedió”, dice su abogado. Cynthia no ha hablado todavía con los medios de comunicación. “La estamos protegiendo”.
Wendy frente al abuso de los líderes sindicales
Víctor Fuentes había saludado en muchas ocasiones a Wendy Herrera, pero ella cree que no se fijó hasta que le hicieron ponerse un vestido “embarrado y escotado”. Fue en noviembre de 2014, durante un congreso nacional del sindicato en Guadalajara (Jalisco). Cuenta la abogada que en ese evento tenía que hacer de edecán por orden de su jefe Mario Ernesto González, también secretario del SUTERM. “Allí no importa tu cargo, si te ponen de edecán te toca aguantar. Es una forma de rebajarte”, relata.
Ese día Fuentes eligió a Herrera para comer a su lado. La abogada recuerda que se sentía muy mal tras haber tomado mucho alcohol en la comida y pidió irse a su hotel. Se lo negaron. “El delegado regional de Valle de México Norte me agarró de los brazos, me cargó, me subió a una camioneta y me llevaron al hotel Quinta Real de Guadalajara. El hotel de Víctor”, dice, “ahí había otras chavas. Víctor estaba encima de mí y trataba de besarme. Casi me arranca el vestido. Yo no quise, me puse a llorar”. El relato sigue: “Al otro día Mario estaba muy enojado conmigo. Me dijo: ‘Me regañaron por tu culpa. Fuiste de las elegidas y no lo aprovechaste’. Porque ahí todos se peleaban por ver quién llevaba a la chica a la que Fuentes hiciera más caso”. El SUTERM no ha contestado a las preguntas enviadas por este periódico.
Salta al 2019, donde en una conferencia del 29 de mayo en Ciudad de México, Víctor García, miembro de la Comisión de Justicia, la agarró por la cintura y trató de besarla. Tras el rechazo, dice Herrera, la amenazó y jaloneó: “Te va a costar mucho haberme despreciado”. Seis meses después el SUTERM acusó a la abogada de haber beneficiado a su exmarido —también trabajador en la CFE— con honorarios del sindicato. Herrera fue despedida: “Comenzó otro calvario”.
Detalle de las manos de Wendy Blanca Herrera Romero, abogada y exdirectora jurídica del SUTERM, durante una entrevista con EL PAÍS.
Interpuso una demanda por despido injustificado, en un juicio laboral que ya lleva 120 audiencias y todavía sigue; ha presentado quejas ante la CNDH, la CONAPRED y la Inspección Federal de Trabajo, también una denuncia por obstrucción a la justicia contra la junta de conciliación número 5 de Ciudad de México. Ha recibido en tres ocasiones medidas de protección por orden judicial por las constantes amenazas telefónicas. Ha tenido que mudarse y cada cierto tiempo cambia de coche por precaución, por miedo.
La situación narrada por la exdirectiva, dice, “la viven muchísimas mujeres que no pueden hablar porque todavía siguen trabajando en la CFE”: “Allí dentro las mujeres somos meros objetos sexuales, no valemos por nuestro trabajo, sino por nuestro cuerpo y por cómo podamos complacer a los jefes”. En un comunicado, firmado por la nueva titular del área jurídica, el SUTERM define las denuncias de acoso de Wendy Herrera como “una estrategia gastada mediante la que se desprende la intención de obtener un beneficio económico”.
Las acusaciones de la abogada están ahora bajo el escrutinio de la Fiscalía, quien abrió de oficio una carpeta de investigación por presuntos delitos sexuales contra Víctor Fuentes, Mario Ernesto González y Víctor García. “Es una historia de terror. Llevo años en terapia. Yo lo único que hice fue trabajar muchísimo. Gané 7.500 juicios para ellos. ¿Tú crees que ahora voy a perder el mío?”.
Sofía y el acoso sexual sistemático
Sofía tardó un poco más que los demás en graduarse como ingeniera de sistemas, porque debía trabajar un semestre, ahorrar, y volver al siguiente a las clases. Estudió en el Instituto Tecnológico de Veracruz y cada día iba y volvía caminando. Tardaba más de una hora en cada trayecto, pero no podía gastarse esos pesos en el camión. Cuando terminó la licenciatura, hizo los exámenes y entró inmediatamente a la CFE. Allí lleva toda su vida laboral: 23 años, le faltan solo dos para jubilarse. “Me encanta mi empresa y mi trabajo, pero yo no firmé esto”, dice a EL PAÍS en referencia al acoso laboral y sexual que sufre desde hace dos años por parte de un compañero de trabajo, Gustavo N, miembro del SUTERM. La mujer pide mantener su anonimato por miedo a represalias.
Cuenta que al principio eran solo los silbidos al llegar a la oficina. Le siguieron los gritos, en los que mezclaba insultos (“¡Ya llegó la pendeja!”) con insinuaciones (”Ahí mira qué buena está”). “Cada vez que me levantaba se volteaba para verme. Me lanzaba miradas lascivas y decía puras groserías”, relata la trabajadora. La pandemia y el teletrabajo le dieron a la ingeniera un respiro. Pero a la vuelta en 2021, la historia se retomó. “Sobre él pesan ya dos sanciones por acoso a otras compañeras”, detalla, “pero decía: ‘Yo soy amigo de Víctor Fuentes y puedo correr a cualquiera de confianza”.
Sofía aguantó hasta marzo de este año, cuando decidió romper el silencio y tratar de refugiarse en el protocolo contra el acoso sexual recién publicado por la Unidad de Género. Fue primero a su jefe directo en la gerencia ASARE: “Él no solo continúo protegiendo a este empleado, sino que me amedrentó para que yo no notificara a sus superiores de la situación”. Pero ella siguió y tuvo reuniones con subgerentes y abogados. Dedicada y responsable rechaza que la solución pase por ser movida de su puesto. “Yo lo consideraría un castigo por haber levantado la voz en contra de mi agresor”, dice.
Al enterarse de la denuncia, apunta Sofía, Gustavo se puso más agresivo y llegó a amenazarla: “Ahora sí me la voy a chingar”. Su paso por despachos y sus avisos no sirvieron. “Se me está revictimizando y considero que están protegiendo a mi agresor”, escribió a la gerente de relaciones laborales. Así ante el silencio de la CFE, Sofía decidió interponer una denuncia penal en la Fiscalía, que ha ampliado tras una agresión física que sufrió el 1 de junio. “Yo voy cada día a trabajar pensando: ‘Por favor, que hoy no me haga nada, que hoy no me diga nada”, relata. “Esto está pasando en toda la CFE. No me puedo dar por vencida”.
Fuente.-Beatriz Guillen/Diario Español/
Amelio con compañeros zapatistas, foto tomada de Youtube.
Fue condecorado como Veterano de la Revolución Mexicana antes de morir.
