Frente a la “gravísima” situación de violencia, traducida en 24 mil 600 niñas y mujeres desaparecidas en México, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas denunció que hay “celos” y “pereza institucional” de los gobiernos para trabajar de manera conjunta y atacar la crisis.
Alertó que la desaparición de mujeres se asocia a distintas causas, pero particularmente a delitos que atentan contra su vida e integridad como la trata de personas y la agresión sexual.
“Estamos enfrentando una gravísima situación de violencia contra las mujeres, en donde el fenómeno de la desaparición está asociado a muy diversas causas, pero particularmente a la comisión de delitos que atentan contra la vida y la integridad de las mujeres y que están asociados al fenómeno de la trata de personas y también a la agresion sexual”, admitió Encinas durante el Segundo Encuentro de la Coordinación Nacional Técnica de Armonización y Aplicación del Protocolo Alba realizado en Morelia.
A pesar de que Encinas destacó que el Protocolo Alba, un mecanismo de atención, reacción inmediata y coordinación interinstitucional para la búsqueda de mujeres desaparecidas, ha funcionado de manera importante, señaló que es insuficiente.
“Este delito no hace distinción de partidos, no hace distinción de gobiernos, trasciende el ámbito de la responsabilidad exclusiva de alguno de los órdenes de gobierno y es importante que actuemos de manera conjunta, más aún cuando se registra la desaparición de nueve mujeres todos los días y eso no puede postergarse”, dijo el funcionario federal.
Agregó que una de cada cuatro personas desaparecidas en el país es mujer y la mayor parte son menores de edad.
Encinas Rodríguez detalló que el rango de edad de las mujeres que desaparecen se encuentra principalmente entre los 12 y los 19 años, aunque alertó que la desaparición de niñas ya es muy significativa.
El también exjefe de Gobierno capitalino exhortó a construir un consenso para que se actualice este protocolo y que pueda prosperar en forma adecuada a partir de criterios mínimos y la experiencia de las comisiones locales de búsqueda, las fiscalías estatales y los gobiernos locales.
“Requiere de un esfuerzo institucional que, bien se ha dicho aquí, va más allá de la coordinación entre instituciones públicas. Tenemos que asumirlo como una tarea del Estado, donde cada quien debe cumplir su responsabilidad; tenemos que hacerlo de manera conjunta”, agregó.
Es por eso que hizo un llamado a los estados y a los municipios para dejar a un lado los “celos” y la “pereza institucional”, para trabajar de manera conjunta con el Gobierno en la atención de este problema.
“Aquí ya no cabe el celo o la pereza institucional. Más allá de que podamos tener visiones distintas de cómo enfrentar los distintos problemas de violencia e inseguridad en el país, este fenómeno nos exige al Gobierno, a los gobiernos de los estados y los municipios, a las fiscalías general y las fiscalías de los estados, y al Poder Judicial, trabajar de manera conjunta”, reiteró.
Tras apelar también al trabajo coordinado entre las distintas autoridades, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, aseguró que lo que se quiere es encontrar a las niñas, adolescentes y mujeres con vida y no como víctimas de un delito.
“Si nosotras googleamos en este momento nuestro nombre, va a haber una mujer desaparecida con nuestro nombre: Karla, Sol, Débora, Brenda, Lucía; todas nuestras desaparecidas, que son más de 24 mil 600 el día de hoy, están esperando que les encontremos”, alertó.
Quintana además solicitó hacer a un lado las tensiones institucionales y reforzar la coordinación interinstitucional para hacer búsquedas eficientes, ya que no hacerlo tiene consecuencias fatales, advirtió.
“Ojalá esta indignación que tenemos todas el día de hoy, todas y todos, y esta tristeza, nos haga direccionar nuestro profesionalismo, nuestras capacidades que son muchas, hacia la búsqueda de todas. Por Debanhi (Escobar) y las más de 24 mil. Ni una más”, señaló.
Aprueban cárcel también por intento de feminicidio
Diputados de la Comisión de Justicia aprobaron reformas para que un juez de control pueda ordenar prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio en grado de tentativa, lo cual hoy será discutido en el pleno de San Lázaro.
Los cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal fueron aprobados con 26 votos a favor y dos abstenciones.
La reforma establece que los sentenciados por este delito no gozarán de libertad condicionada, ni anticipada. Además, no procederá la sustitución de pena.
Al respecto, la diputada Yolanda de la Torre Valdez (del PRI) respaldó el dictamen, aunque adelantó que su grupo parlamentario llevará una reserva al Pleno para realizar precisiones técnicas y jurídicas.
Por parte de Morena, la diputada Andrea Chávez consideró que se trata de un tema de máxima coyuntura en el país. Además, dijo que es responsabilidad del Poder Legislativo esclarecer las leyes y proteger a tantas mujeres que son víctimas de la violencia.
En tanto, en la bancada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores resaltó que el feminicidio y la tentativa de éste es un tema que ha venido en aumento. En primer lugar, expuso, porque no se contabilizaban los asesinatos contra las mujeres y porque también la violencia ha ido en aumento.
En su intervención, la petista Mary Carmen Bernal manifestó que “lo correcto es que un dictamen de esta naturaleza pueda salir antes de que termine este periodo legislativo”, ya que esta figura no existía en el Código Penal.
Morelos, Colima y Campeche son focos rojos para mujeres
Ser mujer en México se ha convertido en asunto de alto riesgo y preocupación; sin embargo, el lugar que habitan marca algunas diferencias en la probabilidad de que sean víctimas o no de delitos que atenten contra su integridad.
En el primer trimestre del año, Morelos, Colima y Campeche encabezaron la estadística en delitos intencionales que atentan contra la vida e integridad de sus habitantes del sexo femenino.
Así lo indica el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que recoge información específica sobre los delitos cometidos contra las mujeres, con corte al 31 de marzo.
En el entendido de que el feminicidio se refiere a la muerte violenta de mujeres por razones de género, y que es señalada como la forma más extrema de violencia contra este grupo, Morelos se posicionó en el primer sitio, según su tasa por cada 100 mil mujeres (0.84), seguido por Nuevo León, con 0.73, y Aguascalientes, con 0.67.
A la vez, Colima se colocó en primera posición, con una tasa de 3.35 mujeres víctimas, en homicidios dolosos por cada cien mil, entendiéndose este tipo de asesinato en el que no se evidencia que las agresiones hayan sido por razones de género.
El segundo lugar con la tasa más elevada fue Baja California, con 3.3 víctimas, mientras que Zacatecas se desplazó al tercer lugar, con 3.14, luego de haber ocupado el primer puesto en febrero pasado, con una tasa de 2.4.
Para el caso de las lesiones dolosas, Campeche se colocó a la cabeza, con una tasa de 91.1 víctimas mujeres, lo que además de ser cuatro veces más la tasa nacional (22.6), casi duplicó al segundo lugar, que fue Guanajuato, con 47.8, seguido por Michoacán, con 41.3.
Dentro de otras clasificaciones de delitos, Zacatecas se mantuvo como el estado con la tasa más elevada (0.21) en mujeres víctimas de extorsión, mientras que Baja California lideró en secuestro y corrupción de menores y Colima también encabezó la lista en delitos de violencia familiar.
Según el informe, de las 84 mil 110 víctimas que se registraron en el país (hombres y mujeres) en delitos del fuero común, 26 mil 936, el 32 por ciento, son mujeres, de las cuales el 55.8 por ciento fueron víctimas de lesiones dolosas; 17.8, de lesiones culposas, 9.8, de delitos que atentaron contra su libertad, y 5.6 por ciento, de homicidio doloso y culposo.
