Salvador Cosío Gaona se enteró que su firma había sido falsificada por los medios de comunicación. La primera sorpresa fue que su nombre y sus sellos de notario “avalaban” una millonaria compra que a las autoridades federales le olía a lavado de dinero. La segunda sorpresa fue que detrás de eso estaría un hombre que aspiraba a convertirse en presidente de México.
Era febrero de 2018 cuando una noticia sacudió la campaña presidencial: el candidato de la coalición entre el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, estaba en la mira de la entonces Procuraduría General de la República por comprar, a través de una empresa familiar, un lote comercial en 10 millones de pesos, que luego vendió como nave industrial por 54 millones a un empresario de nombre Manuel Barreiro.
Dos abogados de Manuel Barreiro que habían participado en la operación, Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, denunciaron que la diferencia de la compra, 44 millones de pesos, tenía como objetivo financiar la campaña presidencial del “joven maravilla” de Acción Nacional.
Al iniciar las investigaciones, la hipótesis de las autoridades era que, para ocultar esos ingresos, se había conformado un esquema ilegal que incluía a testaferros, cuentas bancarias como fachadas y empresas fantasma.
LA NOTICIA DE LA FALSIFICACIÓN
“Cuando viene la acusación contra Ricardo Anaya, sus abogados presentaron unas actas de asamblea con las cuales querían confirmar que esa operación multimillonaria, ventajosa, se había concretado después de que Ricardo Anaya y sus parientes habían dejado de ser socios de la empresa. Es decir, que el candidato no tenía nada que ver con esa transacción”, asegura el notario público 8 en Zapopan, Jalisco, Salvador Cosío Gaona, para EMEEQUIS.
Esas actas tenían fechas anteriores a la venta de la nave industrial y estaban, supuestamente, avaladas por Cosío Gaona: tenían un garabato que alguien había querido hacer pasar por su firma, sus sellos notariales en un tamaño distinto y tenían hologramas falsos.
“Cuando leí las noticias y me di cuenta, yo dije ‘no tengo nada que ver en esta actuación, no soy yo’. Entonces solicité a la delegación de la procuraduría de la República en Guadalajara una cita y fui hasta la subprocuraduría que se encargaba de delitos financieros y patrimoniales y puse una denuncia en su contra”.
Las autoridades terminarían por exonerar al panista de los cargos de lavado de dinero en marzo de 2019, ocho meses después de que perdió la elección presidencial frente a Andrés Manuel López Obrador. Pero la denuncia por falsificación de documentos que inició el notario Salvador Cosío contra Ricardo Anaya sigue vigente.
“Eso es una cosa. Y lo que sí pasó es que alguien falsificó mi firma y yo hago responsable a Ricardo Anaya, pero nadie lo ha sancionado… todavía”.
UNA DENUNCIA CONGELADA, PERO VIVA
Han pasado ya 26 meses desde que Ricardo Anaya desapareció de la vida pública. Después de su estrepitosa derrota electoral –es el candidato presidencial que menos votos ha conseguido en la historia de Acción Nacional en términos porcentuales– apenas ha asomado la cabeza, la ocasión más reciente, en su cuenta de Twitter, para desmentir las acusaciones de Emilio Lozoya. Pero para el notario Salvador Cosío, el hecho de que el panista viva en las sombras no significa que no se haga justicia en su caso.
“Para mí era importante dejar claro que yo no hice una certificación con fecha incorrecta. Ese es un acto muy penado que es motivo de pérdida del título profesional. Yo lo denuncié sabiendo que había alguna posibilidad de que fuera presidente, pero no tenía alternativa. Él no iba a manchar mi reputación”, asegura.
Sin embargo, la denuncia no ha prosperado, pese a que han pasado más de dos años. La averiguación previa –hoy carpeta de investigación– contra Ricardo Anaya Cortés sigue congelada en algún archivero de la Fiscalía General de la República (FGR).
Pero pronto, dice el notario Salvador Cosío, podría desempolvarse y terminar en otra exoneración para el excandidato presidencial o en una sentencia por el delito de falsificación de documentos que, de acuerdo con el Código Penal Federal, se castiga hasta con ocho años de prisión.
Salvador Cosío está a la espera de que le confirmen una cita en la Fiscalía General de la República. Foto: @salvadorcosio1.
LA SIGUIENTE SEMANA ES CLAVE
“Estoy a la espera de que me confirmen una cita en la Fiscalía General de la República. Me dijeron que podría ser la próxima semana en una unidad de delitos financieros y patrimoniales federales. La indagatoria es contra Anaya y contra sus socios, porque trataron de enlodarme a mí, como si yo hubiera sido el artífice de esa acción.
“La única verdad que ha dicho Ricardo Anaya sobre este caso es que nunca nos hemos conocido. Eso es cierto: yo nunca lo he visto, jamás he tenido un trato con él, por eso yo niego tajantemente haber certificado esos actos jurídicos como notario. Fue una vil y vulgar falsificación”, asegura.
El notario Salvador Cosío sospecha que fue elegido por Ricardo Anaya y su equipo porque en su notaría en Jalisco llevó varios asuntos legales para Alberto Galindo, abogado de Manuel Barreiro, así que gente cercana a Ricardo Anaya tenía acceso a documentos notariales con su firma, sellos y hologramas.
“Con la tecnología de hoy es muy fácil hacer una falsificación del sello y la firma. Pero esto incluso era muy burdo. Era totalmente diferente. Yo creo que la trataron de copiar de otro documento, lo fotografiaron, algo así, y lo empalmaron en otro documento”.
QUE UN JUEZ DETERMINE
A pesar de que su denuncia no ha tenido avances en los últimos años, el notario Salvador Cosío tiene esperanza de que la cita prometida para la siguiente semana destrabe una resolución en su denuncia. Asegura que prefiere pensar positivo y creer que la pandemia ha provocado una respuesta lenta de las autoridades, al menos este año.
“¿Qué espero? Espero congruencia, objetividad, legalidad. Que le den cauce y que permitan que sea un juez quien determine lo que yo considero es una flagrante, concreta y contundente falsificación de documentos y que un juez penal federal tome una determinación sin presión política ni favores”, asegura.
“Yo creo que a Ricardo Anaya debería juzgársele por sus hechos como persona y no por su ideología política. Si pertenece a un partido u otro, a mÍ no me importa. Lo que me importa es que responda ante la ley y punto”.
“ANAYA NO TIENE SOLVENCIA MORAL”
De concretarse la cita del notario Salvador Cosío ante la fiscalía federal, el excandidato presidencial sumaría otro problema legal a su ya complicada situación, luego de que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, aseguró en una declaración de hechos ante las autoridades federales que Ricardo Anaya fue favorecido con millonarios sobornos para votar a favor de la Reforma Energética cuando era legislador.
Según Emilio Lozoya, el conglomerado brasileño Odebrecht pagó al entonces diputado federal Ricardo Anaya unos 6.8 millones de pesos como agradecimiento por abrirles las puertas a hacer negocios con Petróleos Mexicanos gracias a las reformas constitucionales aprobadas en la Cámara Baja y previamente en el Senado.
Ese dinero, dijo el hoy colaborador protegido de la justicia mexicana, sería usado para financiar el futuro político de Ricardo Anaya, quien soñaba con convertirse en gobernador de Querétaro y luego llegar hasta la Presidencia de la República.
“Me parece que Ricardo Anaya es un joven preparado, pero que le falta la solvencia moral para aspirar al cargo más alto que un mexicano puede tener, que es ser presidente de la nación. Yo por eso creo que el electorado lo colocó donde lo colocó.
“Ricardo Anaya representa muchas cosas en la política nacional. La más importante, creo yo, es que se puede ser político joven, pero con mañas de viejo político. Y eso es él: él está envejecido por tanta corrupción”.
fuente.-@oscarbalmen/
