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martes, 11 de agosto de 2020

"ADUANAS y PUERTOS": MAS de DOS DECADAS de VIA LIBRE al CRIMEN ORGANIZADO con COMPLICIDAD de TODOS,INCLUIDO el EJERCITO: DIJO ZETA "ENCHIQUERADO"...en Reynosa cajas de material eléctrico eran cargadores de AK-47.



En las últimas dos décadas las autoridades mexicanas han buscado frenar el tráfico de armas, drogas y mercancías ilegales que entran por vía marítima, aérea o terrestre, pero sus esfuerzos han sido insuficientes. 



Los grupos delincuenciales han tejido una red criminal en los puertos que les ha permitido ingresar cuantiosos cargamentos que llegan ocultos en contenedores y que son custodiados por empleados sobornados o amenazados. Algunos agentes han autorizado el ingreso de armas y dinero en efectivo escondido en compartimentos de vehículos que no son revisados en las aduanas de los puntos fronterizos, según diversos expedientes judiciales que se han seguido en contra de miembros del crimen organizado. Aunque en la mayoría de los casos prevalece la impunidad, los detalles contenidos en las investigaciones permiten asomarse a los métodos corruptos o intimidatorios con los que el crimen ha erosionado la endeble seguridad en puertos y aduanas.

Los esfuerzos para acabar con la corrupción en los puertos y aduanas —como la medida anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de delegar en mandos militares su control y vigilancia— no son nuevos. Con Vicente Fox (2000-2006) se trazó un plan para atender los rezagos en infraestructura aduanera y hacerle frente al contrabando de bienes y al tráfico de personas en la frontera sur. 

En el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se anunció un plan de modernización de las aduanas que buscaba abatir el contrabando, disminuir la evasión y erradicar la corrupción. En 2009 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó de que 1.100 inspectores fiscales y revisores aduanales serían reemplazados por 1.500 oficiales de comercio exterior reclutados tras un estricto proceso de selección. Los nuevos agentes estarían a cargo del despacho de pasajeros y mercancías y de inspecciones fiscales, mientras que los policías fiscales removidos serían investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. 

Ahora, López Obrador ha decidido nombrar almirantes en las administraciones portuarias integrales (API) que estaban comandadas por civiles y que dependen de la SCT. “Vamos a actuar limpiando, renovando todo el sistema de aduanas y de puertos del país”, anunció el pasado 17 de julio desde Manzanillo, en Colima. En el mismo evento, Horacio Duarte, informó de que en la Administración General de Aduanas que él dirige (dependiente del SAT) hay funcionarios que renunciaron o fueron removidos y están sujetos a investigación por posibles actos ilícitos.

En los expedientes consultados para este reportaje hay casos de agentes que han sido amenazados para ceder ante las peticiones de los criminales y otros que simplemente se han dejado atrapar por un soborno mensual. 

En una averiguación previa seguida en contra de un hombre que fungía como “contador” de Los Zetas en Coahuila y Tamaulipas y del que se omitió su identidad en la versión pública del documento entregado a este diario debido a que aún no cuenta con una sentencia definitiva, éste contó que en la “nómina de la organización”, además de policías, taxistas, militares y ministerios públicos también había personal de la aduana de Nuevo Laredo en Tamaulipas. “Todos ellos son los que reciben pago de nómina de los Zetas, y es a cambio de ayuda o protección, cantidad que debe ser pagada de mano a mano por los auxiliares o los comandantes de plaza y el dinero se lo proporciona ya en sobres el contador de cada plaza”, se lee en un expediente de 2012 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna (Coahuila).
Decomiso de fenilacetato de etilo, un precursor químico para elaborar drogas sintéticas, en el puerto de Manzanillo en 2011.CUARTOSCURO / CUARTOSCURO

A mediados de noviembre de 2016 en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Colima se recibió una llamada anónima que alertaba de un cargamento con “mercancía ilegal” que llegaría en un contenedor procedente de Shangái. La misma denuncia anónima llegó a la Marina y se emprendió un operativo. La PGR envió a policías de investigación que en coordinación con la Marina acudieron a revisar los cargamentos. Tras una inspección a varios contenedores, en uno de ellos encontraron 35 recipientes metálicos con fenilacetato de etilo que habían viajado en un buque desde China. Las autoridades detuvieron a dos personas que laboraban en la descarga de mercancías, pero posteriormente fueron liberadas por falta de pruebas, según los amparos consultados para este reportaje ante el Poder Judicial. La indagatoria sigue en trámite en espera de que se presenten más pruebas para poder llevar el caso ante un juez.

En México operan 49 aduanas que están bajo el control del SAT. El objetivo de estos puntos es vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías y pasajeros del territorio nacional. La mayoría de ellas se concentran en la frontera norte, ya que gran parte de las actividades comerciales de México se realizan con Estados Unidos, pero también hay puntos de inspección en los aeropuertos y puertos marítimos. Entre 2012 y 2019, el SAT presentó 119 denuncias penales en contra de servidores públicos adscritos a las aduanas, pero solo 25 expedientes han llegado ante un juez. 

Una de las investigaciones iniciadas en este Gobierno es contra un trabajador de la aduana de Reynosa, Tamaulipas, que alteró un pedimento aduanal. En el documento el agente dijo que el chofer de una camioneta que provenía de Estados Unidos e intentaba ingresar a México llevaba material eléctrico en cajas de cartón cuando en realidad transportaba 1.400 cargadores para fusiles de asalto conocidos como cuernos de chivo. Las autoridades fiscales pusieron una denuncia contra el empleado porque creen que pudo haber actuado en complicidad con el transportista.

TODOS COLUDIDO$:



Uno de los principales problemas de seguridad nacional es el tráfico de armamento: cada año ingresan al país de manera ilegal alrededor de 200.000 armas que provienen principalmente de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno de los puntos por donde ha cruzado este arsenal es la aduana de Nogales, en el fronterizo estado de Sonora. En una indagatoria iniciada en 2018, después de que las autoridades recibieran una denuncia anónima en contra de dos personas acusadas de introducir armas y paquetes de dólares al país, se detalla que los investigados —Rosario Espinoza y Carlos Alberto Contreras— hacían viajes a Phoenix (Arizona), donde les entregaban la “mercancía”. Luego la transportaban a México escondida en el interior de los asientos y en un doble fondo en la parte trasera de una camioneta. Al llegar al punto de inspección, si en la revisión aleatoria el semáforo marcaba rojo, el encargado del cruce los dejaba pasar. “Trabajaban con apoyo de una persona del sexo masculino, alias el JL, quien ejercía control en Nogales y facilitaba el ingreso porque tenía sus contactos en la aduana”, se lee en el expediente.

Los puertos porosos

En el país hay 117 puertos que dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Los más importantes y donde más problemas se han presentado son los de Altamira (Tamaulipas), Manzanillo (Colima), Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Veracruz (Veracruz), disputados por cárteles como Los Zetas, Caballeros Templarios, Golfo, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Estos también se han vuelto una coladera. En noviembre de 2011, la Marina y miembros de la Fiscalía revisaron un contenedor en Lázaro Cárdenas, Michoacán que contenía cerca de 1.000 escopetas y armas cortas que procedían de una empresa en Turquía. Las autoridades iniciaron una investigación que no llegó muy lejos: la supuesta compañía que amparaba el envío jamás pudo ser localizada y la documentación presentada era falsa, según el expediente penal.

En el Gobierno de Enrique Peña Nieto se intentó arrebatar el puerto de Lázaro Cárdenas al cartel de los Caballeros Templarios, que controlaba una serie de actividades ilegales. En noviembre de 2013 la Marina tomó el control del puerto para evitar que los criminales introdujeran toneladas de cocaína y precursores químicos con los que fabrican drogas sintéticas. “Lázaro Cárdenas constituye un factor fundamental para el comercio exterior de nuestro país. Es el puerto más importante en cuanto a volumen de carga general”, dijo el entonces jefe del SAT, Aristóteles Núñez. También se anunció un incremento de personal del SAT en la aduana y un cambio en la administración portuaria. El entonces vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, dio a conocer que a solicitud de la SCT, la Secretaría de Marina había comisionado personal de alto rango para ocupar los cargos de administrador del puerto. “Con el propósito de prevenir acciones de colusión todas las dependencias federales involucradas relevarán de manera cíclica a la totalidad de los servidores públicos comisionados a este puerto”, explicó.

En una serie de operativos que emprendieron las autoridades durante 2013 y 2014 se detuvo a decenas de personas. En una de las indagatorias que se inició en contra de presuntos miembros de los Templarios, uno de ellos contó que había personas encargadas de recibir la mercancía que les enviaban de China. En su relato, que quedó asentado en un expediente archivado en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del segundo circuito, explicó que gran parte de la cocaína la recibían de países de Sudamérica, mientras que los precursores con los que elaboraban metanfetaminas les llegaban ocultos desde países asiáticos. No solo recibían cargamentos de droga, también recibían bultos de ropa, perfumes y otros artículos que luego comercializaban.Un trabajador camina entre contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas en agosto de 2014.ALÁN ORTEGA / ALÁN ORTEGA

El combate a la corrupción que se ha enquistado en las aduanas es una tarea complicada que va más allá de colocar mandos marinos en los puertos y militares en las aduanas terrestres como lo ha instruido el presidente López Obrador, considera Raúl Benítez Manaut, experto en temas de seguridad. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dice que no solo basta con contar con personas honestas en esos cargos, sino que se necesitan perfiles adecuados y capacitados en materia fiscal y aduanal. “El personal de la Dirección General de Aduanas de Hacienda es gente profesional que tiene mucho entrenamiento. La secretaría de Marina puede nombrar un almirante en activo o retirado en la aduana, pero necesita personal entrenado, y los marinos no tienen entrenamiento para saber de asuntos de Hacienda… Son militares, no son licenciados en administración de empresas o en aduanas”, señala.

Esta nueva asignatura encomendada a las Fuerzas Armadas se suma a una lista de labores tan diversas como complejas que les han sido asignadas en este Gobierno y que han despertado una serie de críticas. Los militares no sólo siguen participando activamente en las tareas de seguridad, sino que ahora están a cargo del combate a la venta de combustible ilegal (huachicol), la remodelación de hospitales abandonados en el sexenio anterior y la distribución de fertilizantes, así como de la construcción del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, dos tramos del tren maya y de las sucursales del banco del bienestar, entre otras tareas.

Para Manaut, el verdadero motivo detrás de esta decisión del Gobierno federal puede ser que hayan decidido darle la pelea en los puertos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que tiene un gran control en Manzanillo, Colima, el punto por donde llegan toneladas de precursores químicos para el fentanilo, la droga con la que el CJNG ha invadido Estados Unidos. “Es mucha casualidad que ese movimiento en la Secretaría de Comunicaciones (SCT) haya sido después del viaje del presidente a Estados Unidos. Me da la impresión de que es un requerimiento de Estados Unidos a México para que se controlen estas aduanas y se pare el tráfico de fentanilo en Manzanillo. No tengo elementos para probarlo, pero esa puede ser una hipótesis”, menciona el académico. El puerto de Manzanillo actualmente está dominado por el CJNG, pero en el pasado fue disputado por el cartel de Sinaloa y los Caballeros Templarios. A raíz de que la organización delictiva liderada por Nemesio Oseguera, el Mencho, comenzó su expansión en 2013 y se consolidó como la más poderosa del sexenio de Peña Nieto, sus miembros se lograron hacer del control del puerto, según informes de las autoridades federales.

El supuesto golpe más duro del gobierno de Peña contra una red de contrabando de textiles que operaba en las aduanas se anunció en 2014. La Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT detectaron que 22 agentes aduanales ayudaron a una red internacional de contrabandistas —conformada por más de 200 personas y empresas— para que importaran mercancías del sector textil y las vendieran por debajo de su valor. Su objetivo era simular un negocio empresarial para transferir recursos al extranjero y evadir el pago de impuestos de las ganancias obtenidas por la venta de productos en México. Las autoridades iniciaron una investigación y aseguraron cuentas bancarias de 85 involucrados, sin embargo muchos de ellos lograron ganar batallas en tribunales para que les descongelen sus fondos, de acuerdo a diversos expedientes de amparos consultados.

El 30 de abril del año pasado, el Juzgado Segundo de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México le ordenó al ministerio público que definiera el curso que seguiría la indagatoria, ya que habían pasado más de cuatro años desde que inició y hasta esa fecha no había logrado justificar la necesidad de que las cuentas de los involucrados —entre ellos NVA México y Contapia Maquilados— continuaran congeladas porque no había avances en la indagatoria. Pese a que el ministerio público se resistió a acatar el fallo del juez, finalmente envió un oficio al Poder Judicial donde informaba que el pasado 5 de junio consultó el no ejercicio de la acción penal, es decir, la emisión de un dictamen para cerrar la indagatoria. Con ello, la investigación más importante por lavado de dinero que siguió el Gobierno de Peña Nieto relacionada con las aduanas, simplemente terminó archivada.

fuente.-Zorayda Gallegos/

SE "ARRAIGA el ARRAIGO al MOCHOMO": AL VIEJO ESTILO de la PGR,le DAN 40 DIAS MAS de ARRAIGO al CAPO de "GUERREROS UNIDOS"...una aberracion juridica que subsana deficiencias de quien investiga los delitos.

Un juez federal amplió por otros 40 días el arraigo domiciliario al que está sometido José Ángel Casarrubias Salgado, "El Mochomo", presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos que fuera señalado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

DETIENEN PARA INVESTIGAR EN VEZ DE INVESTIGAR PARA DETENER:

El Juez Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones de la Ciudad de México concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) la continuación de la medida de retención, por una investigación por el delito de delincuencia organizada ajena al caso Iguala, reportaron fuentes del Gobierno federal.

Con esta decisión judicial, Casarrubias continuará, a más tardar el 18 de septiembre, en el Centro de Investigaciones Federales de la FGR, en la Colonia Doctores de la Ciudad de México.

El 1 de julio pasado, María del Socorro Castillo Sánchez, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, ordenó la liberación de "El Mochomo" en una causa penal en la que fue acusado de delincuencia organizada, tras la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Poco después, se reveló un audio en el que se escucha a un supuesto abogado y a Francelia Salgado Patiño, madre de Casarrubias, hablar de una supuesta negociación para pagar un soborno por la libertad del presunto narcotraficante.

La FGR retuvo a "El Mochomo" al salir del Penal Federal del Altiplano y consiguió una primera orden de arraigo por 40 días, que ahora ha sido ampliada.

En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió poco después al secretario de acuerdos Marco Aurelio González, responsable del proyecto de sentencia que dio la libertad a Casarrubias.

Fuente.-(imagen/Expansion Politica)



LOZOYA "ARMO FIESTA en su CASA y LORET ASEGURA la DEA "YA INVESTIGA a CABEZA de VACA"...el presente es consecuencia de su pasado y consecuencia de su futuro.

Alguno de los invitados llegó con un carísimo regalo: una preciosa caja de madera que contenía tres botellas de Château Margaux, uno de los vinos más prestigiados del mundo, con valor de 25 mil pesos cada una. Había que festejar. La estrategia había funcionado. Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, estaba en casa otra vez. Los allegados -pocos- se congregaron para celebrar al amigo que quedó en libertad después de varios meses prófugo, varios meses encarcelado en España y unos días en un hospital.
Así me lo revelan fuentes que han estado siguiendo el derrotero de Lozoya y que detectaron la reunión organizada hace unos días en la casa de la capital del país donde permanece el exfuncionario, buscando cierta discreción.
Me cuentan también que Frolyán Gracia, operador de Lozoya en Pemex y acusado de toda suerte de corruptelas, realiza todavía a estas alturas llamadas telefónicas pidiendo “apoyar a Emilio”. A Froylán Gracia se le ha acusado desde cobrar 50 mil dólares por una cita con su jefe hasta de montar, financiar y llenar de políticos, empresarios y escorts una casa en la colonia Anzures de la Ciudad de México, de donde se sospecha pueden saltar muchas anécdotas de negocios y amarres… y quizá varios videos.
Como lo mencionamos en estas Historias de Reportero, desde finales del año pasado el papá de Lozoya Austin, el también exfuncionario federal Emilio Lozoya Thalmann tomó control de la defensa de su hijo para darle un giro: el planteamiento original del abogado Javier Coello Trejo era litigar, pero Lozoya padre optó por buscar una negociación con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero: su hijo hablaría a cambio de privilegios. El abogado Coello dejó la defensa.
Según me revelan distintas fuentes, Lozoya padre, en comunicación con su hijo, fue elaborando un amplio documento detallando lo que sería su declaración ante las autoridades. El centro de su acusación es su excompañero de gabinete y entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien señala, junto con el expresidente Enrique Peña Nieto, de ser quienes orquestaron y giraron las instrucciones de todo cuanto se le acusa.
Se ha mencionado ya mucho que también salen salpicados muchos políticos de prácticamente todos los partidos, notablemente del PAN. Hay una expectativa nacional sobre qué va a decir Lozoya. Y sobre todo, qué va a poder probar. Hay particular morbo sobre quiénes quedaron grabados recibiendo sobornos. Hay quien dice que sí hay videos y muchos. Hay quien dice que hay un solo video, con algún operador de bajo perfil. Hay quien dice que no hay videos. Hay quien dice que el testimonio de Lozoya es con datos precisos de cómo, cuándo y cuánto. Ya veremos con el paso de los días si se cumple la expectativa que ha generado el propio presidente de México.

TODO TIENE EXPLICACION:

SACIAMORBOS

1.- La Unidad de Inteligencia Financiera, me señalan fuentes, ha recibido noticia de que la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, tiene bajo investigación al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.

Autoridades de EUA investigan a Cabeza de Vaca, revelan documentos filtrados por BlueLeaks...

Con información de.-Carlos Loret/

"SALIENDO de un DESPACHO": ABOGADO en SAN PEDRO FUE EJECUTADO como al COMANDANTE CALDERONI en 2003 en TEXAS...lo estaban cazando.

Un abogado fue ejecutado ayer de tres balazos por al menos un pistolero que lo esperó cuando salió en un auto de un despacho contable, en la Colonia Valle Oriente, en San Pedro.

Fuentes policiacas identificaron al occiso como Antonio de Jesús Arteaga Montes, de entre 35 y 40 años.

HOY SU LEGADO CRIMINAL  INSPIRA A TAMAULIPAS:

Se estableció que la víctima laboraba para una firma de contadores.

Trascendió que el fallecido tenía su domicilio en la zona Cumbres.

En el interior del auto Toyota Yaris gris, con las placas STH-4755, fue encontrada diversa documentación del SAT, indicaron los informantes.

La ejecución fue cometida a las 13:30 horas afuera de las oficinas de las Corredurías Públicas 12 y 30, ubicadas en Lázaro Cárdenas y Río Tuxpan.

En la zona hay por lo menos cinco cámaras de seguridad.

Por el crimen, policías sampetrinos y ministeriales cerraron dos carriles al oriente de la vía, mientras realizaban las investigaciones.

De acuerdo con las fuentes, en la escena fueron localizados tres casquillos calibre 9 milímetros.

Se indicó que el abogado salió del despacho y subió al auto Yaris que estaba en una cochera.

Un pistolero le disparó a corta distancia cuando Arteaga Montes se retiraba y la ventanilla delantera derecha quedó destrozada por los balazos.

Las autoridades no dieron detalles sobre la forma en la huyó el homicida, pero se sospecha que cómplices lo esperaban en un vehículo.

Aparentemente el pistolero y los cómplices huyeron por Lázaro Cárdenas hacia el oriente, para salir de San Pedro a Monterrey.

Hasta anoche no se había determinado un posible móvil del crimen.

Trascendió que la ejecución podría estar relacionada con la venta de facturas, pero esa versión no fue confirmado oficialmente.

Fuente.-


lunes, 10 de agosto de 2020

"CASO LOZOYA": "¿DEBEMOS OBEDECER una LEY EMANADA de ACTOS de CORRUPCION con SOBORNO$ al PRI,al PAN y CABEZA de VACA ?"...es pregunta.

De acuerdo con las filtraciones hechas desde el gobierno federal en el caso en contra de Emilio Lozoya, la constructora brasileña Odebrecht operó, mediante el exdirector de Pemex, la entrega de sobornos a legisladores mexicanos de diversos partidos políticos a cambio de la aprobación de la Reforma Energética y otras leyes del Pacto por México, insignia del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, en la legislatura de 2012 a 2015.

VIERNES, 24 DE JULIO DE 2020

¿Podría la corrupción en el Congreso poner en duda la legitimidad democrática de las leyes que fueron producto de sobornos a los legisladores? ¿Debemos obedecer una ley emanada de actos de corrupción? La respuesta parece ser compleja.

Antecedente

Sin duda el Caso Lozoya es uno de los emblemas de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la lucha contra la corrupción. Desde 2017 organizaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentaron y sacaron a la luz múltiples escándalos de corrupción de la compañía brasileña relacionados con sobornos a funcionarios públicos, polémicas adjudicaciones de contratos, empresas internacionales coludidas con Pemex, paraísos fiscales, financiamiento de campañas políticas y lujosas mansiones de la familia Lozoya. Las investigaciones de sobornos a funcionarios públicos y actos de corrupción de Odebrecht surgieron tras la publicación de diversos documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016. La compañía brasileña confesó haber pagado más de 439 millones de dólares a gobiernos de 12 países para la adjudicación de contratos públicos.
En Brasil el Caso Lava Jato involucró la condena de 118 personas —políticos y empresarios contratistas— por el lavado de alrededor de 3 167 millones de dólares. Este escándalo implicó el encarcelamiento del expresidente Lula Da Silva y la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil.
La constructora brasileña reconoció ante una Corte Federal en Nueva York que sobornó con 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos entre 2010 y 2014. En México la trama Odebrecht implicó la mención de altos funcionarios públicos como Enrique Peña NietoFelipe CalderónJavier DuarteOsorio ChongLázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy —por citar algunos—, al tener cierta relación con la empresa brasileña y sus actos de corrupción en México.
El pasado 17 de julio el exdirector de Pemex Emilio Lozoya llegó a México tras su extradición desde España. La Fiscalía General de la República lo acusa por la comisión de los delitos de lavado de dinero, cohecho y fraude con relación a los actos de corrupción de Odebrecht en México.
Recientemente Emilio Lozoya confesó ante autoridades mexicanas que repartió 52 380 000 pesos en sobornos a diputados panistas para que aprobaran las reformas del Pacto por México.1 De igual forma, una investigación de Proceso reveló que bajo la nominación de “subvenciones extraordinarias” se repartieron alrededor 359 millones de pesos entre diputados del PAN, Panal y Partido Verde Ecologista para la aprobación de la reforma energética.2

¿Debemos obedecer una ley emanada de actos de corrupción?

En un sistema democrático presidencialista y republicano como el mexicano se le encarga al Poder Legislativo la emisión de las leyes que serán obligatorias para toda la población. Este poder está integrado por legisladores que fueron electos mediante jornadas electorales de sufragio popular. La votación popular como mecanismo de elección de los diputados y senadores dota de legitimidad democrática a las leyes emitidas por los legisladores, pues, en principio, actúan según los intereses y necesidades de sus electores.
El Caso Lozoya, que sacó a la luz actos de corrupción en el Congreso para la aprobación de diversas leyes del Pacto por México, es un claro ejemplo de la crisis de legalidad en el sistema jurídico mexicano, pone en tela de juicio la legitimidad democrática de las leyes emanadas de actos de corrupción y, con ello, el deber de obedecerlas.
El constitucionalista italiano Luigi Ferrajoli expone en su Teoría garantista que los estados modernos pasan por múltiples crisis del derecho, entre ellas, la crisis de legalidad.3Esta crisis surge a raíz de la corrupción presente en el sistema político de los Estados cuando algunos intereses económicos y empresariales se inmiscuyen en las facultades de Estado para generar leyes o políticas públicas favorables a sus intereses. Lo anterior genera un metaestado paralelo al institucional en el que los intereses de los factores de poder sustituyen la voluntad popular. Ante la ausencia de controles de los poderes públicos que contengan la intromisión de los intereses de los grupos de poder en los procesos de creación normativa, se genera un déficit de legitimidad democrática en las leyes emitidas por el Congreso y con ello una crisis de legalidad.
De acuerdo con nuestro sistema jurídico, a pesar de que una ley provenga de actos de corrupción, formalmente sigue siendo vigente y obligatoria en tanto no sea reformada o expulsada del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional. La legitimidad del marco legal en México está en el proceso legislativo que lo conforma y en los contrapesos judiciales existentes como garantes del sistema democrático expresado en la Constitución. Si un grupo de legisladores aprobaron modificaciones legales con base en los intereses de un grupo privado, no implica necesariamente que esas modificaciones vayan en contra del interés común. Esa determinación puede alcanzarse a través del control constitucional ejercido por el Poder Judicial
Se han escrito innumerables líneas sobre el dilema contramayoritario al que se enfrentan los jueces constitucionales al declarar la inconstitucionalidad de normas emitidas por el legislativo. Autores como Jeremy Waldron consideran que el control de constitucionalidad es un atentado directo a la democracia.4 Para Waldron no puede ser justificable que la última palabra de la interpretación del texto constitucional (emitido en sede democrática) corresponda a los pocos integrantes de un tribunal constitucional en un proceso deliberativo que no incluye a la sociedad.
La crisis de legalidad expuesta por Ferrajoli pone en duda el sustento de las tesis que sobreponen ante todo a la ley como máxima expresión de la voluntad popular y descalifican el control constitucional frente a ellas por ser contramayoritarias. El dilema en este caso es el impacto de una presunta motivación indebida —los sobornos— sobre una modificación legal argumentando que ésta beneficia a intereses privados por encima del interés general de la sociedad. La lógica contramayoritaria del Poder Judicial cobra relevancia ante estas situaciones: existen mecanismos dentro del marco constitucional para determinar si las reformas aprobadas están o no en el interés de la sociedad. Así, sería posible declararlas inválidas o confirmar su vigencia en un proceso separado, ante autoridades diferentes de las que hicieron la modificación legal en primer lugar.
El proceso contra Emilio Lozoya apenas comenzó. Los supuestos sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética deben ser demostrados y procesados en el Poder Judicial. No hay duda: de demostrarse la culpabilidad de estos actores políticos, también deben ser sancionados. Existe también la posibilidad de que estas acusaciones no tengan sustento y sólo sean utilizadas políticamente para impulsar una nueva modificación al marco legal que rige al mercado energético.
Sobre la legitimidad de la reforma, la respuesta inicial a las preguntas planteadas al comienzo en este artículo son afirmativas: sí debemos obedecer las leyes, aun cuando provengan de actos de corrupción en tanto no sean reformadas o expulsadas del ordenamiento jurídico. La legitimidad de las leyes no descansa en las intenciones de quienes las aprobaron, sino en el proceso que siguieron y su apego a la constitución y otras normas. Vamos más allá de una respuesta formalista: es posible activar los medios de control constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad de estas normas para ratificar la legitimidad de nuestro marco legal por las vías institucionales. 
Fuente.-Felipe Neri Narváez Gallangos(Imagen Codigo Magenta)
Abogado del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico de MCCI y estudiante de la Maestría en Derecho Constitucional de la Escuela Libre de Derecho.

1 “Revela Lozoya sobornos a panistas”, Abel Barajas y Claudia Guerrero, Reforma, 24 de julio de 2020.
2 “Así compraron al Congreso para la Reforma Energética”, Jesusa Cervantes, Proceso, 25 de julio de 2020.
3 Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías “La ley del más débil”. Tr. Perfecto Andrés Ibáñez y otra. 1.ª edición. Madrid. Editorial Trotta. 2001.
4 Waldron, Jeremy. Derecho y desacuerdos, Tr. J. L. Martí y otra. 1a edición. Madrid. Marcial Pons. 2005.

EL "GRAN FRACASO": LAS "TORPEZAS del PRESIDENTE,del PRESIDENTE de los E.U FRENTE a la PANDEMIA del CORONAVIRUS"...un reportaje de Carlos Loret.

Un reportaje del periodista Carlos Loret de Mola,pone a relieve con vastos argumentos  los "malísimos oficios" del Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ante la Pandemia del Coronavirus,con datos, pelos y señales, el comunicador pone en entredicho las decisiones erráticas de quien dirige el pais mas poderoso del mundo y donde los ciudadanos han padecidos los errores y muchos lo han pagado con la vida.


fuente.-Latinus/Youtube

GOBIERNO "HONESTO 4T" le ENTREGO CONTRATOS por 664 MILLONES a EMPRESA LIGADA a LOZOYA...es admirable la capacidad de muchos de aguantar tanta hipocresía.



Tres instituciones de la actual administración federal han adjudicado contratos para el suministro y transporte de diésel a una empresa que es investigada por presunto tráfico de hidrocarburos en altamar y por presuntamente participar en la red de corrupción formada por Odebrecht y Emilio Lozoya.

Se trata de la compañía Tagal S.A. de C.V., que entre 2019 y 2020 ha recibido contratos por hasta 664 millones 527 mil 862 pesos de parte del IMSS, así como de la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT) e incluso de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal a la que presuntamente ha ordeñado hidrocarburos a lo largo de varios años. De hecho, Tagal figura en el padrón de contratistas de la petrolera como proveedor del servicio de autotransporte de carga.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga a dicha empresa por haber triangulado 37.1 millones de pesos a cuentas de la planta Etileno XXI –propiedad de Odebrecht– en 2015 y 2016, cuando Lozoya era director de Pemex.

En 2019, un empresario identificado por la UIF como representante de Tagal, Renán Ariel Herrera Valls, participó en el tráfico ilegal en el Golfo de México de 745 toneladas de diésel robado a Pemex.

Los hallazgos sobre Tagal S.A. de C.V. y Herrera Valls abren una nueva ruta de investigación que indicaría que la red Lozoya-Odebrecht no sólo desfalcó las arcas financieras de Pemex, sino que también habría saqueado las materias primas de la petrolera nacional. Precisamente, una de las cuatro denuncias presentadas por la UIF contra Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) está relacionada con el caso de robo de hidrocarburos en altamar.

El decomiso de buques fue efectuado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) el 27 de enero. La embarcación principal fue surtida con 745 toneladas de diésel mediante 14 pipas propiedad de Herrera Valls en el puerto de Coatzacoalcos, según información en poder la Semar.

Apenas unos días antes del operativo, el 4 de enero, la subsidiaria Pemex Etileno suscribió un contrato bianual con Tagal S.A. de C.V. para el servicio de autotransporte de diésel proveniente de la terminal de Pajaritos, ubicada, precisamente, en Coatzacoalcos.

El contrato 5400030904, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, establece que Tagal debe transportar entre 8 mil 580 y 20 mil 820 toneladas de hidrocarburos de la terminal Pajaritos a los complejos petroquímicos de Morelos y Cangrejera, un circuito localizado íntegramente en Coatzacoalcos. El costo del servicio es de mínimo 796 mil 224 pesos con IVA y máximo 1 millón 932 mil 096 pesos.

La institución federal que ha adjudicado los contratos más jugosos a Tagal, por un monto global de hasta 634.7 millones de pesos, ha sido Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT), empresa paraestatal que tiene asignada la concesión de la ruta del tren de Salina Cruz, Oaxaca, a Medias Aguas, Veracruz, que atraviesa la zona más angosta del país y conecta al Golfo con el Pacífico.

El FIT forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, organismo público descentralizado que fue creado por decreto para coordinar el proyecto del tren transístmico, una de las obras emblemáticas del sexenio obradorista.

En noviembre del año pasado, el FIT adjudicó a Tagal S.A. de C.V. un contrato de hasta 322 millones 560 mil pesos, IVA incluido, por el suministro de diésel industrial bajo en azufre para locomotoras para el ejercicio 2020.

En 2019, por el mismo servicio, la paraestatal le asignó tres contratos abiertos por hasta 312 millones 223 mil 997 pesos con IVA.

Fuentes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec confirmaron a Animal Político que se encuentra en revisión del contrato que continúa vigente este año con Tagal, tras conocerse que la compañía es investigada por presunto robo de hidrocarburos y lavado de dinero.

Señalaron que dicho contrato fue signado por el anterior titular del FIT, Gustavo Baca, quien fue removido este año, y adelantaron que, a partir de ahora, se comprará el diésel directamente a Pemex, sin intermediarios.

El IMSS es otra de las instituciones públicas que en la presente administración ha adjudicado a Tagal S.A. de C.V. contratos abiertos por un monto de hasta 27 millones 811 mil 769 pesos, IVA incluido.

En 2019, para el periodo de enero a marzo, la delegación del IMSS-Veracruz Norte le asignó dos contratos por hasta 10.9 millones de pesos para el suministro de diésel bajo en azufre para maquinaria.

Ese mismo año, la delegación del IMSS-Chiapas le adjudicó también dos contratos por hasta 7.8 millones de pesos, uno para el suministro de diésel para unidades médicas durante todo el año, y otro para la adquisición de diésel para maquinaria de septiembre a diciembre.

Por último, el IMSS-Quintana Roo asignó a Tagal dos contratos para el suministro y transportación de diésel para unidades médicas en 2019 y 2020 por un monto de hasta 9 millones 60 mil pesos.

Animal Político consultó a las áreas de comunicación social de Pemex y del IMSS para cuestionarles sobre la contratación de una compañía indagada por presuntos delitos federales, pero ambas instancias rechazaron emitir un posicionamiento.

Fuente.-

Al "MAL TIEMPO BUENA CARA ?": RUMBO a las 60 MIL MUERTES y los "LOPEZ" SONRIEN,GATELL y OBRADOR...que nos digan que saben que nosotros ignoramos.



El peor escenario de López-Gatell sobre el comportamiento de la pandemia estimaba 60,000 personas muertas. Hoy, estamos cerca del peor escenario, y López-Gatell sonríe, y López Obrador también.



El peor escenario de López Obrador estimaba un millón de empleos formales perdidos, anunció en su video de la semana pasada que no se había llegado al millón, convenientemente, omitió sumar los empleos perdidos en Marzo, con los que la cifra se supera. Ahora sonríe y asegura, nos estamos recuperando.

Este es el gobierno de la narrativa, los planes y buenos deseos sólo se miden en palabras, los mecanismos para probar si estos son reales se tachan de equivocados, neoliberales o no funcionales.

Las pymes agonizan, se pierden empleos, se suman nuevas caras a quienes piden dinero en las calles y el presidente sonríe y bromea, insiste, ya estamos mejor.

El presidente que insistió en que no replantearía su estrategia de seguridad con más de 50,000 personas muertas a sus pies, no replanteará su estrategia en ninguno de los otros rubros.

Si el cinismo era la palabra que mejor explicaba al gobierno anterior, ¿qué nombre debemos ponerle a la sonrisa del presidente? ¿Por qué sonríe el presidente?


Fuente.-Pamela. Cerdeira/

EMPRESA "GRINGA BRIBONA" PAGA 21 MILLONES de DOLARES por "SOBORNAR en MEXICO con MOCHES de 4 MILLONES de DOLARES"..."Don soborno" es un amigo muy apreciado en los gobiernos.

La Comisión de Bolsa y Valores reveló que la empresa World Acceptance Corporation acordó pagar 21.7 millones de dólares para evitar un juicio por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al pagar sobornos entre 2010 y 2017 a funcionarios de México, especialmente del sector Salud y de Educación. 
De acuerdo a las investigaciones están involucrados servidores públicos estatales y federales; así como líderes sindicales que recibieron 4.1 millones de dólares.
La empresa, especializada en préstamos al consumidor con sede en Carolina del Sur, operaba en el país con su filial WAC de México SA de CV., y a través de ella hizo los pagos ilícitos para obtener dos beneficios: ofrecer préstamos a los burócratas y garantizar que se descontaran sus pagos de la nómina.
“(Los sobornos) fueron pagados en efectivo, un depósito bancario en su cuenta o un depósito bancario en la cuenta bancaria de un pariente o amigo del funcionario. WAC México también contrató a terceros intermediarios para ayudar a obtener negocios y realizar pagos continuos de sobornos a los funcionarios. Estos intermediarios mantuvieron una pequeña parte de los pagos como su tarifa. 
“Uno de los intermediarios de WAC México voló a diferentes municipios de México con grandes bolsas de efectivo para pagar a los funcionarios. Empleados en WAC México se comunicaron con los intermediarios por correo electrónico”, sostienen los documentos en poder de ejecentral.
Y añade: “de los 4.1 millones de dólares, al menos 1.5 millones se pagaron a funcionarios del gobierno, 580 mil a los dirigentes sindicales y 480 mil a terceros intermediarios que usaron los fondos para pagar a funcionarios gubernamentales y dirigentes sindicales”.
WAC México tenía dos líneas de negocio, “Préstamos Avance”, para pequeños consumidores y “Viva”, para la burocracia. 
Acusación. Los documentos de la SEC revelan delitos aún no investigados en México
Las autoridades “celebraron al menos 30 contratos de Viva con entidades gubernamentales y/o sindicatos de trabajadores en representación de empleados del gobierno, la mayoría de los cuales trabajaban en salud y educación.
“Los contratos de ‘Viva’ fueron firmados por funcionarios gubernamentales (por ejemplo, el secretario de salud o educación para un gobierno estatal en particular) y/o funcionarios sindicales. Para celebrar estos contratos, WAC México pagó sobornos monetarios, conocido internamente como el ‘guante’, para los funcionarios del gobierno mexicano y los dirigentes sindicales”, sostiene el documento. 
También realizó “pagos continuos, denominados ‘regalías pagos’, ‘beca’ o ‘apoyo’ a los funcionarios”.

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