Un Consejo renovado. ¿Nueva armonía?
En 2019, seis de los siete consejeros de la Judicatura Federal cambiaron
[1]. La mudanza mayor se verificó pronto, en enero, y fue en la presidencia misma –tanto del CJF como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, al salir el ministro Luis María Aguilar y entrar el ministro Arturo Zaldívar. En febrero, terminó el periodo de José Guadalupe Tafoya y la SCJN designó en su lugar a Alejandro González Bernabé. En septiembre salieron Alfonso Pérez Daza y Felipe Borrego, y en noviembre Rosa Elena González y Martha María Hernández. Ese mes, en sustitución de los primeros dos, fueron designadas por el Senado Loretta Ortiz y Eva Verónica de Gyves; en lugar de las otras dos, fueron nombrados Sergio Javier Molina por la SCJN y Bernardo Bátiz por el titular del Ejecutivo Federal. El único consejero que permanece en el cargo es José Antonio Cruz Ramos, cuyo periodo termina en noviembre de 2021 y cuyo sustituto será designado por el Pleno de la SCJN.
Con estas modificaciones, la edad promedio de los consejeros pasó de aproximadamente 54 años a 60 años, esencialmente por la llegada de Bernardo Bátiz, quien tiene 83. La proporción de mujeres se mantuvo en dos por cinco hombres, lo cual constituye una oportunidad desaprovechada, pues una de las prioridades del CJF desde el año pasado ha sido la de aumentar la equidad de género en los más altos puestos de la Judicatura, pero los dos consejeros nombrados por la SCJN fueron hombres, lo cual no parece dar el mejor ejemplo.
Por otra parte, todos son únicamente abogados. Es decir, ninguno añade a su obligatoria licenciatura en Derecho alguna formación académica en Administración, Contabilidad, Economía, Recursos Humanos o demás materias afines a las funciones del mismo CJF. Esto parece otra oportunidad desaprovechada para enriquecer la profesionalización del órgano.
Ahora bien, tanto por su formación como su experiencia profesional, cuatro de los actuales consejeros se especializaron en Derecho Penal y tres de ellos en Derecho Constitucional y Amparo (en ambos casos, se trata del mismo número que en la anterior integración del CJF).
Dos de ellos tienen especialización en Derecho Administrativo o Fiscal (mientras solían ser cuatro en la anterior configuración), tres en Derechos Humanos y dos en Derecho Laboral (versus solamente uno antes, para ambas materias).
Este último punto puede resultar muy positivo dado que, por un lado, con la reforma constitucional de 2011 los jueces y magistrados cuentan expresamente con la obligación de garantizar los derechos humanos y, por el otro, uno de los retos del CJF para los próximos años será la implementación de la reforma laboral, que prevé que este ámbito de la justicia pasará a ser responsabilidad de los poderes judiciales federal y estatales.
Finalmente, también es relevante que el número de consejeros provenientes de la carrera judicial haya pasado de cinco a tres, pues los dejó sin mayoría en el seno del órgano. Esto puede revelarse importante en la resolución de los procesos disciplinarios y de adscripción a cargo del CJF.
Si uno considera que los consejeros “internos” al Poder Judicial pueden ser más propensos a defender a sus homólogos cuando éstos son objeto de cuestionamientos o investigaciones, es probable que se confirme, en los próximos años, el giro hacia la “cero tolerancia” por actos de nepotismo, corrupción o prácticas indebidas que ha caracterizado el discurso y las primeras decisiones tomadas por el ministro Zaldívar.
En todo caso, vale la pena señalar que los dos nuevos consejeros nombrados en 2019 por el pleno de la SCJN tienen fama de ser cercanos al ministro presidente
[2]. Por ello, es probable que, más allá de sus posibles preferencias personales, apoyen la política emprendida por el ministro Zaldívar. Por su parte, las dos consejeras designadas por el Senado y el consejero escogido por el titular del Ejecutivo son excolaboradores de este último o pareja de quien lo defendió durante su proceso de desafuero en 2005. Dado que el presidente ha sido muy crítico de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, se espera que sus allegados fomenten una política de “mano dura”.
Al respecto,
como ya lo mencionamos, si bien son loables los esfuerzos para evitar el nepotismo, erradicar la corrupción y buscar que la permanencia en la función jurisdiccional dependa sobre todo de la excelencia de la conducta de los servidores públicos, y de hecho podrían representar un verdadero cambio en la calidad de la impartición de justicia, también es fundamental que éstos siempre se basen en el debido proceso para que no se transformen en una especie de “cacería de brujas”.
¿Selección idónea?
Dada la gran responsabilidad que recae en los consejeros de la Judicatura Federal –no solamente en cuanto a la disciplina, sino también en lo que toca a la selección del personal del Poder Judicial, así como del manejo de sus recursos–, vale la pena mencionar que el proceso de designación de éstos no estuvo exento de cuestionamientos.
Primero, consideramos que todavía falta mucha transparencia en estos procesos de nombramiento. Tanto los procesos desarrollados en el Senado como en la SCJN –sin mencionar siquiera la designación por parte del ejecutivo federal, que no se describió a la luz pública, más allá del mero anuncio– carecieron de un debate público en torno a los criterios de selección e idoneidad de los perfiles.
En el caso del Senado, las comparecencias de quienes se postularon al cargo de consejero no fueron transmitidas en vivo por el Canal del Congreso, ni posteriormente vía su página web
[3], pese a que así había quedado establecido en el
Acuerdo sobre la metodología de las comparecencias. Además, el
dictamen emitido por la Junta de Coordinación Política no estableció los argumentos con base en los cuales se propuso a Ortiz y a de Gyves.
En el proceso desarrollado en la SCJN, si bien las
comparecencias de los cinco finalistas fueron públicas, las preguntas hechas por los ministros no permitieron valorar adecuadamente la idoneidad de los perfiles. De hecho, parece que en la designación no sólo se valoró la comparecencia, sino también otros elementos que no fueron explicados, pues los votos de los ministros no necesariamente deben ser fundamentados
[4].
Quizás a causa de esta falta de transparencia y escasa justificación, algunos observadores se quedaron con la sensación de que los procesos de designación respondieron más a criterios políticos que a la búsqueda de perfiles idóneos, y con la preocupación frente a un posible riesgo para la independencia judicial, dado la cercanía de tres de ellos con el titular del ejecutivo, como ya mencionamos.
Las tareas pendientes del CJF
Por ejemplo, el de
la seguridad de los funcionarios judiciales, quienes, en el contexto generalizado de violencia por el que transita el país desde hace ya varios años, pueden ser amenazados con el fin de guiar una toma de decisión o resolver un trámite. Por ello, el CJF ha reforzado este año las evaluaciones de riesgo a sus servidores públicos, y solicitado al Congreso 756.8 millones de pesos para este rubro, “de modo que la impartición de justicia quede blindada a los embates de la delincuencia organizada”.
Por otro lado, es la primera vez que el CJF se propone seriamente implementar un Servicio Civil de Carrera para el personal administrativo del Poder Judicial de la Federación, para que la selección de los empleados que no se dediquen a tareas estrictamente jurisdiccionales se base en el mérito. Si bien parece muy positiva esta iniciativa, pues tiene como propósito profesionalizar estas categorías y evitar prácticas de nepotismo, solamente podrá ser efectiva si se acompaña de la implementación de concursos de oposición, lo cual no ha sido mencionado oficialmente hasta ahora.
Además, el CJF pretende mejorar la selección de los jueces y magistrados, y para ello ha diseñado un “perfil del juzgador federal”. Esto implicará que en las designaciones se valoren no solamente aspectos técnicos, como ha sido el caso hasta hace poco, sino también atributos vinculados a la sensibilidad social (tomando en cuenta en particular la capacidad de resolver con perspectiva de derechos humanos y de género).
Para seleccionar y formar al personal a partir de este perfil, el Instituto de la Judicatura ha modificado sus programas académicos sobre derechos humanos. También se ha reforzado la confidencialidad de los concursos de oposición para jueces, cuyos cuestionarios son aplicados y resguardados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
De nuevo, si bien estas medidas son muy importantes, el CJF parece no contemplar todavía una disposición que bien podría contribuir a la profesionalización del resto del personal jurisdiccional: que ellos también se sometan a concursos de oposición y no solamente a exámenes de aptitudes, como es el caso en la actualidad.
Por supuesto, este programa de trabajo ha sido impulsado esencialmente por el ministro Zaldívar, pues cuatro de los nuevos integrantes del CJF entraron en noviembre y es un hecho que no han tenido aún oportunidad de contribuir a desarrollarlo. Sin embargo, por lo que comentamos, parece que los flamantes consejeros no tendrán problema en respaldar este plan.
Dos asuntos quedan entonces por verse. Primero, ¿tener un CJF tan alineado con su presidente –como pocas veces se ha visto desde su creación– será suficiente para llevar a cabo la “revolución” que Zaldívar busca implementar? Como es natural cuando se avecinan grandes cambios, se puede prever cierta resistencia, por parte de un sector de los funcionarios judiciales, a las politicas que quiere implementar el ministro presidente. Además, algunos de ellos tienen la sensación de que su opinión no fue tomada en cuenta durante este proceso de transformación.
Pero la otra incógnita reside en saber por cuánto tiempo se mantendrá lo que parece ser una coincidencia de visión entre el ministro presidente y el titular del ejecutivo. No olvidemos que el ministro Zaldívar, en sexenios anteriores, se ha caracterizado por su independencia, como cuando resistió las presiones del presidente Felipe Calderón, pese a que le debía su nombramiento en la SCJN.
Sin importar la cercanía de ideas que el propio ministro confesó tener con el presidente, si en algún momento persisten las críticas y denuncias por parte de López Obrador hacia funcionarios judiciales que no deciden en un sentido favorable a sus intereses, es posible que el máximo representante del Poder Judicial Federal tenga que proteger a su gente y que empiecen a verse divergencias. Éstas, a su vez, podrían poner a prueba la armonía que se perfila hasta ahora al interior el CJF.
Por ello, será interesante observar las decisiones del CJF en los próximos meses y años. De ellas dependerá la independencia de nuestra justicia federal.
Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa y Adriana Aguilar (@adi_aguiarias) es investigadora del mismo. Las autoras agradecen las revisiones de Pablo García.
[1] Es importante señalar que cuando fue creado el CJF, se preveía que sus integrantes se renovarían de manera escalonada. Sin embargo, distintas circunstancias han llevado a la renovación casi completa del CJF este año: el deceso de algunos integrantes, la tardanza del Senado entre 2012 y 2014 para designar a dos nuevos consejeros, así como la coincidencia con un año de elección de un nuevo presidente de la SCJN.
[3] Se realizó una búsqueda en la página del Canal del Congreso, donde debían transmitirse las comparecencias, y, al 6 de enero, no existe video alguno.
[4] De hecho, tampoco los ministros justifican la selección de los cinco finalistas que tienen el derecho a comparecer ante ellos de entre todos los candidatos que se postulan al cargo.
[5] Para ello, el CJF aprobó a principios de diciembre un “Plan integral de combate al nepotismo”, que desafortunadamente todavía no ha sido publicado, pero incluye entre otros aspectos un
Acuerdo general que regula la política de adscripciones, en particular para evitar la persistencia de estas prácticas, y con base en el cual se informó que fueron re-adscritos 98 jueces y magistrados.
[6] El CJF ha anunciado una política de “cero tolerancia” frente a la corrupción, fundamentada en la aplicación de sanciones que incluyen la destitución y la inhabilitación de los servidores públicos. A raíz de ello, el CJF anunció que se han aplicado sanciones en 16 casos relacionados con irregularidades patrimoniales, encubrimiento de nepotismo y acciones tendientes a engañar a autoridades o a obtener beneficios de las partes en el juicio. Por otra parte, el CJF ha mencionado que, en contraste con prácticas de administraciones anteriores, donde sólo el 30% de las compras en el Poder Judicial de la Federación se hacían por licitación, en 2019 este porcentaje alcanzó el 70%.
[7] El CJF ha informado que las ratificaciones se realizan ahora con base en una evaluación fundamentada en criterios de excelencia y honestidad de los operadores de impartición de justicia, y no solamente a partir de la inexistencia de faltas disciplinarias graves como se hacía anteriormente. A partir de este nuevo criterio, el CJF anunció que decidió no ratificar a dos magistrados.
[8] En este tema, la actual administración desarrolló dos concursos exclusivos para mujeres: uno para magistradas y otro para juezasm quienes, en su casi totalidad, fueron adscritas a lugares cercanos a su lugar de residencia.
