Morir en México y no ser inmediatamente identificado o reclamado por familiares o amigos equivale a una “condena” para el cadáver, que puede ser donado a alguna escuela de medicina o puede permanecer mucho tiempo en una morgue –que suelen estar saturadas– para finalmente acabar en la fosa común.
En todo el país hay 26 mil cuerpos en esa situación y los servicios forenses no tienen la capacidad ni el ánimo para establecer protocolos que permitan la identificación plena de los fallecidos, que seguirán en la categoría de “desaparecidos”.
En México hay más de 40 mil personas reportadas como desaparecidas y cerca de 26 mil cuerpos sin identificar, según datos oficiales. Es un fenómeno cuya dimensión no se conoce en realidad, pues al registro de 40 mil habría que sumar las desapariciones que no se denuncian ante las fiscalías de la República. Es, además, una crisis forense, reconocen las mismas autoridades.
Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda de Personas en México, explica que en el país los institutos forenses no tienen la capacidad para resguardar los cuerpos y de muchos de ellos no se sabe dónde terminaron ni si se les tomaron las muestras necesarias para identificarlos.
Al día de hoy no hay un diagnóstico certero y las instituciones continúan sin trabajar de manera homologada y coordinada, sin la tecnología necesaria para dar respuesta a esta emergencia.
A lo largo del país, quienes buscan a algún familiar se enfrentan a instituciones anquilosadas y a la falta de voluntad política para ayudarlos; han tenido que aprender cuál es ese camino burocrático a seguir para buscar a un ser querido, cargando en muchas ocasiones con el doloroso peso del fracaso.
En la Ciudad de México, los cadáveres de personas que no pudieron ser identificadas por las autoridades o reclamadas a tiempo por algún familiar o amigo se entregan a escuelas de medicina con fines de docencia e investigación. De hecho, decenas de personas terminan en algún anfiteatro escolar y, eventualmente, en la fosa común, a pesar de ser buscadas.
El caso de Laura
La falta de coordinación institucional tiene graves consecuencias. Laura, una joven que vivía en situación de calle y que hoy está en el nivel 10 de la fosa común, recorrió –a pesar de tener un nombre y ser buscada por sus amigos, acompañados por la organización El Caracol– el largo e invisible camino de quienes en los registros oficiales aparecen como “desconocidos” o “desconocidos no reclamados”. Además ella no autorizó que durante meses decenas de alumnos estudiaran con su cuerpo.
Laura, originaria de Veracruz y que vivía con sus amigos en La Candelaria, una zona del centro de la Ciudad de México, enfermó de gravedad en diciembre de 2015 y fue trasladada en una ambulancia al Hospital General Balbuena. Entre este evento y que sus amigos avisaran a El Caracol pasaron apenas unas horas. Una educadora de la organización acudió al centro de salud, pero ahí le dijeron que no había nadie con el nombre de Laura ni con sus características; por no ser familiar no le permitieron ver a las pacientes ingresadas.
En ese entonces los miembros de El Caracol no tenían experiencia en la búsqueda de personas: telefonearon al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) para reportar la desaparición de la joven; pero no fue sino hasta unos días después –cuando volvieron a comunicarse y no había avances– que levantaron formalmente el reporte.
El CAPEA no tomó los datos de Laura a partir de la llamada y tampoco les aconsejó levantar un reporte oficial en las primeras horas. “Nos quedamos atados de manos, ya no sabíamos qué más hacer”, relata el director de El Caracol, Enrique Hernández.
Entonces no lo sabían, pero mientras preguntaban de hospital en hospital, mientras regresaban al CAPEA, Laura había llegado al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo). Su cuerpo tocó todos los espacios a los que puede llegar alguien que no fue reclamado: un hospital, el Incifo, una escuela de medicina, nuevamente el Incifo y poco más de un año después, la fosa común.
El Caracol supo su paradero a mediados de 2017; sus integrantes comprobaron su identidad cuando la huella dactilar de Laura fue cotejada. Entonces ya era tarde. “Lo que les puedo decir es que sí estuvo aquí, ahora la podemos identificar, pero ya está en la fosa común”, les dijeron en el Incifo.
Rescatarla del nivel 10 de la fosa común les costaría cerca de 30 mil pesos, según les informaron: era un costo que ni la organización ni los amigos de Laura podrían asumir.
Según un especialista del Incifo, quien prefirió no revelar su nombre, el CAPEA y el Instituto están en constante comunicación para intercambiar datos de las personas que son reportadas como desaparecidas y de los cadáveres que llegan como no identificados, con el objetivo de saber si hay coincidencias.
Sin embargo, en ocasiones la información no es suficiente: los oficios que les entrega el CAPEA pueden no tener los datos indispensables para relacionar un reporte de desaparición con un cadáver desconocido.
“Nos dicen: ‘Busca a esta persona que se llama, por decir, Emma López’. ¿Con qué la busco si aquí ingresan en calidad de desconocidos, por qué creen que la voy a buscar con el nombre?”, apunta el especialista.
El caso de Laura es un ejemplo de que esta comunicación no funcionó o simplemente no existió: por medio del CAPEA –con quien sí tuvo contacto El Caracol– se habría sabido que la muchacha estaba en el Incifo, incluso habrían tenido la oportunidad de rescatar su cuerpo durante el tiempo que estuvo en la escuela de medicina, antes de que se ejecutara la disposición final de su cadáver.
El cuerpo de Laura estuvo en una de las 10 universidades que reciben cadáveres del Incifo con fines de docencia e investigación; dos de ellas, la UNAM y el IPN, reciben además cuerpos del Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis).
Los convenios que regulan esta entrega describen que pueden ser donados los cadáveres de personas “desconocidas” o de personas “desconocidas no reclamadas”. El Iasis entrega cuerpos de personas que mueren en alguno de los 10 Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), cada uno de los cuales atiende a un perfil diferente de población en situación de abandono, extrema pobreza o vulnerabilidad social, que puede o no tener problemas de salud física o mental, y que van desde niñas y niños hasta personas de la tercera edad.
Por su parte, el Incifo entrega cadáveres que han sido puestos a disposición del Ministerio Público. Según las facultades de este último, cuando los cadáveres se encuentren en calidad de desconocidos, estarán a disposición en el Servicio Médico Forense (Semefo), “en el entendido de que éstos (los cadáveres) deberán ser como consecuencia de un hecho violento o que exista una situación médico-legal de por medio”, por ejemplo, muertes en la vía pública.
“Persona desconocida”
En gran parte de los casos, quienes llegan a las universidades para convertirse en material de trabajo forman parte de poblaciones vulnerables, hombres y mujeres que tuvieron que morir para ser mirados, para que estudiantes y profesores los consideren un tesoro y parte fundamental del proceso de aprendizaje. Son, además, personas que no consintieron que su cuerpo fuera utilizado con fines educativos y científicos.
Los convenios con los CAIS son apenas unas siete u ocho hojas que contienen un puñado de qués, pero no de cómos; firmados entre varias dependencias del gobierno y las universidades, no especifican los procedimientos mediante los cuales se entregan los cuerpos a las escuelas; ponen sobre la mesa, de manera muy general, las obligaciones de las instituciones, pero no van más allá, lo que deja abierta la puerta a la discrecionalidad en prácticamente todas las etapas del proceso.
Gran parte de las personas que mueren en estas casas de asistencia social tienen nombre y apellido y se sabe su edad. Sin embargo, si su cuerpo no es reclamado por un familiar, entran en la categoría de desconocidas.
Así lo establece el artículo 347 de la Ley General de Salud y así lo retoman también los convenios entre el Iasis y las universidades: se entiende por “cadáver de persona desconocida” aquel que no fue reclamado dentro de las 72 horas posteriores a su fallecimiento o cuya identidad se ignore. Los centros están obligados a obtener el certificado de defunción y facilitar a los familiares la hoja de rescate para la recuperación del cuerpo en la universidad, en caso de que la persona sea reclamada.
Una vez que los cuerpos llegan a las universidades, no deben ser disecados por los estudiantes en un periodo de 10 días, con el objetivo de dar oportunidad a que algún familiar los reclame; la única intervención a la que pueden ser sometidos es a la aplicación del proceso de conservación.
Los convenios vigentes fueron firmados el 8 de mayo de 2003 en el caso del IPN, y el 11 de febrero de 2002 en el de la UNAM. Su duración es indefinida.
Entre 2012 y 2017, mil 334 personas –identificadas, aunque no reclamadas– fueron entregadas desde el Iasis con fines académicos. 947 de ellas (70.9%) eran hombres y el resto, 287, mujeres. El CAIS Plaza del Estudiante, un “centro filtro” en el que hombres mayores de 18 años que se encuentran en situación de calle pueden llegar a comer, asearse y pernoctar, registró el mayor número de cuerpos donados a instituciones educativas, con 466 (34.9%), seguido del CAIS Cuautepec (18.44%) y del Villa Mujeres (16.7%).
Los datos reflejan que no todas las personas fallecieron dentro de los CAIS; algunas defunciones se registraron en hospitales, como el de Balbuena o el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias e incluso en la vía pública.
En esos cinco años, solamente 159 personas –lo que equivale a 11.91%– fueron recuperadas por familiares o amigos, una fue entregada directamente a una funeraria, 54 al Ministerio Público, 19 al Semefo y 25 fueron llevadas a un panteón.
La UNAM se hizo cargo de la disposición final de 50.44% de los cuerpos, mientras que el IPN lo hizo de 28.56%. Y hay un dato, entre todos, que salta: el Iasis no tiene el dato del destino final de 22 cadáveres.
En lo que respecta a los entregados por el Incifo, además de la UNAM y el IPN, las universidades con las que hay convenios son: la Escuela Libre de Homeopatía de México, la Universidad Tominaga Nakamoto, la Westhill, la Anáhuac México Norte, el Centro Cultural Universitario Justo Sierra, la Universidad Panamericana, la Escuela Médico Militar y la Escuela de Medicina Saint Luke. En todos los casos, la vigencia de los convenios interinstitucionales también es indefinida.
Los documentos especifican que los cuerpos de personas catalogadas como desconocidas pueden ser entregados a las instituciones educativas apenas transcurridas 72 horas de haber llegado al Semefo. Este tiempo es brutal para cualquier persona, pues en sólo tres días su cuerpo puede ser trasladado a una escuela de medicina si las autoridades no han podido conocer su nombre y domicilio o si, aunque los tenga, nadie lo ha reclamado.
Indica el especialista del Incifo que cuando un cadáver llega a esta instancia en calidad de desconocido, se elabora un formulario que incluye información que posibilitaría conocer la identidad de la persona; en este proceso intervienen odontólogos, fotógrafos, dactiloscopistas, antropólogos y biólogos, entre otros expertos.
Aunque no siempre se logra descifrar quién ingresó al forense, en los casos en los que sí se tiene conocimiento resulta no ser suficiente. El especialista ejemplifica con la muerte de una persona en la vía pública: aunque porte alguna credencial que coincida con sus rasgos físicos, se considera un dato válido cuando ha sido cotejado por un experto mediante un método de identificación, como la comparación de la huella dactilar con la que aparece en el documento; aun así, la persona continuaría en calidad de desconocida hasta que algún familiar o amigo se presente a identificarla.
Según datos obtenidos por una petición de acceso a la información, entre 2012 y 2017, 23% de los cuerpos que la UNAM recibió del Incifo fueron reclamados por sus familiares. La universidad, al firmar los convenios de colaboración, se compromete a entregar los cadáveres que han sido plenamente identificados.
Una de las personas que corrió con más suerte permaneció en el anfiteatro de la UNAM dos días: fue un hombre de 45 años que murió por un trauma múltiple. La historia fue distinta para una joven de 30 años que falleció por heridas de arma punzocortante en el tórax y en el abdomen; ella fue reclamada casi tres meses después de haber llegado a la UNAM.
A la falta de coordinación se suma la lucha contra el tiempo. En última instancia, cualquier persona que muera en la Ciudad de México, con nombre y que esté siendo buscada, también puede terminar en una escuela de medicina si no tiene la suerte de que su familia dé con la instancia adecuada en el momento adecuado, si no tiene la suerte de ser hallada a tiempo: antes de las 72 horas.
*Esta investigación se llevó a cabo como parte de la maestría en periodismo sobre políticas públicas que imparte el CIDE.
fuente.-Reportaje contendido en la Revista Proceso # 2214/
