El Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, señaló que en las entidades prevalece el control de los Gobernadores sobre los órganos de auditoría locales, lo que ha impedido avanzar en un sistema efectivo de fiscalización.
"No podemos, realmente, pensar en ser efectivos en la lucha contra la corrupción en el estatus que en muchos Estados se ha mantenido a las auditorías superiores de los Estados.
"Es evidente que existe una vinculación política, una gran dependencia para su financiamiento, y a veces obstáculos para que se mantengan en el cargo los auditores superiores de los Estados, sobre todo cuando hay un cambio de Gobierno", reconoció Colmenares en un foro en la Cámara de Diputados sobre mejores prácticas de fiscalización.
El funcionario acusó que, sin importar el partido que gana, muchas veces los nuevos Mandatarios quieren un auditor a modo.
Además, dijo, los auditores padecen diversas presiones.
Citó el caso de Guerrero, donde al titular de la Auditoría le nombraron tres viceauditores, les retuvieron recursos presupuestarios y se hicieron revisiones personales a los auditores.
Sin mencionar cuál, afirmó que en otra entidad el auditor superior no quiso renunciar, por lo que se realizaron reformas para desaparecer a la auditoría del Estado y se creó un organismo con otro nombre.
"Las presiones son fuertes. Recuerdo el caso de un auditor que hizo algunas declaraciones sobre el Congreso local en el norte y a las tres semanas apareció que había cometido un fraude y lo metieron a la cárcel", relató en el foro.
Mencionó que la auditoría a los Gobiernos es una tarea difícil, que para ser exitosa requiere de la colaboración institucional entre la ASF y los órganos estatales, con el apoyo de la Cámara de Diputados.
El funcionario planteó la posibilidad de la "federalización" de las auditorías estatales.
"Lo que he platicado con David Villanueva, en su oportunidad, hablé con algunos de los compañeros, y es algo a lo que tenemos que avanzar, de cómo podemos fortalecer la autonomía que necesitan tener los auditores superiores de los estados, y su compromiso, efectivamente, con el trabajo que están realizando", señaló Colmenares.
El titular de la ASF reconoció que también suelen existir auditores que protegen a los gobernadores.
Expuso el caso de aquellos que han acudido a la ASF a atender las auditorías a los Mandatarios o a arreglar una cita, cuando su papel es revisarlos.
Sobre las conclusiones del foro, la diputada Aleida Alavez dijo que es prioritario evitar que las unidades fiscalizadoras locales sufran presiones indebidas, tanto de naturaleza política, financiera y administrativa, que limitan su trabajo.
La legisladora mencionó que se debe reforzar la coordinación en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, integrando a todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Ejemplificó como tareas pendientes mejorar procedimientos para integrar casos con suficiente solidez y así lograr sanciones, así como armonizar la Ley General de Contabilidad Gubernamental a las mejores prácticas internacionales.
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El funcionario acusó que, sin importar el partido que gana, muchas veces los nuevos Mandatarios quieren un auditor a modo.
Además, dijo, los auditores padecen diversas presiones.
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Sin mencionar cuál, afirmó que en otra entidad el auditor superior no quiso renunciar, por lo que se realizaron reformas para desaparecer a la auditoría del Estado y se creó un organismo con otro nombre.
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"Lo que he platicado con David Villanueva, en su oportunidad, hablé con algunos de los compañeros, y es algo a lo que tenemos que avanzar, de cómo podemos fortalecer la autonomía que necesitan tener los auditores superiores de los estados, y su compromiso, efectivamente, con el trabajo que están realizando", señaló Colmenares.
El titular de la ASF reconoció que también suelen existir auditores que protegen a los gobernadores.
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Sobre las conclusiones del foro, la diputada Aleida Alavez dijo que es prioritario evitar que las unidades fiscalizadoras locales sufran presiones indebidas, tanto de naturaleza política, financiera y administrativa, que limitan su trabajo.
La legisladora mencionó que se debe reforzar la coordinación en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, integrando a todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
Ejemplificó como tareas pendientes mejorar procedimientos para integrar casos con suficiente solidez y así lograr sanciones, así como armonizar la Ley General de Contabilidad Gubernamental a las mejores prácticas internacionales.
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