Desde hace muchos años es público que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido un botín para los hombres del poder. Con dinero de la paraestatal se financiaron campañas presidenciales, el saqueo no tuvo límites durante los gobiernos priistas y panistas: los contratos multimillonarios se asignaban a compadres, amigos y socios al iniciar un nuevo sexenio.
Los amigos del Presidente hacían y deshacían en la orgía sexenal, una fiesta que todavía muchos quieren seguir, la borrachera interminable a la que también eran convocados los más “connotados periodistas, recibidos con maletines de dinero, alcohol y cocaína. Se cumplían deseos de todo tipo, voraz el hambre de la carne, no conocía topes.
Salvados algunos de la droga, la adicción se desplazó hacia la corrupción y al dinero. Y ahí siguen.
Pemex es el botín. Las historias son interminables.
En el año 2000, Vicente Fox ofreció a los mexicanos combatir la corrupción en todo el país. Fue su bandera como candidato presidencial panista. Muchos mexicanos le creyeron y votaron por él, ávidos de un cambio verdadero, el país entero vivió la calamidad de su Gobierno, la desastrosa corrupción lo devoró enseguida.
Tras ganar las elecciones presidenciales, todo cambió. El séquito de asesores y los llamados “Amigos de Fox” se comenzaron a frotar las manos para entrarle como tiburones a los negocios el país.
En una entrevista que me concedió en el año 2000 Rafael Zarco Dunkerley –uno de los amigos cercanos de Fox que terminó confrontado por diferencias con los negocios – denunció que antes de la toma de posesión del primer Presidente panista, en diciembre de 2000, se realizó una reunión en Cancún, Quintana Roo.
La cita fue en un lujoso hotel, la vista frente al mar Caribe invitaba a soñar y a maquinar corruptelas. Ahí acudieron, entre otros, Lino Korrodi y Fausto Alzati, el primero cabeza de “Los Amigos de Fox” y financiero de la campaña panista, el segundo, candidato a la dirección de Pemex con un título falso de doctor.
El objetivo de la reunión, según el entrevistado, fue para definir los jugosos negocios que realizarían, hablar de los futuros contratos de obra pública y todo lo que significaba la empresa como botín para los hombres que llegarían al poder en ese entonces.
Este grupo había apoyado a Fox. Ahora preparaban la factura, incuantificable su monto.
De buenas a primeras vino la transformación del presiente panista. Fox abandonó el combate a la corrupción en los hechos –en el discurso oficial siguió siendo su bandera –y se sumó a ella: los hijos de su esposa Matha Sahagún –los hermanos Bribiesca –se convirtieron en los dueños de la empresa por seis años. Vivieron tan intocables como impunes.
Su poder y sus ambiciones no conocieron límites: se asegura que en Pemex no se movía un sólo contrato si antes no era “palomeado” por ellos, incluso Marha Sahagún, la madre, mantenía comunicación frecuente con el entonces director de Pemex-Refinación, Juan Bueno Torio, por razones obvias: tenía las llaves de los ductos y estaba ligado al transporte de combustibles, negocio boyante. Desde entonces el robo ya era descomunal.
Durante los primeros tres años del sexenio foxista empezaron a brotar los más claros indicios de la corrupción, por ejemplo, con el fracaso que significó la reconfiguración de seis refinerías durante el Gobierno de Ernesto Zedillo. Y no hizo nada.
El consorcio chino Comproca –integrado por la empresa coreana Sunkyong y la alemana Siemens – se hizo cargo de la “modernización” de algunas plantas –Cadereyta, Tula, Minatitlán, entre otras — pero el proyecto derivó en un verdadero fiasco: altos funcionarios de la paraestatal se volvieron multimillonarios con los contratos, amañados los presupuestos de obra manejados a precios unitarios, el dispendio sin límites.
Un caso gravísimo, por ejemplo, fue la acusación que enfrentó Jaime Mario Willars, titular de Pemex-Refinación en tiempos de Zedillo — permaneció en Pemex un tramo del Gobierno de Fox –quien maniobró para que Pemex y Comproca terminaran imbuidos en un juicio internacional en el que la derrota legal de la paraestatal significaba un robusto negocio para los altos mandos de la paraestatal.
Este personaje fue acusado de traición a la patria. La razón: Comproca llevó a Pemex a juicio ante la Corte Internacional de Comercio (CIC), con sede en París, para que pagara una suma descomunal. Si Pemex perdía, todos ganaban. La empresa estatal perdió el juicio y luego se supo que los abogados de Pemex y de Comproca, aliados en el negocio, trabajaron como un sólo equipo en la estrategia de fraguar la derrota de Pemex.
En enero de 2012, la CIC emitió su fallo: La paraestatal fue condenada a pagar 330 millones de dólares. Comproca argumentó fallas en el cálculo de inversión y exigió más recursos de lo presupuestado, sobre todo para concluir el ducto de 800 kilómetros que correría de Nuevo Teapa a Cadereyta, Nuevo León y que entonces no había sido terminado de acuerdo con las bases del contrato. Por ello, el caso derivó en un largo litigio. Este asunto abarcó tres sexenios: comenzó con Zedillo y terminó con Calderón.
Sin embargo, la camarilla en el poder se puso de acuerdo y negociaron la derrota de Pemex. Al momento del fallo internacional, el director de la paraestatal era Juan José Suárez Coopel.
Nadie fue castigado por ello. Jaime Mario Willars, protagonista de este tragedia legal, vive impune y el resto de los cómplices también.
Ahora que el Presidente Andrés Manuel López Obrador destapó las cloacas de Los Huachicoleros se puso en evidencia lo que se sabía: que este negocio es tan cuantioso que en tiempos del PRI alcanzaba para toda la estructura del poder. Todo a costa del pueblo.
El negocio se orquestó en la presidencia de la República, donde todo se puede hacer. El ex Presidente Enrique Peña Nieto, según las evidencias, sabía y era la pieza central del esquema: consintió el saqueo descomunal de gasolinas y protegió a los responsables del robo con impunidad.
El negocio generaba ganancias millonarias: más de 300 millones diarios, según las estimaciones más conservadoras, suma que alcanzaba hasta para pagar el silencio de algunos comunicadores famosos, según consta en una lista que circuló en medios de información, obtenida a través de una solicitud de transparencia.
Una fuente consultada al respecto sostiene que a los huachicoleros les asignan las plazas para el robo, igualito que lo hacen los capos del narcotráfico. Hay un coordinador de áreas o cabeza de célula que mantiene bajo control su territorio. Veracruz y Puebla, según dice, son los estados más importantes donde se localizan la mayoría de las tomas clandestinas.
Sin embargo, la zona de El Bajío, que no se caracteriza por la pobreza, es una de las más saqueadas: altos empresarios del ramo gasolinero, alcaldes, diputados, senadores y hasta gobernadores son parte del negocio.
Desde el piso tres de la torre de Pemex, se opera –o se operaba — todo el bombeo de las gasolinas a través de los ductos. También desde ahí se coordinaba el robo. Hay horarios fijos y una amplia coordinación del negocio. También se roban las pipas cuando salen de las refinerías y los responsables del control simplemente autorizan la salida y en la terminal de arribo firman de recibido sin que el combustible se descargue. Así funciona el negocio todos los días, sin descanso.
Ahora cobra sentido el alza del precio de los combustibles en enero de 2018, el golpe más fuerte que el Gobierno de Peña Nieto asestó a la sociedad. En ese entonces se dijo que debido a los bajos precios del petróleo y al vaivén de la economía internacional el Gobierno mexicano ya no podía frenar su incremento.
Sin embargo, era evidente que desde el poder se abría paso a un amplio mercado negro de combustibles. La Reforma Energética impulsada por Peña Nieto abrió rendijas para el negocio: se permitió que particulares participaran en la importación de gasolinas para ser vendidas en México a precios elevados. Estados Unidos es el país donde se ha comprado mucho combustible a menos de diez pesos el litro y en México se vende entre 19 y 23 pesos.
Así se afianzó la mafia del “Huachicol”, que alcanzó auge en este mercado negro robando a Pemex. Este cártel del poder obtenía ganancias del 100%, pues no invertía en nada: Pemex producía, distribuía, los funcionarios robaban las gasolinas y las vendían al precio impuesto por el Gobierno. Lo controlaban todo.
Esto explica el desabasto de gasolinas que existe tras el golpe a los huachicoleros. Es evidente que ellos tienen el control casi total de la distribución.
El Estado traspasó el control a la mafia. Y esto queda claro a partir de que en la Presidencia de la República gobernaba un capo, la cabeza de un cártel, una organización criminal muy poderosa encabezada por Enrique Peña Nieto. De eso ya no hay dudas.
Sin embargo, el Presidente López Obrador apenas ha jalado un hilo de la enorme madeja de la corrupción. Falta mucho lodo por salir de Pemex y de otras dependencias del Gobierno que, seguramente, también tendrán que ser revisadas.
En el caso de Pemex falta revisar la petroquímica, la exploración, Pemex Internacional, el tema de los buques rentados, negocio histórico en la paraestatal, la venta de petróleo crudo y ni se diga el caso de las refinerías.
También ahora cobra sentido la defensa de Peña Nieto en favor de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, implicado en los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, pues formaba parte de la llamada mafia del poder.
Lo que sí llama la atención es que hasta el momento el Gobierno de López Obrador no haya presentado ante las instancias legales a ninguna organización criminal dedicada al robo de combustibles, es más, ni siquiera a los cabecillas. Se habla de investigaciones por lavado de dinero en contra de algunos empresarios gasolineros, pero aún no afloran los nombres con sus apellidos.
Es necesario que se abran juicios en contra de los miembros de las diversas bandas del huachicol, que no sólo se destapen las coladeras y se le ponga ventilador a la mierda, como ocurre hasta ahora, pues ahí operan alcaldes, regidores, síndicos, diputados, senadores y gobernadores. ¿Habrá justicia o se les perdonará?
Habrá que ver qué decide el Presidente. De no haber procesados todo quedará en un golpe mediático al más puro estilo populista.
Por último, es bien sabido que el boom de las franquicias para abrir gasolineras fue otro gran tema en los gobiernos del PAN y del PRI. Las gasolineras son utilizadas para lavar dinero del crimen organizado y existen muchos grupos empresariales dedicados a ese negocio. Si se revisa se descubrirá que la mayoría de las franquicias están controladas por políticos, ya que resulta ser un esquema bastante viable para lavar sus ganancias ilícitas.
Fuente.- Ricardo Ravelo/
(Imagen/ejecentral)
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El diputado difundió el comunicado con su exhorto a través de su cuenta de Twitter (Foto: Sitio web de Mario Delgado)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2018/06/22144935/Tunel-Huachicol-3.jpg)
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En 2018 ocurrieron más de 760 feminicidios (Foto: Archivo)/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/01/19173227/desabasto-explosion.jpg)
Hasta ahora el número de muertos va en 74 (Foto: especial)
