Casi cuarenta minutos antes de la medianoche, llegó hasta el número siete de la calle Galileo en Polanco un hombre vestido de traje oscuro. Se anunció en la planta baja como el actuario del Primer Tribunal Unitario, y sin dilación, dijo, debía notificar en persona a Elba Esther Gordillo Morales. Con papeles en mano subió por el elevador hasta el piso 12 y tras pasar una puerta de cristal se topó con la maestra, quien aún no dormía y lo recibió con una gran sonrisa.
›En tan sólo unos minutos, siguiendo el protocolo, el funcionario judicial le notificó, a las 23:30 horas del martes 7 de agosto, que se había decretado su libertad inmediata. El actuario nunca mencionó la palabra absuelta, sólo que se desechaba el juicio sin que la Procuraduría General de la República (PGR) pudiera impedirlo.
¡Se hizo justicia!” “Soy una presa política, pero se hizo justicia”, exclamó emocionada Gordillo, de acuerdo con una reconstrucción de las primeras 10 horas de su libertad hecha por ejecentral.
El funcionario judicial esperó las firmas y se retiró, no sin antes asentar que el abogado de la maestra solicitaba que la resolución no se difundiera a los medios de comunicación.
1989 días
pasó Elba Esther Gordillo en prisión acusada por los delitos de desvío de recursos, delincuencia organizada y lavado de dinero
La PGR recibió la notificación un poco más tarde. El área de procesos penales sabía del incidente que estaba en trámite desde mayo pasado ante el Tribunal, pero a todos los responsables del área los tomó por sorpresa, la fecha y la resolución. El malestar internamente fue notorio en los pasillos y las oficinas. No sólo por el revés que significaba, sino por los argumentos del magistrado y el momento político en que se resolvía, a tan sólo unas horas de que se le diera la constancia como presidente electo a Andrés Manuel López Obrador.
La institución sólo expresaría su inconformidad a través de un escueto comunicado, en el que sostenía que respetaba la decisión judicial y que siempre actuó conforme a Derecho.
La PGR ha actuado, en todo momento, con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las leyes que orientan su actuación, y, sobre todo, en absoluto respeto a los derechos humanos”, precisó.
Muy temprano este 8 de agosto, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, se reunió a puerta cerrada con sus allegados. Caras largas y un ambiente tenso se respiraba en el equipo de quien Gordillo se ha expresado como un traidor. Fuentes cercanas a la organización magisterial aseguraron que en la conversación se habló de prepararse legalmente ante una posible embestida de Gordillo, para recuperar el liderazgo de la organización.
Un duro magistrado
La maestra esperaba la resolución, aunque aseguran sus allegados que no sabía el día ni si le favorecería totalmente, pero, aseguran, se notaba desde semanas atrás, muy optimista y por ello había comenzado a reunirse con varios compañeros y líderes magisteriales.
El martes, cuando recibió la noticia, Elba Esther no durmió en toda la madrugada. Comenzó a comunicarse y a recibir llamadas de su familia y amigos más cercanos, también de algunos colaboradores. Estaba, aseguran, con el ánimo desbordado, emocionada a tal punto que por momentos “le salían las lágrimas”. Incluso, había instantes en los cuales su voz se apagaba y no alcanzaba a terminar las frases que se ahogaban en la garganta.
Y tenía razones la poderosa líder de los maestros para la euforia. Los mil 989 días que enfrentó a la justicia, se resolvieron en tan sólo nueve semanas, a través de un incidente nunca antes utilizado, tramitado por la defensa: que se desechara el juicio por falta de pruebas, un recurso que hasta ahora sólo se consideraba facultad de la PGR tramitar.
Encomienda. Tras el sismo de 1985 Gordillo Morales fue comisionada para negociar con las familias sobrevivientes de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco para recibir la indemnización del gobierno federal.
A diferencia del juez sexto de Distrito, Alejandro Caballero, que llevaba el proceso en contra de la maestra y rechazó el argumento de la defensa, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario, sí le dio entrada en mayo pasado y después de nueve semanas decidió que los argumentos de los abogados de Gordillo eran válidos: no había pruebas para demostrar el lavado de dinero y por tanto tampoco el delito de delincuencia organizada, por lo que desechaba el juicio y se ordenaba la libertad de la acusada.
Era el mismo magistrado —un hombre de amplia trayectoria judicial, estudioso, considerado duro entre sus pares e institucional—, que en octubre pasado se negó a concederle a la maestra la prisión domiciliaria, bajo el argumento de que podía escaparse. Ahora, 10 meses después, dentro de la toca 156/2018, tras analizar el expediente en sólo nueve semanas, consideró insuficiente las pruebas para mantenerla sometida a juicio, porque no se acreditaba la ilicitud del dinero que gastó.
El fallo no sólo derrumbaba el caso que la PGR defendía, sino que golpea a un grupo de personajes políticos cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, que participaron directa o indirectamente en la acusación contra la más poderosa líder sindical: el exprocurador Jesús Murillo Karam y sus entonces subprocuradores Mariana Benítez Tiburcio y Alfredo Castillo; el entonces titular de Hacienda Luis Videgaray y su jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Alberto Bazbaz; Aurelio Nuño, entonces jefe de la oficina de la Presidencia y posteriormente secretario de Educación Pública; Eugenio Imaz, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, considerado muy cercano a la maestra.
Se decidió en febrero
Abril de 1989. El presidente Salinas de Gortari nombra a Elba Esther como secretaria general nacional del SNTE.
La investigación en contra de Elba Esther Gordillo comenzó desde el primero de diciembre de 2012, pero la decisión de solicitar la orden de aprehensión en su contra se dio el 22 de febrero del siguiente año, tan sólo una semana antes de que terminara tras las rejas, y después de que concediera una entrevista a la entonces conductora de Televisa, Adela Micha.
La entrevista duró dos horas y media y se difundió menos de la mitad. Raymundo Riva Palacio reconstruyó, entre el 2 y 4 de marzo de 2013, los detalles de la captura, en sus columnas Estrictamente Personal y Ayuda de Memoria. En Los Pinos, relataba el columnista, se hizo un análisis profundo de la entrevista de Gordillo y frases como “entré por el excusado y salí por la puerta grande”, como describió su llegada y salida del liderazgo del magisterio, llamaron profundamente la atención, porque hablaban de la forma como veía la conclusión de su oposición a la reforma.
En dos ocasiones, añadía Riva Palacio, la entrevista fue vista en Los Pinos “por un grupo selecto: el Presidente, los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de Educación, Emilio Chuayffet, y de Hacienda, Luis Videgaray; el procurador general Jesús Murillo Karam, el director del Cisen, Eugenio Imaz, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, y el director de Comunicación Social, David López”.
Las revelaciones a Micha la mostraron como alguien que había perdido la dimensión de su realidad. “Me gustan las cosas caras”, le respondió a la conductora. “¿Dónde está el delito de eso? Lo sudo, no me lo robo”. Para entonces ya tenía la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el primer mapa de las operaciones financieras que sirvieron para acusarla originalmente de lavado de dinero y delincuencia organizada”, detalló el columnista.
Era evidente entonces que la maestra no había leído los mensajes políticos, detalló Riva Palacio, “cuando Luis Videgaray, (entonces secretario de Hacienda), le dejó de tomar las llamadas. Cuando vetaron a su gente para puestos en el nuevo gobierno. Cuando el (entonces) secretario de Educación, Emilio Chuayffet, la mandó a tratar los asuntos sindicales a la Oficialía Mayor de la dependencia y, con el megáfono de la prensa, denunciar programas multimillonarios operados en el sexenio anterior por el subsecretario de Educación Básica, su yerno, Fernando González”.
Primero de septiembre. Para el quinto Informe de Gobierno de Miguel de la Madrid la exlideresa funge como presidente de la Cámara de Diputados.
El desencuentro. El 26 de febrero de 2013, cuando el presidente Peña Nieto llevaba menos de tres meses en el cargo, Elba Esther Gordillo fue aprehendida
en Toluca.
Desde la UIF y la PGR se acumuló información de todas las cuentas bancarias de la maestra. Incluso se contrató a una empresa para obtener más rápidamente información en Europa y Estados Unidos. Al tener los datos de empresas y cuentas, se pidió a un grupo especializado de Hacienda y del CISEN que rastrearan los fondos que hubieran circulado por ellas. Con los primeros avances, los titulares de Hacienda y PGR, Luis Videgaray y Jesús Murillo Karam, se reunieron para definir cómo integrarían el expediente.
Las semanas pasaron y no se definió nada, hasta que Gordillo concedió la entrevista a Adela Micha, entonces Murillo Karam recibió la luz verde desde Los Pinos para proceder jurídicamente, pero fue la entonces subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio la encargada de integrar el expediente y consignarlo. Y por unos meses el juicio quedó en manos del entonces subprocurador Alfredo Castillo.
El sábado 23 de febrero de 2013 se solicitó al juez Sexto de Distrito en Procesos Penales la orden de aprehensión de la maestra y al día siguiente fue otorgada por el juez federal Juan Caballero Vértiz, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos fiscales.
Por la tarde el procurador le informó al Presidente. En Los Pinos hubo inquietud de que se filtrara la información. Sólo ese grupo sabía a quién iban a detener, pero al estar en un juzgado, quedaba fuera del control del Ejecutivo. Incluso, los agentes federales y los marinos que participaron en el operativo, no fueron informados a quién iban a detener, para evitar fugas de información”, relató Riva Palacio.
La captura, el despliegue de fuerza
Me siento mal, soy una señora de edad (…) esto no es necesario, no me pueden detener”, expresó ese 26 de febrero de 2013 Elba Esther Gordillo, tras bajarse de la del jet en el que viajaba, un Cessna modelo Citation Encore 560 matrícula XA- UEF.
Al pie de la escalinata, la esperaban los agentes de la Policía Federal Ministerial. A ellos les hablaba, pero no le hicieron caso. La ayudaron a descender de la aeronave en la que había llegado procedente de San Diego, California hasta Toluca, estado de México, y donde ella esperaba subirse a un helicóptero que la transportaría hasta Guadalajara, donde asistiría a la XXXVII Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.
›Cuando se conoció el plan de vuelo, se solicitó apoyo a la Secretaría de Marina, un equipo especial, pero sólo se le informo a dónde debían acudir, al aeropuerto de Toluca, pero no a quién detendrían. En la operación de captura participaron 200 elementos de la policía ministerial en cuatro estados del país; el despliegue incluyó otros dos aeropuertos, por si de último momento cambiaba el plan de vuelo, así desplegaron células de agentes en Tijuana y Guadalajara.
Asunto político. Gabriel Regino, abogado penalista, destacó la necesidad de una fiscalía independiente para evitar que se repitan casos como el de Gordillo.
La subieron entonces a la ambulancia 4289 de la Cruz roja la cual fue escoltada por marinos y policías, y la llevaron al penal femenil de Santa Martha donde ingresó oficialmente a las 22:47 horas de ese martes 26 de febrero.
Una vez detenida, Osorio Chong informó a los gobernadores priistas de la captura. Amarrar a los gobernadores era importante, pues al menos 20 de los mandatarios estatales nombraron como secretarios de Educación al miembro del SNTE que pidió la maestra. Al día siguiente, junto con la oposición, se reunieron con el Presidente”, escribió Riva Palacio.
Su familia, relató el columnista, se enteró minutos después de que la detuvieron. La política más prominente tras ella, su hija Mónica Arriola, entonces senadora por el Partido Nueva Alianza y que moriría meses más tarde, pidió una cita con quien era el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien se la dio inmediatamente y le garantizó un proceso apegado a Derecho. Pero también le expuso el abanico del porqué la encarcelarían. La reacción de la senadora Arriola fue sólo un comunicado donde dijo que no hablaría del tema porque era personal, y que seguiría su trabajo en el Senado.
Mil 989 días
La entrega y manejo de los recursos del SNTE a su exrepresentante, Elba Esther Gordillo Morales, fue de acuerdo al reglamento y autorización de la propia asociación magisterial, por lo que no existen los delitos de delincuencia organizada ni lavado de dinero, concluyó el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México al resolver el sobreseimiento del último proceso que tenía en contra quien se desempeñó como secretaria general del PRI de 2002 a 2005.
Abogados y funcionarios consultados por ejecentral sostuvieron que el recurso del sobreseimiento no es algo usual en los tribunales, por lo que fue sorpresiva que el tribunal le diera trámite y lo resolviera a favor de la maestra.
“No era una investigación sólida, no había un caso sólido, entonces un tribunal federal lo cierra, le da carpetazo, y es un revés tremendo a la PGR”, aseveró en entrevista con este diario Gabriel Regino, abogado penalista.
La resolución que la noche del 7 de agosto le concedió la libertad a la tres veces diputada federal y senadora de la República se derivó de los fallos a favor de la maestra que se dieron durante un año antes.
“Cuando el juez volvió a dictarle formal prisión, la defensa promovió un incidente para pedir la cancelación del proceso porque estima que los hechos nos son constitutivos de delito. Cuando el juez recibe esta petición de cancelación de proceso no la admite, fue en enero, entonces la defensa apela y ahí es un magistrado federal el que le da la razón a la defensa, siguiendo el criterio que ya venía de otros amparos y dice, efectivamente no hay delito, no hay ni delincuencia organizada ni lavado de dinero”, explicó el litigante.
En síntesis, explica Regino García, el Tribunal Unitario no se tiene que esperar a que se dicte una sentencia, ante la carencia de pruebas, y determina la terminación del proceso, “esto técnicamente se llama sobreseimiento de la causa y sus efectos prácticos públicos es que ella (Elba Esther) queda absuelta, aunque decimos que alguien está absuelto cuando se le dicta una sentencia, aquí ni siquiera se llegó a eso por la falta de pruebas”, sostuvo.
El abogado penalista consideró que el proceso en contra de la exlideresa del SNTE se trató de un caso “meramente político”, lo cual se fue evidenciando con la caída de los otros procesos por su situación fiscal que fue librando a lo largo de los cinco años y cinco meses que estuvo privada de su libertad.
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