Un documento interno de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) consultado por Proceso revela que los artífices de la triangulación de recursos millonarios de esa dependencia con por lo menos 13 universidades públicas fueron personeros de Emilio Zebadúa, uno de los funcionarios clave durante la gestión de Rosario Robles en esa dependencia federal.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación pidió información sobre esos manejos irregulares a José Antonio Meade, quien sustituyó a Robles en la Sedesol, él respondió que se había realizado una “investigación profunda”, pero lo cierto es que no se tocó siquiera a Zebadúa, cabeza de la red de desvío y triangulación de fondos.
Desde agosto de 2016 –casi un año después de que Rosario Robles dejó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en medio de señalamientos sobre presuntos desvíos de fondos en esa dependencia–, el equipo de José Antonio Meade respondió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que “se desconocía” la documentación de los quebrantos millonarios al erario federal por la firma de convenios con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM): uno por 2 mil 435 millones de pesos, otro por 77 millones y un tercero por casi 23 millones.
En su respuesta a las observaciones enviadas por Muna Dora Buchahin Abulhosn, directora general de Auditoría Forense de la ASF –según la copia de los oficios consultados por Proceso–, Luis Vives López, director general de Programación y Presupuesto del equipo de Meade en Sedesol, dijo desconocer “los actores, términos y condiciones bajo las cuales se realizaron tales conciliaciones y gestiones”; más aún, dijo, “se desconoce [con] qué documentación soporte se estarían llevando a cabo las mismas”.
Sin embargo, Vives no presentó ninguna demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto delito de sustracción de documentos oficiales contra integrantes del equipo de Rosario Robles.
En uno de esos pliegos de observaciones enviados por la ASF a la Sedesol se señala el presunto desvío por 2 mil 435 millones de pesos al analizar el convenio del 2 de junio de 2014 que la dependencia suscribió con la UAEM “para pagar a 134 coordinadores técnicos sociales”.
“Dichos gastos los debía realizar la universidad para cumplir con el objeto del citado convenio, el cual consistía en desarrollar un Servicio Integral de Orientación y Evaluación de las Actividades encaminadas a fortalecer la operación del Fondo de Aportación por la Infraestructura Social”, anotó la ASF en el documento fechado el 1 de julio de 2016.
Datos sesgados
Mediante ese esquema de desvío de fondos, la Sedesol y la UAEM firmaron otro convenio por 77 millones 847 mil pesos. La ASF destacó que no se contaba con la documentación “que acredite la totalidad de los servicios contratados”; tampoco se tiene la certeza de que “los recursos federales que la Sedesol pagó al amparo del convenio antes mencionado se hayan destinado para realizar el servicio solicitado” a la universidad.
En esta comunicación interna con el director general de Programación y Presupuesto del equipo de Meade la ASF advierte que “los servicios fueron encomendados a una empresa diversa por un importe inferior al pagado por la Sedesol a la UAEM, no obstante, no podía subcontratar más del 49% ni ceder las obligaciones ni derechos contraídos en el convenio de coordinación para realizar los servicios, publicó la licitación pública número LP/DES/07/2014 por 73 millones 159 mil 159 pesos, adjudicada a la empresa Grupo Industrial y Servicios Vafed, a la cual, la universidad, de los recursos recibidos por Sedesol el 16 de diciembre de 2014, transfirió la cantidad mencionada, aunque no se tiene evidencia de la utilidad del servicio contratado por la Sedesol, por lo que no se tiene certeza de que los recursos federales se hayan aplicado para los fines que fueron otorgados”.
La respuesta de Vives López, con copia a Meade, entonces titular de la Sedesol, fue que “tras una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dependencia” no se encontraron ni se “identificaron elementos distintos” a los ya aportados por la ASF.
Vives López entregó a la ASF una carpeta con 16 anexos que recibió de Francisco Báez Álvarez y Juan Francisco Martínez Lavín –colaboradores de Emilio Zebadúa González, oficial mayor de Sedesol durante la gestión de Rosario Robles–, y aclaró que “no dispone de elemento alguno para convalidar el contenido, pertinencia, dubitabilidad, alcance y/o valor probatorio que se le pretenda otorgar a las documentaciones presentadas”.
Báez Álvarez y Martínez Lavín son señalados como piezas claves en el equipo de Zebadúa en la Sedesol y presuntos artífices del esquema de triangulación de fondos públicos desde esa dependencia con universidades y empresas fantasmas.
Según Vives López, ambos funcionarios le entregaron al equipo de José Antonio Meade “un documento sin firma” en el que advierten que están realizando “las conciliaciones y gestiones necesarias” ante la UAEM para tener la evidencia documental futura que acredite el uso de estos millonarios recursos.
En un tercer oficio enviado a la ASF en octubre de 2016 –cuando el titular de Sedesol era Luis Enrique Miranda Nava–, Vives López respondió al órgano fiscalizador en términos similares por el presunto quebranto a la hacienda pública por 22 millones 944 mil pesos, relacionados con un convenio firmado entre la secretaría y la misma universidad para un servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del sistema de control de gestión con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada.
Escribió Vives: “El 7 de octubre del año en curso, el C. Francisco Báez Álvarez, servidor público de esta dependencia del Ejecutivo federal, entregó ante la Dirección General de Programación y Presupuesto un documento sin firma de 14 fojas útiles de fecha 10 de octubre de 2016, así como una carpeta que contiene un disco compacto y cinco anexos, mismos que, en copia simple, al presente se adjuntan.”
Meade ante la red de Rosario Robles
Tras conocerse públicamente el informe de la ASF sobre los recursos ejercidos en 2014 y 2015 por el equipo de Rosario Robles en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Antonio Meade se deslindó de cualquier responsabilidad, pero no mencionó si presentó una denuncia por las irregularidades detectadas.
“A mí me tocó ser secretario de Sedesol y en esa capacidad realizaron una investigación, con cargo a las rendiciones de la cuenta pública, que se hizo mientras yo era secretario. Se realizó una investigación profunda. Esta investigación resultó en el mayor número de suspensiones de servidores públicos que se haya dado en la historia de la función pública”, presumió el funcionario.
Meade, quien ahora es el candidato presidencial del PRI, señaló que más de 460 servidores públicos fueron separados de sus cargos. Se detectó que “un número muy importante” de adultos mayores habían sido dados de alta, pero en realidad no existían, por lo que tocaba a la ASF y a la PGR “deslindar” responsabilidades.
“A mí no me toca hacer un deslinde”, sentenció Meade en declaraciones a la prensa el miércoles 21.
La “investigación profunda” de Meade no llegó a tocar ni siquiera a la cabeza de la red de desvío y triangulación de fondos en Sedesol, que aplicó exactamente el mismo esquema ahora en la Sedatu, tal como acreditó la ASF.
Un documento interno de la Sedesol, al cual tuvo acceso este semanario, relata que existió una “confabulación” del director general de Programación y Presupuesto de Rosario Robles, Francisco Báez Álvarez, así como una red de complicidades con el director de Recursos Materiales, Enrique Prado Ordóñez, el coordinador de Asesores, Humberto Valverde, y el empresario Alejandro Hinojosa, originario de Irapuato y que presuntamente opera las compañías fantasmas desde despachos y domicilios ubicados en Tenysson y Presidente Masaryk, y en Newton y Lope de Vega, ambos en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
De acuerdo con el relato de esta fuente interna de Sedesol, tanto Prado como Hinojosa se encargaron de contactar a las universidades y pusieron las empresas “fantasma” que triangularon los fondos, aprovechando la exención de licitar en el caso de entidades públicas como las universidades.
Otra funcionaria involucrada es Martha Montoya, quien fue tesorera en Sedesol y ahora ocupa un cargo similar en la Sedatu. Ella dejó alrededor de 4 mil cuentas por liquidar y sin comprobación en Sedesol. En Sedatu, en menos de tres meses, de octubre a diciembre de 2015, habría desviado más de 213 millones de pesos del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
Zebadúa, el “intocable”
Todos estos personajes –Francisco Báez Álvarez, Enrique Prado Ordóñez y Alejandro Hinojosa– dependen directamente del oficial mayor de Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa González, quien ha sido el brazo derecho de Robles en ambas dependencias.
Fueron ellos quienes elaboraron y firmaron los contratos con las universidades estatales que originaron los multimillonarios desvíos de dinero documentados por la revista Procesodesde 2015, y en la investigación La estafa maestra, elaborada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Zebadúa González es hermano mayor de Ramón Zebadúa, quien trabajó con Rosario Robles en el área administrativa de la Secretaría de Gobierno y en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, cuando colaboró con Cuauhtémoc Cárdenas.
Las irregularidades administrativas cometidas entonces por Ramón Zebadúa dieron origen a la denuncia periodística del “cochinito” de Rosario Robles, el 28 de mayo de 2001 en el periódico Reforma.
Emilio Zebadúa, quien fue consejero del antiguo Instituto Federal Electoral, secretario de Gobierno de Chiapas durante la administración de Pablo Salazar Mendiguchía y aspirante a gobernador de la Ciudad de México hace varios años, ha sido señalado por columnistas como presunto responsable de una red de tráfico de influencias y de contratos mediante “empresas fantasmas” en por lo menos 13 universidades públicas. Entre ellas están las de Morelos, Estado de México, Zacatecas, Campeche, Chiapas y Tlaxcala, así como la Intercultural del Estado de México, la Politécnica de Texcoco, la Tecnológica del Estado de México, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, la de Centla, la Politécnica del Centro y el Instituto Superior de Comalcalco.
Zebadúa González, quien se convirtió en “intocable” durante las gestiones de Meade y Luis Miranda Nava en la Sedesol, es primo de Jaime González Aguadé, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quien se sumó a la campaña de Meade como vínculo entre el candidato presidencial priista y los empresarios.
Según versiones periodísticas, antes de que Raúl Cervantes Andrade dejara la PGR en octubre del año pasado ya tenía avanzada una investigación por presunto peculado en contra de Zebadúa González.
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