Como bien tuiteó ayer Viridiana Ríos, compañera articulista de Excélsior, las listas plurinominales son “la verdadera cara de los partidos políticos”.
En efecto, en esas listas —conformadas por la dirigencia de los partidos— quedan desnudos los intereses de esas organizaciones.
Y esos intereses representan casi nunca (si usted prefiere, quítele el casi) a los militantes de base de los partidos, y mucho menos a los ciudadanos.
Los ingenuos que defienden ese mecanismo de postulación dicen que es la manera en que pueden llegar al Congreso quienes tienen alguna especialidad parlamentaria, pero no tendrían éxito compitiendo por el principio de mayoría relativa.
En realidad, las listas de representación proporcional son el resultado de los arreglos descarnados a los que llegó la cúpula partidista con quienes pueden ofrecer más votos o más dinero.
Cuando se coloca al candidato en un lugar que le garantiza un asiento en el Congreso, es la manera de otorgarle un pase automático a un mundo de privilegios, entre los cuales está, desde luego, el fuero o la inmunidad parlamentaria.
Uno pensaría que cualquier propuesta de cambio —más aún, un cambio cuya meta es acabar con la corrupción, como ofrecieron ayer los tres aspirantes presidenciales— implicaría llenar esas listas de personas comprometidas con esa transformación.
Sin embargo, lo que hemos visto en días recientes con la conformación de esas listas es la garantía de que, gane quien gane la Presidencia de la República, los intereses de siempre estarán presentes en el Poder Legislativo, que se ha constituido en años recientes en un garante de la opacidad en el gasto público más que en un órgano de vigilancia de lo que hace el Ejecutivo.
Mucho puede y debe decirse de los vicios que aparecen en las listas de todos los partidos. Hay, en general, una tendencia a hacer prevalecer el provecho de las cúpulas partidistas más allá de cómo se manifieste el electorado en julio.
Resulta terrible para la democracia que los votantes muy poco tengan que decir sobre esas listas. Cuando mucho, pueden decidir cuántos pluris de cada partido logran un escaño en alguna de las Cámaras.
Según un dato que le leí ayer a mi también compañero de páginas Javier Aparicio, en el caso de la lista nacional para el Senado —de la que sale una cuarta parte de los miembros de la Cámara Alta—, por cada 3.12% de los votos que obtiene un partido, un integrante de su lista nacional logra su escaño (son 32 en total los senadores pluris).
Así que si un partido saca 30% de la votación, obtiene entre ocho y diez senadores pluris, sin que los electores puedan decir pío sobre ellos.
Por ejemplo, un candidato sobre el que no tendrán opinión los electores es Napoleón Gómez Urrutia, mejor conocido como Napito.
El exlíder de los mineros, señalado de haber desfalcado a su gremio de un fideicomiso en el que los trabajadores habían depositado más de 54 millones de dólares, se fue al exilio en Canadá en 2006, huyendo de procesos judiciales abiertos en su contra. Gómez Urrutia, quien sucedió en la dirigencia sindical a su padre, Napoleón Gómez Sada, ha vivido en un exilio de lujo en Vancouver, según han documentado diversos medios de comunicación.
Pues ese señor, al que auténticos mineros —él no lo es— le siguen reprochando su actuación, fue incluido por Morena en el sexto lugar de su lista nacional para el Senado de la República, luego de que Andrés Manuel López Obrador dijo, el 10 de febrero pasado, que si él gana la Presidencia crearía las condiciones para que Gómez Urrutia regrese al país.
Por lo visto, esa promesa no resultó suficiente para Gómez Urrutia y éste ahora tiene un virtual fuero que lo protegerá de cualquier persecución judicial, pues, desde marzo de 2013, el Senado no ha dado trámite a una minuta de la Cámara de Diputados que propone eliminar esa forma de inmunidad.
Para que Napito no llegue al Senado, la votación nacional por Morena tendría que caer por debajo de 18%, lo cual es muy improbable.
Quienes lo defienden, alegan que fue exonerado en 2014. En realidad, lo que falló el tribunal de circuito es que el asunto del fideicomiso se ventile en un ámbito ajeno al derecho penal.
Y en lo que Morena hacía los preparativos para repatriar a Gómez Urrutia, el dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, Carlos Pavón Campos, advertía:
“No sabe López Obrador el daño que haría a México traer a Gómez Urrutia… Él no está enfrentando al sistema, más bien ha enfrentado delitos federales y estatales por el robo de los 55 millones de dólares a más de 20 mil mineros”.
Fuente.-Pascal Beltran del Rio/
(Foto/Web)
