Visitanos tambien en:

jueves, 24 de agosto de 2017

El PANISTA ANAYA "BIEN CUAJADO",YA le "CUADRAN" EXPEDIENTE FINANCIERO FEDERAL...no vieron la mano que robaba y si la que gastaba.


Según fuentes oficiales de primer nivel, los órganos de inteligencia del gobierno federal están muy cerca de cuajar un caso de escándalo financiero contra el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya.

JUEVES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2016

El noviembre del año pasado, el periódico El Universal publicó que Anaya se daba una vida de lujos –vuelos constantes a Atlanta, su familia viviendo en Estados Unidos– inconsistentes con los ingresos y patrimonio declarados en su 3de3.
Ricardo Anaya, como suele ser su estilo y estrategia, salió a responder echado para adelante. Dijo que el dinero que tenía no provenía de la corrupción, sino de que la familia de su esposa era rica desde antes y de que él acababa de vender una bodega en 53 millones de pesos. Relató brevemente las historias del patrimonio personal y el de su familia política.
El asunto pareció zanjado, al menos mediáticamente.
Sin embargo, ese cuestionamiento no se quedó en el olvido. Resucitó a consecuencia del pleito entre Los Pinos y el dirigente nacional del PAN, derivado de la elección del Estado de México.
Las autoridades "le rascaron" al asunto, evaluaron las respuestas de Anaya y me dicen que están muy cerca de "cuadrar" el expediente en su contra porque no encuentran explicación de cómo él y su suegro se hicieron de esas bodegas y los terrenos que reveló en su reportaje de ayer El Universal.
La sospecha central es que si bien su fortuna actual se puede entender a partir de la venta de esas propiedades, no está tan claro cómo fue la compra de éstas. Sospechan que se benefició de sus posiciones en la política, desde que fue secretario particular del entonces gobernador de Querétaro, el panista Francisco Garrido.
Frente a los señalamientos, Ricardo Anaya está de nuevo en modo-ataque. Ante la revisión exhaustiva de sus cuentas, veremos quién gana el debate político y quién gana el debate en tribunales. 
El dirigente nacional del PAN ha hecho del combate a la corrupción una bandera de su propia aspiración presidencial. El golpe puede impactar en su línea de flotación. Veremos.
Fuente.-Carlos Loret/


EL "BATALLON 59,BAUTIZO de FUEGO" en TOPON con SICARIOS del "PELOCHAS" del CDG...su primera vez, su primer tiroteo con el narco.


El despliegue militar y la intensificación de los patrullajes castrenses en zonas controladas por los cárteles del Golfo y de los Zetas en Nuevo León y Tamaulipas, en áreas en donde actúan sus grupos locales de apoyo, se tradujeron ayer en al menos seis enfrentamientos que dejaron casi una veintena de muertos, todos ellos civiles.

Los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalaban que el total de civiles muertos por los militares fue de 18, en acciones que se desarrollaron en Nuevo León y en Tamaulipas.

Uno de esos choques armados fue captado en video por un ciudadano desde la  tienda de conveniencia Zona Xpress, localizada en el cruce Constitución y la Carretera Federal Número 2 , en el municipio de Río Bravo, en Tamaulipas.

En ese punto, gente de Luis Alberto Blanco Flores el 'PELOCHAS" del Cartel del Golfo intentaba bloquear ese acceso con una camioneta Suburban fue alcanzada por dos unidades del 59 Batallón de Infantería y atacada tras abrir fuego contra los militares.

Este fue, de hecho, el bautizo de fuego de las tropas que formaban la patrulla militar enviada a revisar la Situación De Riesgo (SDR) en el cruce con la carretera federal.

Los soldados tenían una semana de haber terminado el curso de combate urbano en la Pista 2 del Centro Nacional de Adiestramiento (CNA), en Santa Gertrudis, Chihuahua. De ahí fueron enviados a Reynosa, para apoyar al 77 Batallón de Infantería. El topón que los sicarios les quisieron dar fue su primera vez, su primer tiroteo contra el narco.

Provocación 
El video que circula en redes sociales dura poco más de un minuto y muestra el momento en que dos unidades del ejército -un Humvee descubierto y sin blindaje y una camioneta Cheyenne- circulan sobre la avenida Emilio Gómez, en los límites de la colonia Noé Garza Martínez.

Los vehículos militares frenan intempestivamente cuando descubren a la Suburban estacionada a un lado del cruce de la avenida y la carretera. Hay disparos antes de que las unidades se detengan totalmente, a escasos dos metros una de otra.

Los soldados del Humvee y de la Cheyenne se despliegan en orden, sin apresuramiento, siguiendo el esquema marcado por el Procedimiento Sistemático de Operar (PSO) mientras desde las unidades sus compañeros los cubren con fuego nutrido sobre la camioneta de los agresores.

La camioneta civil, ligeramente inclinada sobre su costado derecho, tiene como fondo el terraplén que marca el basamento de la carretera. El tiroteo es graneado. Los cristales blindados de la unidad se estrellan mientras una nube de polvo surge del terraplén en donde se estrellan los tiros militares.

Los soldados que han gastado sus cargadores de 72 tiros recargan por turnos. Ninguno deja de disparar. No gritan ni corren de lado a lado ni se desesperan. Recargan, apuntan y siguen tirándole a la Suburban. Sobre la carretera circulan trailers y camionetas que milagrosamente no son alcanzados por los disparos del ejército.

El civil que grabó el video está a espaldas de los militares. La camioneta de los sicarios, aunque está al fondo, a unos cuarenta metros de distancia, le queda de frente, junto entre la Cheyenne (izquierda) y el Humvee (derecha). Abre y cierra la puerta de la tienda y sigue captando la escena. Milagrosamente, tampoco es alcanzado por los tiros de los sicarios.

Finalmente, desde la Cheyenne, se escucha la orden de ¡Alto el fuego! … ¡Alto el fuego! Ya nadie dispara desde la Suburban, con sus cristales y carrocería molidos a tiros. Los soldados apuntan, no se confían. Un último tiro militar levanta polvo y piedras en el terraplén.

Nadie en ese pelotón olvidará el enfrentamiento, porque fue el primero de sus vidas, su bautizo de fuego contra el crimen organizado. Los primeros reportes hablaban de dos civiles muertos en ese enfrentamiento. Más tarde el general Édgar Luis Villegas Meléndez, Jefe Operativo del Estado Mayor del Ejército, precisaría que fueron tres los agresores caídos.

En total, hubo seis choques armados entre militares y gente de los cárteles del Golfo y de los Zetas. En los enfrentamientos murieron 18 civiles. No hubo bajas militares. 

El general Villegas le dijo al diario La Razón que los enfrentamientos eran “la reacción desesperada de las bandas criminales ante el avance logrado por las autoridades federales en coordinación con las fuerzas de seguridad estatales y municipales en materia de seguridad pública”.

Los ataques, dijo, fueron coordinados y en algunos casos de manera simultánea en los municipios de General Bravo, Nuevo León, y Río Bravo, Reynosa, Matamoros, Valadeces y El Berrendo, Tamaulipas.

El general agregaba que en el enfrentamiento de Río Bravo murieron tres civiles y otros cinco fueron detenidos. S este grupo le aseguraron siete vehículos, cuatro de ellos blindados; así como 28 armas de fuego, 23 largas y cinco cortas; 58 granadas de mano, 10 granadas de fusil, 34 granadas calibre 40mm, 229 cargadores, un lanzacohetes calibre 66 mm, un proyectil para lanzacohetes y 10 mil 730 cartuchos.

Con informacion.-(Imagen/Video/Twitter)

VIDEO: SE "PICUDEAN AMABLEMENTE" MUNICIPALES y GENERAL del EJERCITO..es la descordinacion que abona a la violencia y fortalece a criminales.


El día de ayer, vídeos difundidos en redes sociales exhibieron el desgaste que sufren las Fuerzas Armadas por estar en labores de seguridad pública a la par de la falta de garantías para los civiles. 

Las dos instituciones que – en el área de seguridad- tenían mejor imagen y opinión ante la sociedad al inicio de este sexenio, el Ejército y la Marina, cada día sufren en la percepción de la sociedad. 

Además, las garantías y derechos de los civiles parecieran no existir o ser desdibujados en aras de cumplir con la misión más difícil y de mayor cuidado para la sociedad mexicana: la seguridad pública.
Ya hace tiempo que tienen diferencias y ¿Y quién pone orden?
Los vídeos, grabados por elementos de la Policía Municipal de Nogales, se realizaron durante un operativo del Ejército para, de acuerdo a fuentes extraoficiales, hacer una revisión de la licencia colectiva de portación de armas de los policías de esa localidad fronteriza de Sonora.

Desde la necesidad de hace ya más de una década de que las Fuerzas Armadas apoyaran a las fuerzas de seguridad pública en sus labores contra la delincuencia organizada, la falta de un soporte legal para sus acciones las ha colocado en una delicada situación jurídica y de imagen. En paralelo, los claroscuros de estas acciones han visto violentados los derechos de los civiles. La línea divisoria entre el enemigo y civiles, se ha difuminado. Los parámetros de actuación de los civiles ante las Fuerzas Armadas también han sufrido esta suerte. 

Lo hemos dicho, repetido y justificado muchas veces en EstadoMayor.mx. 

En la práctica, México se desarrolla en un “Estado de Excepción” sin haberse declarado tal. Exhaustivamente lo analizamos en el “Ensayo de las acciones de las Fuerzas Armadas y el Derecho Internacional Humanitario.” (http://www.estadomayor.mx/?s=+Ensayo+de+las+acciones+de+las+Fuerzas+Armadas+y+el+Derecho+Internacional+Humanitario). 

Hace un año, en “Policía Militar suplantando fuerzas del orden público: indicador de un Estado fallido” ( http://www.estadomayor.mx/67691 ), publicamos:
“El Ejército no debe asumir las funciones de orden público. Punto. Esto sólo sucede en un Estado fallido o rebasado en su capacidad para salvaguardar el orden. Precisamente la implementación de un Estado de Derecho y sus leyes se crean para no recurrir a las armas como una resolución ante conflictos o desacuerdos. “
Más información
Michoacán, el error de no declarar un estado de excepción. http://www.estadomayor.mx/38110 
México, ¿un estado de excepción? http://www.estadomayor.mx/47978
No Aceptar el Estado Especial que Vivimos http://www.estadomayor.mx/70998
Policía Militar suplantando fuerzas del orden público: indicador de un Estado fallido. http://www.estadomayor.mx/67691

El desgaste y confrontación gratuita de las Fuerzas Armadas se materializa en Nogales, Sonora, donde se ven  actuaciones de civiles frente a militares, y viceversa, fuera de toda norma. 

Un policía, subdirector de la corporación municipal, le exige a un General que mueva un vehículo. Se deba esta actitud a soberbia o desconocimiento, resulta inaudita. 

Desconocimiento por no saber las normas mínimas de la vida castrense en las cuáles uno nunca se dirige a un superior, no habla si no se le es ordenado. O bien, con la declaración de un “Estado de Excepción” como en Francia ( “Francia prorrogará el estado de excepción hasta el 15 de julio próximo”https://elpais.com/internacional/2016/12/10/actualidad/1481362914_688871.html ) o “estado de alarma” como en España (“Atentado en Barcelona: las clavesantiterroristashttp://www.elmundo.es/espana/2017/08/18/5996167a22601d7a158b4632.html ),implicaría la obligación de los civiles saber y comprender que no gozan con garantías ni derechos, y por ende, obediencia a los mandatos de las Fuerzas Armadas. En México no hay tal.

En el segundo vídeo difundido por varias personas en redes sociales, camionetas y elementos del ejército, evitan la salida de elementos de la policía municipal. Nuevamente se repiten las escenas de un policía señalando y “manoteando” frente a un mando militar. Los militares no van en compañía -al menos no visiblemente en el vídeo- de elementos de la policía federal, estatal o policía ministerial. A pregunta expresa del policía, el elemento o mando, no muestra una orden que le dé sustento legal para impedir su libre circulación. 

Regresa la constante que hemos señalado en EstadoMayor.mx , no se ha declarado un “Estado de Excepción” que limite o restrinja las garantías individuales y los derechos ciudadanos. En años recientes, por motivos de seguridad, los elementos del ejército no llevan identificadores de rango o nombre, situación que antes era reservada para acciones de combate frontal como en la Guerra de Chiapas, un conflicto armado declarado.

Por una parte hay unos ciudadanos quiénes, por decirlo de manera coloquial, le han “perdido el miedo” al uniforme. 

Por el otro, la ausencia de un marco legal, el impasse para generar una Ley de Seguridad Interior, el fracaso de crear un ente policial con características y equipamiento especial como se había anunciado que sería la gendarmería, se suman a delicadas declaraciones del General Secretario Cienfuegos como “con marco jurídico y sin marco jurídico” el ejército seguirá en el combate a la delincuencia organizada (“Sedena y Semar seguirán trabajando sin marco legal, afirman sus titulares” http://www.reporteindigo.com/reporte/df/sedena-semar-ley-de-seguridad-interior-critican ).
Nogales, Sonora, ciudad fronteriza, no es ajena a problemas de seguridad. Empero, en el sur del estado es dónde se ha recrudecido la violencia, siendo Guaymas y Cajemé -uno de los 20 municipios con mayor índice de homicidios del país- los focos rojos.

A la noche del 23 de agosto, aún no se tenía información oficial acerca de las acciones del ejército entorno a la policía municipal como tampoco se había permitido la salida de los elementos de esta corporación. Revisando el archivo de este blog, cuando se han efectuado operativos similares, han resultado en detenciones grupales de integrantes de corporaciones policiales,o incluso, del ejército mismo.

Nogales, Sonora, pudiera ser esta olla de presión en torno a las labores de Seguridad Pública, el roce entre civiles y Fuerzas Armadas, los entes de seguridad pública y el Ejército mexicano. Desde julio de este año en la prensa local se han evidenciado roces entre ambos. Una olla de presión que de no encontrarse una forma de ser ventilada y controlada, pudiera explotar con graves consecuencias para todos los mexicanos, civiles y miembros de las Fuerzas Armadas. 

Fuente.-Bruno Cárcamo Arvide
@Bruno_m9

ABOGADOS "BAJO FUEGO NARCO" en TAMAULIPAS...cuando litigar es cosa de vida o muerte.


Con instituciones judiciales infiltradas por la delincuencia y las amenazas de los grupos la profesión de abogado o el litigar en Tamaulipas se ha vuelto una actividad de riesgo.
Licenciados asesinados, secuestrados, amenazados, exiliados no es ninguna novedad entre el gremio de profesionales del derecho.
Durante los últimos ocho años, ejercer la profesión de abogado y en particular llevar asuntos del ramo penal se ha vuelto no sólo difícil debido a lo complicado de los asuntos como delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio, porte de armas de uso exclusivo del Ejército, narcomenudeo sino ante todo por las amenazas de que son objeto por parte de los grupos delictivos.
En Ciudad Victoria han muerto cinco abogados que se dedicaban al derecho penal, otros seis han sido secuestrados, amenazados y otros más incluso se han tenido que ir con sus familias a otros regiones del país.
En Tamaulipas los abogados han dejado de litigar los asuntos penales ante las amenazas de grupos delictivos, indicó Javier López Rios, presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de Tamaulipas, quien mencionó que más de un 90% de los asuntos del ramo penal son llevados por los defensores de oficio que asigna el gobierno a los acusados.
Comentó que son muy pocos los abogados los cuales se hacen cargo de llevar casos del ramo.

"Ante los homicidios de que han sido víctimas algunos abogados, así como amenazas de que han sido objeto por parte de delincuentes muchos litigantes han desistido de trabajar este ramo del derecho".

Añadió que abogados han sido asesinados secuestrados, golpeados, amenazados por defender a tal o cual o persona, o bien por no poder sacarla de la cárcel.
López Ríos, apuntó que no existen condiciones para poder litigar con tranquilidad y confianza esta rama de la abogacía.
Ante esta situación más de un 90% de asuntos judiciales del ramo penal son llevados por los defensores de oficio que el gobierno asigna a los procesados.
Homicidio, secuestros amenazan a los litigantes del derecho     
CJ quien durante más de 16 años ejercicio su actividad de abogado en el ramo penal, señaló: "hasta en la defensa de un acusado se da la revalidad entre los grupos de delincuentes. Si defiendes a una persona vienen los del grupo rival y te amenazan de que abandones el caso o lo pierdas".

"Vienen hasta el despacho, se meten o te llaman por teléfono y te dicen que dejes de defender a tal o cual persona o abandones el caso que pierdas el caso o pierdes de la vida. Te ven como parte del grupo rival".

JCH, quien laboro dentro del Poder Judicial y posteriormente se dedicó atender asuntos del fuero penal, comentó: 

"Hace años más del 80% los obtenía de casos penales, gane buen dinero. Pero llegaron las advertencias y acabas por abandonar ese ramo".

Sostiene que las instituciones de procuración y administración de justicia se encuentran infiltradas por la delincuencia desde ahí les avisan a grupos que abogado anda defendiendo a cada acusado.

"Antes se ganaba muy bien. Ahora simplemente te amenazan".

Y agregó: "las amenazas no son solo porque defiendes a tal o cual acusado. Sino también es presión para que defiendas alguien y lo saques de la cárcel o  si fracasas te va la vida".
Los abogados consultados y que reservaron sus nombres por temor a las represalias coincidieron en señalar que actualmente no más del 6% de los profesionales de la abogacía se dedican a los asuntos penales. "Preferimos atender asuntos del ramo civil divorcios, reclamo de pensiones alimentarias asuntos menores por así decir".
CJ sostiene que los mismos Agentes del Ministerio Público son amenazados y por ello una deficiente integración de los expedientes de los acusados lo cual viene a facilitar  sacar a la persona de prisión.
Ambos abogados  también coincidieron en que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio vendrá a complicar pues ahora con los juicios orales públicos el abogado defensor, el fiscal y el juez quedan expuestos. 
Ahora para la ley ya no existen los delitos graves que deben recibir otro tratamiento.
Los asesores atienden un promedio de 200 casos cada uno.
Reitera CJ que ante tal carga de trabajo que tienen los defensores de oficio es evidente que existe una mala calidad en el trabajo así un 75% de los reos se encuentran en la indefensión al no ser bien llevados sus casos. "Sus casos, expedientes no se revisan se quedan archivados y ellos abandonados en la cárcel".
Otro aspecto que incide en la calidad del trabajo de los defensores de oficio es que mientras estos ganan no más de 20 mil pesos, los Ministerios Públicos tienen un ingreso superior a los 40 mil pesos, siendo que la ley establece que los salarios de ambos deben estar homologados. Existe una enorme diferencia entre el sueldo de un defensor público y un agente del Ministerio.
Agregó que todo esto no se presenta sólo en el fuero común también en el fuero federal es la misma situación.
JCH advierte que el problema no está solo en el ramo penal sino también mercantil cuando se trata de asuntos de cobranza. Igualmente se reciben amenazas para que desistas del cobro de una deuda, sostuvo.
"Todavía hace algunos años si tomabas algún asunto del ramo penal indagabas si no enfrentarías problemas al asumir la defensa de tal acusado. Pero ahora lo mejor es ya  no atender asuntos penales", puntualizó CJ.
Sin capacidad para defender a acusados                                                    
Por su parte, Rosario Garza Hinojosa, director del Instituto de Defensoría Pública mencionó que los asesores del Instituto litigan el 94.5 por ciento de los asuntos judiciales en Tamaulipas, debido a la negativa de los abogados privados de llevar los proceso penales.
Ante este escenario, se requiere que se homologue el salario de los defensores de oficio con los ministerios públicos de acuerdo artículo 17 constitucional a fin de que tengan condiciones laborales equitativas y justas.
Rosario Garza destacó que hoy en día la tarea de los defensores públicos es horizontal  a la de los Ministerios Públicos frente a un Juez de control o enjuiciamiento.
Actualmente los abogados de oficios perciben en promedio entre 18 y 20 mil pesos menos que un ministerio público el cual percibe hasta 40 mil pesos, lo que por la naturaleza de sus funciones, la peligrosidad de las mismas y la carga de trabajo los pone en desventaja.
Fuente.-LaSillaRota.