Roberto Eduardo Adame Ochoa y Francisco Adame Garza, funcionarios del Gobierno de Jaime Rodríguez, son familiares de un ex fiscal mexicano acusado en Estados Unidos de lavar dinero del narcotráfico y forman parte de una red de empresas vinculadas con él.
El ex fiscal federal Sergio Guadalupe
Adame Ochoa, detenido el 16 de junio por autoridades estadounidenses junto con
14 personas más, es acusado de lavado de dinero para un cártel mexicano y de
fraude electrónico.
Además de haber sido fiscal, el detenido fue
hasta el 9 de julio del 2015 titular del Centro de Inteligencia y
Comunicaciones para la Seguridad de la Fiscalía General de Jalisco.
Aunque nació en Matamoros, Tamaulipas, Adame
Ochoa tenía operaciones en Nuevo León y su nombre aparece en al menos siete
empresas, cuyos giros van desde el servicio de fletes y fábricas de cerámica,
hasta bienes raíces, comercialización de alimentos, construcción y compra de
maquinaria.
En algunas de esas empresas aparece como
accionista su hermano Roberto Eduardo, titular de la Unidad de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno, y antes Coordinador General
Administrativo.
Roberto Eduardo, que en el Gobierno estatal
tiene un sueldo neto de 53 mil 139 pesos mensuales, aparece como socio en siete
compañías, entre ellas Mascotas Génesis, Transportes Estrever y Recursos
Especializados en Informática.
En las cuatro restantes -Alan Technology,
Automotores Continental, Plaga y Acero Continental y Fletes de Allende- aparece
también el nombre de su hermano detenido en Texas.
En algunos de los casos ellos crearon las
compañías y en otros compraron acciones para quedarse con ellas o volverlas a
vender.
El ex fiscal, que fue detenido en San Antonio,
Texas, también es o ha sido socio de otras empresas como IMA Cerámicas, Pilser
Technologies, Continental Marine Food de México y MS Ingeniería Construcción y
Comercio.
Su sobrino Francisco, quien funge como
coordinador en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de "El
Bronco", figura como socio de Minera Dubai junto con José Luis
Villarreal González, nombre que coincide con el de una de las personas
detenidas en Texas junto con Sergio Guadalupe.
Francisco, quien en la Secretaría de Desarrollo
Social percibe un sueldo de 35 mil 179 pesos netos al mes, es mencionado
también en las empresas Tixware Consulting, Traslados y Fletes Adame, y
Autotransportes Guerra y Garza.
El funcionario, a su vez, es hermano de Antonio
Adame Garza, contratado en el Gobierno con el puesto de analista de
videovigilancia en el C5, puesto que según la nómina disponible tiene un
salario de 10 mil 509 pesos después de impuestos.
Antonio es socio de Francisco en Traslados y
Fletes Adame.
El ex fiscal también es hermano de Alma
Gertrudis Adame Ochoa, quien fue proveedora del Estado en las gestiones de
Natividad González Parás y de Rodrigo Medina.
En total, los nombres de Roberto Eduardo,
Francisco, Antonio y Sergio Guadalupe aparecen en al menos 15 compañías creadas
entre 1985 y el 2014.
La red de empresas también se entrelaza con los
nombres de otros familiares, incluida la madre de los Adame Ochoa.
La ONU y organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos señalan: el Estado mexicano sigue ejecutando extrajudicialmente y haciendo uso excesivo de la fuerza. Lo de Oaxaca, la norma y no un hecho aislado.
El Estado mexicano asesina a quienes ejercen su derecho a la protesta o disienten de las políticas llevadas a cabo por funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Además, garantiza impunidad para los perpetradores. Son las conclusiones a las que, por separado, llegan organizaciones defensoras de derechos humanos mexicanas, pero también internacionales y hasta dependencias de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“La privación arbitraria de la vida y la impunidad siguen siendo problemas graves de México”, apunta el relator especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns.
En el Informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento a su misión en México se asienta que el Estado mexicano no pudo cumplir a cabalidad siquiera una de las recomendaciones que el organismo internacional realizó luego de su anterior visita hace 2 años. Lo más que hizo el gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto, fue a aplicar “parcialmente” algunas de ellas.
“Los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando la vida, en particular, de las personas vulnerables. Las medidas de protección de los grupos en situación de riesgo siguen siendo insuficientes e ineficaces”, concluye el documento.
Fechado en mayo pasado y con número de oficio A/HRC/32/39/Add.2, el informe se dio a conocer apenas un par de días antes de que en Nochixtlán, Oaxaca, la Policía Federal intentara disolver una protesta con el uso de armas de fuego. El saldo, hasta el momento es de 10 manifestantes asesinados, aunque el número podría incrementarse en los próximos días debido a que algunos manifestantes se encuentran postrados y en estado grave tanto en hospitales públicos como en comunidades de la sierra mixteca.
El documento se emite 2 años después de que el relator visitara México para atestiguar la situación de vulnerabilidad de grupos e individuos ante las ejecuciones extrajudiciales que, desde el sexenio de Felipe Calderón, se venían cometiendo en el país. En aquella ocasión, el relator estuvo en México del 22 de abril al 2 de mayo de 2013. A más de 25 meses, el Estado mexicano no pudo presentar avances sustanciales en la aplicación de las recomendaciones para revertir el problema.
Lo que el relator observó durante su visita a México fue que “el derecho a la vida estaba en grave peligro en el país como resultado de diversos factores, entre ellos las deficiencias del sistema jurídico, el aumento de la delincuencia organizada y el narcotráfico, la militarización de la policía, la falta de disposición o de capacidad de la policía y los fiscales para iniciar investigaciones, la desconfianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial y la falta de rendición de cuentas por violaciones cometidas”.
Gabriela Carreón Lee, colaboradora del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), coincide en que “no hay un avance real en esta materia”. Y para remarcar la importancia del problema, recuerda que, al hablarse de ejecuciones arbitrarias, es que están involucrados actores estatales: el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Policía Federal, principalmente.
No ha sido el único informe reciente en el que el Estado mexicano es señalado directamente como violador de derechos humanos. La Open Society Initiative hizo público un estudio, el cual, desde su título, describe el terror que se vive en México y las responsabilidades de las autoridades: Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México.
Luego de documentar cientos de casos de violaciones graves a los derechos humanos en más de 160 páginas, el informe concluye: “A más de 9 años de que el gobierno federal lanzara su estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado, la crisis de asesinatos, desapariciones y tortura continúa, alimentada tanto por el crimen organizado como por la respuesta de mano dura por parte del Estado mexicano”.
Agrega: “Existen bases para sostener que actores estatales y no estatales por igual han cometido crímenes de lesa humanidad en México”.
El demoledor informe apunta a las responsabilidades servidores públicos: “La crisis de impunidad en México es el resultado de una falta de liderazgo político. Los altos funcionarios del gobierno han negado y minimizado las dimensiones de la crisis, han acusado sin fundamento a víctimas del crimen y han buscado desacreditar tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a observadores internacionales que han alertado sobre los problemas”.
Esta actitud de los tres niveles de gobierno se ha traducido en, señala el informe de la Open Society Initiative, “políticas oficiales desacertadas consistentes en ocultar y falsear información respecto a las atrocidades y su responsabilización, aceptar la tortura como base para la investigación penal, detener a personas inocentes dejando libres a los verdaderos autores, oponerse a la rendición de cuentas de la milicia, militarizar a la policía con el resultado de una mayor comisión de delitos y no su resolución, no aislar los servicios forenses y la protección de testigos de la manipulación indebida, y no simplificar la burocracia, cuya complejidad ha dejado al sector justicia propenso a una mayor manipulación”.
Otros organismos, estos multilaterales y por separado, también han condenado el actuar de las autoridades mexicanas: el año pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), señala que, en específico, los casos de ejecuciones extrajudiciales se viene presentado desde hace varios años.
“Hay una continuidad histórica en las acciones represivas del Estado. Y hay un aprendizaje de acción: crear escenarios de estados de excepción para ir a reprimir a quienes están reclamando derechos legítimos.”
El defensor de derechos humanos señala que en la entidad federativa donde el Frayba tiene su sede, Chiapas, se han documentado 87 casos de ejecuciones extrajudiciales. En estos crímenes han participado tanto policías como militares y se han llevado a cabo en el marco del conflicto interno más fuerte que tiene el país, entre el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Señala que, por supuesto, Chiapas no es el único estado de la república con estas estadísticas. Recuerda casos como el de El Charco, en Guerrero, cuando el 8 de junio de 1998 el Ejército Mexicano presentó como un “combate” con guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente el asesinato de milicianos y pobladores desarmados. Estos casos señalan que en todo el país y desde hace varios años se cometen ejecuciones extrajudiciales.
“Y si nos vamos más atrás, pues tenemos las masacres de estudiantes en 1968 y 1971”, destaca.
Carlos Ventura, colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señala que el uso de la fuerza pública, tanto civil y militar, es recurrente y generalizado en diferentes partes de la república. Este abuso ocurre, además, en medio de una crisis de derechos humanos y de una conflictividad producto de un malestar social constante.
“Y el uso arbitrario de la fuerza ha tenido como una de sus peores expresiones las ejecuciones arbitrarias”. Lo grave es que el Estado hace uso de estos mecanismos para ejercer un “control social”, explica.
Recomendaciones de la ONU, ignoradas
Luego de su visita en 2014 y darse cuenta de la crisis que vive México en materia de derechos humanos, y específicamente en la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, el relator especial de la ONU emitió siete recomendaciones generales: “establecer un marco jurídico y de políticas para la protección del derecho a la vida; promover la rendición de cuentas por las vulneraciones de los derechos humanos pasadas y presentes; poner fin a la militarización de la seguridad pública; aplicar la jurisdicción civil en los casos de vulneraciones de los derechos humanos; adoptar normas exhaustivas sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden; proteger los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada; y proteger el derecho a la vida de los grupos vulnerables”.
De éstas se derivan otras más de carácter específico. De todas, ninguna cumplió a cabalidad el Estado mexicano.
Una de las recomendaciones que el relator especial de la ONU emitió con más énfasis fue la desmilitarización del país. Ahora, a más de 2 años, “lamenta que no se haya avanzado en la aplicación de la recomendación”. Por el contrario, señala “una serie de trágicos acontecimientos” en las que las Fuerzas Armadas Mexicanas se han visto involucradas. Y se trata de hechos nada menos que de ejecuciones extrajudiciales. Cita el caso de Tlatlaya, Estado de México, donde en junio de 2014 murieron 22 civiles. “Si bien las autoridades mexicanas declararon que todas las muertes se habían producido como parte de un ‘tiroteo’, los documentos militares revelaron que existía una orden explícita de ‘matar a criminales’. Posteriormente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que, al menos, 12 de las víctimas, y posiblemente hasta 15, fueron privadas de la vida extrajudicialmente tras ser capturadas”.
También cita el caso de Calera, Zacatecas, donde en julio de 2015 militares se vieron involucrados en la desaparición forzada y asesinato de siete personas. Y el de Santa María Ostula, Michoacán, lugar donde fue asesinado un niño de 12 años cuando militares intentaron disolver una protesta.
Al respecto, Carlos Ventura, del Centro Vitoria, señala que “el uso del Ejército en labores de seguridad pública ha generado un incremento mayor de violaciones a derechos humanos. Y que el Ejército siga en estas labores es un caso de falta de voluntad política: claro que el Poder Ejecutivo podría generar ya programas o un plan de acción para las Fuerzas Armadas se vayan retirando a los cuarteles”.
Lo que es necesario, dice Ventura, es cambiar el actual modelo de seguridad pública por uno de “seguridad ciudadana o seguridad humana basado en el respeto y garantía de la dignidad de las personas”.
Gabriela Carreón, del Centro Prodh, explica que las ejecuciones extrajudiciales que se presentan en México tienen varias modalidades: están las que se realizan en un contexto de represión, como en Nochixtlán, Oaxaca; pero también suceden en otros contextos, como cuando las víctimas están recluidas o son retenidas por actores estatales, o cuando son torturadas. Es decir, el hecho es tan generalizado que se presenta en varias situaciones.
Uso de la fuerza
Ya en su visita de 2013, el relator había expresado su “preocupación” por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden público en las manifestaciones o en las detenciones. Entonces observó que en el país “no existía un marco jurídico coherente en ese ámbito”.
Al momento de presentar el informe, no tenían lugar aún los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, pero la ONU ya había sido informada de varios casos de uso excesivo de la fuerza en los últimos meses durante manifestaciones o reuniones. En el documento se destaca el ocurrido en julio de 2014, cuando la policía disparó contra manifestantes en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla. En esos hechos un niño había resultado muerto y seis personas habían sido heridas.
Otro caso a destacar es el de Iguala, Guerrero, cuando en septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y tres personas fueron asesinadas. Son los saldos, asienta el informe, de “unas operaciones conjuntas de la policía municipal y diversos hombres armados contra 80 estudiantes”.
También, en enero de 2015 murieron 10 personas y 21 resultaron heridas durante una manifestación en Apatzingán, Michoacán. “Si bien las autoridades habían indicado que las víctimas habían muerto en un enfrentamiento entre grupos de autodefensa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que los agentes habían cometido graves violaciones a los derechos humanos y que, como resultado de ello, se habían producido cinco casos de privación de la vida y una ejecución extrajudicial”.
En este rubro “el relator especial lamenta la falta de aplicación de la recomendación y los consiguientes episodios de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por el Ejército y la policía”.
También se constató que las autoridades mexicanas siguen manipulando las escenas de delitos. Y siguen sin conservar ni transferir adecuadamente restos mortales.
Para Gabriela Carreón se trata de todo un patrón de conducta de las autoridades posterior a las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias: “Aparecen con un comunicado de prensa diciendo que las personas que murieron eran delincuentes o que murieron en un enfrentamiento; generalmente se dice que se repelió una agresión. Entonces ya hay una estigmatización de las víctimas de ejecución”.
Y lo que sigue es una serie de falencias en el proceso de investigación: “Es común que no se recaben todas las pruebas al momento de la ejecución y todo el proceso es obstaculizado. No se investiga a los actores que participaron, ni la cadena de mando, existe la manipulación de las escenas…”
Asimismo, el Estado mexicano hizo caso omiso de la de recomendación de la ONU para que “las ejecuciones extrajudiciales y las masacres” cometidas durante el periodo de la Guerra Sucia “fueran debidamente investigadas, procesadas y juzgadas, que los responsables fueran castigados y que las víctimas y sus familiares recibieran una reparación adecuada”.
Los defensores de derechos humanos coinciden en que no basta con que México suscriba tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos para que se respete en el país la dignidad de las personas. Incluso, tampoco basta con que se aprueben leyes federales y locales sobre este tema.
México dice adoptar los estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza. La ONU recomienda tajantemente que el accionamiento de armas de fuego sea el último recurso en el uso de la fuerza. Además, a nivel local se cuenta con instrumentos jurídicos, como las reforma en materia de derechos humanos de 2008 y de 2011, que buscan proteger a las personas y garantizar sus derechos.
Sin embargo, observa Carlos Ventura, “hoy hay muchos actos contrarios al espíritu de esa reforma y al de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”. Todo porque se hace un “uso faccioso de la ley, un uso de manera arbitraria, que se amolde a los intereses de algunos grupos en el poder”.
De acuerdo con Pedro Faro, director del Frayba, los derechos humanos son para el Estado mexicano “un discurso y un eslogan; vacía de contenido el concepto. Por ello tenemos un marco normativo importante en materia de derechos humanos, pero que no corresponde con la realidad”.
El asunto de fondo en la falta de concordancia de las leyes en materia de derechos humanos con lo que pasa en la realidad es “que las autoridades mexicanas, sobre todo el Poder Ejecutivo, quiere controlar a la población”, dice Carlos Ventura.
Agrega que la situación sólo cambiará cuando la sociedad obligue a las autoridades a “cambiar el paradigma de seguridad”. Porque incluso, se pueden aprobar leyes acerca de los derechos humanos que terminan siendo contrarias a éstos.
Un ejemplo es el de la conocida como ley bala, en Puebla: una ley local para el uso de la fuerza pública que en realidad lo que auspiciaba era la habilitación de la represión.
“Por ello tenemos un gran reto también en materia conceptual para construir una legislación y una normatividad que verdaderamente controle el uso de la fuerza”, observa Ventura.
Gabriela Carreón concluye que nada justifica la violación de los derechos humanos, ni la lucha contra la delincuencia organizada: “no puede defender derechos humanos violando otros derechos humanos”.
Autoridades de Tamaulipas dieron a conocer que agentes de la Policía Ministerial cumplimentaron dos órdenes de aprehensión contra un sujeto presuntamente vinculado con el asesinato del dirigente de la CTM Victoria, José Angel Morales Medina, así como la ejecución de dos jóvenes. La EJECUCION PERPETRADA el 19 de MAYO fue llevada a cabo por "PRESUNTOS GATILLEROS ZETAS" del "CARTEL DEL NORESTE",asi se infiere del NARCOMENSAJE abandonado en la escena criminal y presuntamente autoadjudicado por este "GRUPO DELICTIVO" quien relaciono al hoy occiso con sus RIVALES del "GRUPO BRAVO" también llamados "ZETAS VIEJA ESCUELA".
El presunto triple homicida responde al nombre de Jesús Heriberto Zarazúa Rodríguez, de 27 años de edad y originario de esta ciudad capital. En sus declaraciones aceptó trabajar para un grupo delincuencial que opera en el municipio de Victoria y poblados circunvecinos.
Su detención la realizaron los agentes de la Policía Ministerial cuando se desplazaba en un Jeep Liberty blanco cerca de conocido centro comercial. Al revisar la unidad, encontraron una pistola automática calibre 45 milímetros, por lo que se procedió a su arresto cautelar.
El arma de fuego fue sometida a análisis para determinar si estaba o no vinculada con los recientes hechos de violencia registrados en la capital del Estado. Los resultados indicaron que había sido usada en por lo menos tres homicidios.
Uno de ellos es el de José Angel Morales Medina, dirigente de la CTM Victoria, quien fue privado de la vida en la calle Pascual Orozco, entre Francisco Villa y Lázaro Cárdenas de la colonia Adolfo López Mateos, cuando bajaba de una camioneta Nissan X Trail modelo 2009.
El homicidio ocurrió el 19 de mayo pasado, cuando Morales Medina supuestamente se dirigía a una casa en construcción ubicada en la calle Pascual Orozco.
Los otros dos homicidios fueron cometidos en agravio de los jóvenes Francisco Javier González Landeros, de 19 años y Jessica Alejandra Martínez Reyes, de 17 años. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados en el interior de un automóvil Honda Civic color verde, placas del Estado de Texas.
El vehículo en cuestión fue localizado el 3 de marzo pasado en la calle Sonora, entre las calles 15 y 16 de la colonia Viviendas Populares. A 30 metros estaba un vehículo Toyota Corolla color gris plata, en cuyo asiento trasero se localizó una cartulina con mensaje alusivo a la muerte de los dos jóvenes.
Jesús Heriberto Zarazúa Rodríguez se encuentra recluido en el Centro de Ejecuciones de Sanciones de Cd. Victoria por el delito de homicidio calificado en ambos casos, a disposición del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal".
Un grupo de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación adheridos a la CNTE y organizaciones aliadas protestan en Asunción Nochixtlán para recordar a los ocho fallecidos en el enfrentamiento de la semana pasada.
El domingo 19 de junio, docentes y policías federales se enfrentaron en la carretera Oaxaca-México a la altura de Asunción Nochixtlán, donde los maestros mantenían un bloqueo. El saldo fue de ocho muertos y más de cien heridos.
Los inconformes exigieron una indemnización a los familiares de las víctimas, atención médica, atención psicológica a niños, y que apoye con la construcción de un hospital de especialidades.
En la región, la asamblea comunitaria desconoció al presidente municipal, Daniel Cuevas Chávez, quien se ausentó de su cargo luego del enfrentamiento. Para suplirlo, la comunidad designó una Comisión de Gobernabilidad que exigió a la legislatura local su reconocimiento.
El cuerpo colegiado está integrado por Sergio Cruz García, Sergio López, y Hugo Colmenares López, quienes aseguraron que no tienen interés político ni quieren ser parte de un Ayuntamiento, ya que sólo desean el bien de su pueblo.
Reanudan bloqueos
Tras la manifestación, los profesores volvieron a bloquear en 13 ejes carreteros particularmente en la zona del Istmo de Tehuantepec, la zona de la Mixteca, la Costa y el Valle Central.
De acuerdos con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, en Teotitlán del Valle, los bloqueos se presentan en la carretera federal número 135, kilómetro 62 + 300 a la altura del IMSS, con la participación de un grupo de 30 personas.
En Cañada permanece suspendido el tránsito de vehículos en la calle Galeana entronque con el camino de terracería Camino Viejo. Sobre la carretera federal 135, frente a la tienda de Materiales Cruz Azul, se permite el paso pero sólo si los automovilistas pagan una cuota.
En la Costa, los bloqueos se registran en la carretera estatal 131 entronque con carretera estatal 178 a la altura de la población San Lucas Cerro del Vidrio, con más de 300 personas, y sobre la carretera federal 200 kilómetro 93 a la altura de la Escuela Normal.
En el Istmo, los profesores cerraron el paso en el Canal 33 y el Puente de Fierro sobre el Río Los Perros; la carretera federal Transístmica 185 Coatzacoalcos- Salina Cruz a la altura del kilómetro 198+500, donde se ubica la empresa Coca- Cola y en el kilómetro 199+500 frente al edificio de la Policía Federal.
En Santa María Huamelula, el paso está permitido para vehículos pequeños. En la Mixteca se registran tres puntos bloqueados en La Hacienda, Puente La Cuchara y en la entrada a San Juan Lagunas.
La carretera 190 a Nochixtlán y la supercarretera 135D también se encuentran sin paso en ambos carriles. En la Cuenca, los tramos sin acceso a vehículos son la carretera federal 200, Buenavista-Tuxtepec-Oaxaca a la altura del kilómetro 035 + 000.
En Boca San Cristóbal sólo se da el paso a diez vehículos particulares y del servicio público cada dos horas cobrando una cuota de 50 y 100 pesos. La entrada a la comunidad de Vega del Sol (Zuzul) , perteneciente al municipio de Santa María Jacatepec, también fue bloqueada por un grupo de aproximadamente 20 personas.
En la ciudad de Oaxaca, el magisterio disidente realizó el acordonamiento de la sede del Instituto Estatal de Educación Pública de la entidad (IEEPO) y de sus oficinas alternas.
También se manifestaron frente a la sede de la delegación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y desplegaron una brigada para cerrar las sedes alternas del instituto, desde donde trabaja el director del IEEPO, Moisés Robles.
Los maestros bloquean el acceso a los inmuebles, donde colocaron campamentos, casas de campaña y mantas exigiendo justicia por el caso Nochixtlán, demandando castigo al gobernador Gabino Cué y al gobierno federal por este acto.
La Fiscalía General del Estado (FGE) envió a la fosa común los restos de ocho cuerpos sin vida que fueron hallados en la comunidad de Coscontla, en el municipio de Huatusco, en la región central montañosa de Veracruz.
Los cuerpos catalogados como NI (no identificados) fueron encontrados el pasado 3 de junio, dos días antes del proceso electoral local, sin embargo, ese día el vocero de la Fiscalía, Omar Zúñiga y personal de la Dirección de Investigaciones Ministeriales negaron los hechos de forma contundente.
Un día después, el alcalde de Emiliano Zapata, Daniel Olmos, admitió que sujetos desconocidos le dejaron una cabeza humana en un parque de la localidad de Carrizal, amenazándolo de muerte. Su hijo del mismo nombre un día después ganó la diputación local por la coalición PAN-PRD.
Los restos hallados en Huatusco se encontraban cercenados y en diferentes grados de descomposición.
El entierro de los mismos se realizó en total hermetismo después de 22 días del hallazgo.
La carpeta de investigación correspondiente contiene el folio UIPJ DXIII/3ero/ 376/2016.
Personal de la funeraria Hernández, que presta servicios a la Fiscalía local, enterró algunos de los cuerpos en féretros y otros en bolsas rotuladas con los folios correspondientes a su mapa genético.
Extraoficialmente se logró conocer que de los ocho cuerpos dos pudieran ser mujeres y el resto personas del sexo masculino.
El material fotográfico fue proporcionado por Julio César Herrera Castro, periodista de El Buen Tono.
Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre el hallazgo de los ocho cuerpos.
Para regresar, hay que irse. Manlio Fabio Beltrones está en la política, en la verdadera política, desde que los actuales protagonistas del poder estaban en primaria. Sin embargo, su sabiduría no tiene que ver con la experiencia, sino, precisamente, con la capacidad de entender el tiempo presente como quienes apenas están entrando al espacio público.
Ver, entender lo que ves, escuchar, asimilar lo que escuchas parecerían ser algunas de las capacidades que los políticos “modernos” han olvidado. Ver la realidad, no más, no menos. Meter las manos en el lodo permanente de las verdades sin temer esa sensación viscosa, sabedor de que el lodo siempre termina por secarse y caerse.
Ese “lodo” es la derrota de su partido. De su partido con todas las letras. El suyo, el que dirigía, el que siempre ha antepuesto a sus ambiciones legítimas. Perdieron, vaya que perdieron con un estruendo que todavía no se apaga. Y ante eso no se vale, no hay espacio para la negación.
Beltrones es un hombre inteligente. Que, además, sabe para qué sirve poder pensar. Pensamiento que se une a la acción. Pensamiento que puede encadenar un acto con el siguiente. Imaginar, apostar, recordar, afianzar… ejercicios que le son rutina.
El reto quedó establecido a partir de la confusión primera, la que él mismo aceptó, de los resultados. Esos que aparecían a favor y se convirtieron en el mayor golpe contra el PRI. En su contabilidad, privada y también en la pública, Manlio siempre supo dónde estaba el riesgo, que operaba en contra de “sus candidatos”: la realidad.
Sí, eran “sus candidatos” pero a partir de lo posible. De la suma de las posibilidades entre los jaloneos del poder. “Sus candidatos” de unidad en todo el alcance de esto, de la unidad que necesitaba con urgencia el partido para ganar. Eran los precisos, o los necesarios, o los que no había de otra, pero eran –así creyeron él y muchos otros- los que podían ganar. Un “podían” que Beltrones tradujo en: “debían” ganar.
No fue así.
Pocos han hecho el análisis profundo. Menos han hurgado en los motivos. Beltrones sí. Lo hizo y entendió. Lo hizo y supo.
Por eso se fue.
Por eso se va.
Para poder regresar. Para poder ser con otras realidades, con otras razones, con otras opciones. No se vale negarnos a escuchar cuando dice que, por el momento, no piensa en la candidatura presidencial. Ese “por el momento” es un instante o un mes o una suma de circunstancias que a su manera va a acomodar a su favor. Como sabe hacerlo.
Fueron los gobernadores, la corrupción, la falta de sensibilidad de quienes lo rodean y/o lo mandan, fueron todos los negativos que se han ido acumulando como si fuesen, en verdad como si fuesen ese “mal humor” social que se empeñan en negar. Fue un encabronamiento, palabra exacta para calificarlo, de la sociedad que no se puede ignorar.
¿Qué hacer con un partido político que se ha convertido en sinónimo de una corrupción que agravia cada día más a grandes sectores sociales? El lastre, hoy por hoy, son las siglas del PRI, lo que éstas comunican a la sociedad que cada día ve su horizonte más limitado. El cansancio ante las magnificaciones de corrupciones e impunidad, que ciertas o no se han convertido en banderas de la oposición.
¿Cómo votar por un candidato del PRI si el gobernador ha fallado, ha sido incapaz, ha demostrado una ambición desmedida, ha acaparado negocios, ha olvidado sus promesas de campaña? ¿Cómo votar por un candidato del PRI con tanto hartazgo por un Gobierno federal que no aterriza los cambios, que no proporciona esperanza, que no ha logrado empatía con sus realidades y menos, menos todavía, con sus sueños?
Muchos pensamos que difícilmente serán mejores los ganadores, que la realidad está tan plena de negativos que no podrán remontarla, que esas “deudas públicas” que fustigaron en los gobernantes serán uno de los lastres más pesados. Pero eso es otro tema.
Lo cierto es que se perdieron siete gubernaturas. Y que las que se ganaron fueron por un margen pequeño, por una realidad ajena al PRI. Que el país parece caminar en contra de su partido. Y que Beltrones lo entendió.
Manlio Fabio Beltrones entendió, como ningún otro, de qué lado masca la iguana del futuro. Por eso dio el giro más audaz, más valiente y mejor auspiciado: Se fue…
Un crudo reportaje en VIDEO a 1O AÑOS de la "CRUENTA GUERRA CONTRA las DROGAS en MEXICO" con un éxito que aun no se vislumbra,pero cuya demora ha "CAUSADO YA MILES de MUERTOS,MILES de DESAPARECIDOS,MILES de DESPLAZADOS" y la "DROGA SIGUE FLUYENDO",la "SANGRE SIGUE CORRIENDO",los "IMPUNES SIGUEN GOZANDO" mientras los "CIUDADANOS SIGUEN PAGANDO".
