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jueves, 26 de noviembre de 2015

TAMAULIPAS:...la DERROTA de los "GENERALES"...han "vivido" del "ensayo y error".


Cuatro militares en cinco años de gestión de Egidio Torre Cantú como gobernador de Tamaulipas, no han podido contener desde la secretaría de seguridad pública estatal el dominio del crimen y la delincuencia en esta región del país. 

Pese a las evidencias de la infiltración del crimen en la esfera del poder local, como el caso del ex gobernador Eugenio Hernández quien reapareció en el quinto informe de gobierno del mandatario, el ejército y la marina se han “atascado” en ciudades como Reynosa, Matamoros, Río Bravo, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, donde no han podido contener a la ola delincuencial que se ceba sobre la población civil en sus diferentes estratos.

Fue un coche bomba que resultó más que una amenaza. Una madrugada de principios del mes de julio del 2012, una explosión de un artefacto depositado en un vehículo a las afueras del domicilio de Rafael Lomelí Martínez, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dejó un herido y dos escoltas muertos del entonces secretario de seguridad pública del estado.

El funcionario, capitán retirado del ejército y comisario de la Policía Federal que asumió el cargo en abril del 2011 en sustitución del general de división retirado Ubaldo Ayala Tinoco, fallecido hace poco más de un año por problemas de salud, comenzó a estar custodiado a raíz del ataque por más de una docena de hombres fuertemente armados. Durante su gestión se dijo que miembros de la corporación lo habían “puesto”, ya que el fraccionamiento donde vivía era de acceso restringido y contaba con vigilancia especial. Pese a ello la bomba en el vehículo fue dejada a unos pasos de su domicilio.

Su renuncia la presentó por “motivos personales” en marzo del 2014, y su lugar fue ocupado por el general de brigada Arturo Gutiérrez García. A dos meses de la llegada del ex jefe de estado mayor de la cuarte región militar que abarca Nuevo León y Tamaulipas, su principal colaborador el general brigadier Salvador de Haro, fue emboscado en calles de Ciudad Victoria por un comando armado que lo privó de la vida. El militar fallecido era jefe de inteligencia de la secretaría de seguridad pública del estado.

En septiembre pasado el general Gutiérrez García fue removido del cargo por el gobernador Egidio Torre Cantú, en su lugar nombró a Jesús Martínez y Martínez, tercer general de los cuatro militares que han ocupado la secretaría en el gobierno del priista. La salida de Gutiérrez García se dio en medio de una crisis en el gobierno de la entidad, la enésima que sacude a Tamaulipas, originada por la muerte de un policía en Reynosa en la que resultaron implicados dos agentes de un cuerpo de “elite” de la corporación estatal. El secuestro y asesinato de dos empresarios tamaulipecos al sur del estado terminaron por tirar a Gutiérrez García del cargo. Los cuerpos fueron hallados en los límites de Veracruz y Tamaulipas, donde apenas esta semana el secretario de gobernación, acompañado de los gobernadores de ambos estados y del secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos y el de Marina, Vidal Soberón Sanz, inauguraron en Tempoal de Sánchez, en la huasteca veracruzana, las nuevas instalaciones militares sede del 74 batallón de infantería.

La narco política como razón de ser

Las imágenes del pasado 18 de noviembre en el centro de convenciones de Tampico no daban lugar a duda. Entre los invitados en primera fila al quinto informe de gobierno de Torre Cantú estaba el ex gobernador Eugenio Hernández, acusado de lavado de dinero y vínculos con el cartel del Golfo en una corte del sur de Texas.

El ex mandatario lucía tranquilo, sonreía a ratos, platicaba con otros políticos que saludó en el evento y al final no quiso declarar nada a los medios de comunicación. El 27 de mayo pasado el priista fue encausado judicialmente por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas por narcotráfico, desde meses antes hasta días pasados no se sabía nada de él ni se le había visto en público. Su reaparición sirvió para recordar que está acusado junto a su cuñado de lavado de dinero y transacciones financieras ilegales desde enero del 2008.

Los cargos señalan que realizaron operaciones que involucraron ganancias procedentes de actividades criminales. “Llevaron a cabo transferencias ilegales de dinero procedente de negocios ilícitos aun sabiendo el origen de todo ello”, acusó la fiscalía según los documentos dados a conocer por medios locales.

Nada de esto importó al gobernador Torre Cantú quien lo invitó a su penúltimo informe de gobierno.
Tras la designación del general Martínez y Martínez como nuevo secretario de seguridad de Tamaulipas, la violencia criminal siguió a la alza durante octubre y noviembre sin que se registrara disminución significativa en extorsiones, secuestros y asesinatos.

Martínez y Martínez, general de división para efectos de retiro, tuvo una carrera mediana en la milicia. No se distinguió por algún hecho de relevancia más que por puestos burocráticos como agregado militar en España y Guatemala, y cargos operativos en ciudades como Río Bravo, Matamoros, San Fernando, Soto la Marina y Ciudad Victoria, donde la delincuencia organizada tiene su imperio sin que militares o marinos hayan logrado desmantelar su red de influencia establecida en los ámbitos político y económico.

Con este tercer general del ejército, cuarto militar al frente de la seguridad pública de Tamaulipas, Torre Cantú comenzó su último año de gobernador, cargo al que llegó de emergencia ante el asesinato en campaña de su hermano a manos de la delincuencia organizada.

En la inauguración del cuartel del 74 batallón de infantería, que cubrirá buena parte de la huasteca que colinda con la zona sur de Tamaulipas, el gobernador permaneció atento al mensaje de Miguel Ángel Osorio Chong sin que las alusiones al crecimiento exponencial de secuestros y extorsiones en toda esta región lo inmutaran. La crisis que enfrenta Tamaulipas y que ha encontrado réplica en Veracruz, se ha convertido en un lodazal para la poca credibilidad de los oficiales del ejército, quienes sin ser policías, han pasado por la secretaría de seguridad pública tamaulipeca con más pena que gloria.

Fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424


CAEN en N.L con "CARGA ROBADA por ZETAS" en TAMAULIPAS de ..."PURA CARNITA"


Cinco presuntos implicados con el robo de una carga de carne valuada en más de 5 millones de pesos, fueron detenidos por agentes de la Policía Ministerial en el sur de la Ciudad de Monterrey.



En el operativo policiaco se recuperaron 35 toneladas de productos cárnicos que fueron robados con violencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, cuando eran transportados con destino a Laredo, Texas.

Entre los detenidos se encuentra Omar Karim Mendoza Lara, quien confesó que sabiendo que la mercancía era robada, la compró en 300 mil pesos, informó una fuente.

Se mencionó que Mendoza Lara fue entrevistado para establecer quiénes son las personas que le vendieron las toneladas de carne.

Así también se detuvo a los choferes Héctor Manuel González Parra, José Narciso Rangel Hernández y Martín Claudio Pérez Hernández.

Trascendido que el quinto detenido es Juan Ángel González Elizaldi, al que se le identificó como propietario de la compañía Frozen Depot, donde se aseguró la mercancía, en la Colonia Buenos Aires.

Se dijo que la carne robada es de la empresa Praderas Huastecas, que está en Tamuín, San Luis Potosí.

Los dos tráileres asaltados el pasado 20 de noviembre, en Ciudad Mante, Tamaulipas, transportaban poco más de 17 toneladas de carne cada uno.

Una carga está valuada en más de 174 mil dólares y la otra en 142 mil dólares.

En ese sitio las dos cajas de los tráileres fueron robadas con violencia, mencionó la fuente.

La Agencia Estatal de Investigaciones recibió información el martes sobre la ubicación de las cajas robadas, en Escobedo.

Personal de la compañía afectada vio las cajas y de inmediato lo reportó a las autoridades.

Al principio se decía que tras el aseguramiento de las cajas, parte de la carne robada había sido localizada en un domicilio de Escobedo, pero las autoridades no oficializaron esa versión.

En la indagatoria de los agentes, afirmó una fuente, se localizó las toneladas de carne en el negocio Frozen Depot que está en la Avenida Chapultepec y 8a Zona, en la Colonia Buenos Aires.

No se precisó dónde fue capturado Mendoza Lara, quien habría aceptado que compró los productos cárnicos para comercializarlos en Monterrey.

La mercancía robada que adquirió, los tres choferes la habrían llevado hasta el negocio Frozen Depot en tres vehículos con caja refrigerada, los cuales también fueron asegurados.

No se detalló si el propietario de ese negocio iba a comprar la carne o por qué se la llevaron los detenidos.



fuente.-

ESCUELAS de ACAPULCO,entre las "MATEMATICAS y el PECHO a TIERRA"...no "difiere" mucho la realidad Tamaulipeca.


“Sólo se permite el acceso al plantel con identificación oficial”, advierte una cartulina en la puerta de la Secundaria Técnica 117, en la colonia Simón Bolívar. El guardia de seguridad, contratado por el gobierno estatal a una empresa privada, hace el primer filtro a través de una ventanita. Adentro hay dos mensajes más. Uno para los padres de los 700 muchachos que estudian aquí: “Por motivos de seguridad, se les informa que el servicio de atención a padres de familia es de 7 a 9 horas. Después de ese horario la puerta permanecerá cerrada”. Otro para los chicos: un dibujo de un pelón con lentes oscuros, flanqueado por una pistola y una ametralladora con la señal de prohibido y una frase garabateada en inglés: Don’t bring any kind of weapon (No traigas ningún tipo de armas).
La secundaria es una amplia construcción de dos pisos, notablemente ordenada y tupida de vegetación. Los escasos recursos que recibe apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas de 18 grupos de tiempo completo, con servicio de alimentación y clases técnicas de contaduría y computación. Está en el límite de las colonias Simón Bolívar y la Zapata, dos de las más peligrosas de la periferia de Acapulco, el municipio más violento del país y la tercera ciudad más violenta del mundo —solo debajo de Caracas y de San Pedro Sula, en Honduras— según el ranking global que cada año realiza el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.

En esta zona, la más poblada de Acapulco, se registra una tasa de 104 homicidios por cada 100 mil habitantes. Entre dos y seis personas asesinadas son la cuota diaria que aportan a la cuenta de ejecutados del país las 50 colonias del otro Acapulco, donde viven las personas que trabajan en la costera. Aquí, la gente ha aprendido a dosificar el temor de ir al médico o a la escuela.
“Lo que hemos implementado es el pecho a tierra”, dice la maestra Paula Dávila, subdirectora de la técnica 117, al resumir su protocolo de seguridad en las balaceras. “A veces hay periodos de tranquilidad, pero en la colonia casi diario hay muertos. La mayoría de los papas viven aquí y cuando hay balaceras quieren venir por sus hijos, pero les decimos: ‘¿cómo se lo va a llevar ahorita? ¡Es más peligroso que lo saque!’”.
En esta escuela las clases no comienzan a las 7 de la mañana, sino media hora después. Es una medida de seguridad para los maestros que vienen de otras colonias y que tendrían que llegar cuando todavía estuviera oscuro. También se han suspendido las visitas domiciliarias de trabajadores sociales a casas de los chicos que presentan problemas de conducta o que dejan de asistir.
Son adaptaciones que han hecho los maestros de estas colonias desde que en 2011 las escuelas comenzaron a ser blanco de extorsiones de grupos criminales. Primero pidieron cuotas a los maestros, apenas se enteraban de que habían recibido aguinaldos o bonos. Luego, en algunas escuelas las extorsiones se extendieron a los padres de los niños.
Apenas el pasado 13 de noviembre, al menos una decena de escuelas de las colonias Zapata y Renacimiento suspendieron las clases porque comenzaron las extorsiones a los profesores. El gobernador Héctor Astudillo anunció que a partir del martes 17 volvería la vigilancia federal a las escuelas de la zona.
Este tipo de agresiones provocaron que el gobierno estatal contratara empresas privadas para la seguridad dentro de las escuelas, pero el problema no se detuvo. De hecho explotó desde finales de 2014: en dos meses fueron asesinados 21 maestros y las amenazas forzaron a 198 escuelas de la región Acapulco - Coyuca de Benítez a suspender las clases desde el 3 de diciembre. En la mitad de esos planteles, las vacaciones de Navidad duraron dos meses.
La Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) logró un acuerdo para tener seguridad. Desde enero, se desplegaron mil 200 elementos militares, federales, estatales y municipales para la vigilancia afuera de las escuelas. Estuvieron cinco meses. Desaparecieron para este ciclo escolar.
“Se fueron todos en las vacaciones y no regresaron”, dice una madre de familia de la Primaria Francisco Sarabia, en la colonia Renacimiento, una de las más pobladas de la zona.
Durante meses, esta escuela tuvo en la puerta dos moños negros en señal de luto de dos profesores asesinados en agosto y septiembre de 2014: el maestro Jorge Omar, de quinto grado, asesinado media cuadra antes de llegar a la escuela, y el maestro Armando, de educación física, al salir de la escuela en la que trabajaba por las tardes.
“Tuvimos que convencer a los papás de que vinieran, que no era contra la escuela. Mandaron a sus hijos casi casi tocando sus puertas”, cuenta el director, Erik Aguilar.
La escuela no tuvo problemas con las extorsiones porque no esperaron a que llegaran. Suspendieron clases apenas supieron que en otras escuelas de la colonia Rena estaban pidiendo cuotas: 30 pesos a la semana por niño y 800 pesos quincenales a cada maestro, según lo que se dijo entonces.
“A los niños se les explicó que la escuela iba a estar asegurada, de alguna manera, con policías y soldados”, dice Aguilar.
—¿Y los profes, cómo enfrentan el miedo?
—Tenemos el apoyo de la unidad de psicología y trabajo social. Hemos trabajado en conjunto en el sentido de no sentirnos presionados, vigilados. Queremos tratar de llevar una vida normal. Esto no es un asunto solo de los maestros. Aquí se ha dado el caso que los médicos del (hospital general) Donato G. Alarcón, que ya no quieren estar aquí porque los estaban secuestrando. Se llevaron doctores, enfermeras, ingenieros que venían a hacer las obras. Entonces, los niños entendieron, y entienden, que al final de cuentas tenemos que estar aquí.
Si la violencia cambió las dinámicas escolares (horarios de entrada, accesos restringidos, servicios limitados), la presencia policíaca disparó otros fenómenos. Los niños de estas colonias se han acostumbrado a jugar en el recreo junto a policías con ametralladoras. Hacen bromas sobre los muertos del día. Como el mensaje que dejó en Facebook el administrador de la página de una comunidad escolar, después una semana violenta:
“Pues Ya Pasamos Más de la Mitad del 21 de Diciembre y Aun No Hemos Muerto”.
“Al principio estaban impresionados (con los militares y federales), sentían curiosidad, pero con el tiempo se fueron acostumbrando a ver las armas”, dice un maestro de primaria que pide el anonimato.
“Los ven como algo que les gusta, de admiración, y luego las chamacas empiezan ahí a echarles novio a los soldados, pero realmente en cuestión de seguridad, no cambia nada”, dice la maestra Dávila.
En julio de 2012, al presentar el informe de Avances y Perspectiva del Programa de Escuela Segura, el coordinador del programa, José Aguirre, dijo que la Secretaría de Educación Pública había detectado condiciones de alto riesgo, extorsiones a maestros y violencia en 4 mil 700 escuelas del país, que representan el 10% de las instituciones incorporadas al Programa. Los “focos rojos”, dijo, estaban en municipios de la frontera norte (sobre todo Tamaulipas y Nuevo León) y en cuatro zonas de Acapulco.
Esa es, hasta ahora, la única información oficial sobre el impacto de la violencia en las escuelas públicas del país. Y salvo la repartición en escuelas del “Manual de Seguridad Escolar” no hay una estrategia integral de atención de la violencia, que en esta zona es un factor de deserción escolar.
La colonia Simón Bolívar es un barrio de callejuelas empinadas que recuerda a las favelas brasileñas. Hace un año, en una balacera de varias horas, una anciana y dos de sus nietos fueron asesinados dentro de su vivienda. Cuando encontraron los cuerpos, ella todavía abrazaba a los pequeños. Su casa es una de muchas casas abandonadas en la calle de J, un chico que estudia en la técnica 117 que cuenta que este año ha faltado mucho. Está difícil ser alumno regular entre el dengue, la chikungunya, las balaceras y las tormentas. “Miedo me da a veces, pero casi no”, dice J, más preocupado por aprender las tablas de multiplicar que aún no le salen.
La seguridad privada tampoco parece ser la solución. Valentín es uno de los guardias que trabaja en estas escuelas. Tiene 24 años y está casado. Es originario de San Miguel Tololapan, el municipio más peligroso de la Tierra Caliente, a unas ocho horas al norte del estado, y cuenta que quería estudiar mecánica automotriz, pero por falta de dinero se metió a la policía municipal.
“Era eso o la maña”, dice. Hace un año, las cosas se pusieron tan duras allá, que prefirió venirse a Acapulco de policía privado. No le ha tocado aún ninguna balacera, ni ataque directo a la escuela que vigila, y espera que no ocurra, porque tendría pocas oportunidades sin refuerzos estatales o federales.
“¿Sabe cuántas balas me dan en la empresa para esta arma? (pregunta mostrando su metralleta) Quince. ¿Cree usted? Pero pues qué le hacemos, si está peor en San Miguel”.
Los maestros saben que, en cuanto se acerque diciembre, las extorsiones van a volver.
“Las cosas están tranquilas ahora, pero el problema es que cuando se van los militares, se pone peor. Así es siempre”, dice una madre de familia afuera de la primaria Jaime Torres Bodet.
fuente.-

La PGR se DESHIZO de "TESTIGOS PROTEGIDOS" que HUNDIAN a "GENERALES y POLITICOS"...esos no le "gustaron".


La PGR se deshace de 55 testigos que hundieron a políticos, generales... 

La limpieza inició en 2012; ese año dio de baja a los primeros 13; todos los acusados quedaron en libertad por falta de pruebas.

En el sexenio anterior, la entonces procuradora Marisela Morales les dio casa, auto, salarios de $50 mil al mes, y hasta cirugías estéticas

La Procuraduría General de la República (PGR) reveló ayer que en los últimos tres años dio de baja a 55 de los 66 testigos protegidos que se usaron para diversos casos como el Michoacanazo, las acusaciones contra generales del Ejército Mexicano, y el del ex alcalde de Cancún, Greg Sánchez.
La mayor parte de las acusaciones que se sostuvieron con los testimonios de estas personas finalmente los perdió el Ministerio Público federal ante la falta de pruebas que apoyaran lo que decían.
Pese a ello, durante el tiempo en que fungieron como testigos protegidos, la dependencia federal les proporcionó a cada uno de ellos casa, autos, comida, seguridad, además de un pago de entre 20 mil y 50 mil pesos mensuales como remuneración económica.
La instancia que encabeza Arely Gómez informó ayer que los 55 testigos dados de baja representan el 83.3 por ciento del Programa de Protección a Personas. La limpieza inició desde el 2012, cuando se despidió a los primeros 13. Para 2014 se quedó con 40, y a principios de este año únicamente con 14.
Este miércoles la PGR informó que el Comité de Evaluación de los Lineamientos para la Protección de Testigos Colaboradores de la PGR dio de baja a otros tres.
Y es que la procuradora consideró que era necesario evitar que los ministerios públicos abusaran en el empleo de la figura de los testigos protegidos.
En su opinión, en administraciones pasadas era una práctica recurrente que las investigaciones en contra de presuntos delincuentes, miembros del crimen organizado, se sustentaran en el uso de los testigos, sin buscar algún otro soporte.
Por este motivo, explicó, “en el marco del eje rector de actuación relativo a la procuración de justicia eficaz y eficiente, ninguna averiguación previa, en su ejercicio de la acción penal, deberá sustentarse sólo con el dicho de un testigo colaborador; por el contrario, de ser el caso, tendrán que auxiliarse con otros medios de prueba”.
Entre los casos que la PGR perdió tras basar sus acusaciones en los testimonios de testigos protegidos, se encuentra la acusación contra cinco miembros del Ejército Mexicano, entre ellos tres generales, los cuales supuestamente protegieron a narcotraficantes durante el sexenio de Felipe Calderón.
El testigo protegido conocido como Jennifer los acusó a todos de formar parte del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, el grupo delictivo al que él perteneció. Sus declaraciones los llevaron a prisión. Al final todos quedaron en libertad, pues la acusación no pudo sustentarse.
Lo mismo sucedió con el llamado Michoacanazo. El testigo con nombre clave Emilio, quien fue miembro de La Familia Michoacana, sirvió para que en 2009 el Ministerio Público de la entonces Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) acusara de narcotráfico y delincuencia organizada a 35 funcionarios de esa entidad.
Alcaldes, comandantes de la policía ministerial, oficiales municipales, y dos ex subprocuradores fueron acusados de formar parte de la organización criminal, por lo que la PGR los encarceló. Al igual que en el caso de los generales, todos quedaron en libertad con el paso del tiempo, pues no hubo más pruebas en su contra que los dichos de los testigos.

fuente.-