Visitanos tambien en:

martes, 10 de noviembre de 2015

EL "DIAGNOSTICO de las POLICIAS en el PAIS",PEOR que el de los "MAESTROS"...quieren volar como "águilas" y sigue habiendo mucho "guajolote".


Tres de cada cuatro personas contratadas como policías en Michoacán en realidad no lo son; en Guerrero hay barrenderos y secretarias que cobran como agentes; la academia policial de Nayarit tiene un salón; el Mando Único anunciado desde el sexenio pasado, funciona en la mitad de los estados; Veracruz y Sinaloa tienen en la calle y armados a miles de oficiales con el control de confianza reprobado.
El diagnóstico de la situación en que operan las policías en México, presentado en el “Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas Ciudadanos + Policías”, evidencia que las corporaciones no solo padecen por falta de equipos o de uniformes para los agentes, sino que presentan un desorden administrativo y estructural que afecta todo el funcionamiento de las corporaciones.
Y el órgano, que debería velar porque esto no ocurra, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, es en realidad, según el diagnóstico presentado en el foro, un ente convertido en repartidor de dinero, pero incapaz de dar seguimiento a los objetivos planteados y menos aún de sancionar a quienes no cumplen con su trabajo, dijo frente al presidente Enrique Peña Nieto la activista María Elena Morera, presidenta de Causa en Común y organizadora del foro.
“Tengo que reconocer que María Elena Morera ha dado un claro diagnóstico y tiene razón, es la realidad que se presenta en algunas partes del país” respondió el presidente.
Incluso, agregó Morera en entrevista posterior, el Registro Nacional de Seguridad y Justicia, que debería contener una relación pormenorizada del desarrollo de cada agente policial, incluyendo los cursos que ha tomado, las pruebas y exámenes que ha superado, su trayectoria y ascensos, en realidad carece de todos esos datos.
“Esto va más allá de un tema de voluntad política. Es un tema de orden institucional. Tenemos que empezar desde el principio y definir qué queremos del policía y, en base a eso, cómo lo vamos a preparar, cómo lo vamos a ascender, cómo va a tener méritos y eso está sólo en la ley, pero en la realidad es inexistente” dijo la activista.
El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, reconoció en entrevista con Animal Político que existen pendientes en la capacitación de las fuerzas policiales en el país, y adelantó que es necesaria una reforma constitucional para equilibrar los beneficios sociales como trabajadores de los agentes de seguridad, pues sus condiciones laborales rayan en la “discriminación”.

Peor que con los maestros

El diagnóstico, que fue presentado en el foro, arroja que hay zonas en el país en donde elnúmero de policías real es distinto al de las plazas otorgadas para que gente trabaje como tal. Es decir, hay gente a la que se le paga como si fuera un agente operativo en las calles, pero en realidad se trata de “policías aviadores”.
Causa en Común, la organización que preside Morera y lleva cuatro años analizando el desarrollo policial en el país, puso de ejemplo el caso de Michoacán, en donde la llamada Fuerza de Seguridad Ciudadana tiene registrados dos mil 350 elementos pero en realidad, sólo hay 600 policías operativos en la calle.
“Resulta que el resto son, o eso nos dicen, trabajadores administrativos. Nosotros nos preguntamos. ¿Cómo puede ser que en una institución de seguridad haya más trabajadores administrativos que policías?” señaló Morera.
Otro caso es el de GuerreroDe los aproximadamente cinco mil policías estatales, solo dos mil son agentes operativos, que superaron el control de confianza, señaló la activista. El resto resultó que no eran policías, sino servidores públicos de otras áreas, como por ejemplo empleados de limpia o secretarias de los servicios de salud.
“La explicación que nos dio el gobierno estatal es totalmente absurda: nos dicen que siempre ha sido así el desorden administrativo en Guerrero y que entonces, como no hay plazas de otra cosa, pues les dan plazas de policías para que tengan seguridad laboral” señala Morera.
La situación es similar e incluso aún más grave que la que se presentaba con los “maestros aviadores” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que cobraban sin dar clases.
“Ahí era el sindicato el que ponía a gente que cobraba de maestros a hacer otras cosa pero aquí es mucho más grave porque quien los comisiona es la misma autoridad. La misma autoridad corrompe sus plazas” dijo Morera.

Capacitación y confianza ficticias

El esquema de desarrollo policial plantea que cada estado debe contar con una academia en la que se profesionalice de forma integral a los uniformados, pero en los hechos la realidad es distinta.
El diagnóstico de Causa en Común arroja que solo hay 13 entidades del país con “condiciones mínimas” para brindar una capacitación a los policías, mientras que hay cuatro estados, Zacatecas, Chiapas, Colima y Puebla, que carecen de cualquier condición mínima para preparar a sus agentes.
“Y tenemos estados que dicen tener una academia pero en algunos casos como Nayarit la supuesta academia consta de una sola aula que es donde se dan los cursos” reveló Morera.
Respecto al sistema profesional de carrera, los estados de Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Morelos y Tlaxcala tienen deficiencias “graves” en cuanto la implementación de los esquemas de desarrollo y progresos de los agentes, incluyendo ascensos y promociones.
Morera dijo a Animal Político que la realidad es que, en la mayoría de los estados del país, no hay un control deficiente sino que es inexistente, en cuanto a los cursos que toma cada policía, a los ascensos que ha recibido los procesos de control de confianza que han tomado.
A esto se suma, aunque de ello no se dieron cifras precisas, del nombramiento de personas sin experiencia al frente de instancias de seguridad pública. Además, según un encuesta realizada por Causa en Común, que 7 de cada 10 policías consideran que sus jefes no los toman en cuenta para nada.
El otro pendiente es el control de confianza, pues si bien se aplicaron todas las pruebas, proceso que llevó años, en muchos estados los agentes reprobados siguen laborando. De hecho, solo 9 de las 32 entidades federativas han dado de baja a todos los agentes reprobados.
Los casos más graves, según el diagnóstico, son los de Veracruz, donde casi 40% de los policías no son confiables, según los exámenes practicados; mientras que en Sinaloa, el porcentaje asciende a 35.09% y Baja California Sur con 33.3%.
“Además tenemos casos de policías que ni siquiera saben el resultado de sus pruebas porque los mandos no les dicen y con ello los extorsionan” dijo Morera.
En este contexto, Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, explicó que hace falta una reforma al artículo 123 constitucional Apartado B Fracción XIII, el cual establece un régimen especial para que los policías puedan ser dados de baja, que no son acordes a los derechos que tiene cualquier otro servidor público.

Y Mando Único, solo a la mitad

Desde el sexenio del presidente Felipe Calderón se estableció la importancia de impulsar un Mando Único Policial en los estados con el fin de unificar la coordinación de las corporaciones de seguridad estatal y municipales que operan en una entidad. En diciembre de 2015, hace casi un año, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró que esta esquema era necesario.
La realidad actualmente, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaria de Gobernación presentados en el foro, es que apenas 53% de los estados han firmado y puesto en marcha los esquemas de coordinación de Mando Único. Nueve entidades mas tienen avances importantes pero aun no consiguen completar el procedimiento.
Hay un caso, el de Oaxaca, en donde el avance es de 54% en la firma del convenio necesario con los municipios, mientras que en otras cinco entidades Guerrero, Veracruz, Baja California Sur, Sonora e Hidalgo el progreso es prácticamente inexistente.
En ese contexto el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la federación retirará el apoyo en seguridad a las entidades que no apresuren a implementar el esquema del Mando Único.
Activistas como Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional de Seguridad, y Andrea Ambrogi, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, señalaron a este medio digital su apoyo a la implementación de este esquema, aunque consideraron prioritario que el mismo se adapte a la realidad de cada zona.
Las 5 propuestas de Causa en Común para fortalecer policías y seguridad
1Reestructurar el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 16 años repartió 130 mil mdp en subsidios pero los resultados son pobres
2Consolidar Comisión Especial de Desarrollo Policíal la cual deberá, antes que nada, realiza run diagnóstico oficial de las corporaciones en el país
3Consolidar espacios ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con funciones definidas
4Transparentar Acuerdos de Colaboración en materia de seguridad y llamar a cuentas a gobernadores que no colaboren
5Acelerar el proceso de la Clave Única de Identidad
A continuación puedes consultar el discurso completo de María Elena Morera:
Fuente.-

LA "LLAMADA" entre NORMALISTAS,la "INCURSION de los ARDILLOS a "AYOTZINAPA".


MILENIO publica ayer una llamada telefónica entre Omar y otro normalista, realizada el 21 de octubre, en la que hablan del intento de irrupción de dos grupos de Los Ardillos en la Normal de Ayotzinapa para "levantar" a cuatro estudiantes, a quienes identifican como miembros de Los Rojos. La nota Van 'Ardillos' por presuntos 'Rojos' en Ayotzinapa indica que policías comunitarios impidieron el asalto.
Vázquez Arellano, quien se presenta como Omar García Velázquez, dijo ayer que la llamada fue sacada de contexto.
"Esto es una campaña de desprestigio total y despiadada desde una posición de fuerza y medios de comunicación", publicó en su página de Facebook, en un texto titulado ROJOS OTRA VEZ "La mujer del tiempo anuncia un huracán".
Vázquez Arellano dijo que es un intento de sabotaje contra el movimiento y un intento de asociarlos con el grupo criminal Los Rojos, y cuestionó que sus comunicaciones estén intervenidas.
"Intentan sabotear un movimiento que no logran entender, porque no cabe en la lógica electoral y política que los mantiene", escribió.
"¿Por qué? Nos preguntamos. ¿Por qué en lugar de ubicar en las primeras 48 horas a nuestros compañeros a través de los teléfonos celulares se dedican a espiarnos a nosotros? ¿Por qué se le niega al GIEI información en este campo?", escribió.
Según la publicación del normalista, tras la desaparición de sus compañeros, estudiantes y familiares entregaron a las autoridades los números telefónicos de los desaparecidos "pues conocemos lo que se puede lograr a través de la telefonía móvil desde hace años ... La geolocalización y la retención de datos permiten al Estado "hacer maravillas".
En su texto asegura que pronto habrá una posición de la Normal Raúl Isidro Burgos ante la llamada dada a conocer por MILENIO.
Fuente.-


"BLOQUEOS CARRETEROS,BARRICADAS y GRUPOS ARMADOS CONVULSIONAN a MICHOACAN".


Un reporte de presuntos sujetos armados circulando en Buenavista desató un intenso operativo de Fuerzas Rurales,corporaciones policiacas y elementos militares por varias carreteras y accesos de la región de Tierra Caliente.
Los primeros reportes se registraron en Apatzingán, donde fueronbloqueados accesos a dos localidades con vehículos comerciales alrededor de las 7 de la mañana.
Posteriormente se recibieron reportes de la presencia de sujetos armados en Buenavista y sospechosos realizando revisiones en domicilios, por lo que lospobladores instalaron una barricada y minutos después se iniciaron cierres carreteros en toda la región.
Ante la posibilidad de una amenaza, se movilizaron cuerpos de seguridad en Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista, Coalcomán y Apatzingán.
De acuerdo a un comunicado difundido por la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) en este momento se encuentran  suspendidas todas las corridas de autobuses  hacia esa zona del estado.

Fuente.-LaSillaRota

"QUE se PRESENTE", PIDE JUEZ FEDERAL al "CHAPO" y le da 3 DIAS de PLAZO" para RATIFICAR AMPARO


Un juez federal dio un plazo de 3 días a Joaquín Guzmán Loera para presentarse en un juzgado a ratificar un juicio de amparo con fines de evitar su posible extradición.

Ciudad de México.- Un juez federal dio un plazo de 3 días a Joaquín Guzmán Loera para presentarse ante la autoridad judicial a ratificar un juicio de amparo para evitar su posible extradición.
De acuerdo con el diario Reforma, Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo, solicitó la presencia del líder del Cártel de Sinaloa en un oficio girado el pasado viernes.
El requerimiento ocurrió luego de que Juan Pablo Badillo Soto, quien se ostenta públicamente como defensor de Guzmán Loera, no pudo acreditar ante juzgado su identidad como representante legal del capo. 
"Se requiere al quejoso Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, para que en el plazo de 3 días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este órgano de control constitucional.  Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efectos las medidas decretadas", impuso el juez Chávez Hernández. 
"El Chapo" se encuentra prófugo desde el pasado 11 de julio. Semanas antes de su fuga del penal del Altiplano, el gobierno de EU había iniciado formal del proceso de extradición. 

Fuente.-


MEXICO,PARAISO de la IMPUNIDAD y CORRUPCION",dice el IMCO...hay le "hablan" Presidente ?.


En Singapur, 80 por ciento de los casos que persigue el órgano anticorrupción acaban en una sentencia condenatoria, mientras que en México, sólo 1.5 por ciento una sentencia de este tipo, lo que convierte al país en un lugar propicio para la impunidad.

Este ejemplo es parte de los ensayos que ayer lunes se dieron a conocer en la séptima edición del Índice de Competitividad Internacional 2015, promovido por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y que tiene como propósito analizar el fenómeno de corrupción y plantear diferentes soluciones.
Los investigadores del IMCO, Carlos Grandet y María José Jaury, compararon lecciones internacionales de combate a la corrupción y concluyeron que si México desea cambiar su situación de corrupción e impunidad generalizadas, debe tomar acciones inmediatas al respecto y para hacerlo puede aprender de la experiencia de otros países, donde hay órganos anticorrupción bien equipados y facultados para cumplir con este trabajo.
“Como sociedad parecemos estar cansados de la corrupción, pero no hemos logrado crear instituciones que la combatan. ¿Estamos condenados a perpetuar esta situación?”, se cuestionan.
Incluso, relatan que existen voces que alegan que el tema de corrupción es un tema propio de la cultura mexicana, sin embargo aseguran que lejos de ser un problema enraizado, es de incentivos e instituciones.
“La corrupción ocurre en todo el mundo, en países ricos como Estados Unidos o Singapur, o pobres como Nigeria o Bangladesh, en países del hemisferio Norte y del hemisferio Sur. Lo que caracteriza a un país con instituciones resistentes al embate de la corrupción es su capacidad para prevenirla, perseguirla y castigarla.
El problema de México es uno de corrupción pero, aún más, de la excepcional impunidad que la acompaña”, detalla en el ensayo.
En su análisis, los especialistas recuerdan que en Estados Unidos, Sheldon Silver, presidente de la Cámara de Diputados del Estado de Nueva York, fue arrestado y sometido a un juicio penal por haber recibido aproximadamente cuatro millones de dólares en sobornos.
Este caso lo compararon con uno en México, donde el ex diputado federal Ernesto Núñez fue grabado pidiendo 4 millones de pesos en moches para asignar recursos a programas culturales y ni siquiera fue investigado.
Recordaron que cuando una de las herederas al trono español se vio involucrada en un desfalco al fisco y fue acusada por tráfico de influencias, la Corona española permitió que el sistema de justicia la sometiera a un proceso penal como lo habría hecho con cualquier otro ciudadano español.
“En México, cuando se descubre que la esposa del Presidente de la República posee una casa valuada en millones de dólares y que la constructora que la edificó recibió contratos de obras públicas para la administración que encabeza su esposo, las autoridades declaran no tener competencia para conocer del caso”, ejemplificaron.
A la excepcional impunidad mexicana, le pusieron cifras. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reporta que desde 1998 ha presentado 444 denuncias penales en contra de funcionarios públicos por irregularidades durante su gestión pero la Procuraduría General de la República sólo ha consignado a siete de ellos.
“El problema de procuración de justicia en México es tan grave que hoy día sólo hay cinco funcionarios a nivel federal sirviendo una sentencia por delitos relacionados con la corrupción”, insisten.
En ese sentido enlistan las experiencias internacionales que México puede aprenderle a otros países, como el crear órganos únicos dedicados al combate de la corrupción
Estos órganos anti-corrupción, como el que se pretende crear en México, deben contar con autonomía presupuestaria, operativa y orgánica; personal capacitado; medios de control internos y externos; recursos financieros suficientes y un marco normativo que sustente sus acciones.
“La voluntad política es la piedra angular que sustenta los elementos básicos para poner en marcha y favorecer el éxito del órgano especializado en el combate a la corrupción”.
“Esta voluntad debe expresarse en acciones como el otorgamiento de capacidades amplias de investigación y la capacidad de atraer talento y  recursos financieros al órgano persecutor”, exponen.

fuente.-LaSillaRota.

DENUNCIAN ante PGR a "ALCALDESA de MATAMOROS por "DENUNCIAR MOCHES del CDG"....buscan "enredarla" por tirar la "piedra" y esconder la mano.


La representación de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Matamoros denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a la alcaldesa Leticia Salazar Vázquez por los delitos de complicidad y encubrir a pasadas administraciones municipales que otorgaban hasta 25 millones de pesos mensuales a organizaciones delictivas.

Fue el presidente de la Canaco en Matamoros, Osvaldo Castillo Hernández, quien interpuso la denuncia PGR/TAMPS-FF/MAT-I/391/2015 ante la Agencia Primera del Ministerio Público Federal.

Empresarios denuncian a alcaldesa en PGR

Explicó que la alcaldesa declaró en medios nacionales que administraciones municipales anteriores otorgaban la cantidad de 25 millones de pesos por mes, sin embargo, a pesar de que se les solicitó que presentara pruebas y denunciara, ésta no lo hizo.
“Si la alcaldesa afirmó que pasadas administraciones daban 25 millones de pesos a la delincuencia, ella debe denunciarlo y mostrar públicamente la copia de la denuncia pero de no hacerlo, sería cómplice de estos hechos que a su vez constituyen graves delitos”, mencionó.
Acompañando al presidente de la Canaco, acudieron el presidente de la Federación de Cámaras Nacional del Comercio (Fecanaco), Julio César Almanza Armas, así como el Director del Organismo, Abraham Rodríguez Padrón y del Secretario Técnico de la Fecanaco, Christian Pérez.
El líder del comercio formal en esa ciudad fronteriza dijo que a finales de octubre solicitó a la alcaldesa que denunciara y presentara la copia de la denuncia, pero es fecha que no lo hizo por lo que la Canaco procedió a denunciarla por los delitos de complicidad y encubrimiento.
Agregó que la intención es que esas declaraciones que hiciera Salazar Vázquez no sólo quedarán en notas de los medios, sino en oficio de investigación en la PGR.
Castillo Hernández indicó que declaraciones así afecta a los ciudadanos matamorenses, por lo que procedió a denunciarla ante la PGR.

fuente.-

Sigue "ESCANDALO",el "DIF PRESTA a NIÑAS en SONORA" y "YA NO LAS ENCUENTRAN"...no "prestaron" atención y se prestaron a la "Tranza"



A menos de tres meses del escándalo de la compra-venta de 10 bebés desde el DIF estatal en Sonora, un nuevo caso se destapó en el Ayuntamiento de Agua Prieta, en donde dos niñas de 3 y 6 años "prestadas" a una familia de Hermosillo se encuentran extraviadas. 

Luz Haydé Yáñez de Ruvalcaba, quien asumió como presidenta del DIF Agua Prieta el 16 de septiembre, reveló que encontraron esta anomalía en la Casa Hogar y que el DIF Sonora, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y el Ministerio Público investigan el destino de las pequeñas. 

Explicó que al asumir el cargo encontraron que un grupo de seis menores, que el DIF municipal anterior tenía bajo su custodia, fue entregado en préstamo de manera irregular a familias sonorenses desde principios del 2013.


Aunque recuperaron a cuatro menores, dijo que dos de ellas no están donde los documentos indican. 
"Hubo niños que fueron entregados a unas familias sin haberse hecho los trámites legales, entonces esos niños se recuperaron", explicó. 

Cuando el DIF recoge a niños en condición vulnerable, su deber es reintegrarlos lo antes posible con su madre, su padre, sus abuelos o tíos, pero en este caso, de la mano del subprocurador de la Familia, Antonio Galaz García, se entregaban sin una orden del juez a familias sin relación sanguínea. 

Al final de la anterior Administración recogieron a los menores y los internaron en la Casa Hogar, pero dos niñas no pudieron ser recuperadas. 

"Hay dos niñas, los datos que tenemos nosotros es que esas niñas fueron entregadas a una familia aquí en Hermosillo. 

No están en esta dirección", afirmó. El 8 de noviembre, la ex directora del DIF Agua Prieta, Giovanna Núñez Duarte, compareció ante el Cabildo. 

Sin embargo, rechazó responder preguntas sobre la desaparición de las dos menores. De acuerdo con la información proporcionada, los niños habrían sido entregados a las familias en el 2013, casi al inicio de la pasada Administración de la Alcaldesa priista Irma Villalobos. 

A mediados de agosto de este año, la Procuraduría de Justicia destapó la compra-venta de bebés desde el DIF estatal, donde al menos se habrían configurado 10 casos que ahora son investigados por la SEIDO.

Fuente.-

"20 MESES de CARCEL a GENERAL",uso SOLDADOS de ALBAÑILES para CONSTRUIR su CASA"...es lo menos para lo que los han usado.


El general de brigada Marco Antonio Barrón Ávila fue sentenciado a 20 meses de prisión y al pago de una multa de 10 mil 685 pesos, por los delitos de abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, después de que la Procuraduría de Justicia Militar demostrara que el ex comandante de las zonas militares de Colima y Puebla utilizó soldados para la remodelación de su casa en Querétaro.
El general, que también fue destituido del cargo, apeló la sentencia ante el Supremo Tribunal Militar, por lo que otro ordenamiento de la sentencia que obliga a Barrón a internarse en el Campo Militar para cumplir su castigo carecerá de efecto.
La Procuraduría General de Justicia Militar que inculpó a Barrón de haber ordenado a tres soldados a que viajaran a Querétaro para hacer trabajos de reparación en su casa particular, le impuso una sentencia condenatoria, pese a que algunos de los elementos acusatorios se retractaron de sus declaraciones, denunciando que fueron víctima de intimidación.
En el proceso, el subteniente de zapadores Julio César González Hernández se retractó de las acusaciones que en un principio había hecho contra el militar, en las que anteriormente había pronunciado que el general Barrón les pidió llevarse un camión de volteo a su domicilio. Cabe señalar que en otra comparecencia, varios meses después, el subteniente admitió que fue acosado por fiscales de la Procuraduría Militar para declarar contra Antonio Barrón.
Por su parte, el sargento primero de informática Leobardo Domínguez, testigo de los hechos, declaró, el pasado 28 de agosto de 2014, haber sido intimidado para entregar a la procuraduría militar informes que inculparían al general sentenciado.
Fuente.-

EL "GIEI TERCO" ¿ y los HORNOS CREMATORIOS del EJERCITO ?



Las palabras del General José Francisco Gallardo Rodríguez, que me dijo durante una entrevista luego de la desaparición de los 43 normalistas, cobran hoy más relevancia que nunca.
Y es que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha solicitado al gobierno mexicano hacer cateos en los hornos crematorios y en los trayectos y lugares a los que pudieron haber sido llevados los normalistas aquella noche del 26 de septiembre del año pasado.
Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue protegiendo al Ejército. Hacer cateos en los hornos crematorios, sería descubrir la clandestinidad de esos lugares que siempre han existido en los campos militares.
Es el mismo General Gallardo quien lo dice. El militar fue preso político durante nueve años, de 1993 al 7 de febrero de 2002, por exigir la creación de un ombudsman militar y su testimonio es fundamental porque conoce a la perfección a la institución:
“En una ocasión me recargué en la pared y se sumió, le quité el tapiz y allí estaban los hornos crematorios, como los que se ven en Auschwitz. Yo lo vi, lo toqué, metí la mano en el horno, de hecho eran dos. El Ejército no puede decir que no tiene hornos crematorios, claro que los tiene. Varios. Yo voy y les digo donde. Como de que no. Dudo que lo hayan quitado. De hecho, hice un informe dirigido al director pidiendo que se destruyeran los crematorios, porque a mí a cada rato me amenazaban con eso. El director me confesó que desconocía que existieran. A veces ni el alto mando sabe, pero allí están”.
El General Gallardo es un testigo de las mazmorras que existen en los campos militares, en especial el Campo Militar Número Uno, creado, según un documento en su poder, para “encarcelar a la disidencia” en la década de los 60’s: “Ese documento me lo encontré en la biblioteca de la prisión, donde me mandaban castigado. ¡Hágame el favor! De hecho se sabía que en ese crematorio incineraron a personas de la matanza estudiantil del 68”, me dijo en la entrevista.
Los testimonios sobre las prisiones y hornos crematorios clandestinos en campos militares son abundantes. Aunque fueron abiertos durante la llamada guerra sucia que provocó alrededor de 600 desaparecidos por el Estado mexicano, nunca se clausuraron, es decir, nunca han dejado de utilizarse para acciones represivas del gobierno.
El GIEI ya ha señalado la urgente necesidad de entrevistar a los militares del 27 batallón, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue escamoteando esa posibilidad, simulando y entorpeciendo las investigaciones para proteger al Ejército.
La Procuraduría General de la República, entrevistó a 12 de los 26 militares que el grupo de expertos solicitó interrogar. ¿Pero qué creen? Que no se les permitió estar en dichas entrevistas y lo que es peor, que los 15 cuadernillos que contienen sus declaraciones no tienen las preguntas que les hicieron los enviados de la Procuradora Arely Gómez.
¿A qué le teme el presidente Enrique Peña Nieto? ¿A qué le teme el General Salvador Cienfuegos Zepeda? ¿A qué le teme la Procuradora Arely Gómez? ¿A qué le temen los 26 militares del 27 Batallón de Infantería? El que nada debe, nada teme. Los militares deben ser interrogados en presencia de los expertos.
Si el gobierno peñista está dispuesto a demostrar que acata las recomendaciones del grupo de expertos, tiene que permitir también investigar los hornos crematorios en Guerrero, tanto públicos como privados, porque hasta allí pudieron haber sido llevados los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
De acuerdo a una investigación que realicé luego de la desaparición de los normalistas, los hornos crematorios en la zona están plenamente identificados. Por ejemplo, entre las prestaciones que ofrece la Secretaría de la Defensa Nacional incluye los servicios de “incineración” a sus empleados en Guerrero.
Más allá de los hornos crematorios clandestinos en campos militares, la Sedena tiene un convenio el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) e Issfam, para ofrecer sus servicios funerarios a los militares. Es decir, la amplia red de hornos crematorios del ISSSTE debe ser incluida en estos cateos solicitados por los expertos, ya que el Ejército los usa con absoluta normalidad.
Desde el año pasado, los investigadores Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Atzcapotzalco, exigieron investigar los hornos crematorios al demostrar de manera científica que los 43 normalistas no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula.
Fue el doctor Montemayor Aldrete quien me dijo en entrevista la hipótesis “bastante probable” de que  los estudiantes podrían haber sido incinerados en crematorios modernos del Ejército o de empresas privadas, lugares que tienen instalaciones grandes y depósito de cadáveres.
¿Cómo determinar si los jóvenes fueron incinerados en estos lugares? Sencillamente accediendo a la bitácora del consumo de gas durante los días de la desaparición forzada de los 43 normalistas de los hornos crematorios públicos y privados de la zona.
El Ejército debe regirse dentro del marco constitucional más allá del fuero militar. Por tanto, está obligado a permitir interrogatorios a sus elementos y también a ofrecer información sobre sus hornos crematorios. El General Cienfuegos ya no puede tapar el sol con un dedo. En el crimen de Ayotzinapa, todos los caminos conducen al Ejército.
Fuente.-


Twitter: @SanjuanaMtz

EX-MILITAR ACUSA a MILITARES de "SEMBRARLE ARMAS" y MADRE a JUEZ de PEDIRLE 400 MIL para LIBERARLO....en que país ?


El exmilitar José Alberto Morales lleva 40 días detenido en la prisión de Duport Ostión, en el municipio de Coatzacoalcos, acusado de portar armas de diversos calibres de uso exclusivo de las fuerzas castrenses.
Luz del Alba Miss, madre de José Alberto, denunció que elementos del Ejército Mexicano le sembraron las armas a su hijo cuando allanaron su casa sin una orden de cateo, el pasado 23 de septiembre.
“Me están presionando del juzgado. El juez tercero de primera instancia, que sólo conozco por el nombre de Héctor, me exige 400 mil pesos para liberar a mi hijo… Eso fue la semana pasada, ahora ya me exige 200 mil pesos y un automóvil nuevo. Con los abogados también he tenido problemas, y ellos tienen toda la documentación que prueba la inocencia de mi hijo, estoy desesperada”, dice en entrevista vía telefónica con apro.
Según Morales Miss, los militares nunca le dijeron el motivo por el que fue sacado con violencia de su domicilio y tampoco se identificaron. “Me decían que ya me iba a cargar la chingada. Me dieron golpes en la cabeza y me amenazaban con dispararme”, expuso en su declaración ministerial, de la cual este reportero tiene copias fotográficas.
Por su parte, Luz del Alba señala que entre las irregularidades cometidas contra su hijo destaca el hecho de que no hay un informe de balística, y las armas presentadas como pruebas son inservibles, además de que tras su detención, José Alberto –añade– fue presentado directamente en la Procuraduría General de la República (PGR).
Precisa que los acusadores sólo reportaron una unidad de militares durante la detención, pero los vecinos aseguran que eran dos unidades y 12 elementos castrenses quienes se lo llevaron.
Además, agrega, hay contradicción en las declaraciones de los propios elementos del Ejército que realizaron el cateo, como Alberto Carvajal, el cabo de infantería Heriberto Javier Aguilar y los soldados Juan Flores Muñoz y Carlos Daniel de los Santos. “Ellos omiten la unidad, discrepan en la detención de mi hijo y cómo procedieron, razón por la que mi hijo teme por su vida dentro del penal”, dice.
Entre las pruebas de cargo para la defensa de José Alberto Morales, la madre del exmilitar facilitó fotografías donde se presume exceso de la fuerza pública al romper la cerradura de la puerta de la casa del exmilitar, huellas de patadas en el interior del departamento, así como los golpes en el rostro de Morales Miss. Además, apunta, los militares lo querían “obligar” para que sonriera para la foto.
En el juicio de garantías que interpuso la familia del acusado sostiene que los elementos del Ejército Mexicano sometieron al acusado a tortura y tratos crueles, inhumanos y denigrantes.
“Para robustecer sus pruebas, los militares presentaron una camioneta blanca Mazda modelo CX-5 con placas de circulación de Puebla. Y otro dato que consideramos importante es que en el penal Duport Ostión también fue internada la empleada doméstica, cuya única única relación con mi hijo era que realizaba el aseo de la vivienda”, concluye la madre del detenido.
Fuente.-

lunes, 9 de noviembre de 2015

"LANZARA la DEA NUEVA ESTRATEGIA ANTRIDOGAS"...empezaran en "pittsburg y pennsylvania".



La Agencia de Control de Drogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) anunció que implementará una nueva estrategia contra el abuso de drogas prescritas, la heroína y la violencia.

La División de Filadelfia dijo que Pittsburgh, Pennsylvania, será la primera ciudad de Estados Unidos donde se aplicará la nueva estrategia, que tiene como objetivo detener el ciclo mortal de los opioides de prescripción y el consumo de la heroína mediante la eliminación de las organizaciones de narcotráfico y las pandillas que provocan la violencia en las calles.

Adelantó que contará con la participación de profesionales de la salud y la iniciativa ciudadana, así como con el fortalecimiento de organizaciones de servicios sociales para que ayuden y apoyen a la construcción a largo plazo de comunidades libres de drogas.

La DEA trabajará en conjunto con la Oficina del Distrito Oeste de Pennsylvania, Boys & Girls Clubs of America, la Comunidad Antidrogas Coaliciones de América, la Fundación para la Educacióin de la DEA, la Fiscalía Federal, entre otras.

El anuncio oficial sobre la elección de Pittsburgh como ciudad piloto de la nueva estrategia se realizará mañana en el Centro de Conferencias del Hospital de la Fundación Passavant con la participación de autoridades de la DEA, de Pennsylvania y organizaciones civiles participantes.
Fuente.-


"FUMAR MOTA con AMPARO", NACE NEGOCIO de 40 MIL MDP,TARIFA de ABOGADOS de 5 MIL y 30 MIL por AMPARO.


Abogados indican al diario La Razón que solicitar un recurso similar al que resolvió la Corte cuesta de 5 mil a $30 mil; en el país hay un millón 348 mil usuarios de esa droga“la resolución va a formar un precedente para la gente que quiera consumir este enervante, y significa un mercado potencial”, afirma la abogada Lorena González
Con el fallo de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) para permitir a cuatro personas sembrar y cultivar mariguana con fines de autoconsumo,,que ahora ofrecen sus servicios para tramitar amparos similares.

De acuerdo a firmas de abogados y agrupaciones consultadas por La Razón, las tarifas para interponer dichos recursos van desde 5 mil hasta 30 mil pesos, dependiendo del prestigio de la firma que lleve el proceso, por lo que si se considera el costo más bajo, de cualquier forma la ganancia es millonaria: 6 mil 740 millones de pesos.
Según el Consejo Nacional Contra las Adicciones, en 2011 se tenía registro de que 1.2 por ciento de la población del país es consumidor de esta droga, es decir, un millón 348 mil clientes potenciales.
La abogada Lorena González, de la firma Hersa Consultores Empresariales dijo que en un proceso similar “podría ser que un abogado que trabaje por su cuenta cobre 5 mil pesos y un despacho prestigioso cobrar hasta 30 mil pesos por un amparo. El fallo va a formar un precedente para que la gente quiera consumir este enervante con fines recreativos”, expresó.
Agregó que hay que poner a consideración que son varias causas por las que una persona se puede amparar, “se tienen que llenar los requisitos para que se concrete, es muy variable como cualquier materia entre juicio y juicio, cada abogado tiene su propio arancel, además es trabajo”.
Sostuvo que el trámite y el proceso es el mismo “el costo cambia dependiendo la circunstancia de cada persona”.
En tanto Fabián Aguinaco, litigante constitucionalista especializado en amparo e integrante de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), reiteró que para proceder al amparo primero se debe enviar una solicitud para plantar el enervante a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y ante su negativa después recurrir a la Corte.
Subrayó que para sentar jurisprudencia se requieren cinco fallos consecutivos en el mismo sentido y emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte.
fuente.-