Clara Gómez González es una de las tres personas que salieron con vida de la bodega de San Pedro Limón, Estado de México, en la que militares ejecutaron extrajudicialmente a al menos 12 jóvenes. En la siguiente entrevista, a un año de los hechos, Clara narra la violencia y la descomposición social que se vive actualmente en las fronteras de Guerrero, Estado de México y Michoacán, y reconstruye lo que sucedió en Tlatlaya, la madrugada del 30 de junio de 2014
Se escuchó el grito de advertencia:
—¡Nos cayeron los contras!
Clara Gómez González pensó: “Aquí nos cargó la chingada a todos, y uno sin tener culpa”. Estaba en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, en manos de un grupo de hombres armados. Horas antes había recorrido los casi 40 kilómetros que hay entre Arcelia, Guerrero, y San Pedro Limón. Seguía una corazonada que tal vez la llevaría a encontrar a su hija, desaparecida semanas atrás.
No llegaban integrantes de un grupo rival, sino militares del 102 Batallón de Infantería: rasgaron la oscuridad con sus lámparas. Clara escuchó disparos y vio caer a la hija que había ido a buscar, Erika, de 15 años, herida en una pierna. Una sacudida volcánica de la existencia la convirtió en testigo del caso en el que militares ejecutaron extrajudicialmente entre 12 y 15 personas, según informa la Recomendación 51/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió luego de investigar qué sucedió en ese lugar la madrugada del 30 de junio de 2014.
Los habitantes de Arcelia han pasado la última década narrando en voz baja su propio diario del desasosiego. Atrás dejaron las noches en las que podían ir al zócalo a convivir con su familia o con sus amigos. Algunos de los 32 mil 181 habitantes —contabilizados por el INEGI en 2010— se han mudado. Cada vez son menos los comercios que abren sus cortinas. Los periódicos El Debate y El Despertar del Sur llevan continuamente a ocho columnas noticias de secuestros y enfrentamientos entre bandas criminales.
Clara es una de las pocas personas que quieren hablar con desconocidos sobre la perturbación de la vida cotidiana en ese municipio de Guerrero y en los confines del Estado de México y Michoacán.
Conoce Arcelia como a la palma de su mano, ahí nació hace 37 años. En una visita a sus recuerdos dice: “En el tiempo en que yo era chamaca andábamos libres. Caminábamos en el día y en la noche. A las 10 o a las 11 de la noche podías ir al zócalo a pasar un buen rato; había un montón de gente. Antes el pueblo era muy tranquilo”.
En cuanto su memoria se acerca al presente, esto es lo que le entrega: “Ahora las cosas son muy difíciles para los que vivimos ahí. En el zócalo a las ocho de la noche ya no hay nadie. Hay mucho gobierno por las calles. Ya no se puede salir a las 10 o a las 11 de la noche porque te paran los militares, la marina, la federal o la gendarmería… Antes andábamos en burro o en bici. Ahorita ya es muy difícil hacerlo porque ves muchos carros y no sabes si son de la delincuencia; gente buena o gente mala. No podemos atinarle a saber qué tipo de personas son”.
Los habitantes de Arcelia, municipio calificado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con grado de marginación y de rezago social medio, han tenido que afrontar los daños económicos que la violencia ha desencadenado en la región. “Han cerrado algunos comercios, por lo mismo de que no entra mucho dinero. Si tú tienes un negocio, van y te cobran piso, y tienes que pagar. Y si no lo haces, mejor cerrarlo. No tiene caso estar trabajando para mantener a otras personas”.
Clara apunta con precisión el momento en el que ya no se sintió segura en su pueblo. Dice que sucedió cuando empezaron a secuestrar y a matar gente hace varios años. “Las cosas no salían a la luz. Nada más se decía que fulano desapareció o aparecía muerto. Tampoco uno se explicaba por qué. Todo quedaba en silencio. Nosotros a veces nos dábamos cuenta por los periódicos”.
En 2007 Clara recibió un volante en las calles de su pueblo con los requisitos para ser instructor comunitario del Consejo Nacional de Fomento
Educativo (Conafe). Ese papel la acercó a hacer algo distinto en la vida: enseñar a niños que viven en lugares precarios, adonde “los maestros federales son asignados pero no van porque no hay servicios”.
Luego de haberse separado de su esposo, ella sólo se hacía cargo de su hija menor Erika, que entonces tenía siete años. Sus tres hijos mayores —Omar (14 años), Sadam (11 años) y Armando (9 años)— estaban con su padre.
Pese a que hubo quien le dijo que no iba a ser buena profesora, Clara tomó el curso de capacitación durante dos meses y fue asignada como profesora a la comunidad El Colorín, en el municipio San Miguel Totolapan, Guerrero.
Los padres de familia viajaron a Arcelia para llevarla a El Colorín, frente a ellos Clara aún titubeaba. “Al principio yo tenía miedo porque no sabía cómo expresarme con los alumnos y con los padres. Me preguntaba si les iba a caer bien. Y también tenía miedo porque llevaba a mi hija”.
Los instructores comunitarios tienen las mismas obligaciones que cualquier otro profesor: cubrir ciclos escolares de un año, cumplir con un horario (8:00 a 15:00 horas), enseñar apoyándose en un plan de estudios y evaluar a los alumnos con puntualidad. Ellos, sin embargo, trabajan bajo un sistema multigrado, con grupos pequeños y en centros escolares marcados por la pobreza.
Clara dice que su viaje a El Colorín duraba 10 horas; una parte del trayecto la hacía en coche y otra en burro. El catálogo de localidades elaborado por la Sedesol informa que en ese lugar viven 41 personas; hay 10 viviendas habitadas; ocho están sin agua entubada; ocho carecen de drenaje; 10 no tienen energía eléctrica; nueve tienen piso de tierra y en siete falta excusado. En resumen, el grado de marginalidad es “muy alto” y el grado de rezago social es “alto”.
En los siguientes seis años Clara trabajó como profesora en Ojo de Agua, Cuadrilla Ascencio, Puerto del Tepehuaje y Terrerito, localidades del estado de Guerrero clasificadas por la Sedesol con niveles de marginación muy alta y alta.
Pese a las carencias, en esas comunidades tratan de que los niños aprendan en un ambiente agradable. “El presidente de la Asociación de Padres de Familia te presta un lugar. Puede ser una casita, su patio o hay lugares en
que corren con suerte y tienen sus propias aulas construidas con ayuda del gobierno”.
En su vida como profesora Clara aprendió a apretarse el cinturón y a no echar de menos los servicios básicos. “Si en la comunidad hay casa del maestro, ahí te quedas; si no, en la escuela o con el presidente o la vicepresidenta de la Asociación de Padres de Familia. Los padres se organizaban para darme de comer”.
Los padres también pagaban los viajes mensuales que Clara hacía cuando tenía que asistir a las juntas del Conafe en Arcelia. “Se organizaban para llevarme o para darme lo del pasaje. A veces tenía que gastar 700 pesos de ida y 700 pesos de regreso. Si yo quería bajar en cualquier otra ocasión, tenía que pagar de mi propia bolsa”. Y tomando en cuenta que Clara ganaba mil 700 pesos, las oportunidades para visitar a su familia eran contadas.
En algunas de las comunidades en las que trabajó el celular es sólo un adorno. Los padres le enseñaron en qué zona de la sierra había cobertura. Eran puntos tan alejados que Clara tuvo que caminar varias veces dos horas de ida y dos de vuelta para hacer una llamada.
De sus alumnos recuerda la felicidad que les provocaba recibir una paleta o cualquier dulce al terminar la clase. “Les hace falta comida. Si tú les llevas algo te lo agradecen mucho. Hasta el chilito en polvo lo agradecen porque ahí hay mucha fruta; se lo comen con mango, ciruela o nanches. Lo que tienen lo gastan de a poquito. Lo estiran hasta donde más les alcance”.
Durante varios años Clara disfrutó de la compañía de Erika en las aulas. Cuando era posible pedía permiso en la primaria a la que asistía su hija en Arcelia y se la llevaba a la sierra. Ahí también la ponía a estudiar al lado de sus alumnos. Cuando Erika entró a la secundaria no pudo acompañar más a su madre a las comunidades porque los profesores no le daban permiso de faltar a clases.
Clara recuerda que su relación con Erika siempre fue cálida y sin peleas. En los últimos tres años trataron de aprovechar cualquier oportunidad para estar juntas, ya fuera porque Clara tenía que ir a firmar boletas a la secundaria o porque tuviera que ir a una reunión del Conafe. Algunas veces convivían el viernes y el sábado, y el domingo Clara regresaba a su escuela.
Erika, a sus 15 años, era “muy tranquila, muy inteligente, siempre sacaba 9.4 en la escuela. No era grosera”. Antes que cualquier platillo, pedía mojarras fritas. Jugaba futbol y basquetbol. En los desfiles del pueblo le gustaba salir de bastonera.
Cuando Clara estaba en Arcelia acompañaba a Erika a la secundaria por la mañana (6:45 horas) y la iba a recoger por la tarde (14:00 horas). Esto se hizo costumbre porque los padres de familia se quejaban con las autoridades de la escuela por la presencia de jóvenes y jovencitas que interceptaban a las alumnas a la hora de la salida y las “enredaban” para llevárselas a quién sabe dónde.
“Ahí si te duermes, te las ganan. Tienes que ponerte busa. Yo me quejé con el director porque en muchas ocasiones vi a muchachos que no traían el uniforme adentro del plantel. Muchachos o muchachas les dicen un sin fin de cosas y hay niñas que sí les creen y se las llevan”. Clara comenta que algunas de las familias han corrido con suerte y que les han regresado a sus hijas; otras, jamás volvieron a tener contacto con ellas.
Erika un día tampoco regresó a su casa. Clara se enteró de la desaparición de su hija hasta que bajó de la sierra semanas después. La mala noticia no le llegó antes porque la abuela de Erika pensó que se había escapado con el novio, algo común en el pueblo. Tampoco pudieron llamarla por teléfono porque su celular no tenía cobertura.
La hipótesis de la fuga con el novio perdió fuerza en cuanto vieron que nadie había ido a “consolar” a la fa- milia, es decir, nadie había ido a pedir permiso para que Erika se casara. Y Clara tampoco creía que se trataba de eso porque su hija recientemente no le había comentado que tuviera una relación con alguien.
La voz de Clara al relatar esos días adquiere un tono apesadumbrado: “Fui a buscarla. Eso es lo que uno sabe hacer. Me imaginé bastantes cosas. A veces pensaba que me iban a decir ‘allá está tu hija, vete a recogerla’”.
Ese ir y venir sobrecargado de angustia duró 15 días. Clara ya se había ausentado mucho tiempo de la escuela y los padres de familia estaban a punto de reportarla. Si eso sucedía, el Conafe no le pagaría y ella se quedaría sin dinero. No tuvo otra opción más que detener su búsqueda. Volvió con sus alumnos y le pidió a los padres que le firmaran la cédula de asistencia para tramitar su pago.
El viernes 27 de junio de 2014, Clara llegó a Arcelia. Dos días después, el domingo 29, recibió una llamada breve de su hija: “Mami, estoy bien. Voy a ir con unos amigos a San Pedro”.
El comportamiento de Erika despertó sospechas en Clara: “Yo la sentí muy rara. No me quiso decir lo que le pasaba. Sonaba muy seria”. Usó la información a su favor: “Fui a San Pedro Limón porque ya estaba harta de no saber nada y de que las autoridades tampoco me hicieran caso. Cuando fui al ministerio público me pidieron que esperara 72 horas para ver si no se había ido con el novio. Ya había pasado mucho tiempo”.
Madre e hija se encontraron a la puerta de un hospital de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya. Las palabras otra vez salieron a cuentagotas. Erika iba acompañada de varios jóvenes armados que cortaron de tajo las intenciones de Clara: llevarse a su hija y luego meterla en un internado. Le aseguraron que eso no iba a suceder y le ordenaron que se subiera a una camioneta de doble cabina. El viaje no fue largo, por mucho cinco minutos. Nadie dijo nada. Erika iba de copiloto y Clara estaba sentada en la cabina trasera.
Al llegar a una bodega, uno de los jóvenes le quitó el chip al celular de Clara para evitar, según ellos, “que les echara al gobierno”. Clara insistió en que se llevaría a su hija porque era menor de edad, pero lo único que le concedieron fue que se sentara en una esquina encima de unos tabiques.
La noche se había cerrado. Clara no podía distinguir lo que sucedía. Recuerda que vio a los hombres tendidos, durmiendo. Ella no podía cerrar los ojos. “Tenía miedo de que me hicieran algo. Todo estaba tranquilo. El ambiente era como cuando te vas a tu recámara a dormir y todo está en silencio”.
La tranquilidad desapareció en cuanto el único joven que estaba haciendo guardia afuera entró corriendo y a voz en cuello dijo: “¡Nos cayeron los contras!”.
Clara como estaba en una esquina, al fondo de la bodega que no tiene muros ni puerta de acceso, no podía observar qué sucedía en cada uno de los extremos. Pero lo que quedó al alcance de sus ojos y oídos fue que los militares bajaron de su camioneta, alumbraron hacia la bodega y gritaron: “Somos ejército. Ríndanse”. Al mismo tiempo los jóvenes se levantaron, asustados; los que tenían armas las dejaron caer y levantaron las manos, doblándolas hacia la espalda.
Clara asegura que los primeros disparos salieron de las armas de los soldados y que sólo algunos de los que estaban en la bodega respondieron el ataque. Antes de que los militares entraran, Clara tuvo oportunidad de ver a su hija, que estaba bocabajo, con una pierna herida. Se acercó para tomarle el pulso y supo que todavía estaba viva porque se quejaba. En ese instante comenzó otro tiroteo. Clara corrió y entró en una de las tres camionetas que estaban en la bodega. “En medio de la confusión pensé que ahí nunca me iban a encontrar”. Desde su escondite escuchó que dos mujeres, con las que no había convivido durante la noche —identificadas más tarde como Cinthia Nava y Patricia Campos—, y dos jóvenes gritaron que estaban secuestrados, para evitar que a ellos también les dispararan.
Un soldado halló a Clara en la camioneta, la llevó de nuevo a la esquina en la que había observado todo desde el principio; la sentó al lado de Cinthia, de Patricia y de los dos jóvenes que habían dicho que estaban secuestrados.
“Cuando todo se calmó fueron sacando a los muchachos uno por uno. Les preguntaron su nombre, su apodo, a qué se dedicaban. Los fueron ejecutando”.
Clara, aterrada, le preguntó al militar que la estaba vigilando: “Y a nosotras, ¿qué nos van a hacer?”. El soldado respondió: “Nosotros no matamos mujeres”.
Al compendio de aquellos momentos le pone sonidos y olores. “Cuando los ejecutaban el sonido del disparo era hueco, los soldados estaban a poca distancia de los jóvenes. Olía a pólvora y a chuquía por la misma sangre. Yo como soy diabética pensé que ya me iba a dar el cuartazo ahí. Me mantuve firme. Estaba pensando en mi hija, quería saber dónde estaba”.
Las siguientes horas se gastaron en interrogatorios con hombres que la grababan con una tableta y que la amenazaban. Sus declaraciones las hizo en una de las accesorias en obra negra que están al frente de la bodega, ante personal del Ejército, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. “Una abogada me metió presión. Me dijeron que tenía que cooperar. No paraban de preguntarme de qué organización criminal era, que si era la esposa de uno de los jefes. Como yo les decía que no sabía nada, que yo estaba ahí porque había ido por mi hija, siempre me dijeron que sólo me estaba haciendo la víctima”. Clara tuvo que salir de la accesoria varias veces para ir al baño y aprovechaba la oportunidad para ver de reojo el cuerpo de su hija, el cual seguía bocabajo y sin ningún arma cerca de ella.
Clara dice que salió de la bodega, junto con Patricia y Cinthia, el lunes 30 de junio como a las cinco o seis de la tarde: “el sol todavía no se metía”. Los otros dos jóvenes que estaban con ellas también habían sido ejecutados horas antes.
Primero las llevaron a la Subprocuraduría General de Justicia de Tejupilco pero ahí no se quedaron porque la misma licenciada que la estuvo presionando durante los interrogatorios pidió que las trasladaran a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en Toluca. “Allá hacemos que hasta los muertos hablen”, sentenció la funcionaria.
En la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Clara rindió su declaración, pero aún no se le quita el sabor amargo que le dejó haber pasado por esas oficinas. “Nos trataron como quisieron. Yo les dije que estaba enferma, que soy diabética, que yo ya no podía aguantar mucho. Me presionaron para que firmara unos documentos. Yo decidí firmar, en lugar de que me estuvieran golpeando. Así es como te echas la culpa de cosas que no cometes”. Un policía golpeó a Clara con los nudillos en la cabeza, el pecho y la espalda.
Clara, Patricia y Cinthia estuvieron en Toluca hasta el miércoles. Durante esos tres días Clara no había podido ponerse en contacto con su familia. Su hijo mayor fue a buscarla a la Procuraduría, pero le dijeron que ahí no estaba. El jueves las trasladaron a la ciudad de México para que declararan ante la Procuraduría General de la República. Las interrogaron dos días en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Clara estaba fuera de sí. Sus niveles de azúcar en la sangre eran muy altos y la presión arterial también se le había disparado al cielo. “Estaba asustada. Me sentía muy mal. No tenía conocimiento de nada”.
Salió de la SEIDO el domingo 6 de julio a las dos de la tarde. Desorientada y sin un peso en la mano, le preguntó al policía que la acompañó a la salida cómo podía llegar a la central de camiones de Taxqueña. “Váyase derecho”, le respondió.
Una cadena de buenas voluntades hizo posible que Clara volviera a Arcelia, luego de haber pasado siete días en las tinieblas. Primero, un joven la llevó en metro hasta Taxqueña. En la central de camiones, Clara lavó trastes en una fonda y la dueña le pagó 200 pesos. Con ese dinero compró el boleto hasta Iguala, porque no le alcanzaba para más. Más tarde, en el camión, otra señora que vivía en su mismo pueblo aceptó prestarle 115 pesos para que comprara el boleto a Arcelia. Clara tocó la puerta de la casa de su madre el lunes 6 de julio a las cinco de la mañana.
Clara no pudo estar en el entierro de su hija y tampoco le permitieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que fuera a despedirse de ella mientras su cuerpo estuvo en la morgue. El único ritual funerario que compartió con Erika fue el último rezo de su novenario.
Julio y agosto fueron meses estériles para Clara. “Tardé dos meses en salir a la calle. Tenía harto miedo de que me hicieran algo. Temía por mí y por mi familia. Prefería no dormir y estar al pendiente”.
El recuerdo de Erika, a un año de su muerte, aún quiebra la voz de su madre. “Yo decía: ya va a llegar mi hija de la escuela y me va a decir ‘mami, ya llegué’. Pero nunca más va a pasar… Me preguntaba por qué habían pasado las cosas así. Por qué teníamos que vivir esa inseguridad. Por qué los militares los mataron en lugar de agarrarlos y llevárselos”.
Tanto su madre como sus hijos la ayudaron a que saliera un poco de su depresión. Y también la animaron para que contara lo que había sucedido. Así fue como aceptó dar su testimonio a los periodistas de la Associated Press y de la revista Esquire.
A partir de la publicación de los reportajes su vida se convulsionó de nuevo. Enfrentó la ola de visitas de representantes del Ejército, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y la CNDH. Clara se convirtió en un testigo indispensable para echar abajo la versión oficial que refería que la madrugada del 30 de junio de 2014 militares habían repelido la agresión de un “grupo de delincuentes” en Tlatlaya.
La investigación que sustenta la recomendación emitida por la CNDH sobre este caso concluyó que en la bodega ubicada en San Pedro Limón murieron 22 personas; cuatro fueron heridas durante el enfrentamiento con personal del 102 Batallón de Infantería de la 22 Zona Militar; tres fueron heridas en un contexto de fuego cruzado y 12 fueron “privadas arbitrariamente de su vida por personal militar, incluyendo dos adolescentes”; de las tres víctimas restantes “no es posi- ble establecer ubicaciones y posiciones originales, debido a que fueron movidos de su ubicación, circunstancia que hace presumir que fueron privados de la vida de manera arbitraria”. Además se comprobó que los mil tares que estuvieron esa noche en la bodega cometieron violaciones a derechos humanos, y que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México trató inhumanamente a Clara y torturó y agredió sexualmente a Cinthia y a Patricia. Asimismo, se acreditó que la escena del crimen fue alterada “con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento”. Hoy hay siete militares presos.
En el epílogo de este relato, hecho en las oficinas del Centro Prodh, Clara incluye lo que aparece en sus sueños: “Sueño que voy caminando con Erika, como siempre. Que llega a la casa, que le pregunto cosas, como si no estuviera muerta”. En las noches todavía la persiguen las imágenes de lo que sucedió en aquella bodega. “Eso nunca se va a olvidar. Cuando me duermo, lo revivo”. Y en medio de las penumbras, Clara sigue preguntándose qué le sucedió a Erika, por qué abandonó su casa, quién se la llevó.
Fuente.-
Kathya Millares
Periodista y editora
