«USARON CARGOS para TRAFICAR ?»: «JEFE de la DEA NOS deja VER la CATADURA CRIMINAL de GOBERNADOR y SECUACES que le CERRABAN el OJO a CHAPITOS»……asi esta Tamaulipas,difícil averiguar dónde termina el gobierno y dónde empieza el crimen.

En Sinaloa ya ni siquiera aplica aquello de “funcionarios infiltrados por el narco”. La DEA acaba de sugerir algo mucho más incómodo: el narco no se infiltró… se institucionalizó.

Según Terrance Cole, director de la DEA, lo que hay no es una contaminación del sistema, sino un uso sistemático del poder público para operar a favor del Cártel de Sinaloa. Es decir, no es que el crimen organizado haya penetrado al gobierno; es que el gobierno —o al menos una parte— habría funcionado como extensión operativa del cártel.

La acusación no es menor ni decorativa. Fiscales estadounidenses señalan directamente al gobernador Rubén Rocha y a una red de nueve funcionarios y exfuncionarios de haber convertido cargos públicos en escudos institucionales para el tráfico de drogas. Protección a cambio de sobornos, impunidad a cambio de apoyo político, y elecciones —según la narrativa judicial— lubricadas con dinero de procedencia criminal.

La frase de Cole suena protocolaria: “nadie está por encima de la ley”. Pero en contexto, parece más un recordatorio incómodo que una realidad vigente. Porque si las acusaciones se sostienen, lo que se dibuja no es un caso aislado de corrupción, sino un modelo de gobernanza paralelo donde el poder formal y el criminal no compiten: colaboran.

Y aquí viene el giro que incomoda a la narrativa oficial mexicana. Mientras el discurso interno insiste en que la violencia es resultado de “herencias” o “conflictos entre grupos”, desde Washington están describiendo algo más estructural: redes político-criminales que no solo toleran al cártel, sino que lo facilitan activamente, incluso hacia territorio estadounidense.

El Cártel de Sinaloa, dice la DEA, ya no es solo un actor del narcotráfico, sino una organización terrorista designada. Y bajo esa etiqueta, la acusación adquiere otro peso: no se trataría solo de corrupción administrativa, sino de posible complicidad con una estructura considerada amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Traducido al lenguaje menos diplomático: no serían funcionarios corrompidos por el narco, sino operadores políticos que habrían usado el aparato del Estado como herramienta del negocio criminal.

Y eso cambia todo. Porque una cosa es combatir al crimen desde el gobierno… y otra muy distinta es tener que averiguar dónde termina el gobierno y dónde empieza el crimen.

Con informacion: ELNORTE/

«YA CASI 40,000 EJECUTADOS»: «ASESINAN LIDER de SINDICATO en CULIACAN y REGIDOR de MC en JALISCO»…estrategia cuentachiles no previene,no contiene nada y no se adelanta a nadie.

En el México de la “pacificación” que solo existe en la tatema engañabobos del estratega Omar García Harfuch, los homicidios dolosos,por cierto siempre impunes, siguen llegando puntuales… cada vez con mejor cargo en el organigrama y ya suman 39,521 muertos en solo 576 dias de gobierno de Claudia Sheinbaum a ritmo de 69 diarios.

Primero, Talpa de Allende, Jalisco: asesinan a Marco Antonio Franco Palomera, regidor en funciones. No era un ciudadano cualquiera; era parte del aparato municipal, de esos que en el discurso oficial “ya están protegidos” por la estrategia federal. Lo ejecutan y, como siempre, llega el libreto: condenas, promesas de investigación y el clásico “no quedará impune”, esa frase que en México funciona más como epitafio que como compromiso.

Luego, en Culiacán —capital simbólica del narcoestado contemporáneo donde Rubén Rocha Moya el gobernador de MORENA es requerido por EE.UU en extradición por narco —, matan a Homar Salas, líder sindical recién electo. 

Lo acribillan en su propia casa, en la cochera, con escolta incluido que tampoco pudo hacer mucho más que confirmar que ni los protegidos están protegidos. No es menor: venía de un atentado previo en febrero, es decir, ya estaba marcado. Y aun así, la “estrategia” lo dejó a su suerte.

El detalle que raya en lo grotesco es quién lamenta el crimen: el alcalde Juan de Dios Gámez, quien un día antes tambien y junto con el gobernador,fue sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En otras palabras, en el mismo escenario conviven el discurso institucional, las sospechas internacionales y los cadáveres locales. Todo en perfecta sincronía.

Y como cereza del pastel, el despliegue “de los tres niveles de gobierno”. Ese ritual post-mortem que llena de cintas amarillas la escena criminal donde no previene nada,no contiene nada y no se adelanta a nada, pero lucen muy bien en la narrativa oficial presumiendo inteligencia+coordinacion. Siempre llegan después, casi a la hora del velorio, rodean con patrullan, toman fotos… y se van. El mensaje real no es de control, sino de administración del desastre que solo se ve bien cuando se compara con lo peor del primer piso del gobierno.

Dos casos, dos entidades, mismo patrón: actores políticos o sindicales ejecutados, antecedentes de amenazas ignoradas, autoridades que reaccionan tarde y un Estado que insiste en vender “pacificación” mientras el conteo de homicidios sigue siendo la única estadística realmente consistente.

La estrategia cuentachiles presume bajas en cifras agregadas, pero en el terreno lo que hay es precisión quirúrgica: matar a quien estorba, donde estorba y cuando estorba. Y eso, lejos de ser pacificación, es control criminal con tolerancia institucional.

Porque si regidores y líderes sindicales caen así —con antecedentes, con exposición pública, con supuesta protección—, la pregunta no es si la estrategia funciona. Es para quién sí funciona.

Con informacion: XEU/ ELNORTE/

LA «ENCRUCIJADA de SHEINBAUM»: «ATORA a ROCHA y DINAMITA MORENA o NO lo ATORA y se ATORA con TRUMP»…o sacrificas a un aliado o te conviertes en blanco.

En el tablero binacional donde la diplomacia suele disfrazarse de cortesía, Washington decidió patear la mesa. La acusación por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no es sólo un expediente judicial: es un misil político dirigido al corazón de Morena… y, de paso, a la credibilidad del discurso anticorrupción que llevó al poder a la autodenominada “cuarta transformación”.

La escena es incómoda para Claudia Sheinbaum. No porque ignore cómo funciona el poder —lo conoce bien,es su beneficiaria incluso—pero esta vez el margen de maniobra es peligrosamente estrecho. Si actúa contra Rocha, dinamita a su propia coalición y le abre una grieta interna a Morena, donde el nacionalismo de consigna suele ser más ruidoso que la evidencia judicial. Si no actúa, le entrega a Donald Trump el argumento perfecto para endurecer la presión contra México bajo la narrativa de un Estado complaciente con el narco.

Los medios estadounidenses no tardaron en leer el momento como lo que es: una encrucijada de poder. El Wall Street Journal lo pone en términos quirúrgicos: o sacrificas a un aliado o te conviertes en blanco. El New York Times añade el matiz incómodo: Sheinbaum intenta bailar en dos pistas —cooperación con Washington y defensa de la soberanía— mientras carga con un partido donde varios cuadros temen, con razón o sin ella, ser los siguientes en la lista de acusados. Y el Los Angeles Times remata recordando el pecado original: Morena llegó prometiendo limpiar la casa… pero ahora la suciedad tiene nombre, cargo y presunta ruta de dinero.

Detrás del telón, el gobierno mexicano ya olía la tormenta. El discurso del embajador estadounidense en Sinaloa no fue un desliz diplomático, fue un aviso cifrado. La reacción —pedir a Washington que “avise antes” de exhibir a funcionarios mexicanos— revela más preocupación por controlar daños políticos que por enfrentar el fondo del problema. Traducido: no es que no sabían, es que no querían que se supiera así.

Y aquí entra el escritor estadounidense de origen judio Robert Greene, porque este episodio parece sacado de su manual. La ley que mejor encaja es la Ley 15: “Aplasta por completo a tu enemigo”. Trump —o más bien su aparato judicial— no está lanzando insinuaciones ni filtraciones ambiguas: está judicializando el conflicto, elevándolo a un punto donde la ambigüedad política se vuelve insostenible. No deja espacio para medias tintas. Obliga a Sheinbaum a definirse públicamente, sabiendo que cualquier decisión tendrá costo.

Pero hay otra ley operando en paralelo, más incómoda para el lado mexicano: la Ley 33: “Descubre el talón de Aquiles de cada hombre”. El punto débil de la 4T nunca fue el discurso, sino la contradicción entre narrativa y realidad. Washington parece haber identificado exactamente dónde presionar: un gobernador en funciones, del partido en el poder, vinculado al cártel más emblemático del país. No es un caso cualquiera, es el símbolo perfecto para erosionar legitimidad.

El problema para Sheinbaum no es sólo Rocha. Es lo que Rocha representa: la posibilidad de que la línea entre poder político y crimen organizado no sea una anomalía, sino una constante incómoda. Y en ese terreno, cualquier decisión —cooperar o resistir— ya no es moral ni jurídica, sino estratégicamente costosa.

Porque en política real, como bien advertía Greene, no gana quien tiene la razón, sino quien controla el tablero. Y hoy, ese tablero se está moviendo desde Nueva York.

Con informacion: ELNORTE/

EL «MIEDO NO ANDA en BURRO ?»: EL «INFLUYENTE M.A KIAVELO del NORTE YA SABE que AMERICO es el SIGUIENTE NARCOGOBERNADOR INDICIADO»…a cada rato el mismo trato chinga el aparato.

1.- EL golpe es demoledor…

2.- LA acusación del Departamento de Justicia en contra del morenista Rubén Rocha Moya lo exhibe como un narcogobernador que llegó al poder por medio de una alianza entre «Los Chapitos» y Morena…

1.- ASÍ de contundente…

2.- NO se trata de una de las bravatas habituales que vienen de Washington, sino de una denuncia formal presentada ante una Corte de Nueva York y avalada por un Gran Jurado y que incluye una solicitud oficial de extraditar al Gobernador de Sinaloa…

1.- ADEMÁS, hay un detalle clave: Estados Unidos cuenta con decenas de peces gordos del narco, empezando por los propios «Chapitos», Ovidio e Iván Archivaldo, por lo que tienen todo un arsenal contra funcionarios mexicanos…

2.- VAMOS por partes…

1.- SER o no ser: Para la Presidenta Claudia Sheinbaum, darle validez a la acusación contra Rocha es reconocer que la 4T tiene su propio Genaro García Luna…

2.- Y QUE aquellos que dijeron ser distintos, resultaron igualitos…

1.- EL narcogobierno: Si ya de por sí los cargos por narcotráfico son graves, no son menores los señalamientos de que Morena se unió a «Los Chapitos» en la elección de Sinaloa en 2021…

2.- Y ESE apoyo, que la Oposición en su momento denunció, fue correspondido con permitirle al crimen organizado actuar a sus anchas y hasta decidir sobre los cuerpos policiacos…

1.- EL raspón a AMLO: El tema de fondo es que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador quedó en la mira…

2.- Y FUE el propio Senador Enrique Inzunza, otro de los señalados, quien lo implicó al decir que la acusación estadounidense tiene como propósito afectar al tabasqueño…

1.- INEVITABLEMENTE, López Obrador y lo que él consideraba su «legado», salen muy lastimados…

2.- PORQUE resultó que en la 4T también habría narcopolíticos y porque el propio ex Presidente se empeñó en hacer Gobernador a Rocha, pues éste confesó que perdió la encuesta de Morena, pero que AMLO ordenó imponerlo…

1.- ASÍ que esta acusación ya se convirtió en la mayor crisis del Gobierno de Claudia Sheinbaum…

2.- SI su Administración se resiste a la entrega de Rocha y socios, pondrá la confrontación con el Gobierno y las Cortes estadounidenses en el nivel más alto…

1.- PERO si accede, abre la puerta a nuevas acusaciones, aunque también podría venir una necesaria limpia de la clase política…

2.- POR lo pronto, la pregunta obligada hoy en la mañanera es: ¿En serio va a dejar que el acusado siga gobernando Sinaloa?…

1.- POR cierto que hasta anoche no se conocía de algún pronunciamiento de Gobernadores en apoyo a Rubén Rocha como sí ocurrió en agosto de 2024, cuando «El Mayo» Zambada lo implicó en el tema de su secuestro y envío a Estados Unidos…

2.- EL miedo no anda en burro: Américo Villarreal, de Tamaulipas, debe estar preocupado, igual que Marina del Pilar Ávila, de Baja California…

1.- Y EN el Senado y la Cámara de Diputados, no sólo había desconcierto y confusión entre los legisladores morenistas, algunos de plano prefirieron evadir debates y entrevistas…

2.- ESTABAN desencajados… y con razón…

Con informacion: ELNORTE/

«TAMBIEN en la HIDALGO»: «CDG ASESINA en PLENA AVENIDA PRESUNTO SUPERVISOR de PEMEX a 600 METROS donde EJECUTARON DELEGADO de FGR en REYNOSA»…ademas matan estudiante que estaba en el lugar correcto bajo el gobierno incorrecto de Américo Villarreal.

En Reynosa,en Tamaulipas,bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal,donde 9 de cada 10 personas sobreviven con miedo, de acuerdo con el INEGI , el rojo del semáforo sirve para todo menos para frenar ejecuciones.

A las 7:40 de la mañana, en pleno bulevar Hidalgo —esa arteria donde conviven oficinas, escuelas y la ficción del “orden”— un comando del Cartel del Golfo en «troca negra sin placas frente a toda la videovigilancia oficial e incluso particular» decidió que era buen momento para matar a un presunto empleado de Pemex y un estudiante que estaba en el lugar correcto pero con el gobierno equivocado, el de Américo Villarreal. 

El objetivo: el conductor de una camioneta gris sin placas, detenido como cualquier mortal esperando la luz verde. El resultado: rafagueado, agonizando, bajando del vehículo para morir unos metros más adelante, frente al Monumento al Trabajador Petrolero. 

Ironías de la ciudad: el monumento al trabajo presenciando la eficiencia de la muerte que acabo con la vida de un presunto supervisor de pozos de Pemex.

Daño colateral: un estudiante universitario, que iba a su escuela con sus padres, recibió el impacto de una guerra que no era suya. Lo llevaron al hospital. No llegó vivo. Reynosa suma otro expediente que probablemente dormirá en el archivo muerto, bajo la categoría de “investigación en curso”.

La escena se repite con una precisión que ya no sorprende: caos vial, cuerpos cubiertos con una sábana, Guardia Estatal acordonando para administrar la narrativa, y la eterna espera del Ministerio Público que llega tarde a recoger lo que la impunidad deja.

Pero lo verdaderamente obsceno no es la balacera. Es la normalidad.

Porque no es la primera vez que esa misma avenida sirve de escenario para un mensaje armado. Ahí mismo, en el bulevar Hidalgo, fue ejecutado el delegado de la FGR en Reynosa. Un funcionario federal, encargado —en teoría— de perseguir delitos federales y combatir estructuras criminales. Lo mataron en su territorio, en su avenida, bajo su jurisdicción simbólica. Y no pasó nada.

Nada que implique consecuencias reales, al menos.

Hoy, el eco de ese asesinato institucional resuena en cada ráfaga. Porque mientras la FGR presume investigaciones internas que apuntan a funcionarios que “sirven” al trafico de huachicol del Cártel del Golfo —sí, esos que siguieron operando incluso después de que ese mismo grupo asesinara a su jefe—, la calle confirma lo que los expedientes podrían estar vinculados, pero ademas sugieren: cuando la autoridad cohabita con el crimen, deja de ser autoridad y se convierte en parte del problema.

Y en medio, Reynosa, llena de policias y soldados,incluido el «bandon de los Harfuch», funcionando como laboratorio de impunidad donde la violencia no distingue horarios ni perfiles: lo mismo cae un delegado federal que un estudiante camino a clases.

En esta avenida, la ley no circula. Solo transita la certeza de que cualquiera puede ser el siguiente. Y mientras las instituciones sigan jugando a investigar(se) sin tocar las redes reales de complicidad, cada semáforo en rojo seguirá siendo una invitación abierta a la ejecución.

Todo mientras la legisladora de Morena, encargada en el congreso de los Derechos Hmanos sigue emparentada con los humanos poco derechos,pero aun asi se queja de la seguridad, aunque para eso ya esta el pueblo.

Con informacion: ELNORTE/REDES/

"QUE DIJO MI MAMA que SIEMPRE NO": 'FISCAL de N.L AFIRMA DETENIDO TRAS CATEO NO esta VINCULADO a EJECUCION de SINALOENSE en SAN PEDRO"...andan deteniendo para investigar en vez de "al revés volteado".

En Nuevo León la justicia ya ni siquiera simula que sigue una línea: improvisa, corrige y, si hace falta, borra lo dicho en menos de 24 horas. Así ocurrió con el más reciente episodio del caso Arboleda, donde la Fiscalía estatal pasó de presumir un detenido a deslindarlo casi de inmediato, como quien se lava las manos sin jabón.

El martes, César, 35 años, fue presentado como pieza dentro del rompecabezas de la ejecución de Juan Carlos García Núñez —el sinaloense asesinado a plena luz del día en San Pedro—. Hubo cateo, hubo despliegue, hubo narrativa oficial. Pero el entusiasmo duró poco: para el miércoles, el Fiscal Javier Flores ya estaba en modo control de daños.

“No tiene relación alguna directa”, repitió, como si la precisión semántica pudiera sustituir la consistencia investigativa.

Traducción: lo detuvimos, pero siempre no.

La escena empieza a ser familiar. Primero: una ejecución con todos los ingredientes incómodos —una víctima en camioneta blindada, un agente vial presente, un presunto intento de “moche” y un sicario que actúa con oportunidad quirúrgica—. Luego: cateos, filtraciones, titulares. Después: silencio. Y finalmente: rectificación.

Mientras tanto, el elemento clave —el policía vial armado que interactuó con la víctima segundos antes del asesinato— sigue “colaborando” con la autoridad. Una palabra elástica que en el diccionario local suele significar cualquier cosa menos consecuencias inmediatas.

Y por si faltara surrealismo, el famoso retrato hablado del presunto sicario sigue guardado en el cajón de lo “estratégicamente oportuno”. Es decir, aparecerá cuando políticamente convenga o mediáticamente sea inevitable.

En paralelo, el Fiscal sostuvo una reunión “privada e informal” con el alcalde Mauricio Farah. Nada dice transparencia como los acuerdos fuera de cámara en un caso que involucra a policías municipales, ejecuciones en zonas de lujo y posibles actos de corrupción en tiempo real.

El patrón ya está claro: una ejecución que exhibe grietas estructurales, una investigación que avanza a trompicones y una autoridad que reacciona más a la presión pública que a la evidencia.

En San Pedro no solo ejecutaron a un hombre. También dejaron al descubierto, otra vez, cómo se construyen —y se desmoronan— las verdades oficiales en cuestión de horas.

Con informacion: ELNORTE/

«QUE VA HACER SHEINBAUM ?»: «ENTREGA NARCOGOBERNADOR y RESTO de MORENOS o deja TRUMP MADURE MANDAR por ELLOS como MADURO»…es la oportunidad de CSP de hacerlo bien,en vez de verse bien.

Del otro lado del Río Bravo no solo están pidiendo cooperación, la estan pidiendo por los canales formales, esos en los que Mexico ahora se niega ,cuando habia estado colaborando al extraditar sin demoras,ni prejuzgar las pruebas que ahora cuestiona,pues esta vez el nombre en la portada no es un capo de apodo folclórico, sino un gobernador de Morena en funciones: Rubén Rocha Moya. 

La acusación, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, no es menor ni decorativa: encabezar —dicen— un “narcogobierno” que habría operado como socio político del Cártel de Sinaloa.

El expediente que presenta Washington es el manual clásico de crimen politicamente organizado: pactos con “Los Chapitos”, intimidación de adversarios, robo de boletas y una red institucional aceitándose con sobornos mensuales. 

Todo esto, aderezado con un ingrediente particularmente tóxico en términos jurídicos: la presunta participación en el asesinato de un colaborador de la DEA. Ahí ya no estamos hablando de política doméstica; estamos en terreno donde Estados Unidos históricamente deja de pedir permiso.

En México, la reacción es la de siempre: calma institucional, cejas levantadas y la FGR diciendo que “no hay pruebas suficientes”. Traducción política: aquí no hay prisa. Del lado estadounidense, el mensaje es otro: si hay jurisdicción, hay caso. Y si hay caso, hay persecución.

Ahora, la pregunta clave —y donde se pone interesante el asunto—: ¿puede Donald Trump (o cualquier administración estadounidense) realmente “venir por ellos” si México no entrega?

La respuesta corta: no tan fácil. La larga: depende de cómo escalen.

Aunque la vía formal es el tratado de extradición México–Estados Unidos (1978), que exige doble incriminación, evidencia suficiente y el visto bueno de autoridades mexicanas, si México no coopera y la extradición no camina, del otro lado del Río y la valla,Estados Unidos con un Presidente como Donald Trump,podria repetir la hazaña de Venezuela y simplemente cruzar la frontera para detener con fuerzas de elite de EE.UU a un gobernador mexicano, que se puede interpretar como dinamitar el derecho internacional y provocar un conflicto diplomático mayor.

Pero aquí entra el “plan B” estadounidense, que no es nuevo ni hipotético:

• Jurisdicción extraterritorial: Si los delitos afectan a EE.UU. (narcotráfico, lavado, asesinato de agentes o colaboradores), las cortes federales pueden reclamar competencia aunque los hechos hayan ocurrido en México. Ya lo han hecho múltiples veces.
• Acusaciones selladas y órdenes de arresto: Si los señalados pisan territorio estadounidense (o países aliados), pueden ser detenidos. Sin espectáculo previo.
• Designaciones y sanciones financieras: Congelamiento de activos, bloqueo de operaciones y muerte financiera internacional. Aquí no necesitas extradición; necesitas sistema bancario.
• Operaciones indirectas: Históricamente, EE.UU. ha usado capturas “creativas” (léase: borderline legales) cuando considera que hay interés nacional superior. No es la regla, pero tampoco es ciencia ficción.

Ejemplo claro: varios capos mexicanos fueron procesados en Nueva York por conspiración para introducir drogas, aunque jamás tocaron físicamente suelo estadounidense durante los hechos. La clave jurídica es simple: si la droga iba para EE.UU., el delito “ocurre” también ahí.

Ahora bien, el caso Rocha tiene un ingrediente más delicado: es un funcionario en funciones. Eso mete variables políticas que el derecho no puede ignorar. México podría negar la extradición argumentando soberanía, falta de pruebas o incluso inmunidad de facto mientras ejerza el cargo. Pero eso no limpia el expediente en EE.UU.; solo lo congela en territorio mexicano , una pésima decisión del oficialismo Moreno.

Y aquí viene el punto incómodo: cuando Washington acusa públicamente a ese nivel, rara vez es para “ver qué pasa”. Es porque ya decidió que el costo diplomático vale la pena o que el expediente es lo suficientemente sólido para presionar.

Mientras tanto, en Sinaloa, el gobernador que llegó al cargo con ayuda del narco y Américo Villarreal como delegado de Morena, dice que “no va a pasar nada”. Puede que tenga razón…en el muy corto plazo. Pero en términos legales internacionales, “no pasa nada” suele significar “todavía no”.

Porque si algo ha demostrado la justicia estadounidense es paciencia quirúrgica: los casos no se caen, se estacionan. Y cuando se mueven, no preguntan dos veces.

La verdadera incógnita no es si Estados Unidos puede venir por ellos. Es cuándo, cómo… y con qué nivel de tolerancia política de este lado del río.

Con informacion: ELNORTE/