En Michoacán, donde las autoridades suelen confundir el uniforme con una licencia para abusar, parece que el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, decidió dar cátedra… pero no precisamente de Derechos Humanos, aunque tenga una maestría en ellos.
El pasado 2 de noviembre, mientras la rabia popular hervía frente al Palacio de Gobierno por el asesinato del alcalde de Uruapan, el académico con placa mostró su verdadera tesis práctica: “Cómo privar de la libertad a una periodista y salir bien en la foto”, aunque claro, sin permitir que exista ninguna foto.
La fotoperiodista Dalia Villegas, de la agencia Quadratín, terminó siendo víctima de ese manual no escrito del poder con fuero. En video se le ve acercarse respetuosamente al secretario para hacer lo que cualquier periodista haría: preguntar. La respuesta del “experto en derechos” fue taparle la cámara, ordenarle bajar el teléfono y, según relata Dalia, asegurarse de borrar cualquier evidencia. Todo esto, dentro del mismísimo Palacio de Gobierno. Ni Pinochet se atrevió a tanto bajo techo tan simbólico.
Quince minutos de encierro, varios empujones, un brazo lastimado y el gas lacrimógeno que la dejó sin aliento. Mientras tanto, los elementos de seguridad —los que deberían proteger— se dedicaban a hacerle honores al garrote y romper cualquier atisbo de libertad.
Oseguera Cortés no ha dicho una palabra. Quizás está redactando un ensayo sobre “los límites metafísicos de la libertad de prensa”, o tal vez sigue buscando en el Código Civil el artículo que justifique arrebatarle el teléfono a una periodista.
En su currículum presume una maestría en Derecho Civil con enfoque en Derechos Humanos. En la práctica, parece especialista en Derechos Torcidos. Su experiencia en Gobernación, asesorías y logística electoral explicaría muchas cosas: sabe cómo maniobrar el discurso, cómo blindarse con tecnicismos… pero no cómo comportarse como un funcionario público con ética.
La organización CIMAC ya exigió su cabeza —o al menos, una explicación— por haber ordenado la retención, el robo del material periodístico y la agresión. “Grave violación a la libertad de expresión y a la integridad de las mujeres periodistas”, sentenciaron. Pero en Michoacán, las sentencias suelen quedarse en el comunicado, mientras los abusos se repiten con puntualidad académica.
Porque sí, el problema no es que Oseguera tenga una maestría en Derechos Humanos. El problema es que nunca asistió a clases de humanidad.
Con informacion: EMEEQUIS/
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