La noche de ayer viernes, hace tan solo unas horas, un comando armado perpetro ataque e incendió el domicilio de Diana Caballero, alcaldesa de Queréndaro, Michoacán; antes del incendio se escucharon detonaciones y la exitosa operación criminal se atribuye al Cártel Jalisco Nueva Generación, dado que en la zona se localizaron vehículos con sus siglas, además de camionetas baleadas y un vehículo incendiado.
Aunque la madre de la alcaldesa fue rescatada y no se reportan muertos, la gravedad del incidente es máxima: en enero, la propia presidenta municipal había denunciado amenazas y la presión de grupos delincuenciales que buscan el control territorial. La misma noche, el domicilio del síndico Melchor García fue vandalizado, y la escalada de ataques incluyó el uso de drones y balaceras en la cabecera municipal.
¿Qué tan seguro es un estado, o un país, donde ni la alcaldesa está segura?
La seguridad pública presenta un colapso evidente cuando autoridades electas y sus familias no están a salvo en sus propios domicilios.
Según reportes recientes, Michoacán —y Queréndaro en particular— viven un incremento de ataques directos: emboscadas a policías, asesinatos de funcionarios y suspensión de actividades públicas por miedo a la violencia armada son recurrentes.
En el primer semestre de 2025, han ocurrido al menos 23 asesinatos directos contra actores políticos en México, la mayoría concentrados en estados golpeados por el crimen organizado como Michoacán. El fenómeno es tan común que fuerzas federales han tenido que asumir operaciones de seguridad directamente, instalando bases militares en municipios bajo asedio criminal que de poco o nada han servido.
Esto indica que se ha invertido la relación autoridad-delincuencia: en lugar de proteger a la ciudadanía, el Estado está acorralado en zonas donde los grupos criminales imponen su ley y desafían incluso la seguridad física de los titulares de poder Ejecutivo municipal. Los operativos activados tras el ataque, aunque masivos, suelen tener efectos transitorios ante organizaciones criminales más móviles y violentas que las propias fuerzas del orden.
Analogías internacionales y la idea de anarquía
Existen ejemplos en el mundo de situaciones comparables, donde la delincuencia organizada o milicias armadas sobrepasan la capacidad del Estado para garantizar el orden y la autoridad. Haití ofrece una analogía especialmente ilustrativa: en 2023 y 2024, las pandillas tomaron barrios ricos, atacaron la residencia de líderes políticos e incluso paralizaron vuelos y actividades institucionales, llevando el país a un estado de virtual anarquía, donde la autodefensa y la autoorganización comunitaria son alternativas a la ausencia estatal efectiva. En 2024, más de 5,300 personas murieron por la violencia de pandillas y 700,000 fueron desplazadas en Haití, incluyendo asaltos y asesinatos de figuras políticas.
En México, la comparación no es accidental: organizaciones como Crisis Group ubican al país en 2025 como uno de los escenarios donde la violencia criminal alcanza niveles equivalentes a los peores conflictos armados del mundo.
Las autoridades mexicanas, como ocurre en Tamaulipas,bajo el gobierno de Morena y Americo Villarreal,han cedido de facto territorios donde los acuerdos locales con criminales permiten cierta reducción en homicidios como ahora presumen, aunquelos “levantones aumentan”.
Pero es al costo de consolidar la impunidad y el control criminal sobre la vida cotidiana, incluyendo el levanton,amedrentamiento o asesinato de presidentes municipales, síndicos, tesoreros y funcionarios públicos, quepara variar y salvas excepciones,tambien le pagan cuota al crimen organzado con AVA_L del estado.
En definitiva, la seguridad y el imperio de la ley están en jaque cuando el Estado no puede garantizar la vida —ya no digamos la gobernabilidad— de sus representantes municipales. La anarquía se materializa no sólo en el vacío de autoridad, sino en la capacidad ininterrumpida de los grupos armados para desafiar abiertamente al poder público y dictar la agenda de la violencia.
¿Qué tan seguro puede ser un país donde ni las figuras de autoridad están a salvo? Es, objetivamente, un espacio de riesgo máximo para el ciudadano y para el propio Estado, y Michoacán, hoy, ejemplifica esa peligrosa deriva hacia el desgobierno y la anarquía organizada.
Con informacion: ELNORTE/
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