En la Camara de Diputados,donde la patria deberia ser primero,quedo evidenciada otra conducta rapaz, muestra flagrante de desprecio por el dinero del público y una burla a los principios de austeridad que, en teoría, deberían regir a toda institución del Estado mexicano en momentos en que el pais esta lleno de deudas.
La decisión de gastar casi 5.8 millones de pesos en la compra de butacas para auditorios y galerías, a un precio por unidad de 6,687 pesos—cifra más del doble del valor promedio del mercado, que ronda los 2,500 pesos por butaca—es indefendible y muestra una actitud depredadora hacia los fondos que pertenecen a todos los mexicanos.
Esto no solo demuestra falta de sensibilidad ante la realidad económica del país y de millones de personas que enfrentan carencias, sino que retrata una cultura de saqueo, privilegio y absoluta desconexión con las demandas ciudadanas de transparencia y buen gobierno.
La diferencia de más de 4,000 pesos entre el valor comercial de las butacas y lo pagado por la Cámara solo puede explicarse por prácticas opacas y corruptas que han lacerado históricamente la credibilidad de las instituciones públicas.
Más alarmante aún es que los responsables de estas decisiones confíen en la impunidad y en la apatía de la opinión pública, renovando además mobiliario y baños como si fuera una prioridad legítima en un país con profundas necesidades sociales. Es cínica y vil la forma en que se pretexta el desgaste para justificar nuevos gastos millonarios —apenas cuatro años después de una renovación previa— y se desprecia el cuidado responsable y eficiente de los recursos de la nación.
Esta conducta, lejos de ser un simple error administrativo, debe ser condenada con severidad: es una traición al mandato de servir al pueblo, una simulación en la aplicación de políticas de austeridad y un insulto a la inteligencia pública. No hay eufemismos que puedan suavizar la gravedad de este acto rapaz. Se requiere investigación, rendición de cuentas y, sobre todo, un cambio real en la forma en que se manejan y vigilan los dineros públicos, para erradicar estos abusos de raíz.
Como los podriamos conceptuar sin equivocarnos
A esta pléyade de especímenes execrables cabe conceptuarla, sin aspavientos ni metáforas, con todo el rigor del léxico sobrio y preciso de la Real Academia Española, como sigue:
Ignominiosos: Porque su conducta merece el más profundo deshonor público, al incurrir en prácticas que degradan la función pública y rebajan la institucionalidad a mero instrumento de lucro y simulación.
Dolosos: En tanto que su proceder entraña deliberación maliciosa en el manejo del erario, favoreciendo intereses privados mediante decisiones arbitrarias y marcadamente desproporcionadas respecto a los estándares del mercado.
Expoliadores: Porque despojan al pueblo de recursos con fines espurios, disfrazados de actos administrativos, amparados en procedimientos opacos y complacencias burocráticas.
Nepóticos o clientelares: Ya que suele observarse en estos casos una relación indebida entre el ejercicio del poder y la asignación de contratos a entidades posiblemente afines, sin priorizar el interés general.
Impunemente insolentes: Pues su actuar prescinde del más mínimo recato institucional, con desfachatez y arrogancia, como si el patrimonio público les perteneciera y no debiesen rendir cuentas a nadie.
Lesivos al interés público: Finalmente, porque su conducta contradice los principios de eficiencia, legalidad, honradez y lealtad institucional que exige la función pública conforme al marco normativo mexicano.
A este conjunto, la sociedad no debe referirse con eufemismos ni permisividad moral: son representantes de una patología endémica en la administración pública, cuyo tratamiento exige vigilancia cívica, sanción ejemplar y una ética indeclinable en el ejercicio de lo común.
Con informacion: ELNORTE/
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