Mientras el discurso oficial de la “transformación y el humani$mo” presume pureza y mano firme contra el crimen organizado, los contratos que firma el gobierno de Morena en Tamaulipas,el ayuntamiento de Morena en Matamoros y el mismísimo Instituto Nacional Electoral (INE) cuentan otra historia: la de un amasiato descarado entre poder político y narcotráfico.
Ahí está, negro sobre blanco, el caso más reciente revelado por El Norte y cuya actualización mas reciente es publicada hoy por Latinus: el propio secretario de Obras de Américo Villarreal admite que se entregaron contratos a una empresa vinculada con un reo recién extraditado a Estados Unidos.
Aunque el gobierno estatal luego se hace bolas, desvincula, alega desconocimiento, pero la realidad es brutal: empresas-fachada diseñadas para servir como lavadoras del narco siguen recibiendo obra pública, como si fueran constructoras modelo del “nuevo Tamaulipas”.
La cosa no queda en la capital
Vámonos a Matamoros, donde el Cártel del Golfo, a través de su extinto operador Ricardo Zuñiga, alias “El Ciego”, convirtió a la Comapa y al ayuntamiento morenista,lo mismo con la administración de Morena de Mario Alberto Hernandez,alias La Borrega,que el de Alberto Granados en su caja registradora particular.
Su nombre aparece asociado a contratos de obra pública, a servicios inflados, a facturas que el municipio paga religiosamente, mientras la ciudad sigue—literalmente—en el hoyo.
¿El nuevo gobierno municipal de Beto Granados?
Sumiso, complaciente, repitiendo la coreografía de su jefe político estatal, repite la mecánica municipal,servir a su benefactor mutuo el “jefe Escorpión y hacerle como que no vemos”.
Y si alguien cree que el pacto narcopolítico se queda en lo local, hay que mirar hacia el INE, supuestamente templo de la imparcialidad democrática.
Resulta que a inicios de 2025, el instituto otorgó un contrato a la empresa CABIEXM, ligada a Ana María Juárez Hernández, esposa de Mario Guitián Rosas,alias La Chispa, lugarteniente del CDG ligado a la reciente ejecucion del empresario Gabriel Hernandez y que aparece fotografíado sonriendo con el gobernador Villarreal Anaya,que también le sonríe.
A la vista de todos, mientras se reparten discursos sobre “elecciones libres”, el árbitro electoral de México firma cheques para compañías fantasma del narco disfrazadas de seguridad privada.
¿Seguridad de qué?
De que el crimen organizado esté presente en cada recoveco del sistema y no es el unico indicio de putrefacción moral.
Así, desde el despacho alfombrado de la Secretaría de Obras estatales, pasando por la oficina del alcalde de Matamoros “SIN VISA” y complice de Alfredo Cardenas Martinez,alias El Contador,hasta la burocracia vacunada de “legalidad” del INE, se confirma que el verdadero gobierno no está en las urnas ni en los palacios municipales: está en las casas de seguridad, en las nóminas ocultas y en los contratos inflados que manosean funcionarios y capos por igual que usan sus esposas o sus parejas sentimentales como intermediarias.
Y estos son solo algunos botones de muestra que derriban la simulación del gobierno en todos su niveles, pero aun asi insisten en posar de decentes ante cámaras y micrófonos, mientras abajo florece el verdadero proyecto político: el del Estado rendido, prostituido y aliado al narcotráfico. Y lo peor, lo hacen a la luz del día, confiados en que el discurso oficial bastará para tapar la podredumbre que ya nadie puede ocultar, la del gobierno que alimenta al crimen organizado que permite clarificar con certeza, que Américo Villarreal y algunos de sus incondicionales, la mayoría,son colaboradores del terrorismo.
Con informacion: REDES/MEDIOS
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