Esta misiva con copia a los ciudadanos ,va dirigida a la ex-consejera juridica del Gobernador de de Morena de curricula manchada, Americo Villarreal Anaya ,con un solo pretendido,dejar en claro que lo que se denuncia no puede ser fácilmente barrido bajo la alfombra de los famosos inejercicios de la acción penal, como el que recientemente obtuvo del ahora ejecutado delegado de la FGR,Ernesto Cuitlahuac Vazquez Reyna en Reynosa,como ella misma lo afirmó al UNIVERSAL y de manera dolosa le argumento que el “Delegado No la Investigaba”,sino uno de sus Ministerios Públicos.
Magistrada Tania Contreras:
Le escribimos en un idioma que usted domina, aunque lo practique con un sesgo que ya debería alarmar a cualquiera que todavía crea en el aparato de justicia: el de la ley. Porque, guste o no, cada señalamiento, cada acta circunstanciada, cada carpeta mal enterrada sigue respirando bajo el amparo de los principios procesales que usted misma juró respetar.
Lo decimos sin rodeos: en el derecho, ningún indicio deja de existir simplemente porque se dicta un “inejercicio”. El archivo no equivale a la absolución y el silencio burocrático no borra la materia penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales es claro: el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer acción penal, sí, pero dicha decisión no prejuzga sobre el fondo de la conducta. Y es aquí donde radica lo irritante de su trayectoria: acumular expedientes que terminan con un sello de inejerciciootorgado más por conveniencia y calculo politico entre iguales de moral torcida, que por falta de elementos probatorios,simplemente por la falta de voluntad para probarlos.
Puntualizamos: el beneficio procesal otorgado —y convenientemente utilizado para defenderse mediaticamente— bajo la gestión del tristemente célebre (y hoy ejecutado) delegado de la FGR en Reynosa, Ernesto Cuitláhuac. Ese “favor procesal”, lejos de extinguir sospechas, las multiplica. El principio de imparcialidad quedó triturado bajo la sombra de arreglos extralegales y padrinazgos mal camuflados, mero saldo de un funcionario coaligado en vida con el gobernador al que le hizo favores “mas que sospechosos”.
El ius puniendi del Estado no se negocia en cafés políticos ni se liquida con dictámenes complacientes. Se sostiene, o debería sostenerse, sobre la lógica impecable de la legalidad, esa misma que usted misma se encargó de difuminar mientras fungía como consejera jurídica bajo la currícula, también oscura, de Américo Villarreal. Y aquí no hablamos de percepciones, sino de evidencias reiteradas, documentadas y atadas a nombres, tiempos, nexos y beneficios recibidos.
Usted mejor que nadie conoce el principio de indubio pro societate: en fase inicial, la sospecha fundada, revestida de indicios suficientes, no puede desecharse como si se tratara de simple rumor. Y, sin embargo, ése ha sido el guion que ha seguido con cirujana precisión: descartar lo incómodo para usted, para el estado, para el gobernador “huachiculero aliado de narcos”, congelar lo indebido, proteger lo que debería exponerse a la condición de proceso judicial, no de anécdota periodística.
Como abogada a quien se le exige decencia antes que fuero, de poco sirve la toga cuando lo que la sostiene es un edificio jurídico hecho de favores y omisiones. Su caso es la ilustración viva del fraude a la ley: simular legalidad para encubrir lo ilícito. Y lo más grotesco no es que existan los señalamientos —es que usted se escuda en la letra misma del procedimiento para torcer su espíritu.
La justicia, magistrada, no es un catecismo acomodaticio ni puede despacharse como un inequitativo menú de “inejercicios a la carta”. Que quede claro: en materia penal, cada tanda de indicios desechados se convierte en una afrenta al principio constitucional de que la ley es igual para todos. Pero aquí, ya todos sabemos, la excepción ha tenido nombre y apellido y los expedientes de irregularidades no pueden ser maquillados como si estuvieran limpios.
A los ciudadanos: qué esperar de una Presidenta de Tribunal con expediente manchado
Ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas:
Cuando una persona que carga con señalamientos reiterados de corrupción, arreglos políticos disfrazados de dictámenes jurídicos y un hábito comprobado de recurrir al inejericicio de la acción penal como escudo personal llega a la Presidencia del Poder Judicial del Estado, no esperen justicia; esperen administración del poder.
En el papel, la Magistrada Presidenta tiene la función de garantizar la independencia judicial, defender la integridad del Tribunal y velar por la aplicación imparcial de la ley. Pero la experiencia nos dicta otra cosa: si ya desde abajo torció la norma para liberar a Octavio Leal Moncada,alias el “Viejo Narco”,reconocido como lider regional del Cartel del Golfo, en red nacional y por un Secretario de defensa, desde arriba lo hará con instrumentos más finos y con una corbata institucional.
¿Qué significa esto en lo concreto?
- Los expedientes incómodos se congelan
El archivo sistemático de denuncias y la manipulación de criterios procesales se volverán una decisión estratégica de cúpula. Lo que antes fue un favor aislado, ahora será política institucional. - La justicia será selectiva
Con una presidenta comprometida con padrinos políticos, el poder judicial se convertirá en un tablero donde movimientos se dictan desde fuera del tribunal. El ciudadano común no litigará contra la ley, sino contra un poder judicial alineado al Ejecutivo y sus alianzas. - La impunidad se consolida con membrete oficial
Si antes vimos cómo se usaban inejercicios a modo de blindaje, ahora ese blindaje se institucionaliza: los enemigos serán procesados, los aliados consagrados al olvido. - El principio de igualdad ante la ley se degrada
Habrá dos Tamaulipas jurídicos: uno para quienes no tienen acceso al teléfono de la Presidencia del Tribunal, y otro para quienes pueden marcarlo. El primero enfrentará toda la fuerza del Estado; el segundo gozará de la gracia de la omisión.
En términos llanos:
Lo que ustedes pueden esperar no es un tribunal que imparta justicia, sino un tribunal que reparta privilegios. Una presidencia con antecedentes cuestionados no llega a redimir sus errores pasados, sino a multiplicarlos en escala institucional.
Porque recordemos un principio básico: quien ha violado la regla como subordinado, la arrasará como jefe. Y hoy, con toga planchada y fuero reforzado, la ya nombrada Magistrada Presidenta es juez y parte dentro de un sistema que debió juzgarla, no consagrarla.
👉 Dicho sin hipocresías:
La ciudadanía debe esperar que el Tribunal se convierta en un mecanismo de control político disfrazado de legalidad, y que la justicia, esa que debiera ser ciega, ahora use lentes de aumento solo para perseguir a los incómodos y vendas negras para no ver los delitos de sus cercanos.
P.d-No soslayamos la guerra de bandos de diferente banda, pero no es pretexto para diluir acusaciones en el contexto de lo que ya terminó convirtiéndose en un vulgar enroque de hampones en perjuicio de eso que llaman pueblo.
Con informacion: REDES/MEDIOS/
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