El anuncio de la jefa de Gobierno de desplegar 6 mil 60 elementos de la Guardia Nacional para vigilar el Metro de la Ciudad de México no sorprende del todo. Una tarea civil más para los militares en el país en el que ya hacen todo y donde poco de lo que hacen tiene que ver con su función constitucional o con su capacidad. La militarización ya existía, pero pocos presidentes han ampliado las facultades militares como lo ha hecho López Obrador. Al inicio de su gobierno, Claudia Sheinbaum intentó distinguirse, decía que no habría despliegue militar en la Ciudad de México. Pero no logró mantenerse firme y ahora pinta las entrañas de la Ciudad de verde olivo.
Aunque no sorprende, no deja de escandalizar la facilidad con la que los gobernantes violentan la Constitución y ponen en peligro a la ciudadanía. Enoja ver cómo se desdicen y contradicen si les sirve políticamente y ver cómo anteponen su proyecto personal político a todo lo demás. Claudia Sheinbaum y su equipo saben que militarizar no sirve para resolver los problemas de administración del Metro. Saben también los peligros que implica para las personas, para los agentes que van a estar ahí y para el Estado de derecho. Aun así, optan por militarizar porque les resulta fácil.
La militarización del Metro de la CDMX ilustra, como pocos casos, el actuar irresponsable de nuestros gobernantes. Ilustra además el ciclo que se repite una y otra vez desde hace años: fracaso gubernamental, militarización, más fracaso y más militarización. Algo falla en la gestión civil, el o la gobernante en turno quieren una solución pronta, que la haga lucir, que ayude a evadir la responsabilidad personal. Aparecen los militares como respuesta. Esta vía, sin embargo, implica menos recursos para las instituciones civiles, que terminan en peores condiciones para realizar su función. Se requiere así de mayor participación militar. El ciclo sigue. Se ha repetido en materia de seguridad pública, con el control de los puertos, con la Cofepris, y ahora con el Metro. No existe ninguna evidencia de que involucrar a militares arregle los problemas causados por el mal manejo y la falta de mantenimiento del Metro, pero se anuncia como una política pública efectiva, incluso necesaria para detener el supuesto sabotaje que explica los repetidos accidentes. Tampoco hay evidencia de que involucrar al Ejército en materia de seguridad sirva, pero se declara que es la panacea que cura la corrupción, las adicciones, reduce el crimen organizado y la delincuencia común. En cada vuelta, se hacen de lado la responsabilidad de los gobernantes y los efectos negativos que tiene la militarización: más violencia, más opacidad, más autoritarismo. Terminamos así con un ejército obeso, autoridades inimputables y un estado de derecho enclenque.
De acuerdo con La Silla Rota, el despliegue de militares en el metro costará a los capitalinos un millón 398 mil 400 pesos cada 24 horas, casi 42 millones por cada 30 días de servicio. ¿Quién va a pagar ese dinero? Y más importante, ¿a qué se le va a quitar? ¿Habrá menos recursos para el mantenimiento del Metro, para alumbrado público o serán recursos que se le quitan a la policía capitalina?
Ayer despertamos con la noticia del Metro militarizado, hoy con la de un militar a cargo de una Subsecretaría de Seguridad Pública. Somos testigos de la claudicación del gobierno civil y de la elusión de la responsabilidad como forma de gobierno. Militarizar para no gobernar. Militarizar para eludir.
Fuente.-Profesora-investigadora del CIDE.
@cataperezcorrez
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