El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto que dar a conocer la información esencial de los contratos y comprobantes de pago de las vacunas para la covid-19 implicaría un riesgo a la seguridad nacional y ha reservado estos datos hasta 2025. Por una mayoría de ocho votos a favor, los magistrados expusieron, además, que al difundir los contratos que el Gobierno mexicano firmó con Pfizer, AstraZeneca y Cansino se violarían las cláusulas de confidencialidad pactadas con los laboratorios durante la pandemia.
La Corte se pronunció sobre dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional sobre los contratos que firmó el Gobierno de López Obrador para la adquisición de vacunas y sus respectivos comprobantes de pago. Las resoluciones llegaron a las puertas de la Suprema Corte luego de que, en mayo de 2021, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó entregar una versión pública de los documentos requeridos, pero el entonces consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, tramitó los recursos de revisión para evitar el cumplimiento de esta orden.
En el primer caso, los magistrados resolvieron que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país. “Si el Estado mexicano divulga información pactada como confidencial, pudiera entonces enfrentar en decisiones o responsabilidades internacionales”, advirtió durante su intervención la ministra Margarita Ríos Farjat.
En coincidencia, El magistrado, Mario Pardo Rebolledo, argumentó que los datos personales ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado en el país. “Esta información debe ser clasificada como reservada sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial (datos personales y secreto comercial)”, concluyó el pleno.
Sobre los comprobantes de pago, el pleno determinó que los comprobantes de pago respectivos deben ser clasificados como información reservada por un periodo de cinco años, pues su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional por la misma razón que en la primera resolución.
En diciembre de 2020, la Secretaría de Salud reservó la información por cinco años, el Instituto Nacional de Acceso a la información redujo el plazo a dos años, pero la Corte lo volvió a extender a cinco años, que cuenta a partir del último mes de 2020, fecha en la que empezaron a aplicarse los biológicos en México.
Los ministros explicaron que reservar la información hasta 2025 es necesario porque se desconoce el periodo de duración de la inmunidad que proveen las vacunas, el virus es impredecible y no se sabe si México tendrá que negociar de nuevo con las farmacéuticas para incrementar el abasto. Desde que inició la pandemia a la fecha, se han aplicado más de 206 millones de dosis de vacunas en 86,8 millones de personas.
fuente.-Karina Suarez/Diario Español/(imagen/twitter)
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