Teóricamente, es una nueva corporación de carácter policial y civil. Sin embargo, la Guardia Nacional no funciona como una institución policial y tampoco se consolidó como una fuerza civil independiente. En vez de ello, está integrada por elementos de instituciones previamente existentes como la Policía Federal, el Ejército y la Marina.
Además, al analizar el presupuesto y gasto ejercido por la Guardia Nacional, organizaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI) y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), han detectado una serie de irregularidades y opacidades tanto en su composición como en el uso del dinero que se le asigna.
Creación y dinero asignado a la Guardia Nacional
En 2019, por medio de un decreto, la Guardia Nacional reemplazó a la Policía Federal como el principal cuerpo policial de seguridad pública a nivel nacional.
Desde entonces, no existe un diagnóstico sobre su efectividad en la seguridad pública. A pesar de esto, año con año se anuncian aumentos en su presupuesto para la construcción de cuarteles, incrementar el número de elementos y otros rubros que no conocemos, pues no los hacen públicos.
El presupuesto ejercido por la Guardia Nacional ha diferido con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en sus tres años de existencia. En 2019, no se consideró a la Guardia Nacional en el PEF; sin embargo, sí ejerció recursos en ese año. Al año siguiente, la diferencia entre lo aprobado y ejercido se dio por una transferencia de recursos desde la Policía Federal.
En 2021 se terminó la consolidación de recursos para la Guardia Nacional. En el PEF ese año más de la mitad del presupuesto de la Guardia Nacional se destinó a Servicios Personales, es decir, a pagar los salarios de su personal.
Finalmente, en 2022 se le destinó un presupuesto aún mayor: casi el doble que el año pasado. En ese contexto, destaca un alza de más de 1,000 millones de pesos a la partida para combatir los delitos.
Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se estipuló que del total aprobado para este año, 47.4% es para la operación de la institución, la prevención, investigación y persecución de delitos, es decir, más de 29,803 millones.
Aumento acelerado de recursos pero ¿quién paga las nóminas?
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020, el 74% del gasto programado estuvo destinado al pago de “Servicios Personales”. Sin embargo, la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad identificó que no se presupuestó un dinero para las remuneraciones del personal de carácter permanente.
Solamente se desglosaron recursos para “Remuneraciones adicionales y especiales”, en particular “Compensaciones” como acreditaciones por servicios especiales, realización de estudios o actualización y formación del personal.
Es decir, el pago de los salarios de los integrantes de la Guardia Nacional no se consideró como parte del presupuesto de la institución, según la organización, esto sólo es explicable si se contempló desde el comienzo que dichos salarios serían pagados por alguien más.
Esto quiere decir que al menos el año pasado, únicamente 41% del total de fuerzas de la Guardia Nacional fueron pagadas con presupuesto propio de esa corporación, mientras que hay 59,396 elementos que pertenecen a la institución, pero no tienen una plaza ahí.
La tendencia a la alza del presupuesto para la Guardia Nacional sería entendible si hubieran resultados tangibles de su trabajo: disminuciones en delitos de alto impacto, incrementos en el sentimiento de seguridad reflejado en las encuestas, etc. Sin embargo, hasta ahora, estos incrementos solamente engrandecen los problemas de irregularidades y opacidad tanto en su composición como en el uso del dinero que se le asigna.
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