En 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia de uno de los centros más importantes de distribución de cocaína del mundo, y con él heredó un narcoecosistema único, donde se había borrado la línea entre la delincuencia organizada y las instituciones del Estado. Desde entonces, tanto el narcotráfico como la participación del Estado en el negocio no han parado de crecer.
En la era Maduro, el tráfico de drogas se ha atomizado con una proliferación de actores que buscan acceso a la riqueza prometida. Asimismo, la participación del país en la cadena global de suministro se ha expandido más allá del tránsito de drogas, con las primeras incursiones en la producción de cocaína en el país.
En el mismo periodo, el narcotráfico ha cobrado importancia como un componente de las estrategias de Maduro para aferrarse al poder ante los embates sufridos por su gobierno a causa de las constantes crisis sociales, políticas y económicas que enfrenta el país. Su objetivo no ha sido captar para sí mismo las riquezas del tráfico transnacional de cocaína, sino controlar y canalizar su flujo, usándolas como un mecanismo para premiar a los poderes políticos, militares y criminales que Maduro necesita para mantener el control del gobierno.
*Este artículo hace parte de una serie investigativa llevada a cabo por InSight Crime durante tres años, que requirió la realización de cientos de entrevistas y trabajo de campo en todos los territorios clave del narcotráfico en Venezuela. Analiza uno de los centros de tráfico de cocaína más importantes del mundo, y el régimen autoritario que mantiene el flujo de drogas allí. Lea la serie completa aquí.
Hoy en día, las tensiones se represan en el sistema de narcotráfico que ha evolucionado bajo el mandato de Maduro. Cada día es más difícil controlar a los grupos criminales que amasaron fortuna y poder gracias a la cocaína, mientras los actores estatales que se rebuscan los recursos para sus administraciones son a la vez competidores y colaboradores, y nuevos fenómenos de tráfico, que, como el desarrollo de la producción de cocaína se expanden. En medio de todo esto, Maduro intenta imponer orden en el creciente caos criminal.
El narcomapa de Venezuela actualizado
El gobierno estadounidense estima que anualmente se trafican por Venezuela unas 250 toneladas de cocaína, que representan entre el 10 y el 15 por ciento de la producción global estimada. A lo largo de tres años de investigación, que incluyó trabajo de campo en puntos críticos para el tráfico de drogas, cientos de entrevistas y monitoreo diario de decomisos, arrestos y operativos antinarcóticos, InSight Crime ha identificado los flujos de cocaína que se mueven por Venezuela y las redes criminales que los mantienen en movimiento.
Las rutas de la cocaína en Venezuela pasan por casi todos los estados del país. La mayoría de los cargamentos inician su travesía en Colombia antes de cruzar hacia los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Es también en la región fronteriza donde se está arraigando la incipiente producción de cocaína en Venezuela.
Luego de eso, algunos cargamentos salen directamente desde la región limítrofe a bordo de avionetas, mientras que otros siguen su recorrido por tierra hacia la costa Caribe o hacia puertos o aeropuertos de Venezuela. De allí, la cocaína toma rumbo al norte, hacia Centroamérica o a las islas del Caribe, o al sureste, hacia Brasil, Guyana o Surinam, para terminar abasteciendo los dos mayores mercados de cocaína del mundo: Estados Unidos y la Unión Europea.
En la región fronteriza, estas rutas están dominadas por los grupos guerrilleros colombianos. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las ex-FARC mafia, controlan los pasos fronterizos, los corredores de tráfico y las pistas de aterrizaje clandestinas por cuyo uso cobran a los narcos independientes. Su control sobre las zonas cocaleras y sus conexiones con compradores mexicanos y brasileños implican que hay facciones guerrilleras también dedicadas a la producción, trasiego y venta de sus propios cargamentos del alcaloide.
Por fuera de la región fronteriza, los traficantes venezolanos dominan el negocio.
La región Caribe, al oeste del país, es del dominio de grupos como el Cartel de Paraguaná y el Cartel de la Guajira, cuyos líderes negocian el envío de cargamentos a otros países, controlan rutas y actúan como padrinos mafiosos en las comunidades locales.
Entretanto, a lo largo de las rutas de transporte internas y al este del Caribe, violentas bandas criminales, conocidas como “megabandas”, entre las que se cuentan el Tren de Aragua, el Tren del Llano, la megabanda de San Juan de Unare y Los 300, han ganado acceso al tráfico transnacional de narcóticos, bien sea cobrando a los traficantes por su paso por las zonas bajo su control o tomándose territorios estratégicos y montando sus propias redes de exportación.
Sin embargo, aunque estas organizaciones criminales mueven el grueso de la cocaína, son los actores estatales quienes modelan y controlan el mundo en el que operan. En este contexto, los traficantes dependen del acceso a estas redes penetradas por el Estado y de las ventajas que ese acceso les confiere.
“Las organizaciones criminales han infiltrado todas las instituciones del Estado”, declaró una exfuncionaria del Ministerio Público, que habló con InSight Crime bajo condición de que se mantuviera su anonimato. “Todas tienen en su nómina a un buen número de funcionarios públicos para que les permitan mover sus alijos de drogas”.
Las células narcotraficantes en el ejército y la policía, que se denominan colectivamente Cartel de los Soles –cuyo modus operandi se explora en detalle en el capítulo 3 de esta investigación— trasiegan narcóticos por todo el país en representación de los grupos criminales, controlan las exportaciones de drogas por medio de puertos y aeropuertos, y facilitan y protegen las redes de narcotráfico. Miembros corruptos del sistema judicial del país venden la libertad a los criminales que tienen negocios con el régimen, y como se revela en el capítulo 4, los gobiernos locales dirigen el contexto del tráfico en territorios clave.
A su paso por estas rutas, el dinero de la cocaína fortalece estos grupos criminales y ahonda la corrupción. En la mayoría de los países, esto se considera un cáncer que corroe las instituciones del Estado y el tejido social a medida que se propaga, pero en Venezuela Maduro y su régimen han encontrado la manera de beneficiarse de este fenómeno.
Tras años de cleptocracia y malos manejos de la economía, y sometido a uno de los regímenes de sanciones más draconianos del mundo, el Estado venezolano se encuentra casi en bancarrota y con una desesperada necesidad de moneda fuerte. Allí la cocaína puede hacer lo que el Estado no puede: pagarle a la gente. Ya sea garantizando que los soldados venezolanos reciban lo suficiente para comer, comprando la lealtad de caudillos políticos corruptos, o incentivando a grupos armados para que defiendan el régimen, el dinero de la droga puede con todo.
Es improbable que Maduro tenga conocimiento de transacciones específicas de tráfico de cocaína, y mucho menos probable es que esté involucrado personalmente en ellos. Sin embargo, se ha posicionado a sí mismo y a su régimen como guardianes del narcotráfico en Venezuela. El control clientelista que ejerce el gobierno sobre las instituciones políticas, militares y judiciales significa que el régimen está en posición de decidir quién tiene permitido beneficiarse del narcotráfico, así como de otras economías ilícitas, como el contrabando, la malversación de fondos, el tráfico de armas y la explotación ilegal de oro.
“El Estado ha sustituido los recursos que no tiene por tolerancia hacia las actividades ilegales”, dijo un politólogo venezolano, que desea mantener su anonimato por temor a la persecución, a InSight Crime. “El Estado sabe que mientras haya quién devengue recursos mediante estos mecanismos, no tendrá interés en derrocar al gobierno”.
Al facilitar su participación en el narcotráfico transnacional, Maduro también se asegura de que los actores más importantes tengan gran interés en mantener el statu quo, lo que asegura su posición como líder del régimen.
“La Corte Penal Internacional, procesos judiciales en Estados Unidos, investigaciones, procesos internos”, comentó el experto, enumerando las amenazas que se ciernen sobre los funcionarios públicos implicados en el tráfico de drogas y otras actividades al margen de la ley. “Los costos del cambio político son demasiado altos”.
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Para Maduro y sus aliados, mantener control de este complejo ecosistema de narcotráfico constituye un delicado acto de malabarismo.
El tráfico de drogas, el Estado y los movimientos políticos chavistas en Venezuela están cada vez más fracturados y divididos. Hay demasiados actores y demasiada competencia, no solo entre grupos narcotraficantes rivales, sino también entre divisiones de las fuerzas de seguridad y facciones políticas rivales.
El sistema se desmorona periódicamente en luchas de poder locales, fallas de comunicación entre nodos traficantes o porque los involucrados no quieren ceñirse a las reglas tácitas.
De manera esporádica, se desatan conflictos en el hampa por territorios claves para el tráfico de drogas que desencadenan masacres, tiroteos y desplazamientos, y que alimentan una de las tasas de homicidios más altas de la región.
Además, las tormentas políticas son frecuentes entre, e incluso dentro, de los organismos estatales, pues los comandantes de las fuerzas de seguridad rotan en zonas donde no entienden las dinámicas y lealtades locales, o en otros casos una rama de las fuerzas de seguridad tropieza con las operaciones de tráfico de otro actor, e incluso las persigue deliberadamente.
“En ocasiones, estas dinámicas económicas se salen de control, porque todo el mundo empieza a hacer lo que le viene en gana, manejando las cosas en su territorio como le parece, y eso significa que el gobierno pierde control”, comentó el politólogo.
Ese caos es contraproducente para la gobernanza, pero más que eso es malo para el negocio. Aunque la cocaína puede moverse por el país con la aprobación tácita de los altos líderes, los traficantes carecen de dos de las cosas que más valoran: la confianza de que un cargamento llegará a su destino y la posibilidad de responsabilizar a alguien si no llega.
“A fin de cuentas, no se sabe con quién hay que hablar en Venezuela”, comentó un experto en narcotráfico en el departamento colombiano de Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, y quien pidió que se mantuviera su anonimato por motivos de seguridad. “Podrían hacerse arreglos con un comandante de la Guardia Nacional, pero entonces llega otro y lo detiene; así es como los traficantes han perdido grandes cargamentos en Venezuela”.
En medio de tal caos, el régimen Maduro cuenta con varias herramientas para tratar de imponer orden en el sistema.
Uno es su control sobre el corruptísimo sistema judicial en Venezuela, que permite a los líderes políticos conceder impunidad a los actores que gocen de su favor, y retirarla si caen en desgracia.
“El sistema judicial se ha politizado totalmente”, señaló una exfuncionaria del Ministerio Público. “La política subyuga a los fiscales”.
Quizás los intentos más visibles del Estado por dirigir y controlar el tráfico de cocaína se encuentran en su despliegue de fuerzas de seguridad en operativos antinarcóticos. Las estrategias detrás de esos despliegues son evidentes en la gran divergencia de los patrones de decomisos de drogas en las diferentes regiones del país.
“Se pierden cargamentos cuando se corre la voz en Caracas, cuando las órdenes vienen de arriba”, señaló un funcionario del Ministerio de Gobierno, que habló con InSight Crime con la condición de que se mantuviera su anonimato.
El estado de Amazonas, al sur del país en la frontera con Colombia, por ejemplo, es uno de los territorios que ofrece mayor estabilidad para el tráfico de cocaína. Allí los corredores de drogas están bajo el control del Frente Acacio Medina, de las ex-FARC mafia. Allí existe evidencia sólida de colusión entre los disidentes y el ejército; y para completar, el gobernador del estado es seguidor de Maduro.
Una revisión de medios y fuentes oficiales hecha por InSight Crime halló cero decomisos de cantidades importantes de cocaína en ese estado entre enero de 2019 y abril de 2021.
En contraste, los estados de Zulia y Táchira, al norte del país, representaron el grueso de los decomisos registrados entre 2019 y 2021. Estos son territorios disputados que se han visto invadidos por bandas criminales, sucesores de grupos paramilitares, guerrillas colombianas y narcos independientes, quienes compiten por el control del negocio.
Ese patrón se repite en todo el país. Donde hay aliados confiables para el tráfico de drogas, que paguen a las personas indicadas y operen sin hacer mucho ruido, los decomisos y otros indicadores, como arrestos y operativos sospresa, se mantienen bajos. Por otro lado, donde hay caos criminal, o actores que infringen las reglas, las operaciones de las fuerzas de seguridad aumentan.
La estrategia ha sido claramente visible en el conflicto del hampa más dramático que ha golpeado a Venezuela en los últimos años: la batalla por el estado de Apure.
Durante años, prácticamente no se conocieron decomisos de drogas en el estado, aunque ha sido un importante punto de ingreso y salida de cocaína por más de una década. Pero desde la ruptura de las relaciones entre el ejército venezolano y el Frente 10 de las ex-FARC en 2021, las autoridades han presentado cientos de kilos de cocaína incautados y reportado la destrucción de pistas clandestinas y laboratorios de procesamiento de cocaína.
Estos operativos de las fuerzas de seguridad y las investigaciones judiciales son una demostración del poder de Maduro, pero también su debilidad, en especial si no pueden aplastar automáticamente a los grupos que se salen del redil. Aunque los actores que incumplen las reglas pueden ser eliminados, el sistema mismo puede ser demasiado anárquico y poderoso para que pudiera pensarse en algún control real.
Los enemigos políticos del régimen de Maduro prefieren considerar el negocio de la cocaína venezolano bajo la lente izquierdista del gobierno, que describe el tráfico de narcóticos como un monopolio de Estado nacional. Pero en realidad, se acerca más al capitalismo salvaje que se observó tras el colapso de la Unión Soviética: un juego de riqueza y poder donde gánsteres y oligarcas se abren paso a los codazos mientras un líder autoritario trata de mantener cierto orden.
*Este artículo hace parte de una serie investigativa llevada a cabo por InSight Crime durante tres años, que requirió la realización de cientos de entrevistas y trabajo de campo en todos los territorios clave del narcotráfico en Venezuela. Analiza uno de los centros de tráfico de cocaína más importantes del mundo, y el régimen autoritario que mantiene el flujo de drogas allí. Lea la serie completa aquí.
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