Antes que el país supiera que el exsecretario Salvador Cienfuegos sería exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR) de cualquier nexo con el crimen organizado, la cúpula del Ejército ya festejaba la absolución del general en retiro.
Desde diciembre pasado, un alto funcionario de la Fiscalía le informó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, que la investigación que pendía sobre su antecesor Salvador Cienfuegos terminaría en la presentación de cero cargos criminales.
En un principio, la cita entre el representante del equipo del fiscal Gertz Manero y el secretario Luis Cresencio Sandoval se llevó a cabo en completo sigilo, alejada de las agendas oficiales de ambas dependencias.
Pero la información no tardó en convertirse en un secreto a voces, pues el objetivo de esa “cortesía” de comunicación era que el mensaje se difundiera hasta llegar al “Sindicato”, un club de militares de alto rango que maneja los hilos de la Secretaría de la Defensa Nacional y que se movilizó para salvar al general Cienfuegos de una celda en Estados Unidos.
EL DESCORCHE DE CHAMPAÑA
Dos fuentes consultadas por EMEEQUIS, que han seguido muy de cerca el rol de “El Sindicato” en el caso Salvador Cienfuegos, confirmaron que para finales de diciembre, especialmente durante las fiestas de fin de año, ya varios mayores, tenientes, coroneles y generales descorcharon las champañas y adelantaban en sus brindis que el general en retiro estaba fuera de todo peligro.
A todos les había llegado el rumor de que el secretario Luis Cresencio Sandoval había recibido, en persona, la escueta noticia de que las pruebas enviadas por la agencia antidrogas DEA al gobierno mexicano serían consideradas no concluyentes por la Fiscalía General de la República.
También se le había informado al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional que el gobierno mexicano estaba listo para asegurar, públicamente, que la DEA había “fabricado” un expediente contra el general Salvador Cienfuegos y que el trabajo de dos años del fiscal Richard Donoghue persiguiendo al militar mexicano sería puesto en duda.
El tema era encontrar el momento exacto para que la acusación de que un gobierno extranjero había inventado delitos a un alto militar no desencadenara un lío diplomático con el vecino del norte y mayor socio comercial de México.
ENCONTRAR EL MOMENTO PERFECTO
Ese momento fue la noche del 14 de enero, a sólo seis días de que termine la administración del presidente Donald Trump, cuya atención y discurso político ya no está en México, sino en cómo sobrevivir al segundo intento de desafuero en su contra.
Las dos fuentes consultadas por EMEEQUIS reconocen que se trató de una jugada “magistral” del gobierno mexicano: por un lado, desacredita el trabajo de inteligencia de un gobierno saliente que está concentrado en blindar la transición de poderes y, por el otro, remueve del camino un asunto espinoso para iniciar una nueva relación con el gobierno entrante del demócrata Joe Biden.
Además, mantiene felices a los poderosos miembros del “Sindicato”, quienes son el verdadero poder detrás del escritorio del secretario Luis Cresencio Sandoval.
Antes de ser informados en diciembre que la investigación terminaría en buenas noticias para su querido general en retiro, al menos cinco integrantes de esa cofradía secreta mantuvieron comunicación constante con personal de la Fiscalía General de la República para conocer cómo se desarrollaba la investigación. Y aunque no es claro si esos intercambios influyeron en el resultado, sí hicieron sentir vigilados a los investigadores.
EL PODER DEL “SINDICATO”
En noviembre de 2020, EMEEQUIS dio a conocer que ese club exclusivo de militares de alto rango se había movilizado en bloque apenas supo que general Salvador Cienfuegos Zepeda había sido arrestado en California, Estados Unidos, por una orden de aprehensión con cuatro cargos criminales que lo relacionaban con un capo apodado “El H-2”, lugarteniente del cártel de los hermanos Beltrán-Leyva.
Horas después de que la noticia sorprendió al país, “El Sindicato” envió a un representante hasta el despacho del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y comunicó que la plana mayor del Ejército mexicano no se quedaría quieta mientras un gobierno extranjero acusaba a uno de los suyos de colaborar con el crimen organizado.
La advertencia incluía la posibilidad de que una silenciosa rebelión entre tenientes, coroneles y generales, que rápidamente fue aplacada cuando se les comunicó que el gobierno mexicano había instruido a la Secretaría de Relaciones Exteriores traer de vuelta, a toda costa, al general Salvador Cienfuegos.
La carta de negociación de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue negarse a seguir compartiendo información vital sobre los cárteles de las drogas y sus actividades ilícitas en Estados Unidos, si el exsecretario de la Defensa Nacional con el exmandatario Enrique Peña Nieto no volvía al país.
UN ANUNCIO CASI DE MEDIANOCHE
Finalmente, el acuerdo fue que el general Salvador Cienfuegos regresaría a México como un hombre libre, pero no porque las pruebas en su contra no fueran sólidas, sino porque se corría el riesgo de un enfrentamiento binacional. En contraste, el gobierno mexicano se comprometió a iniciar una investigación imparcial y objetiva con base en las pruebas recopiladas por la justicia estadounidense.
Esa investigación, al mes de haber llegado a las oficinas de la Fiscalía General de la República, ya tenía un desenlace esperado: con una rapidez inusitada, los investigadores federales aseguraron al Ejército mexicano que el hijo pródigo de “El Sindicato” estaría libre de toda culpa.
Sólo había que esperar a enero para el anuncio oficial. Y así ocurrió: dos horas antes de la medianoche, la Fiscalía General de la República anunció en un tuit de 275 caracteres lo que ya se sabía entre las filas de la playa mayor Ejército mexicano.
“Luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el Gral Salvador Cienfuegos; la #FGR concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó no ejercer acción penal”.
Para cuando el país se enteró, “El Sindicato” hace mucho tiempo que se había bebido la champaña.
fuente.-@emeequis/
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