Los documentos oficiales relacionados con la investigación contra el exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, no podrán ser consultados ni revisados por organizaciones no gubernamentales, periodistas o académicos por decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Expansión Política tramitó una solicitud de acceso a la información ante la SRE para examinar la carta y, en su caso, los archivos anexos enviados Estados Unidos para protestar por mantener en secreto la indagatoria contra el militar mexicano presuntamente relacionado con el narcotráfico.
En respuesta, la Cancillería impuso una reserva de cinco años sobre esos documentos argumentado que, hacerlos públicos, afectaría la intención de México por renovar un acuerdo con Estados Unidos y, además, también correrían el riesgo de hacer pública información sensible.
“Es decir, que existiría una limitación y disrupción en el diálogo diplomático para la implementación, conducción y ejecución de intercambio de información en materia de seguridad”, puntualizaron.
La decisión de la SRE implicaría que la protesta de México ante Estados Unidos pueda abrirse hasta el año 2028, es decir, dos años después de las siguientes elecciones presidenciales.
Sin embargo, el siguiente gobierno federal podría aplazar por segunda vez esos mismos archivos, en caso de que también consideren que estaría en riesgo la relación con Estados Unidos.
Por separado, Expansión Política envió una segunda solicitud de acceso a la información dirigida ante la Fiscalía para conocer el acuerdo que tuvo con su homóloga de Estados Unidos para repatriar al general Cienfuegos, luego de haberlo detenido en el aeropuerto de Los Ángeles California el pasado 15 de octubre.
La FGR informó que ese archivo está clasificado toda vez que fue integrado a la investigación en curso contra el exsecretario de la Defensa Nacional.
En este caso, la FGR no puso algún plazo para transparentar ese acuerdo toda vez que, desde su perspectiva, únicamente podrán tener acceso a estos documentos el inculpado o en su caso, los abogados defensores.
El pasado 18 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no hay nada oculto” en el pacto con Estados Unidos para liberar al exjefe del Ejército durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“No hay nada oculto. Nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad”, dijo durante una rueda de prensa en Palacio Nacional.
La reserva de los documentos oficiales referidos se tomó tras confirmarse el triunfo de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos.
No obstante, el sello sobre esos documentos por parte de la Fiscalía y la Cancillería no puede considerarse como un asunto concluido. Expansión Política tramitó recursos de revisión ante la Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos (INAI).
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