Es un “insulto” para los sectores más desprotegidos del país y millones de personas que habitan viviendas sin servicios ni infraestructura pública el llamado a quedarse en casa que han hecho el gobierno federal y la Secretaría de Salud para romper las cadenas de contagio de Covid-19, señala un análisis elaborado por investigadores del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
La campaña “Quédate en casa” no considera a “la gran cantidad de mexicanos [que] no cuentan con las condiciones adecuadas en sus viviendas para seguir esta política”, y tampoco a las personas que tienen trabajo formal e informal en la calle.
“Estas personas si no salen de la casa no comen. Por lo tanto, el concepto de ‘Quédate en casa’ lo viven desde la subsistencia en la calle. Para millones de familias (...) que no cuentan con la vivienda adecuada resulta incluso un insulto cuando el medio masivo de comunicación les recuerda ‘Quédate en casa’”, se indica en el análisis publicado en el reporte El Covid-19 y sus distintos impactos en México , que fue elaborado por uno de los investigadores del CESOP.
Se trata de una estrategia individual, señala, apropiada para personas solventes y con acceso a servicios de entrega, pero no todos cuentan con el derecho a una vivienda adecuada.
Por ejemplo, durante la pandemia por Covid-19 se recomienda a la población tomar medidas dentro de la vivienda como lavarse las manos, usar gel antibacterial, limpiar y desinfectar áreas comunes, mientras que al llegar al hogar, se les sugiere desinfectar la suela de los zapatos, limpiar las compras con agua y cloro, y lavarse las manos o bañarse.
Estas medidas de protección “las puede llevar a cabo la población que cuenta con recursos suficientes para adquirir productos de limpieza, además de servicios básicos de sanidad en la vivienda, como agua potable dentro de ésta y drenaje público conectado a una red”.
Datos recabados en el reporte que pertenecen al diagnóstico del Programa Nacional de Vivienda muestran los indicadores críticos en cuanto a disponibilidad de servicios e infraestructura en los hogares; por ejemplo: 5.1% de las viviendas carecen de agua entubada, 6.1% no cuentan con drenaje sanitario, 1% carecen de electricidad y en 15.4% se utiliza leña o carbón para cocinar.
En esta situación, por ejemplo, se encuentran 1.7 millones de familias que viven hacinadas en sus casas y otras 7.5 millones que habitan en casas con rezago de materiales.
El texto reconoce que la pandemia y su “necesaria cuarentena” obligó a la población a una estadía prolongada en la vivienda; sin embargo, para los grupos de menores ingresos en condiciones de vulnerabilidad y en viviendas autoconstruidas se presentan problemas “recurrentes” como una limitada iluminación y ventilación natural, y reducidas dimensiones de los espacios.
La falta de vivienda adecuada en la mayor parte de las ciudades del país se ha convertido en causa del agudizamiento de las consecuencias de la pandemia de Covid-19, “porque las viviendas y los conjuntos donde las concentran carecen de las condiciones mínimas para enfrentar las directrices gubernamentales relativas a quedarse en casa, mantener sana distancia con otras personas y lavarse las manos constantemente”, indica.
Para el trabajo y la educación en casa se suelen presentar problemas que se pueden multiplicar en las viviendas de los asentamientos informales: falta de espacios de trabajo o estudio, habitaciones compartidas, problemas de zonas de descanso, de privacidad e incluso con los miembros con los que se vive.
“Estar confinados en espacios hacinados, sin poder trabajar, altera las relaciones familiares y afecta especialmente a las mujeres”, señala.
También hay casos en los que se cuenta con los espacios adecuados, pero más de una persona los utiliza al mismo tiempo; el trabajar o estudiar desde casa requiere conexión a internet, así como equipo de cómputo.
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